La respuesta política del presidente Santos a los paros fue convocar a una reunión hoy para sentar las bases de un Gran Pacto Agrario. La pregunta es si esta vez el Gobierno de Santos sí logrará convertir esta crisis en una oportunidad y si esperará a que se firme un acuerdo con las Farc para ejecutarlo.
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| El Gobierno propuso convocar un Gran Pacto Agrario como una salida política a los paros, que crearon zozobra en buena parte del país y llevaron la popularidad de Santos al piso. Foto: Laura López. |
Al presidente Juan Manuel Santos le gusta el proverbio chino de que una crisis es una oportunidad. Así se lo hizo saber a los colombianos cuando en 2011 prometió convertir la tragedia invernal en una gran oportunidad para “reconstruir el país” como lo hizo el gobierno de Franklin Delano Roosevelt tras la gran inundación en el Mississippi.
Y lo repitió después de desactivar los paros agrarios en medio país y de reconocer “la crisis estructural del agro colombiano”. “Pues también tenemos que afrontar esa crisis y salir adelante. Y convertir esa crisis en una gran oportunidad,” dijo. El primer paso para lograrlo fue convocar a una reunión hoy 12 de septiembre para sentar las bases de un Gran Pacto Agrario. La pregunta es si esta vez el Gobierno de Santos sí logrará hacer esta conversión y si esperará a hacerlo cuando se firme un acuerdo con las Farc o empezará desde ya.
La reunión se llevará a cabo en el auditorio de Compensar, en Bogotá, y se espera que estén presentes más de 350 personas, incluyendo a los representantes de todos los sectores productivos, los campesinos grandes, medianos y pequeños, los senadores y representantes que conocen el sector, las mujeres campesinas, los indígenas y los afrocolombianos. También están invitados los representantes de todas las Dignidades que promovieron los paros, los alcaldes y gobernadores, reinsertados de Montes de María y también los representantes de los gremios industriales que controlan los precios de los productos de la canasta agraria.
La invitación de estos últimos generó ciertos roces pues en principio el Gobierno no había considerado invitarlos. Pero por sugerencia de Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores Colombianos (SAC) que agrupa a los gremios del agro, finalmente fueron invitados la Andi, Fenalco, Asobancaria y otros que resultan determinantes a la hora de fijar los precios que se pagan por cada producto agrícola, que en estos momentos están por debajo de los costos de producción.
Si todos los invitados van, será la primera vez en mucho tiempo en el que finalmente estén reunidos todos los que podrían poner su granito de arena para que el campo se desarrolle. O casi todos, porque no estarán las Farc. Cómo encaja esta pieza de la negociación con la guerrilla es la gran incógnita de este pacto.
Como lo demuestran las opiniones en la Movida de esta semana en La Silla, el Pacto arranca en medio de una aguda polarización sobre cuál es su propósito y sus posibilidades de éxito.
Mientras que expertos como el ex ministro de Agricultura José Antonio Ocampo consideran que es “un corolario de los diálogos de paz” y que su objetivo urgente debe ser cerrar la brecha rural-urbana (en el campo se triplica la pobreza urbana), mirar la política macroeconómica y de comercio exterior y la propiedad de la tierra, otros como Aurelio Suárez, también experto en el agro, consideran que “el pacto que propone el presidente Santos es un pacto a favor de los TLC, la acumulación ilegal de baldíos y la extranjerización de las tierras.”
Es decir que el primer objetivo de este Pacto será ponerse de acuerdo sobre qué se necesita para “convertir el campo colombiano en motor de nuestro desarrollo”, según lo dijo hace unos días el Presidente.
El Gobierno dijo que la agenda del Pacto incluirá la discusión de cómo mejorar la calidad de vida rural, cuáles políticas de productividad poner en marcha para mejorar el ingreso de los productores, cómo mejorar la política de tenencia, distribución y restitución de tierra, y cómo incluir a la mujer campesina. Es una agenda que, como contó La Silla, se superpone de manera significativa al primer acuerdo logrado en la mesa de negociación con las Farc en la Habana, lo que haría pensar que el Pacto se podría convertir en un paso previo y constructivo para darle piso a ese primer punto.
Por otro lado, en su discurso inicial sobre el Pacto, Santos también citó como ejemplo de lo que podría salir de ese pacto el proyecto de ley de desarrollo rural y el Conpes de la Altillanura, dos proyectos a los que los guerrilleros se oponen. Si el Pacto asume esta dirección, sería, entonces, la forma de Santos de responder a los intereses de los agroindustriales haciéndole el quite a la Habana.
Aunque la ausencia de una política integral para el campo es evidente y viene de tiempo atrás, muchos de los proyectos que ha tenido el Gobierno de Santos para subsanar sus problemas más apremiantes se han quedado en el aire después de esbozados. Hizo falta que le estallara el paro -y que se desplomara la imagen de Santos en las encuestas- para que muchas de esas propuestas comenzaran a rodar de nuevo.
Los dos grandes proyectos que tiene el Ministerio para ordenar la casa, que son la actualización del catastro de predios rurales y el censo nacional agropecuario, quedaron en ‘veremos’ con el tijeretazo al presupuesto del sector que le hizo el Ministerio de Hacienda el próximo año.
Ambos son cruciales para mejorar el diseño de las políticas que necesita el sector. El catastro porque, como demostró un estudio de la economista y experta en tierras Ana María Ibáñez, una quinta parte de todos los predios rurales del país tienen problemas de titulación y uno de cada dos pequeños campesinos no derechos formales sobre su tierra.
