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“¡Abajo Capitolino Riaño! ¡Abajo la Fiscalía! ¡Abajo Bancolombia!”, gritaba José Daniel Anacona el lunes en la mañana al frente del Capitolio en la Plaza de Bolívar. Otras 50 víctimas lo acompañaban al unísono.
¡Abajo Capitolino Riaño! Porque dicen que los estafó.
¡Abajo Bancolombia! Porque creen que hay una confabulación entre el banco y Riaño para robarles una indemnización internacional a las víctimas.
¡Abajo la Fiscalía! Porque consideran que no ha hecho nada para investigar a Riaño y a Bancolombia.
El plantón en la Plaza de Bolívar es el episodio más reciente de la historia de un engaño masivo a 5.265 víctimas como José Daniel Anacona. La historia arrancó en 2014.
Arranca el engaño
José Daniel Anacona trabajaba como celador en la plaza de mercado de Pitalito, Huila, cuando Luz Marina Jiménez, vocera de Capitolino Riaño, lo buscó.
Luz Marina, quien también había sido víctima, le dijo que Capitolino, otra víctima como ellos, estaba promoviendo una demanda internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, para que el Estado los reparara. Le dijo que “la entrada” para apoyar la demanda costaba 300 mil pesos y que cuando se ganara recibiría una indemnización de entre 300 y mil millones de pesos por víctima.
Anacona inicialmente dudó. Desde que mataron a su hijo y tuvo que salir huyendo de la vereda Aguas Negras, junto con su esposa y sus otros tres niños, vivía en arriendo, al día, con lo que ganaba con su trabajo como vigilante.
Pero se dejó convencer de Luz Marina; confiaba en ella porque era cristiana como él, igual de apegada a Dios, y hablaba de la demanda como una ‘bendición’. Entonces, Anacona acudió al ‘gota a gota’ en la plaza de mercado y consiguió la plata, prestada a la tasa de usura.
Pagó por él, por su esposa y por sus tres hijos. Un millón y medio de pesos. Se convenció aún más de que había hecho lo correcto cuando conoció a Capitolino Riaño en Pitalito. Luz Marina le comentó que él andaba por el pueblo, y le consiguió una cita para conocerlo.
Ese día, dice Anacona, Capitolino le presentó a dos muchachas como sus asistentes. Los invitó a tomar jugo, y les aseguró que la demanda se fallaría en poco tiempo.
El tiempo pasó. La esposa de Anacona, Luz Mary Samboní, murió con la ilusión de que un día llegaría esa indemnización. Para que no se perdiera ese cupo por el fallecimiento, Capitolino le pidió a Anacona otros 300 mil pesos más. Pero él no accedió a ese pago adicional.
Sin embargo, contando con los 300 millones de pesos que le prometieron que llegarían en poco tiempo cuando la Cidh fallara la demanda, intentó negociar lotes para regresar al campo. Era su ilusión.
Una ilusión a la que se niegan a renunciar otras 21 víctimas con las que habló La Silla y que demostraron con documentos el engaño que habían sufrido.
Porque ocho años después de entregar sus 300 mil pesos de inscripción, la plata de la indemnización no ha llegado. Ni va a llegar.
La Silla verificó que la Cidh ni siquiera ha abierto el caso y que Capitolino Riaño lo sabe. Por ende, no habrá indemnización, ni la plata está en Bancolombia. Ni va a estar. Pero las víctimas, dos veces victimizadas, se niegan a reconocer la mentira.
El negocio
La idea de pedir una reparación internacional para las víctimas se concibió en 2013. Para ese entonces, Capitolino Riaño ya era reconocido dentro de los círculos de víctimas del país, porque se convirtió en uno de los líderes de la toma al Parque Tercer Milenio en Bogotá en 2009.
En 2009, él fue una de las casi seis mil víctimas que se tomaron el parque Tercer Milenio en Bogotá durante la alcaldía de Samuel Moreno y vivieron allí durante cuatro meses reclamando protección del Estado.
Capitolino era doblemente desplazado. A finales de los 80, era un campesino con cabezas de ganado y tierra que las Farc le quitó en el Caquetá y lo obligó a irse a Neiva. Pero de allá también tuvo que salir corriendo cuando en el 2005 las Farc mataron a dos líderes de una fundación que ahora dirige y de la que él era tesorero.
En esa condición de víctima de la guerra llegó al Tercer Milenio, y se convirtió en uno de los tres voceros que firmó un acuerdo con la Alcaldía y Presidencia para desalojar ese parque.
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