El paradójico caso contra María Camila Uribe, la ex Secretaria de Planeación Distrital

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El paradójico caso contra María Camila Uribe, la ex Secretaria de Planeación Distrital

 

María Camila Uribe no revocó la licencia de construcción de la nueva torre de Unicentro pero sí le pidió a la alcaldía local de Usaquén que suspendiera las obras y demandó la licencia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 

El pasado miércoles 9 de marzo la Personería de Bogotá formuló cargos contra la ex Secretaría de Planeación de la ciudad, María Camila Uribe, una de las funcionarias más técnicas que ha pasado por la Alcaldía de Samuel Moreno. El argumento del personero delegado es que Uribe no revocó la licencia de construcción del nuevo edificio de Unicentro cuando ha debido hacerlo. Lo paradójico es que, por la misma decisión, los abogados del centro comercial lejos de estar contentos, están pensando en denunciar penalmente a Uribe.

La historia arrancó en 2008 cuando Unicentro solicitó a la Curaduría 4 una licencia para construir un edificio de 25 pisos en la esquina nororiental del lote, en la calle 127 con carrera 13 en el norte de Bogotá. Poco tiempo antes Unicentro había logrado que un juez le devolviera ese espacio donde antes había una estación de gasolina que no quería irse de allí. El argumento con el que consiguió convencer al juez es que la necesitaba para ampliarse. Y, si no se amplía, este debate podría reabrirse, lo cual explica en parte la urgencia que tenía Unicentro de obtener esa licencia.

La licencia que pidió Unicentro era para “ampliación, modificación y demolición parcial”. Y el proyecto concreto es la construcción de una nueva torre de oficinas de 25 pisos. La Curadora Urbana No. 4 concedió la licencia el 5 de febrero de 2009. En ese momento nadie apeló la decisión, que no se hizo pública porque, cuando se trata de una ampliación, la obligación de informar es menor que cuando se trata de una obra nueva.

Cuando los vecinos se enteraron, a mediados de 2009, la decisión les produjo mucha preocupación. El impacto de un nuevo edificio, de esa altura, implicará más trancón, más uso de agua y más congestión en una zona que de por sí ya es un atolladero. Entonces, los vecinos empezaron a movilizarse con solicitudes a los organismos de control, cartas y denuncias públicas. Como lo informó La Silla Vacía en agosto pasado, el Distrito quedó en el medio de la pelea entre los vecinos y Unicentro.

Finalmente, en febrero de 2010 los vecinos le pidieron a la Secretaría de Planeación que revocara la licencia. Luego se unieron a esta solicitud la Procuraduría General, la Contraloría Distrital y la Personería.

Las revocatorias que no fueron

La Personería presentó su solicitud de revocatoria en abril de 2010, sumándose a otros seis recursos que solicitaban lo mismo. En diciembre, después de un largo proceso en el que todos los interesados intervinieron, Uribe decidió no revocar la decisión de la Curadora porque, a su juicio, la licencia no se había obtenido por medios ilegales.

Revocar una licencia de construcción puede ser fácil si se apela la decisión. Pero esto solo se puede hacer dentro de los cinco días siguientes a la expedición de la licencia. En estos casos, la Secretaría tiene amplia libertad para decidir si mantiene o no la licencia.

Pero, en este caso, la solicitud de revocatoria llegó casi un año después de que se expidiera la licencia. Y en esos casos, la ley dice que la revocatoria es excepcional y que sólo se puede dar si el beneficiario de la licencia lo acepta o si ésta se obtuvo por medios ilegales. En este caso, Unicentro no estuvo de acuerdo con que le revocaran la licencia.

Entonces Uribe negó la revocatoria porque consideró que Unicentro no la obtuvo ilegalmente. Es decir, no encontró que Unicentro hubiera falsificado un documento o sobornado un funcionario, por ejemplo.

Pero tampoco se limitó a simplemente negar la revocatoria. Porque, si bien encontró que Unicentro no había cometido ninguna ilegalidad, sí manifestó que la Curadora se basó en interpretaciones incorrectas de las normas y que hubo irregularidades en el proceso de expedición de la licencia. En esa misma resolución, y por esas mismas razones, la Secretaria Uribe pidió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que suspendiera provisionalmente la licencia de Unicentro, dentro de una acción popular que ya había interpuesto la Contraloría Distrital.

