El internet para colegios rurales en medio país lo instalará una empresa con líos

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Uno de los dos consorcios que ganó contrato para construir los centros digitales, puntos para llevar internet a zonas rurales del país, está conformado por empresas que tienen serios cuestionamientos por contratos ejecutados en el pasado.

Una fundación con contratos cuestionados por la Contraloría y en la mira de la Fiscalía y la Procuraduría, por presuntos sobrecostos y corrupción, lidera el consorcio que se ganó uno de los contratos más importantes del sector TIC en este Gobierno, que esta semana deberían firmar con el Fondo de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones, Fontic.

La firma de los contratos, cada uno de 1 billón de pesos, que prometen llevar internet a 14.745 escuelas se puede demorar porque la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que lo congele, mientras decide si la adjudicación se debe caer porque un asesor de la Ministra de TIC, Karen Abudinen (amiga de la familia Char de Barranquilla), asesoró a otra empresa que compitió (y perdió).

Ese asunto fue objeto de ruido en medios, igual que la audiencia de adjudicación que empezó el 27 de noviembre y concluyó el 9 de diciembre, tras nueve suspensiones. 

Pero no han sonado tanto las críticas a los ganadores, Claro y sobre todo Unión Temporal Centros Poblados, conformada por tres empresas constructoras que no tienen experiencia en obras de conexión de internet y la fundación cuestionada. 

Parte de la experiencia acreditada por esa fundación, Novotic (antes Funtics) fue en contratos por los que terminaron investigados los exgobernadores de La Guajira, Oneida Pinto; Magdalena, Luis Miguel El “Mello” Cotes, y Norte de Santander, William Villamizar.

De hecho, Villamizar terminó suspendido de ese cargo en agosto de 2019, por presuntas irregularidades en un contrato ligado a Funtics como lo detallamos en esta historia, que ahora será la encargada de llevar internet a 7.277 puntos en 15 departamentos del país y Bogotá, con plata del Estado.

 

La ganadora cuestionada

El contrato que ganó el consorcio que lidera Novotic es el más grande de los dos de la licitación, e implica que construya y opere centros digitales en colegios de Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.

Ese consorcio lo conforman cuatro firmas. 

Novotic, que tiene el 35 por ciento del consorcio, acreditó experiencia en construcción de infraestructura de internet con diez obras contratadas y asignadas entre 2013 y 2019, entre ellas los contratos cuestionados de La Guajira y Magdalena.

En concreto, la Contraloría auditó 20 contratos de Funtics y encontró irregularidades como llevar internet a instituciones que ya lo tenían, cobrar hasta 65 por ciento de más o hacerlo por servicios no prestados. Fueron tan sospechosos los contratos que el ente de Control se refirió a los problemas que encontró como "mega irregularidades".

Como detallamos,  la fundación la crearon en 2011 el bumangués Juan Carlos Cáceres y su esposa Shirley Castellar con un capital de 50 millones de pesos, y el año siguiente despegó, contratando con el Estado para el programa Vive Digital, la versión de Santos de los Centros Digitales que ahora se ganaron. 

En 2013, ya tenía un capital de 1.540 millones de pesos y siete contratos con el estado que sumaban 35.820 millones de pesos y que se ganó prácticamente sin tener competencia; y para 2019, reportó activos por 26.000 millones de pesos, ingresos por 24.900 millones y utilidades por 812 millones de pesos. 

En junio de este año Cáceres renunció a ser presidente de la fundación, que al tiempo cambió sus estatutos para agregar a su objeto social la planeación, operación y mantenimiento de la infraestructura para prestar el servicio de internet, como exige la licitación.

El 25 de septiembre de este año, un mes antes de presentarse a la licitación, cambió su nombre de Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información - Funtics a Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad y Comunicaciones, Novotic. Eso pudo haber ayudado a que las noticias de la licitación no asociaran al consorcio con los hallazgos de la Contraloría. 

