El legado de Duque es la política migratoria (con todo y lunares)

Cuando Iván Duque llegó al poder, la migración venezolana completaba tres años. Era claro que no se trataba de una crisis pasajera y que Colombia, como principal país receptor, no podía seguir manejándolo como una contingencia.

En esa dirección, el presidente saliente dio un paso enorme: la creación del Estatuto Temporal para Migrantes en marzo de 2021 trazó una hoja de ruta a diez años para que los migrantes reinicien su vida en el país con acceso a salud, educación y garantías para ser parte del aparato productivo de la sociedad.

Su ejecución permitió que hoy Colombia tenga registro de 2,3 millones de venezolanos, de los cuales un millón 100 mil ya tienen el permiso de protección temporal, PPT, que es el documento de identificación plena (biométrica y fotográfica) que tiene vigencia por 10 años. Tiempo prudente para que los migrantes puedan reorganizarse, recomponer núcleos familiares y si lo desean, solicitar visas de residencia.

Que el 51 por ciento de los venezolanos que fueron caracterizados gracias al estatuto ya estén formalmente en bases de datos del país y tengan el PPT es un avance a la luz de lo que había antes de la entrada en vigencia del mismo: hasta 2020, el porcentaje de migrantes venezolanos documentados (con el permiso especial de permanencia, PEP) era de 44 por ciento.

Y esa identificación anterior tenía una limitante: debía renovarse cada dos años. Eso hacía más engorroso el proceso para los migrantes a quienes, por ejemplo, se les venciera el pasaporte o perdieran su cédula venezolana. Corrían el riesgo de no poder renovarlo y volverse indocumentados.

Esa etapa de registro, que fue en la que Duque avanzó, aún tiene grandes retos. Uno de ellos es la depuración. Muchos migrantes se registraron y se fueron del país o registraron a sus familiares aunque no viven acá, aún cuando el espíritu del estatuto es cobijar a quienes tengan vocación de permanencia.

Pero hay otros más complejos como el subregistro. Como el primer paso para ser incluido en el estatuto era registrarse virtualmente, en zonas apartadas donde la conectividad es escasa, muchos migrantes no lo hicieron.

“Hemos tenido reportes de zonas donde el mecanismo de registro no se conoció y solicitudes de alcaldes para que se hicieran jornadas de registro en sus municipios y no pasó. Sobre todo en zonas de difícil acceso institucional, donde hay fenómenos de ilegalidad, como el Catatumbo”, le dijo a La Silla Victor Bautista, secretario de Fronteras de la Gobernación de Norte de Santander.

El problema con eso es que la etapa del registro ya terminó. Y desde agosto del año pasado, Migración Colombia no publica la estadística de venezolanos irregulares en el país, como solía hacer trimestralmente. De modo que hoy, además de los 2,3 millones de venezolanos que alcanzaron a registrarse y ser caracterizados por el Estado, hay un número incierto de migrantes irregulares invisibles.

Aún con esos desafíos por delante, el estatuto ha tenido un efecto positivo inmediato sobre la integración de la población migrante, que es el fin del estatuto en sí mismo. Por ejemplo, la Alcaldía de Cúcuta ha podido firmar convenios con cooperación internacional para asistir tanto a migrantes como a colombianos a la vez. Eso antes era imposible porque los entes locales no podían destinar recursos públicos para población migrante irregular.

“Se ha logrado financiación conjunta para proyectos tan fundamentales como el programa de alimentación escolar –en el que antes no podíamos incluir niños migrantes irregulares– como para atención a población víctima y migrante. Eso ayuda a cambiar una percepción errónea entre la gente: que había asistencia para migrantes y no para población nacional. Así, también se combate la xenofobia”, dijo la secretaria de Posconflicto de la Alcaldía de Cúcuta, Elisa Montoya.

De cualquier forma, esos logros inmediatos contrastan con lo lento de la reglamentación e implementación de las leyes aprobadas el año pasado. 

Con leyes pero sin plata

El 4 de agosto del año pasado, el Gobierno logró la aprobación de dos leyes clave para la atención a la población migrante venezolana y mitigar sus consecuencias en zonas fronterizas: la ley de fronteras y la política de integración migratoria.

La primera busca identificar las dinámicas de cada región fronteriza y garantizarles recursos y beneficios según sus necesidades. La segunda, en lo que tiene que ver con los migrantes venezolanos, busca generar herramientas para fomentar empleo, inclusión financiera y desarrollo económico local de esa población y sus familias.

Pero ha pasado un año y aún no han sido reglamentadas. Es decir, no hay ni mecanismos ni plata para ponerlas en práctica. La ley de fronteras, según un funcionario de Cancillería que tiene como saberlo y pidió no ser citado por no estar autorizado para hablar, está desfinanciada.

“Hacienda no asignó recursos y sin plata no se pueden trazar líneas de trabajo”, dijo. Antes del 7 de agosto, Cancillería espera presentar un borrador de reglamentación para comentarios.

La reglamentación de la política de integración migratoria sí está más avanzada. El gerente de fronteras, Lucas Gómez, le dijo a La Silla que está a pocos días de sancionarse el decreto. Y en todo caso, esta semana el gobierno publicó el Conpes que proyecta cuanta plata y en qué se debe invertir en los próximos 10 años para garantizar la integración de la población migrante venezolana.

Serán 13 billones de aquí a 2032, de los cuales 12 billones son gastos del sistema de salud.

