El paro minero vuelve a mostrar a un gobierno sin brújula en seguridad

El paro y la presión de los armados a la protesta estaba avisada

La principal vía que comunica a Antioquia con la Costa Caribe cerrada durante cerca de 10 días, alrededor 250 mil personas afectadas por el desabastecimiento provocado por los bloqueos, 10 mil uniformados desplegados en los últimos días, dos personas muertas, entre 15 a 20 heridos, y la imagen de una ambulancia en llamas: este es el balance que deja una situación advertida al gobierno.

El paro minero, que afectó a doce municipios de Antioquia y cuatro de Córdoba, estalló ante la decisión del gobierno Petro de intensificar la destrucción de dragas que extraen oro de manera ilegal y que causan un deterioro considerable del medio ambiente. Un hecho que terminó de caldear el ambiente en una región de vocación profundamente minera, y en donde hay una fuerte presencia del Clan.

“El tema del Bajo Cauca estaba súper advertido”, dice Luis Andrés Fajardo, vicedefensor del Pueblo sobre una región en donde la Defensoría abrió una oficina permanente ante la crisis social que viene alertando desde septiembre del año pasado y que se está generando por cuenta de los reclamos desatendidos de los mineros informales y los intereses detrás de la minería ilegal de grandes dragas promovida por los criminales.

El vicedefensor Fajardo dice que el Clan aprovechó los reclamos sociales y económicos de los mineros para proteger sus rentas. “En estos fenómenos en donde la comunidad, de alguna manera empieza a generar acciones o reacciones muy violentas, vemos que detrás de eso puede haber la presión de grupos armados”, dice.

Algo que el ministro de Defensa confirmó este fin de semana en entrevista con El Colombiano: “Para mí no hay ninguna duda de que es el Clan del Golfo”.

Pero así como el caldo en el que se cultivó esta crisis estaba advertido, también la posibilidad de que los grupos empezaran a utilizar a las comunidades para presionar al gobierno después de que la semana anterior las protestas campesinas en la zona petrolera de Los Pozos (Caquetá) lo pusieron contra las cuerdas.

La situación en Los Pozos fue similar y también fue advertida por la Defensoría en un oficio dos semanas antes al gobierno. Se generó por la protesta de un movimiento de campesinos que durante 40 días se manifestaron en contra de la petrolera Esmerald Energy por supuestos daños ambientales. Según información de inteligencia militar, la movilización fue presionada por las disidencias de las Farc que se lucran de la extorsión a esta petrolera.

Después de que mataron a un campesino y a un policía y de que los manifestantes retuvieron ilegalmente a 78 uniformados del Esmad, el ministro del interior, Alfonso Prada, se refirió a este episodio como un “cerco humanitario”, provocando indignación entre la fuerza pública que lo concibió como un secuestro.

“Sabíamos que se venía otro escenario así y que si aflojamos, si no plantamos una posición seria y juiciosa, eso se nos va a seguir repitiendo en todo el país porque nos van a querer medir el aceite en todo momento”, le dijo a La Silla un alto mando militar, que pidió la reserva de la fuente para poder hablar.

En efecto, el hecho se repitió.

“En siete meses ya sentaron al gobierno dos veces en menos de 15 días”, le dijo a La Silla un oficial de la Policía, que también pidió la reserva de la fuente para contar cómo fue recibido el hecho dentro de la institución . “Ese mensaje que le manda al país que sienten a un ministro de despacho con más de 70 uniformados secuestrados es que doblegaron al gobierno, porque no tiene ni idea de para dónde vamos en seguridad”.

Una Fuerza Pública sin norte y limitada

Como en muchos otros frentes, Petro llegó a la Casa de Nariño a cambiar el paradigma de seguridad, y desde campaña ha introducido el concepto de la seguridad humana. 

Según ha explicado el presidente, su idea es transformar “el enfoque de la seguridad basada en la construcción y eliminación del enemigo interno” para pasar a una seguridad basada “en la igualdad, la protección de la soberanía nacional, la seguridad ciudadana, el cuidado de la vida y la naturaleza”.