Dos de los otros tres integrantes del consorcio también tienen o han tenido cuestionamientos:

  • ICM Ingenieros S.A.S.: entre 2009 y 2010 pagó 800 millones de pesos en sobornos para ganar varias licitaciones viales en Bogotá. Por eso terminó condenado Álvaro Cruz, exgobernador de Cundinamarca que negoció el soborno antes de ser elegido. Sus socios son la empresa Inversiones en Infraestructura S.A.S., de  Jorge Iván Rozo Barragán (el cuñado de Cruz) y Luis Guillermo Mesa Sanabria, y Jeremías Olmedo Cabrera.

  • Intec de la Costa S.A.S. empresa barranquillera que en 2018 hizo parte de un consorcio que se ganó el contrato, por 12.300 millones de pesos, para construir y mantener una vía en San Jacinto del Cauca, sur de Bolívar, y que diez días después cedió a una empresa cuya representante legal estaba casada con Yeimis Rojas, un político cuestionado que fue candidato a la alcaldía de Achí. Además, desde octubre tiene las cuentas bancarias embargadas por un juzgado de Barranquilla, algo que no la inhabilita pero sí pone en duda su capacidad de servir como respaldo financiero del consorcio. Los socios de la empresa son Miguel Antonio Martínez y Lastor Inversiones del Caribe S.A.S., una empresa inmobiliaria de Montería.

Esas dos empresas cambiaron sus estatutos días antes de la licitación, para incluir la “planeación, instalación, operación y mantenimiento de infraestructura para prestar servicios de internet” como se ve en este documento de Intec de la Costa y este de ICM Ingenieros. Es decir, hasta antes de este contrato no solo no tenían experiencia en el tema central de la licitación, sino que ni siquiera podían hacerlo. 

La tercera empresa es la barranquillera Omega Buildings Constructora, que tiene como único socio y representante legal a Juan Carlos Jubiz Rivera, con experiencia en proyectos de vivienda y construcción de edificios.

Centros Poblados fue uno de los tres participantes que no presentaron una póliza de seriedad de la oferta con un seguro, sino una garantía bancaria que implica dejar parqueada en un banco la plata que respalda su propuesta.

Eso, según una fuente conocedora del proceso, fue porque era tan riesgoso avalarlos por las investigaciones en curso que no consiguieron una aseguradora que respaldara su propuesta, y les tocó la opción más costosa. 

El representante legal de la Centros Poblados, Luis Fernando Duque, dijo a La Silla que esa no es la información que él tiene, pero que no puede asegurar con certeza que no fue así porque llegó hace mes y medio al consorcio y no estuvo al frente de esa garantía. 

Agregó que el Ministerio aceptó la que presentaron porque los pliegos la permitían, y que están tramitando la póliza de cumplimiento que exige el Fontic para arrancar con el contrato.

En cuanto a las dudas sobre los miembros del consorcio, dijo a La Silla Vacía que no puede responder por ellos, y que ninguna está condenada, se presume su inocencia y están habilitadas.

“Cumplimos financieramente, cumplimos técnicamente, cumplimos jurídicamente y adicional a eso fuimos el que más sedes ofertó, esa es la tranquilidad que tenemos”, sostuvo.

Con esa tranquilidad le ganaron a consorcios de empresas con mucha mayor trayectoria en instalar puntos de internet, incluso con acceso a satélites propios para conectar zonas a menor costo.

¿Por qué ganaron?

Para escoger a los ganadores, primero el Ministerio (que administra FonTIC) revisó si los diez oferentes cumplían con los requisitos jurídicos (como no tener antecedentes o tener una garantía de seriedad de la oferta) financieros y de capacidad organizacional.

También revisaron si acreditaban la experiencia con al menos diez contratos de instalación de infraestructura de telecomunicaciones, de servicio de acceso público a internet o de accesos con tecnología satelital.

Allí el Ministerio inhabilitó a dos de los jugadores internacionales grandes que estaban interesados, el de las gringas Hughes de Colombia S.A.S. y BT Latam Colombia y el de China Great Wall Industries, que tienen satélites propios.