Eso los ha marginado del acceso a créditos, asistencia técnica u otras inversiones que podrían mejorar su situación. Y hasta que no se haga la revisión de más de 3 millones de predios rurales, no se podrá proponerles ninguna solución de fondo.
Algo similar sucede con el censo nacional agropecuario, que la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) recomienda hacer cada diez años -un consejo que la mayoría de países latinoamericanos están aplicando- y que se realizó por última vez en Colombia en 1971, cuando Misael Pastrana era presidente.
La importancia de este censo es que, como dice la economista Marcela Eslava en su blog de La Silla, cualquier solución estructural pasa por “un diagnóstico serio del campo, que empieza por el compromiso del Estado hacia la generación siempre pospuesta de estadísticas sólidas sobre el agro, para que dejemos de depender de lo que los periódicos cuentan que les dijeron los gremios”. Sin entender bien las necesidades puntuales, cualquier política pública está dando pasos a oscuras.
El Gobierno tenía previsto comenzarlo -en conjunto con el Dane- durante el segundo semestre de este año, pero el recorte presupuestal no lo ha permitido y ahora muchos en el sector temen que la ley de garantías, que comienza en noviembre y paraliza cualquier proceso de contratación hasta que no pasen las elecciones, haga que se postergue otro año.
Lo mismo sucedió con el gran proyecto de reestructuración del Ministerio, que apuntaba a fortalecer su ‘pata’ del desarrollo rural para poder cumplir mejor con sus funciones técnicas y preparar la implementación de los acuerdos agrarios de La Habana.
Estuvo frenado durante más de un año y solo se reactivó esta semana, cuando el Ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas firmó un borrador de decreto que llevaba casi un año en su despacho y que ya había sido aprobado tanto en Presidencia como por María Lorena Gutiérrez, la ex Alta Consejera para el Buen Gobierno y responsable de todos los proyectos de rediseño del Estado.
Este proyecto, cuyos ejes centrales incluyen crear un segundo viceministerio para el desarrollo rural y una dirección especializada en temas de producción animal, apunta a dejar que los vices se encarguen de los temas técnicos y las relaciones con las instituciones cercanas al Ministerio. De esta forma, el ministro no tendría que dedicarse al tejemaneje diario de temas como la vivienda rural -una crítica que se le hizo con frecuencia a Juan Camilo Restrepo- y podría dedicarse a trazar las líneas gruesas de la política agraria.
La misma suerte corrió el Conpes en el que trabajó durante un año MinAgricultura para mejorar el estado de las carreteras terciarias, que son uno de los mayores obstáculos para que los campesinos saquen sus productos al mercado. Dos fuentes del sector le contaron a La Silla que, tras haber contratado el Ministerio un estudio completo de todas las vías secundarias y terciarias del país y trabajar en un borrador de Conpes, el tema lleva más de un año completamente paralizado en Planeación Nacional. Y para completar, el proyecto de ley de desarrollo rural de Restrepo, sigue enredado en la consulta previa dos años después de haber sido preparado.
Ninguno de estos proyectos parece por ahora viable, a raíz de la reducción del presupuesto de inversión del Ministerio de un 31 por ciento y de todo el sector agrario de un 32 por ciento, una decisión que el Gobierno aún no ha terminado de explicar claramente.
Y que Cárdenas ha intentado corregir con propuestas como la de revivir el cuatro por mil para el campo, pero que siguen demostrando que el sector agrario no ha sido una prioridad ni política ni presupuestal, pese al discurso de Santos en La Habana y el diseño de leyes tan innovadoras como la de restitución de tierras.
La otra forma de verlo es que muchos de estos proyectos se han metido al congelador a la espera de que se logre con las Farc un Acuerdo de Paz, que incluya estos puntos, y cuya ejecución la guerrilla pueda capitalizar políticamente.
El objetivo de la negociación en la Habana es crear las condiciones para convertir el conflicto armado en un conflicto que se pueda tramitar a través de la política. En otras palabras, es facilitar el camino para que las Farc intenten hacer su “revolución” a través de las instituciones legales y no de las armas.
El acuerdo sobre desarrollo agrario apunta a eso. Gobierno y Farc acordaron realizar una serie de reformas estructurales para que los campesinos dejen de ser ciudadanos de segunda. Si finalmente se logra un Acuerdo de Paz y las Farc dejan las armas, durante la fase de implementación del Acuerdo estas reformas se llevarán a cabo bajo la coordinación de desmovilizados de las Farc y del Gobierno.
Como todos los acuerdos tienen un enfoque territorial y estas reformas se harán donde vive la población rural -que coincide con los lugares donde las Farc han tenido presencia- será una gran oportunidad para que los guerrilleros -ya sin armas- capitalicen políticamente estas reformas. Para que -como hacen los poíticos tradicionales- puedan demostrarle a los campesinos que su vida mejoró gracias a su negociación con el gobierno.
Si el gobierno hace estas reformas antes de que se llegue a un acuerdo en la Habana las Farc perderían la oportunidad de convertir ese agradecimiento en votos para su futuro partido en las elecciones del 2015 y de ahí en adelante. El incentivo de dejar las armas sería menor.
Por eso, seguramente, para lo que servirá el Pacto es para ir sembrando el terreno y creando el consenso necesario para que las Farc puedan cosechar los frutos de la paz.
Actualización: La Silla Vacía asistió al acto de instalación del Pacto Agrario en el occidente de Bogotá. Este es un resumen de lo que allí sucedió:
