El impacto ambiental de la salida de las Farc

Desde que las Farc se concentraron en las zonas veredales para dejar todas sus armas, desaparecieron también de los territorios en los que hacían presencia las reglas que ellos imponían y que hacían más costosa la explotación de recursos naturales. Esas reglas terminaron por proteger el medio ambiente, algo que el miembro del Secretariado Iván Márquez ha dicho que será uno de los ejes del discurso político del movimiento de las Farc.

Como ya no hay quien imponga esas reglas ambientales, en varias regiones del país la deforestación ha crecido. La Silla rastreó casos en Caquetá, Meta, Guaviare y Chocó, que muestran el impacto ambiental de la salida de las Farc y cómo el Estado está poniendo todas sus fichas en una nueva estrategia para contrarrestarlo.

Las normas y los casos

En los territorios donde hacían presencia, las Farc prohibían talar árboles, cazar animales para venderlos, talar el manto vegetal de los ríos, pescar solo para vender o echar basura al agua.

La manera en la que hacían cumplir esas ‘normas’ era a través del cobro de extorsiones, que medían a través de ‘cupos o cuotas’, y la imposición de multas y otras sanciones para aquellos que las incumplieran.

“Eso se llamaba el ‘manual de medio ambiente’. Ellos lo repartían a las juntas y a veces cambiaba porque era muy estricto entonces lo discutíamos con ellos y quedamos en que, por ejemplo, nos dejaran talar más árboles o cazar solo en algunos sitios”, dice Jairo Váquiro, presidente de la Junta de Acción Comunal de La Montañita.

Era una estrategia de doble filo. Por un lado, esas reglas ayudaron a preservar ecosistemas por décadas y por otro, también le servía a la guerrilla como una forma de protegerse del Ejército.  

Por ejemplo, si evitaban que se talaran árboles o que se echara basura en un río, era más difícil para cualquier brigada móvil rastrearlos porque no dejaban pistas de haber estado ahí. Y les permitía poder vivir del río. 

“Como nadie ejerce el control ahora, sí ha aumentado mucho la deforestación y eso que nosotros tratamos de hacer campañas de sensibilización”, cuenta el concejal David Moreno. “Todo lo que la guerrilla no tumbó en cincuenta años, lo han tumbado otros este año”, agregó por su parte el alcalde de Uribe, Meta, Jaime Pacheco.  

Algo similar le dijo a La Silla Tito Gerardo Calvo, asesor del Ministerio de Ambiente. “Oficialmente no hay información que asegure que la salida de las Farc haya incidido o no en el aumento de la deforestación, pero es lo que han dicho las comunidades en departamentos como Guaviare y la Amazonía”.

En Uribe, un municipio que queda al pie del río Duda, la tala de árboles en las últimas semanas se ha multiplicado. “Todos los días están tumbando de a 2 y 3 hectáreas”, dice el concejal Moreno. Aunque no hay cifras oficiales de cuántos árboles se han ido al piso, allá calculan que se han tumbado por lo menos 3 mil hectáreas este año. Aunque para que eso fuera así, tendrían que tumbarse de a 16 hectáreas diarias. 

Según dijo a La Silla Víctor Cabrera, otro concejal de ese municipio, la tala se ve sobre todo en la parte baja del municipio y en esas hectáreas que se han ido talando, los campesinos están sembrando sobre todo plátano, maíz y arroz.

“No es que talen para llevarse la madera, sino para ampliar sus cultivos porque ya no hay quién les diga que no lo pueden hacer”, dice Cabrera.

El aumento de la deforestación se debe a varios factores, que cambian dependiendo del departamento.

Por un lado, a que hay propietarios de tierras que ponen de a tres animales por hectárea y talan para poner otros tres en otra y otros tres en otra. “Si aquí el tema del ganado fuera más tecnificado se pueden poner de a 20 animales por hectárea pero ya no hay quien controle eso entonces se tala para ir ampliando las fincas”, cuenta el concejal Moreno.

El caso más crítico de esta situación se viene presentando en Guaviare, un departamento que concentra tres de los 8 núcleos donde se ha disparado la deforestación en el primer trimestre de este año según el último informe del Ideam.  

Como nadie ejerce el control ahora, sí ha aumentado mucho la deforestación y eso que nosotros tratamos de hacer campañas de sensibilización

Concejal David Moreno

Allí, la salida de las Farc y el fortalecimiento del Frente Primero que se declaró en disidencia ha coincidido con la llegada de terceros que se están apoderando de territorios baldíos en lo que el Ministerio de Ambiente cataloga como un “boom” de expectativa por tenencia de tierras. Tierras que, además, en muchos casos son baldíos de la nación y por tanto, su precio es mínimo.

“Es un fenómeno sui generis, que está asociado al posconflicto”, le dijo a La Silla una fuente del Ministerio del Medio Ambiente que pidió la reserva de su nombre por seguridad. “Ahora hay más interés de los terratenientes de invertir en tierras muy baratas que están volviendo praderas para ganadería extensiva con la expectativa de que puedan alegar posesión para que la Agencia Nacional de Tierras les titulen”.

Esto está ocurriendo en veredas de los municipios de El Retorno, Calamar y Miraflores. Allí, según la fuente, hay casos en los que una persona ha llegado a comprar hasta una vereda entera. “Pero todo es muy informal, no hay escrituras”, agregó. La Silla corroboró esta información con Wilfredo Pachón, director de la seccional Guaviare de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente de la Amazonía, CDA.   