A Red Iris, el consorcio de las empresas norteamericanas, el Ministerio no les permitió usar la información financiera de sus casas matrices porque en el documento de Cámara de Comercio no aparecen como subsidiarias de ellas. 

Eso a pesar de que la Consejera Comercial de la Embajada de los Estados Unidos le pidió en esta carta “aplicar el principio de primacía de los sustancial sobre lo formal”, es decir, tener en cuenta de que sí son subsidiarias así el certificado no lo diga explícitamente. 

China Great Wall Industries quedó por fuera porque no estaba autenticada un acta notarial que da fe de que las copias de unos documentos que presentaron, que estaban apostillados y con traducción oficial, equivalen a los originales.

Por eso, el 1 de diciembre el representante de la empresa en Colombia le pidió en esta carta a la Canciller, Claudia Blum, que mediara con el Ministerio, porque consideraban que esa exigencia es discriminatoria e irrazonable, y viola el acuerdo comercial entre los dos países. 

El Ministerio se sostuvo, y a abrió los sobres con las propuestas de las otras ocho, para calificarlas dándole más puntos a las que ofrecieran: 

  1. Construir más centros digitales, encima del mínimo de los 10.000 que exigía el Ministerio. Eso daba 40 de los 100 puntos.

  2. Prestar el servicio por más tiempo adicional al mínimo de 10 años exigidos, con el mismo presupuesto.

  3. Dar más velocidad de navegación.

  4. Contratar personas con discapacidad

  5. Ser empresas nacionales. (Estos dos últimos puntos aplican para todas las licitaciones de este tipo)

Tres empresas quedaron empatadas en todos los criterios menos el primero: Claro, que ofreció 2.809 centros digitales adicionales; Centros Poblados, que ofreció 2.518; y la Unión Temporal ETB NET (de ETB y Skynet de Colombia) que ofreció 1.833.

Una fuente que asesoró a una de las empresas participantes y el director de la veeduría que puso la acción popular, Pablo Bustos, coinciden en que el diseño de la licitación dio paso a que entraran empresas pequeñas que podrían venir con problemas.

“Se debió condicionar en el diseño de los pliegos que participaran empresas que tuvieran efectivamente los equipos, los satélites y una experiencia en este campos, pero esto no se hizo”, dice Bustos, quien agregó que es raro que quedaran inhabilitadas las empresas con satélites propios, cuando para conectar buena parte de los puntos van a necesitar tecnología satelital. 

Duque responde que si bien seguramente necesitarán contratar el servicio de satélites, solo podrán saber con certeza las tecnologías que requieren cuando sepan en detalle lo que necesitan los municipios donde estarán los centros digitales y que en enero, cuando el interventor apruebe el diseño de los primeros 1.183 puntos, empezarán a definirlo. 

La promesa es que el próximo año estén funcionando cerca de 5.800 puestos.

Agregó que las cuatro empresas demostraron en la licitación que tienen la capacidad financiera suficiente para asumir el proyecto.

La principal preocupación de la veeduría es que se embolate la llegada de internet a las poblaciones que más lo necesitan, y que en un mes el Gobierno tendrá que dar un anticipo de 65.000 millones de pesos a Centros Poblados a pesar de las dudas sobre el pasado de sus integrantes.

Y, para mostrar las falencias, en un documento que entregó al Tribunal de Cundinamarca muestra que la propuesta de los gringos inhabilitados incluía 3.397 centros digitales, más que cualquiera de los ganadores. 

Consultamos al Ministerio sobre estas críticas desde el lunes de esta semana y al cierre de esta nota no nos habían contestado; la ministra Abudinen dijo la semana pasada a La W que la licitación fue transparente y objetiva, y que prueba de ello fueron la pluralidad de oferentes y que van a llevar internet a casi 5.000 colegios adicionales a los 10.000 que se propusieron conectar. Y agregó que no hay malos contratistas sino malos supervisores.

Sobre la transparencia serán los tribunales los que tendrán la última palabra. Ya hay una tutela y una acción popular en contra de la licitación en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 

Y sobre los nuevos puntos conectados, amanecerá y veremos.

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