Detrás del discurso del Presidente Santos de ayer, en el que pidió a los congresistas asistir a las sesiones extras que convocó para hoy y prometió asumir “toda la responsabilidad”, más que valentía lo que hay es muchos miedos. Por el lado de Santos, miedo a una constituyente o un referendo y miedo a que se cree un caos institucional que lo lleve a perder la reelección; por el de los congresistas, miedo a terminar investigados o revocados. Hoy y mañana se definirá finalmente cuál de los miedos gana el pulso.
Los miedos
Ayer se empezó a difundir entre los congresistas la idea de que asistir a las sesiones y votar podría llevarlos a cometer un prevaricato, lo que asustó a algunos congresistas. Uno de los que más lo argumentó, según pudo saber La Silla Vacía, fue el representante de La U Miguel Gómez, uno de los pocos congresistas uribistas. Otro que habló públicamente fue el senador Carlos Ferro, de La U.
También se rumora que habría algunos magistrados que, bajo cuerda, estarían impulsando esa idea, para evitar que la reforma no se hunda con los privilegios que les entrega. Y que otros congresistas aprovechan ese rumor para no hundir una reforma que los protege de perder la investidura y embolata procesos penales en su contra.
La Silla Vacía no pudo comprobar estos rumores de manera independiente. En todo caso, ese primer miedo tiene a las sesiones extras en la cuerda floja y obligó a Santos a salir con toda a defenderlas, a pesar de que el Gobierno no puede estar totalmente seguro de que la Corte Constitucional esté de acuerdo con su movida y su tesis jurídica.
Pero ése es apenas el primer miedo. El que le hace contrapeso es el miedo de quedar en la mira de la opinión pública, que se ha movilizado fuertemente contra la reforma. Aparecer como enemigo de hundirla, o por lo menos de modificarla, es casi suicida, sobre todo para los políticos que buscan voto de opinión.
Ese miedo es el que lleva a congresistas como Simón Gaviria, crucificado por los medios y por la opinión por haber confesado que pese a que nombró a los conciliadores de la Cámara firmó el texto de la conciliación sin leerlo, a aparecer ahora como enemigos jurados de la Reforma, o a nueve de los 12 conciliadores a emitir un comunicado para argumentar que no le metieron ningún mico y que el Ministro sí conocía el texto conciliado.
Además, los llamados a una posible revocatoria de los congresistas han calado, sobre todo si se tiene en cuenta que la Constituyente de 1991 efectivamente le revocó el mandato al Congreso de la época. Ese antecedente recuerda que la revocatoria no es un fantasma que solo asusta, sino que puede convertirse en realidad.
Ese mismo temor a perder imagen es el que impulsa al gobierno a pedir el hundimiento de la Reforma que impulsó durante más de un año. La alocución de Santos de anoche fue casi simultánea con la distribución del comunicado de los conciliadores, y fue una manera de mostrar a la opinión que está totalmente jugado contra la Reforma. Este miedo ya es conocido por episodios como el de la Reforma a la Educación, y es el que aprovecha la oposición para ponerle dificultades e inflar esta crisis.
No hundir la reforma significa, para el gobierno, que se pueden crecer las dos iniciativas que están andando para tumbarla, la de la Constituyente, impulsada por el uribismo, y el referendo derogatorio, impulsado por ciudadanos y apoyado por el Polo y algunos congresistas de otros partidos. Aunque en este momento son apenas proyectos pero que, si la Reforma sobrevive, la molestia de los ciudadanos puede crecer.
Mucha gente teme que la Reforma termine reforzando la impunidad y beneficiando a unos pocos, desde los magistrados que prolongan su período hasta los congresistas que no perderían la curul, pasando por el Procurador que tendría un nuevo fuero que lo haría casi imposible de juzgar. Esta indignación ha impulsado la movilización popular y las críticas de la gran mayoría de líderes de opinión, y es el que tiene al Gobierno y a los congresistas contra las cuerdas.
La oposición, de izquierda y de derecha, aprovecha este miedo para adelantar sus estrategias de referendo revocatorio y de asamblea constituyente, respectivamente. Como explicó La Silla Vacía, ya Miguel Gómez ha señalado que la Constituyente podría cerrarle las puertas a la reelección de Santos lo que, si el Presidente termina con el agua sucia de una Reforma impopular, se podría hacer cada vez más probable. Y las dos estrategias, además, llevarían a votaciones a fines de 2013 o principios de 2014, lo que sería un refuerzo electoral para sus promotores y un duro golpe para el santismo.
Por eso, estas jugadas crean más miedo en el santismo.
El Gobierno, de la celebración al miedo
En menos de una semana, el pulso político por sacar adelante la Reforma a la Justicia, que el gobierno creyó que había ganado, se convirtió en una novela llena de argumentos jurídicos. Santos perdió un ministro confiable y que tenía buena imagen y el control indudable que tenía sobre el Congreso, y terminó metido en la mayor crisis política en lo que va de gobierno.