Es decir que, si bien no revocó la licencia porque la ley no se lo permitía, sí acudió a los mecanismos legales para que otras instancias lo hicieran, especialemente mediante una demanda de nulidad contra la licencia que presentó el 1 de febrero. También le pidió a la alcaldía local de Usaquén que suspendiera la obra.

Además, al subrayar las falencias de la decisión de la Curadora, Uribe también le dio argumentos a otras entidades para anular la licencia. Su argumento más poderoso era que no se debía haber otorgado la licencia como una ampliación sino como una obra nueva, lo que cambia radicalmente las notificaciones que se debían hacer a los vecinos: en vez de una valla pública, bastaba con un anuncio en la cartelera de la copropiedad. Y así fue como lo notificó Unicentro.

Este argumento enfureció a Unicentro, puesto que entonces su caso no quedaba cerrado con la decisión de Uribe, que tampoco lo beneficiaba como aparentemente parecía. Sobre todo, porque la Personería Distrital y la Procuraduría retomaron sus argumentos para solicitar la nulidad de la licencia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Esta demanda de nulidad se sumó a la acción popular que ya había interpuesto la Contraloría Distrital.

Y, como si esto fuera poco, en julio de 2010 la Secretaría le negó a Unicentro el plan de implantación, que es todo lo que tiene que invertir para mitigar el impacto de esa obra en la zona. En este punto, las diferencias entre Uribe y Unicentro son gigantescas: mientras que el centro comercial considera que solo debe hacerlo para la nueva torre, Uribe consideró que Unicentro tiene que mitigar el impacto de todo el centro comercial. En concreto, es la diferencia entre mitigar la entrada de 600 carros nuevos por cuenta de la torre o de siete mil que entran hoy diariamente a todo el centro comercial. Son miles de millones de pesos de diferencia, pero también de bienestar para la gente de ese barrio si se hace lo que quería Uribe.

Además, a través de la actualización catastral, Uribe le subió cinco veces el impuesto predial al centro comercial.

Enemigos por los dos lados

Con esta decisión, Uribe terminó mal con todos. Por una parte, los vecinos están insatisfechos porque no tumbó la licencia. Por otra, Unicentro considera que ella no se debió haber pronunciado sobre los posibles problemas en el trámite de la Curaduría. Y, en esta situación en la que Uribe terminó mal con todos, la Personería pescó en río revuelto.

Luis Fernando Lanziano, líder de los vecinos de Multicentro, dice que “María Camila Uribe prevaricó por omisión”, es decir, cometió un delito por no hacer aquello a lo que la ley le obligaba. Según él, ella tenía que revocar la licencia de la Curaduría Cuarta y, al no hacerlo, violó la ley. Lanziano dice que sí se podía revocar el acto, porque éste si "ocurrió por medios ilegales".

Pero, para Lanziano, no existió una mala intención por parte de Uribe. Más que otra cosa, cree que la ex Secretaria estaba entre la espada y la pared e intentó encontrar una salida.  “Le dio todas las armas a la comunidad para seguir con la pelea", dice Lanziano.

Pero precisamente por esa munición que le dio a los vecinos para seguir adelante con sus demandas, es que el centro comercial está estudiando demandar la resolución que no revoca la licencia.

Para Óscar Acosta, abogado de Unicentro, la resolución tiene dos pecados. El primero es que Uribe se extralimitó al hablar de irregularidades en el trámite de la licencia, una competencia que él cree solo le corresponde a los jueces. El segundo argumento es más procedimental y es que él dice que Uribe decidió la revocatoria cuando ya se había notificado la admisión de una demanda contra la licencia.

Unicentro no sólo está contemplando demandar la resolución. También está consultando con abogados penalistas para sondear la posibilidad de denunciar penalmente a María Camila Uribe por prevaricato por acción, que es cuando un funcionario público hace algo que las normas no le permiten.

Uribe podría terminar denunciada, a la vez, por prevaricato por hacer y por no hacer. Y, además, la Personería la está investigando y podría terminar destituyéndola por esa misma decisión, a pesar de que ese organismo utilizó argumentos de Uribe para demandar la licencia.

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