El nuevo round por la sustitución de la coca

Silla Sur
pardo_catatumbo_1.jpg

Rafael Pardo, ministro del Posconflicto.

Mientras la DEA culpa a Colombia por el aumento del consumo de cocaína en Estados Unidos, arranca un paro indefinido de campesinos cocaleros.

Mientras ayer la DEA dijo que la coca de Colombia seguía siendo una “amenaza” para Estados Unidos y el fiscal Néstor Humberto Martínez insiste en volver a la fumigación aérea, en varias regiones del país tradicionalmente cocaleras, comenzó desde anoche un paro indefinido para exigir todo lo contrario: que la salida al problema de la coca sea la sustitución voluntaria.

Ese pulso lo lidera la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam, una organización afín a la Farc que nació este año como vocera de los cocaleros en todo el país y que con este paro medirá sus bases en las regiones para ser el principal interlocutor del Gobierno en la sustitución de cultivos en todo el país. 

Además, dado que el paro está apalancado por el incumplimiento de varios acuerdos que se lograron en el paro agrario de 2013, podrían sumarse otras organizaciones que hoy están por fuera como Congreso de los Pueblos e indígenas (se espera que a medio día de hoy haya un pronunciamiento en la misma línea).

El paro

La movilización que arrancó esta mañana fue citada desde la semana pasada por otras organizaciones con afinidades con el partido de la Farc además de la Coccam como la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro), la Asociación de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), el movimiento Marcha Patriótica, la Coordinación Nacional de Pueblos, Organizaciones y Líderes Indígenas (Conpi) y la Organización Nacional de Organizaciones y Comunidades Afrodescendientes (Conafro).

 

Estará enfocada en 12 departamentos sobre todo del sur, suroccidente y el Catatumbo en Norte de Santander. 

Según el pliego de peticiones que firmaron y que ayer radicaron en la oficina del consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo, reclamarán siete puntos, seis relacionados con la implementación del Acuerdo de La Habana y uno que se refiere a los acuerdos que en 2013 terminaron con el paro agrario y que dieron origen a la Mesa de Interlocución Agropecuaria, MIA. 

Sin embargo, el eje central de la movilización es la sustitución de cultivos. 

“Un 80 por ciento de los que se van a movilizar son cultivadores de coca,” le dijo a La Silla el diputado de la Alianza Verde del Cauca Jonathan Patiño que acompaña a la Coccam en el departamento. 

Como ha contado La Silla, la descoordinación del Gobierno, que se ha movido entre el garrote de la erradicación forzada y la lentitud de la zanahoria de la sustitución en las regiones cocaleras, ha generado varios conflictos locales.

En lugares como Nariño, están denunciando que los policías han llegado a erradicar a la fuerza en zonas donde los campesinos están negociando acuerdos de sustitución voluntaria; en el Catatumbo, casi encienden un paro hace un mes porque el Ejército entró a una vereda para arrancar la coca sin avisar. y en San Vicente del Caguán los campesinos se han quejado por la demora en los pagos del Programa de Sustitución.

A eso se suma el asesinato de los siete campesinos cocaleros en Tumaco hace 20 días.

“Esa fue la gota que rebosó la copa. Con el agravante de que el Gobierno no quiere asumir su responsabilidad por lo que sucedió y todavía está inventando excusas”, dijo a La Silla César Jerez, dirigente de Anzorc. “No podemos arriesgarnos a que esto siga así, los casos vienen siendo recurrentes y es como si nada sucediera”.  

Otra razón menos explícita

En Colombia se calcula que hay por lo menos 115 mil familias cocaleras, según los acuerdos colectivos que ha firmado la oficina de sustitución de Eduardo Díaz), y lo que se pondrá a prueba en los próximos días es qué tan fuerte es entre ellos la Coccam, cuyo liderazgo ha comenzado a ser disputado en varias regiones.

Como contó La Silla en varias regiones diferentes organizaciones locales quieren liderar sus propios procesos de sustitución independientemente de la Cocam y en algunos lugares han pedido asiento en la mesa del Programa Nacional Integral de Sustitución, Pnis.

