En su discurso de posesión del 7 de agosto, el presidente Gustavo Petro mencionó 23 veces la palabra “paz” y solo una la palabra “pobreza”. Aunque es apenas un conteo de palabras, esa fue la señal de un cambio en las prioridades que se ha hecho notorio en el primer mes de gobierno.
La bandera principal de la campaña fue la lucha contra la desigualdad. Sin embargo, después de un mes Petro no ha nombrado las cabezas de las principales instituciones de política social: el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). Tampoco se ha radicado el proyecto de ley que crearía el nuevo Ministerio de la Igualdad, encabezado por la vicepresidenta Francia Márquez.
“Es muy costoso para la política social que el DPS y el ICBF no tengan dirección. El DPS tiene un puesto en el consejo de ministros y ahí se toman decisiones de alto gobierno, articulación y priorización, pero si carece de liderazgo hay muchas decisiones que se dejan de tomar o se demoran”, opina Roberto Angulo, socio fundador de la firma Inclusión y uno de los expertos del comité de pobreza del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
Y detrás de las demoras en los cargos claves de la política social hay pulsos políticos entre fuerzas de la coalición de Petro.
El DPS, el ICBF y el MinIgualdad están frenados
Entre los 12 proyectos de ley que se anunciaron como urgentes por parte del Gobierno, solo dos no han sido presentados, y entre esos está la ley para crear el Ministerio de la Igualdad. La vicepresidenta Márquez dijo desde el 14 de agosto que la “próxima semana” se radicaría el proyecto, pero el anuncio se ha ido aplazando semana a semana.
“Entre lo urgente, es lo menos urgente. Antes está el presupuesto, la reforma tributaria, la reforma política”, dijo un congresista del Pacto Histórico que pidió no ser citado.
El equipo de Márquez hizo un borrador para crear el Ministerio de la Igualdad que le pasó al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), que es quien lo va a radicar ante el Congreso. El punto clave del borrador es que el ministerio absorba al Departamento de Prosperidad Social (DPS), que tiene como tarea principal armar las políticas para reducir la pobreza en el país y por eso se encargan de administrar los recursos de los subsidios como Familias en Acción o Colombia Mayor, por nombrar algunos de ellos.
Esto le daría, de entrada, un presupuesto de 23,2 billones de pesos a la nueva cartera de Igualdad, más que el de otros ministerios como el de Transporte (13,6 billones) y Vivienda (5,7 billones). Eso si se toma como referencia el Presupuesto General de la Nación (PGN) que quedó aprobado para este año y sin contar los incrementos o reducciones que en este momento se están debatiendo en el Congreso para el 2023.
Por eso, dentro del equipo de la vicepresidenta la instrucción es guardar el máximo secretismo con el proyecto. “Es una disputa de poder. Hay gente dentro del Pacto Histórico que ve a Francia como una rival y sienten que esa cartera le va a dar mucho poder”, dijo una fuente cercana a Márquez que conoce el borrador y pidió no ser citada.
En Casa de Nariño, según dijo el secretario general, Mauricio Lizcano, están de acuerdo con que el nuevo ministerio que encabeza la vicepresidenta controle el DPS, una dependencia que hoy depende del presidente.
Pero para hacerlo realidad, la principal dificultad de Márquez con el Congreso es que no tiene representación directa de su movimiento, Soy porque somos, que no fue incluido en la lista cerrada del Pacto Histórico. Algunos congresistas, como los del Polo Democrático, que la avaló, son sus aliados, pero La Silla consultó a tres representantes de ese partido y ninguno dijo conocer el borrador.
Ante la demora en el Congreso, Márquez se ha movido por su cuenta. Se reunió la semana pasada con el director de Planeación, Jorge Iván González. Según le dijo González a La Silla, en el encuentro la vicepresidenta le dijo que su expectativa es ser nombrada al frente del DPS mientras se tramita el proyecto del Ministerio de la Igualdad.
Pero desde el Gobierno sigue sin haber respuesta. Y, mientras tanto, el DPS sigue funcionando con las directrices del Gobierno anterior.
La otra decisión que no ha tomado Petro es la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), que debe velar por la protección de la primera infancia, la infancia y la adolescencia.