Por otro lado, en departamentos como Caquetá, la deforestación ha aumentado porque han regresado campesinos que fueron desterrados por las Farc y que al recuperar su predio lo encuentran en muy mal estado, “entonces pues colonizan en otro lado, talan y con eso arman los barrotes para cercar la finca”, dice el concejal Cabrera. 

Esa “colonización”, que básicamente es ir talando árboles para tener más hectáreas de tierra para el ganado también está afectando a Caquetá, que es un departamento que vive en buena medida de la producción de leche y carne.

Concretamente, según cifras oficiales, los focos de deforestación en ese departamento están en los municipios de San Vicente del Caguán (la alerta de deforestación allí pasó del 5 por ciento en 2016 a casi el 11 por ciento este año) y Cartagena del Chairá (la alerta pasó de 4 a 12 por ciento), ambos lugares de presencia histórica de las Farc.  

“No se puede decir que hay un solo actor o factor que genere esto, pero sí hay un patrón y es que hay gente colonizando hectáreas para poner ganado y eso puede deberse a la salida de ellos (Farc)” dijo a La Silla Mario Barón, director de Corpoamazonia en Caquetá, la autoridad ambiental allá.

La situación en Chocó, otro de los departamentos que tiene un núcleo de aumento de la deforestación, es distinta.

Según Codechocó, entre finales del 2016 y los primeros tres meses de 2017 los puntos de alerta temprana por deforestación del Ideam cayeron de 206 a 67 que se concentran en 11 municipios. Sin embargo, la minería ilegal en el centro del departamento "está disparada", según una fuente del Ministerio de Ambiente, por lo que Chocó sigue estando en la lista de los departamentos con más deforestación. La situación es más grave sobre todo en cercanías al río Quito en los municipios Río Quito (Paimadó), El Cantón del San Pablo (Managrú), Itsmina y Medio San Juan (Andagoya), una región que hoy está siendo controlada por el ELN que reemplazó a las Farc una vez se concentró.

Aunque aún Codechocó está haciendo visitas en terreno para corroborar las causas de las deforestación en esos puntos y entender la caída de los puntos de alerta, una posible explicación, según dos fuentes humanitarias que trabajan en el departamento, es que la tala de árboles está suspendida en subregiones como Bajo y Medio Atrato y en el Baudó. La razón, explican, es que “no hay manera de moverse por los ríos” porque sus pobladores quedaron en medio de los combates entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas que se están disputando los territorios que dejaron las Farc a sangre y fuego. “Nadie se va a poner a cortar madera en medio de combates”, agrega.

Esos combates se vienen presentando, como contó La Silla, en 15 de los 30 municipios del departamento. En los demás, según el Ministerio, las cifras de deforestación por tala siguen estando en cifras similares a las que había cuando el negocio lo controlaban las Farc porque las “normas” que lo regulaban fueron asumidas por el ELN y los Gaitanistas que las reemplazaron.

La estrategia del Estado

Para contrarrestar el impacto ambiental que ha dejado la salida de las Farc de esos territorios, desde finales del año pasado, el Gobierno está implementando una estrategia que se llama ‘burbuja ambiental’, que hace parte de la estrategia integral contra la deforestación, y que tuvo su piloto en el departamento de Caquetá pero durante los últimos seis meses se ha expandido a otros departamentos como Guaviare, Meta, Norte de Santander y a partir de la próxima semana, Chocó. 

En Caquetá funciona desde diciembre y consiste en que todas las semanas funcionarios de 19 entidades del Estado que van desde las Alcaldías y la Gobernación, Corpoamazonía, Parques Nacionales, Ideam, Igac, Fiscalía, Policía, Ejército, hasta el Ministerio de Ambiente y de Defensa, se reúnen para compartirse información sobre la deforestación, planean operativos conjuntos de reacción inmediata, capacitan gente en temas ambientales y ponen retenes en las carreteras y ríos para frenar el contrabando de madera.

En estos seis meses, según cifras de la Décima segunda Brigada, que es la que hace presencia en Caquetá, por cuenta de la ‘Burbuja’ han capturado 83 personas, 21 carros dedicados a transportar madera ilegalmente y han decomisado más de 720 mil metros cúbicos de madera.

Pero más allá de esas capturas, las cifras muestran que la deforestación va más rápido que la capacidad institucional para controlarla.

La situación es peor en Guaviare donde según una fuente del Ministerio de Ambiente y el director seccional de la Autoridad Ambiental, Wilfredo Pachón, el Ejército tiene menos recursos para hacer grandes operativos y la situación de orden público es más complicada.

De hecho, Pachón le contó a La Silla que hasta ahora solo han podido hacer un operativo conjunto, en abril, y tocó hacerlo por tierra porque no había recursos suficientes para hacerlo por aire. La comisión fue atacada por la disidencia del frente primero de las Farc que asesinó a un soldado que estaba protegiendo el operativo.

Ese mismo escenario podría darse en Chocó donde, aunque el Ejército tiene recursos (la operación Agamenón acaba de recibir una inyección de capital y fuerza militar), la situación de orden público hace más difícil garantizar la seguridad para que se hagan operativos conjuntos contra la deforestación.

A eso se suma, según la fuente del Ministerio, que en este departamento hay muchos consejos comunitarios que están cobijados por la ley 70 y resguardos indígenas y por tanto, cabe la discusión de que antes de entrar a los territorios,  los operativos deben ser consultados con las comunidades étnicas que ejercen la autoridad allí.  

Aún así, el Gobierno pide tiempo para terminar de implementar los planes en los departamentos. Y está prendiendo todas sus velas en esta estrategia que es “la única que puede detener la deforestación”, en palabras del funcionario del MinAmbiente, en las regiones más azotadas por el conflicto que fueron abandonadas por las Farc.