Ese mismo Conpes plantea uno de los retos más grandes que tendrá que asumir el Gobierno entrante para que esa integración sea efectiva: la información que tiene el Estado sobre los migrantes venezolanos está desordenada. Según el documento, no todas las entidades públicas tienen acceso a la información en tiempo real. Tampoco hay coordinación entre ellas para tratarla ni forma de identificar “características intersectoriales” como la etapa de ciclo vital, pertenencia a una etnia o género.

Es decir, la información existe pero falta hacerla funcional para desarrollar políticas públicas o formular proyectos para la atención e integración de los migrantes.

El lado flaco

El verdadero lunar de la política migratoria de Duque fue el cerco diplomático de Iván Duque empeoró las condiciones de seguridad para los migrantes en la frontera a la vez que fortaleció el contrabando y la criminalidad en las regiones fronterizas.

Que los migrantes tuvieran como única opción para cruzar a Colombia las trochas, en vista de que los puentes fronterizos se cerraron, los puso a merced de las bandas criminales que los extorsionan, les roban los documentos, los reclutan a la fuerza y hasta los desaparecen. 

Nunca hubo coordinación entre las fuerzas militares colombianas y venezolanas para enfrentar a los ilegales en la frontera que van y vienen (son 2 mil kilómetros de frontera). Esa negación al régimen de Maduro por parte de Duque les facilitó al ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y algunas bandas criminales venezolanas ejercer control territorial y social durante los cuatro años.

Y aunque el paso peatonal se reanudó a finales del año pasado, Duque dejó a medias la medida para retomar el paso comercial en Norte de Santander, la región fronteriza que más migrantes recibe. Aunque a mediados del año pasado finalmente la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, coordinó con el gobernador de Norte de Santander para que a su vez él cuadrara con delegados del gobierno venezolano la logística necesaria para la reapertura comercial, la gestión no siguió su curso. El Gobierno anunció que los puentes, en desuso desde 2015, necesitaban revisiones estructurales pero no hubo más coordinación binacional.

“En realidad, por falta de seguridad nacional. Al Presidente le hicieron un atentado fraguado desde Venezuela. También, durante las elecciones se debían mantener condiciones de seguridad. Estábamos en una efervescencia electoral y no queríamos injerencia por parte del régimen de Maduro y abrir completamente generaba una suerte de incertidumbre. El presidente Duque es el único que abre o cierra fronteras y según inteligencia nacional, había riesgos”, le dijo a La Silla Lucas Gómez al respecto.

Su manejo de las crisis humanitarias también tiene grises. A Duque le tocó frentear dos crisis de grandes dimensiones: el fenómeno de retornados hacia Venezuela durante la cuarentena estricta en 2020. Y un año después, el desplazamiento de seis mil personas desde Apure, Venezuela a Arauquita, Arauca.

La asistencia humanitaria para estos desplazados a raíz de los enfrentamientos del régimen de Maduro con la disidencia del frente 10 de las Farc, fue exitosa. Incluso, al final de la contingencia, cuando la mayoría había vuelto voluntariamente a Venezuela, cerca de mil de los desplazados que más temían volver, recibieron remesas de cooperación internacional para sostenerse mientras podían regresar a su país. La coordinación del Gobierno entre los cooperantes y la Alcaldía de Arauquita fue clave para lograrlo.

En cambio, en los meses en que miles de venezolanos caminaron de vuelta a su país en plena cuarentena estricta, el gobierno de Duque se lavó las manos. Tuvo problemas para transportar migrantes en condiciones dignas y con medidas bioseguras y para brindar asistencia humanitaria una vez se represaron en las fronteras tratando de pasar a su país, viviendo hacinados y sin plata.

Y si bien no aplicó una política de expulsión masiva por covid como sí aprovecharon a hacerlo otros países como Perú o Ecuador, el gobierno Duque expulsó de manera arbitraria de 59 muchachos, algunos acusados injustamente de ser agitadores del régimen de Maduro en el paro nacional. Después de ser capturados, fueron abandonados a su suerte en el Orinoco como lo muestra esta investigación.

Duque no alimentó la xenofobia como sí lo hicieron otros mandatarios locales como la alcaldesa de Bogotá Claudia López o el alcalde de Cali Jorge Iván Ospina, pero tampoco logró combatirla.

Según la encuesta de Invamer sobre percepción ciudadana publicada esta semana, el 67 por ciento de los encuestados tienen una imagen desfavorable sobre los venezolanos que se quedan a vivir en Colombia. Ese porcentaje prácticamente se ha mantenido desde 2019.

Y según el reciente informe de Barómetro de Xenofobia, una ONG que monitorea los mensajes sobre migración en Twitter y medios de comunicación en países latinoamericanos, de enero a mayo, en el contexto electoral, se impusieron mensajes de segregación, en los que la gente pedía a sus candidatos la expulsión de migrantes.

“El gran ausente” del debate electoral como dice el último informe del Barómetro, fue la política de integración migratoria, que justamente está iniciando con la implementación del Estatuto.

Para Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, hace falta pedagogía sobre las virtudes del estatuto dirigida hacia los colombianos.

“La política es audaz y novedosa pero hace falta apropiación de la sociedad. El mismo Presidente habla del PPT a veces como carnet otras como tarjeta. Apenas esta semana Migración lanzó por primera vez publicidad pedagógica sobre el PPT dirigida a colombianos”, dijo el académico que hace parte de la red de expertos de La Silla Llena.

Con el reciente anuncio del grupo de empalme de Gustavo Petro de incentivar el retorno voluntario de la población migrante hacia Venezuela, puede que la política migratoria de Duque, su legado, pierda fuerza en su ejecución en el largo plazo, los 10 años que proyectó.