En este caso el pulso es entre el partido Mais, que hizo parte de la coalición del Pacto Histórico, y el sector del embajador en Venezuela Armando Benedetti.
Dos fuentes de la bancada de Petro en el Congreso coincidieron en que Benedetti se está moviendo para que su hermana, Ángela Benedetti, sea nombrada al frente de la entidad. Pero desde el Mais, según le dijo a La Silla la senadora Martha Peralta, también han pedido ese cargo e incluso postularon a Arelis Uriana Guariyú, que fue precandidata presidencial del Pacto Histórico, pero fue rechazada por su perfil académico.
El último gran frente social que está a la expectativa es el de la lucha contra el hambre. En campaña, Petro prometió declarar una emergencia económica desde el primer día de su gobierno para implementar, entre otras medidas, una política de compra de cosechas por parte del Estado, que a su vez se encargaría de distribuir los alimentos en las zonas más críticas.
Petro no decretó la emergencia económica y en lugar de eso el Ministerio de Agricultura está diseñando una política de comercialización que implica lo mismo: que el Estado reduzca los intermediarios del agro.
Para implementarla se están asesorando con la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación (FAO). La primera reunión la tuvieron el 8 de agosto y la segunda la semana pasada. Desde el Ministerio le dijeron a La Silla que es posible que desde la FAO vengan funcionarios a Colombia para asesorar la estrategia.
La incertidumbre de la agenda de los subsidios
Mientras Petro hace equilibrio con los nombramientos, tiene que lidiar al mismo tiempo con el trámite de la reforma tributaria y el Presupuesto General de la Nación, dos proyectos de ley claves para financiar, entre otras cosas, su plan de gobierno, que incluye los programas sociales.
Como dice Angulo, el experto en pobreza, la falta de una dirección del DPS en medio de la discusión de estos dos proyectos está dejando un vacío. “Estamos discutiendo una reforma tributaria asumiendo, sin ninguna información concreta, cómo se va a redistribuir el nuevo recaudo. El liderazgo del DPS para buscar recursos en Hacienda es importante para poder financiar las transferencias monetarias”.
Además, el futuro de Ingreso Solidario, el programa de transferencias de 7 billones de pesos que se lanzó en la pandemia, está sin definirse. Según la última reforma tributaria de Duque, el programa solo va hasta diciembre de 2022 y está en manos del Minhacienda resolver una viabilidad jurídica para que continúe al menos hasta 2023.
El impacto de estos subsidios no es menor. En 2020, con las ayudas extra -como Ingreso solidario- y las ya existentes como Familias en Acción, se pudo evitar que 1,8 millones de personas entraran en condición de pobreza. Para 2021, esos subsidios tuvieron el mismo efecto.
El ministerio de Hacienda ya radicó ante el Congreso una reforma tributaria que busca recaudar al menos 25 billones de pesos, al mismo tiempo que pidió una adición de 10 billones de pesos al PGN que dejó el Gobierno de Iván Duque. Según ha dicho en varios escenarios José Antonio Ocampo, el ministro de Hacienda, esos recursos adicionales serían para financiar el plan de Gobierno de Petro, incluida la agenda social.
De acuerdo con una fuente cercana a la cartera de Hacienda, Ocampo busca unificar todos los programas sociales que implican transferencias monetarias, lo que en campaña el Pacto Histórico prometió como una renta básica. A eso también le sumarían unos recursos adicionales para la lucha contra el hambre con la creación de una especie de bono alimenticio.
Para Angulo, puede ser buena idea revisar la manera en la que se eligen las personas que van a recibir los subsidios, así como los canales por los cuales les llega el dinero. Sin embargo, unir todas las ayudas en una sola y eliminar los programas como Colombia Mayor, Familias en Acción y Jóvenes en Acción requiere cautela, y así evitar que personas que actualmente reciben el subsidio se queden sin apoyo. “De tal manera que no borremos los logros de 20 años de transferencias”, agrega.
En medio de esas incertidumbres, lo claro es que los cambios estructurales del Gobierno Petro en la política social tardarán, siendo optimistas, varios meses. “Esto no se resuelve con buenas voluntades, sino con acción inmediata”, dijo el presidente en campaña. Este primer mes muestra que los tiempos del Petro candidato son distintos a los del presidente.