Cada paso que ha dado desde entonces ha llevado a nuevos problemas. Primero, la movilización contra la Reforma lo llevó a la movida desesperada de objetar partes de la Reforma. Luego, esa objeción hizo que chocara con algunos congresistas y magistrados, que estaban contentos con la Reforma y que sentían que el Gobierno les estaba cambiando el juego. El lunes, las estrategias de la oposición y la incesante crítica lo llevaron a objetar toda la reforma, con lo que definitivamente le dio la espalda al Congreso.
Eso es en parte lo que ahora lo tiene distante de las bancadas de la Unidad Nacional, que están en la duda sobre qué hacer mañana.
El Partido Liberal es el único que parece ya estar definido y unido en su apoyo a las sesiones extras.
El Partido de La U se reunió ayer con algunos juristas y, según pudo saber La Silla Vacía por cuatro fuentes independientes, está dividido. Los congresistas más cercanos a Uribe defienden la tesis del prevaricato, los más santistas dicen que no hay problema y deben asistir, y otros están en el medio, dudando.
Cambio Radical se reune hoy y a las 10 de la mañana dará una rueda de prensa para anunciar su posición.
El Partido Verde tiene programada una reunión de bancada a las ocho de la mañana, pero parece que la mayoría se inclina por participar de las sesiones.
La bancada conservadora se va a reunir a la misma hora con Rodrigo Escobar Gil y Gustavo Cuello, y va a revisar conceptos escritos de otros abogados para tener tranquilidad jurídica y definir su posición.
Estas dudas porque el miedo al prevaricato, como tantos otros miedos, viene de enfrentarse a lo desconocido. Y la situación jurídica de la Reforma es algo nunca antes visto en el país.
El embrollo jurídico
Desde que el jueves Santos dijo que iba a devolver la Reforma al Congreso, escandalizado por la cantidad de “micos” que tenía, los expertos en derecho han tenido que releer la Constitución y revisar lo que ha dicho la Corte Constitucional.
Si el legislativo aprobó una reforma a la Constitución ¿cómo es posible que pueda el Presidente devolverla diciendo que la objeta por inconstitucional? Algunos expertos encontraron además que, según la Constitución y la Corte, el Presidente tiene la función de aprobar las leyes comunes y corrientes, pero no en las reformas a la Constitución. Y por eso, la objeción sería ilegal.
Pero Santos no podía quedarse con esa tesis. Reunió a todas sus cabezas jurídicas en Palacio y especialmente al defensor oficial del Gobierno, Fernando Carrillo. Allí, construyeron una tesis según la cual sí cabe una objeción del Presidente para cuando una reforma “sustituya” la Constitución, que es la misma tesis que alegaron algunos magistrados de la Corte Constitucional para tumbar el referendo reeleccionista. La idea es que no tiene sentido que una ley que cambie el sentido de la Constitución tenga que, necesariamente, estar vigente para luego poder ser demandada y que ahí sí la tumbe la Corte.
Si esto último fuera cierto, el Congreso tendría la autonomía para tomar decisiones como volver el país una monarquía o volver a la esclavitud, y la Corte sólo lo podría tumbar después de que empezara a regir. Es más, el Congreso podría decidir prohibir las demandas ante la Corte o eliminar la misma Corte, y no se podría hacer nada. Y eso no se parece al ideal de equilibrio de tres poderes que anuncia la Constitución.
A esa discusión de fondo le siguió la de la estrategia. La segunda medida desesperada de Santos fue convocar a sesiones extra del Congreso para hoy y mañana, para que se debatan las objeciones a la Reforma y salir del lío rápidamente.
Pero sobre la convocatoria vinieron las mismas críticas y el miedo de caer en la inconstitucionalidad y prevaricar, aunque no es claro si un voto de un congresista puede llevarlo a cometer ese delito. Ya en el caso de la absolución de Samper por la Cámara y de la votación del Referendo, las cortes defendieron la inviolabilidad del voto de los congresistas. En todo caso, Santos y sus asesores jurídicos se defendieron una vez más diciendo que no había inconstitucionalidad.
Tanto para el fondo como para la estrategia Santos no está solo. Aunque la explicación en derecho no es un tema fácil, con el tiempo y ante la inminencia de una hecatombe, aparecieron académicos, constitucionalistas y hasta el Fiscal dándole la razón.
En el blog de Dejusticia en La Silla, anoche Rodrigo Uprimny explicó que el Presidente podía objetar y que para que se pueda objetar, las sesiones extra son necesarias. El Fiscal Eduardo Montealegre también salió en defensa del tema y se pronunció ayer diciendo que Santos sí podía objetar la Reforma y hacerle un control de constitucionalidad.
El problema es que como todo son interpretaciones, por más elaboradas que sean, nada libera a los congresistas del miedo de que, por salvar la cara, terminen perdiendo no solo los descarados beneficios que legislaron en su favor sino que terminen investigados. La pregunta es si ese miedo es más grande que el temor a enemistarse con el gobierno y convertirse en el blanco de una revocatoria.
