Aunque pase el escándalo, siguen vivos los fantasmas de la descertificación gringa y de la Asamblea Constituyente para la justicia.
El revuelo por la cancelación de las visas gringas de tres magistrados, que llevó a un pronunciamiento ayer del canciller, Carlos Holmes Trujillo, en el que el Gobierno anunció que no se meterá en el tema (por lo menos públicamente), probablemente será solo otro capítulo de dos fenómenos que han venido ganando terreno en la situación nacional: unas relaciones exteriores complicadas con el Gobierno de Donald Trump y una distancia entre el Gobierno Duque y las Altas Cortes.
Con los fantasmas de descertificación gringa planeando sobre las relaciones bilaterales y de una Asamblea Constituyente para reformar la justicia sobre las relaciones entre los poderes, el comunicado de Trujillo puede cerrar el escándalo concreto pero no las tensiones que siguen.
De presiones, visas y videos
El escándalo reventó porque Estados Unidos anunció a tres magistrados, Antonio José Lizarazo y Diana Fajardo de la Corte Constitucional, y Eyder Patiño Cabrera, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, que les revocaba sus visas.
A pesar de que por lo menos los dos primeros ya las recuperearon y que la Embajada y el Departamento de Estado no han dicho que se trate de un mecanismo de presión y han mantenido la usual confidencialidad sobre los motivos para decidir en materia consular, en la Corte se interpretó como una presión.
Así se lo confirmaron a La Silla Vacía cinco altas fuentes de la Corte Constitucional, entre magistrados y magistrados auxiliares, que lo sustentan en tres grandes razones.
Una es que el Gobierno Trump ha usado el retiro de visas como mecanismo de presión (lo que técnicamente se ha llamado “diplomacia de visas”) y se ha usado en otros casos por diferentes países, anunciado públicamente, en por lo menos tres casos de alto nivel.
El secretario de Estado, Mike Pompeo dijo en octubre que lo haría con 21 funcionarios saudíes vinculados al asesinato del periodista Jamal Khasoggi en Estambul. Junto con el congelamiento de sus activos, ha sido la política de presión para tratar de que Arabia Saudí colabore en la investigación.
El Departamento de Estado anunció el 1 de marzo que revocó las visas de 49 venezolanos y unos días después anunció que ya sumaban 340 visas revocadas, todo como parte de su presión al Gobierno de Nicolás Maduro.
En marzo Pompeo anunció que podían usar ese mismo mecanismo como retaliación contra funcionarios de la Corte Penal Internacional que investiguen a sus soldados por hechos en la invasión a Afganistán (Estados Unidos no hace parte del Tratado de Roma que crea esa Corte y le da jurisdicción, por lo que rechaza que ésta se meta con sus funcionarios).
Hace apenas un mes largo, ejecutó esa amenaza y le revocó la visa de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, quien está encargada de la investigación sobre Afganistán desde noviembre de 2017.
La segunda razón es el momento de la medida: la primera noticia de la denegación de una visa, la de Lizarazo, se dio pocos días después de que la Corte declinó una invitación a cenar con el embajador Kevin Whittaker, el 3 de abril, cuando la Corte estaba a punto de fallar sobre las objeciones de Iván Duque a la Jurisdicción Especial para la Paz JEP.
El magistrado la tramitó en privado y era un hecho hasta entonces aislado, por lo que no hubo escándalo, pero para las fuentes de la Corte muestran que la Embajada tomó decisiones justo en ese momento.
Precisamente la tercera razón, los objetivos de las cancelaciones, tienen que ver con esa comida: El Tiempo dijo entonces que fueron Lizarazo y Fajardo quienes “inclinaron la balanza en contra de aceptar la invitación a cenar del embajador estadounidense”.
Esa coincidencia, para una de las altas fuentes de la Corte Constitucional, muestra que “hubo una retaliación justo contra quienes, según la prensa, mostraron más independencia frente a la Embajada”.
Además, hace un año el magistrado Patiño fue el ponente de la denegación de la extradición de un indígena acusado de narcotráfico en Estados Unidos, justo cuando ese mecanismo es el principal motivo de preocupación del Embajador frente a las objeciones.
La sensación de que sí fue una presión es tan clara que el Consejo de Estado y la Corte Suprema respondieron defendiendo su independencia, y el Gobierno tuvo que pronunciarse hoy.
Entre reformas y certificados
Para el Gobierno, el escándalo de las visas es una papa caliente porque lo mete entre las dos relaciones difíciles.
Según tres altas fuentes de Casa de Nariño, la principal angustia frente a Estados Unidos es la posibilidad de que el Gobierno Trump descertifique a Colombia en su política antidrogas, como ocurrió durante el Gobierno de Ernesto Samper.
Ese fantasma, que viene desde 2017, ha venido creciendo y en su decisión sobre certificaciones de septiembre de 2018, Trump solo descertificó a Bolivia y Venezuela, pero dejó escrito “estoy profundamente preocupado que los cultivos ilícitos han crecido durante varios años en Colombia, México y Afganistán, y están en niveles récord (…) Heroína de México y cocaína de Colombia están produciendo miles de muertes al año en Estados Unidos.”
A eso se suman sus declaraciones del 29 de marzo, cuando dijo que Duque es un buen tipo “pero hay más drogas que salen de Colombia que antes que él fuese Presidente. Así que no ha hecho nada por nosotros”
Trump debe tomar una decisión al respecto a más tardar el 15 de septiembre, en cuatro meses, y por eso en el Gobierno hay angustia por el corto tiempo para mostrar resultados y por la posibilidad de que Trump, que tiene entre sus rasgos ser poco previsible a la vez que le ha dado mayor importancia a las drogas en las relaciones bilaterales, decida descertificar a Colombia, lo que podría llevar a recibir menos cooperación judicial, policial y militar, e incluso sanciones económicas.
Ese fantasma sobre la relación bilateral es particularmente sensible para el Gobierno Duque porque éste, como explicó hace tres semanas la experta Arlene Tickner a La Silla Académica, ha alineado más el país con Estados Unidos, especialmente en temas como las drogas.
Eso, justamente, lleva a que en las relaciones entre el Gobierno y las Altas Cortes esté presente el fantasma de una Asamblea Constituyente para reformar la justicia, justo cuando Duque le pidió a la Corte Constitucional permitir aspersiones con glifosato y con sus objeciones la puso en el centro del debate sobre la JEP y la extradición.
Es decir, la Corte tiene en sus manos decisiones que pueden ser centrales en las relaciones con Estados Unidos. Y, al tiempo, el Gobierno puede terminar impulsando una reforma a la justicia que afecte a los altos tribunales.
Para tres de las altas fuentes de la Corte, en la medida en que la Corte tenga posiciones contrarias a Duque como ya ocurrió con las objeciones, se hace más probable que se ambiente una Constituyente para reformar la justicia, como pidieron a fines del año pasado uribistas como el presidente del Congreso, Ernesto Macías o el dirigente Sergio Araújo .
Más ahora que al fracaso de la reforma a la justicia del Gobierno se sumó la del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, que Duque apoyaba.
A diferencia de la decisión sobre descertificación, una constituyente para la Rama Judicial y la justicia no tiene fecha fija. Pero probablemente vuelva a aparecer en la agenda, como cuando estuvo en 2017 con un fallido referendo y en 2018 como propuesta de campaña de Iván Duque y Gustavo Petro.
Por eso, aunque el escándalo de las visas quede atrás en unos días, los grandes fenómenos que lo explican y los fantasmas que le dan vida, probablemente volverán a asustar pronto.