En La Gabarra (principal corregimiento de Tibú) la Asociación de Juntas de Acción Comunal han pedido ser sus propios interlocutores con el Gobierno y por eso han chocado con los líderes de la Coccam, quienes, según denuncias en el municipio, han dicho que solo través de ellos pueden acceder a los beneficios. 

Parecido fue lo que sucedió en Las Mercedes en Sardinata, también en el Catatumbo, cuando el Gobierno llegó a socializar el programa de sustitución y pidieron evitar intermediarios.

Los ejemplos se replican en otras regiones. Un líder cocalero en el Putumayo, nos contó: “Todo el mundo sabe aquí que ellos quieren ser los voceros únicos y que no permiten que participen otros, en parte porque tienen el respaldo de Marcha Patriótica”.

Aunque el eje transversal del paro estará en el pulso por la sustitución de cultivos, en el pliego de peticiones las organizaciones también pusieron sobre la mesa la figura de la Mesa de Interlocución Agraria, MIA.

Ese espacio, creado como resultado de la negociación que levantó el paro agrario de 2013 con el fin de asegurar la inversión en regiones históricamente abandonadas por el Estado, ha funcionado desde entonces pero sobre sus resultados hay dos versiones.

Una es la de un sector -el mismo que está convocando el paro- de la Cumbre Agraria que dice que no se ha cumplido con lo pactado.

“Hay varios acuerdos que han quedado en letra muerta y por eso es necesario que reactiven la mesa”, le dijo a La Silla César Jérez de Anzorc.

Sin embargo, en el lado del Gobierno tienen otra versión.

En el Viceministerio de Desarrollo Rural le explicaron a La Silla que ese espacio sigue vivo, y que de hecho la última reunión fue el 17 de agosto y duró tres días.

Según los reportes de ese despacho, desde que se instaló la MÍA hasta hoy, en proyectos productivos se han destinado $250 mil millones en 237 proyectos que fueron presentados por las organizaciones y de esos 111 ya terminaron, 101 están en ejecución y los restantes fueron a parar a la Agencia de Tierras porque necesitaban terrenos para funcionar.

“Lo que pasa es que ellos hacen las cuentas de otra manera. Dicen que la inversión de los $250 mil millones debía ser por vigencia (anual) y eso no fue lo que se pactó y así hay varios ejemplos”, le dijo a La Silla Juan Pablo Díazgranados, viceministro de Desarrollo Rural.

De hecho, una alta fuente del Gobierno le dijo a La Silla que parte de la lectura que hacen en Bogotá es que con el paro algunos sectores campesinos quieren “volver al esquema de la Cumbre Agraria” que “fue rebasado por la implementación (porque) las mesas de antes excluían a todo el mundo. Ellos quieren volver a ese esquema”.

Y es que para el nuevo partido de la Farc es importante no solo que los cocaleros estén cohesionados bajo una sola organización cercana como la Coccam porque así logran ejercer una mayor presión sobre el Gobierno para que les cumpla los acuerdos de paz, sino porque en la medida en que mantengan influencia sobre la negociación y ejecución de los acuerdos de sustitución podrán capitalizarlos políticamente con miras a su participación electoral.

De ahí la importancia para la Coccam y la Farc de que este paro sea nacional y masivo.

Las regiones se calientan

Uno de los departamentos donde ya comenzaron las movilizaciones es en el Cauca donde la Coccam se organizó en tres frentes: el norte, el sur y el centro y ya comenzaron los bloqueos en la carretera Panamericana. 

Según Diego Rodríguez, coordinador de la Coccam en el sur del departamento, esperan que salgan 4.500 campesinos de los municipios de Argelia, Balboa, Patía, Mercaderes, Sucre y San Sebastián, Leiva y Bolívar. Lo que exigen es que se cumpla el Acuerdo de Paz, “tal cual se firmó”, le dijo a La Silla Pacífico. 

Según él, en el Cauca hasta ahora sólo han firmado acuerdos sombrilla de sustitución voluntaria (el paso previo para firmar acuerdos individuales por familias) en los municipios de Miranda y El Tambo pero en el resto no porque los cocaleros sienten que no tienen garantías hasta que no se defina una ruta para que no erradiquen ni una mata más de coca. 

