El gran mico de la reforma política

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Un artículo incluido en la reforma política aprobada en diciembre logró reducir el censo electoral sin que nadie dijera ni mú: lo redujo a la mitad.

El mico pasó en el Congreso sin que nadie lo viera.

Durante todo el proceso de la reelección y cuando todavía existía incertidumbre sobre si Uribe podría ser Presidente, una de las cartas que tenían guardadas los uribistas era la de reducir el censo electoral. También lo plantearon en 2003 cuando Uribe perdió su primer referendo. Ambas veces la propuesta fue escandalosa y fracasó.

Pues bien, un artículo incluido en la reforma política aprobada en diciembre lo logró sin que nadie dijera ni mú: redujo el censo electoral a la mitad.

El artículo establece que sólo estarán inscritas para votar las personas que votaron en las anteriores elecciones y no todos los ciudadanos aptos para votar.

El cambio no tiene grandes implicaciones en la estructura de las elecciones, aunque sí en la logística, pero significa mucho para los futuros referendos que ya no necesitarán un umbral tan alto para ser aprobados. Con el cambio, a Santos y a sus sucesores les quedará muy fácil lograr la votación necesaria en este tipo de consultas.

Lo extraño es que el artículo nunca fue discutido en las comisiones ni en las plenarias; y en las gacetas del Congreso sólo aparece mencionado como una proposición.

La modificación apareció solo después de la conciliación que las plenarias de Senado y Cámara votaron a pupitrazo.

 

 

 

El nuevo censo


El artículo 47 de la Reforma Política modificó la definición del censo electoral que es el número de personas que puede votar. Hasta diciembre, ese número lo daban todas las personas con cédula de ciudadanía aptas para votar. Ahora sólo estarán los ciudadanos que hayan votado en las últimas elecciones o que reciban su cédula por primera vez.

Con esto, un ciudadano que votó para elegir a los congresistas en marzo del año pasado, pero no votó para elegir Presidente de la República hoy está por fuera del censo electoral y sólo si se inscribe de nuevo podrá votar en las elecciones de octubre próximo.

Actualmente el censo electoral está en 30 millones de ciudadanos aptos para votar, pero con la modificación solo podrán ser tenidos en cuenta quienes votaron en alguna de las dos vueltas de las elecciones presidenciales. Es decir, cerca de 15 millones de personas.

Además, establece que la inscripción de cédulas se realizará desde un año antes de las elecciones y que podrá ser permanente. También se implementa la depuración permanente del censo, para sacar a las personas que mueran, a los militares, a quienes pierden sus derechos por haber cometido un delito, entre otros.

Pero igual fija que el cierre del censo se debe realizar dos meses antes de las elecciones. Así, el próximo censo tendrá que cerrarse el 30 de agosto.

 

 

Avalancha de inscripciones

 

 

Si el artículo 47 es declarado exequible por la Corte Constitucional serán casi doce millones de personas las que serán excluidas del censo electoral y por lo tanto no podrán votar en las elecciones territoriales de octubre, a menos de que se inscriban. Precisamente las votaciones por las autoridades locales son las que mayor participación tienen en todo el país.

Sin la reforma, la Registraduría calculaba una inscripción máxima de cinco millones de personas, pero ahora esa cifra subió a doce millones.

Y hay casos especiales. Por ejemplo, en Bolívar, donde hubo elecciones atípicas de Gobernador, el potencial electoral era de 1.313.015 personas habilitadas para votar, pero solo participaron 136.136 ciudadanos, el 10 por ciento. Lo que esto significa es que en el nuevo censo solo estarán inscritas esas 136 mil personas y el resto tendrá que inscribirse de nuevo.

El registrador Carlos Ariel Sánchez le dijo a La Silla Vacía que la idea de un censo dinámico y en permanente depuración es buena, pero con la condición de que debe estar listo dos meses antes de las elecciones crea la necesidad de que se haga una inscripción electrónica.

Con esto se requeriría un proceso similar al de los documentos de identidad, con maquinaria que transmita electrónicamente los cambios. Pero hoy eso no es posible porque no existen los recursos financieros.

Inicialmente, el mismo Registrador había propuesto que el censo se redujera a quienes renovaron la cédula pues ello muestra que son personas que ejercen como ciudadanos colombianos. Ese número es de 27 millones de personas. Pero si al final se cambia a solo los que votaron en las elecciones pasadas, desde ya se prevé una avalancha de inscripciones.

El problema es que el presupuesto que entregó el Gobierno a la Registraduría para las inscripciones solo alcanza para 15 días. Esto querría decir que podrían darse 400 mil inscripciones diarias.

La reforma crea también un problema para el Consejo Nacional Electoral porque será muy difícil detectar la trashumancia electoral, cuando se dará un número tan alto de inscripciones. Además, eso podrá ser usado por los políticos que compran el voto, pues le podrán decir a la gente que se inscriba de nuevo sin que se genere algún delito. Es decir, que los avances que logró la reforma política para evitar el fraude se borran con esto.


Los debates


Además de las implicaciones, el artículo también genera dudas en su trámite. El tema del censo apareció por primera vez en un pliego de modificaciones que se añadió a la ponencia que fue discutida en la plenaria de la Cámara de Representantes. El texto tomado de la Gaceta del Congreso proponía que se adicionaran los artículos 51 y 52, relacionados con el censo electoral. El primero de ellos definiría el censo y el segundo establecería la depuración permanente.

El cambio de reglas del juego para el censo terminó incluido como el artículo 53 en la ponencia  que se discutió finalmente en la Plenaria de la Cámara, pero según la misma Gaceta no quedó incluido en el texto que se votó y aprobó y que tan solo tenía 51 artículos.

Como los textos aprobados por el Senado y la Cámara no coincidían se realizó una conciliación que debieron aprobar de nuevo las plenarias. Cuando se dio la votación final de las conciliaciones, el 15 de diciembre, el ponente de la reforma Roy Barreras simplemente dijo que se iba a votar el texto conciliado con un pliego de modificaciones que las comisiones conciliadoras habían discutido y que añadía artículos y modificaba otros, pero que básicamente corregía redacción. Nunca se leyó el texto en la plenaria.

Y ahí es cuando vuelven a aparecer los artículos relacionados con el censo electoral, que quedaron en la reforma aprobada que le fue enviada al Presidente de la República para su firma.

Todavía el presidente Santos no ha sancionado la reforma. Pero en cuanto lo haga pasará a manos de la Corte Constitucional que le realizará una revisión obligatoria por tratarse de una reforma constitucional. Es difícil que el veredicto final se conozca antes de la mitad de este año y sólo será en ese momento cuando se sabrá cuántos ciudadanos harán parte del censo electoral para las elecciones de octubre.

¿Firmará Santos la ley?