“Antes estábamos en preparación pero con la masacre de Tumaco nos jartamos. Nos vamos a tomar la vía el tiempo que sea necesario hasta que el Gobierno escuche a nuestros voceros”, dijo. 

Agregó además, que los ex guerrilleros del frente 60 de las Farc que estaban en Argelia también se sumaron al paro y “trajeron a su gente”. 
 

En Catatumbo arrancarán el miércoles. 

Desde el pasado viernes la Asociación de Campesinos del Catatumbo, Ascamcat, (afín a la Farc) junto a Marcha Patriótica y la regional de la Coccam publicaron su propio pliego de peticiones. 

En él, además de sumarse a la petición de ponerle el acelerador a los planes de sustitución voluntaria, que en esa región sólo han avanzado en Tibú y una vereda de Sardinata, revivieron los acuerdos de la Mesa de Interlocución Agraria, MIA.

Esos acuerdos son particularmente importantes para Ascamcat porque con ellos fue que ganaron visibilidad en la región tras el paro agrario que sitió por 53 días a parte del país en 2013.

Como contó La Silla, esa mesa se levantó en julio de 2016 porque la asociación no estuvo de acuerdo con que funcionarios del Gobierno llegaran al Catatumbo a rendir cuentas sin consultarlos. Aún así Ascamcat ha dicho que el Gobierno fue el que se paró. 

“Como todo lo que ellos prometieron que se iba a lograr con el paro no ha pasado, nadie les cree casi nada, aquí lo que creen es que Ascamcat fue el único que recibió el beneficio”, le dijo a La Silla un líder de San Calixto que pidió la reserva de su nombre. Tres fuentes nos dieron una versión similar.

Por eso, según seis fuentes entre políticos, líderes y campesinos del Tarra, Tibú, La Gabarra, Teorama, San Calixto y Hacarí, en el Catatumbo el ambiente del paro solo está entre los afiliados a Ascamcat y la Coccam, que -como en el resto del país- han querido quedarse con los réditos políticos de la sustitución en esta región.

Ahora, la expectativa del paro está dada en que esta será la primera vez que se va a medir la fuerza de esa organización en el Catatumbo.

“Muchas veces han dicho que ellos tienen no sé cuántos mil afiliados. Ahora sí sería bueno saber cuántos son y cuántos salen sin ninguna presión”, le explicó a La Silla un líder de La Gabarra, en Tibú.

En Caquetá, los dirigentes de la Coccam (que hace presencia en nueve de los 16 municipios) tuvieron una reunión la semana pasada en Florencia y de ahí salieron con la directriz de “mostrarle al Gobierno, cada quien a su forma, que estamos articulados y que vamos a defender los acuerdos”, dijo a La Silla Arbey Alvear, presidente de la Unión de Organizaciones Sociales de Caquetá, Uniós y que hace parte de la Coccam. 

En este departamento, que es el quinto con más coca en el país (tenía 9343 hectáreas cultivadas a diciembre de 2016), hay movilizaciones de aquí al viernes en municipios como La Montañita, San José del Fragua y El Paujil, terminando el viernes en San Vicente del Caguán, donde esperan que salgan 1500 cocaleros a llenar las calles del municipio. 

“Salimos en respuesta a la erradicación y porque ya sabemos a qué atenernos con la Policía si nos ponemos a hacer resistencia”, dijo a La Silla Sur Balvino Polo, líder de la Coccam en La Montañita, refiriéndose a la muerte de los líderes cocaleros en Tumaco. 

A esa movilización se sumarán los indígenas el 30 octubre para protestar por las promesas que no les han cumplido en su última marcha por la Panamericana; también es probable que si el paro se crece, otras organizaciones campesinas se sumen en los próximos días, algo que seguramente le hará pensar dos veces al Gobierno si se aparta de la política de drogas plasmada en el Acuerdo de Paz. 

Únase a los Superamigos

El periodismo independiente que hace La Silla Vacía se financia, en parte, con contribuciones de nuestros lectores. Conviértase en SuperAmigo de La Silla, para que podamos seguir escribiendo sobre cómo se mueve el poder en Colombia. Adquiera su membresía aquí.