“La Seguridad Humana se funda exclusivamente en la idea de que el origen de la violencia está en la pobreza, en las necesidades de la población”, dice Eduardo Pizarro, profesor emérito de la Universidad Nacional y experto en las Fuerza Pública.

Esto explica, en gran parte, la dificultad que ha tenido el gobierno para reaccionar a episodios como el del Bajo Cauca o el de Caquetá, en los que intereses económicos de los grupos criminales por capturar rentas ilegales se camuflan con reivindicaciones de comunidades.

“El concepto de la Seguridad Humana está profundamente equivocado —dice Pizarro— porque en Colombia el motor hoy de la violencia es fundamentalmente la codicia y es la que está alimentando esa multiplicidad dramática de grupos armados”.

Por eso para Pizarro una política de seguridad que no contemple cómo golpear las rentas ilegales, no será efectiva para presionar a los grupos a dejar las armas.

Y es que el primer mes de este año, el gobierno reportó cero hectáreas de coca erradicadas forzosamente. Y según los datos de MinDefensa, la incautación de cocaína registró los niveles más bajos del año en los meses de septiembre a diciembre, después de la posesión de Petro. Y la diferencia de cocaína incautada en enero de este año es de 18 toneladas menos que el mismo mes de 2022.

Las acciones ofensivas de la Fuerza Pública contra grupos ilegales también se habían reducido antes del cese al fuego, pero aún más desde que ganó tracción la paz total.

“La paz total no implica en ninguna medida debilidad”, es una frase que constantemente repite el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Pero eso no es lo que sienten policías y militares.

La incertidumbre en las fuerzas

“Hay un sentimiento de incertidumbre enorme en las fuerzas militares porque el Ministerio de Defensa no ha diseñado una política de seguridad nacional que los oriente. Hay generalidades, pero no hay algo bien estructurado”, dice Pizarro. 

Esto fue confirmado por La Silla con los dos oficiales de alto rango de las Fuerzas Militares y la Policía, que bajo la reserva de la fuente aseguran que al gobierno le ha costado hacer el Plan Estratégico del Sector Defensa, que es el que marca el norte para el cuatrienio en términos de seguridad.

Al respecto el viceministro Alberto Lara, encargado de la políticas de seguridad y defensa, le dijo a La Silla que ya hay un borrador de la estrategia en discusión desde febrero, revisado por el ministro Velásquez, que está siendo revisado por el presidente y será presentado en una semana. “Parte de un trabajo de escuchar directamente a los afectados en 21 encuentros territoriales y en 15 nacionales”.

Según Lara, la política estratégica tendrá cuatro objetivos: la protección integral de la vida, combatir la deforestación y los daños medioambientales, fortalecer las capacidades de defensa nacional, y aumentar la legitimidad de la Fuerza Pública.

Por ahora, la sensación que tiene uno de los oficiales consultados es que “el gobierno le ha sacado el cuerpo a la seguridad. Entonces uno sin respaldo político no se va a arriesgar”. Y agrega: “El norte no está porque ellos ordenan pero no dan el rumbo, dicen que hay que hacer tal cosa, pero no mandan. Y ahora sí estamos bajos de moral y la gente ya no encuentra la motivación”. 

Una muestra es que 32 oficiales que llevan 20 años o más en la Policía solicitaron el retiro, que fue aprobado la semana pasada por el ministerio.

Esta falta de norte combinada con el cese al fuego han generado efectos preocupantes, dice Jean Carlo Mejía, profesor en la Universidad Militar y experto en el sector defensa. Para él, esto ha hecho que las fuerzas se la pasen solo reaccionando a los eventos en cambio de anticiparse a ellos.

“Oficiales me han dicho: ‘Sí a mí no me dan directamente la orden y por escrito, yo no me muevo del cuartel"', cuenta Mejía. Esto explica, en su opinión, la reducción en las operaciones militares, así como de otros indicadores como la lucha contra el narco.

En ese escenario, dice el vicedefensor Fajardo, “los grupos armados se han fortalecido y están actuando con más tranquilidad, porque desde que se empezó a hacer la búsqueda de la paz, el gobierno ha bajado su actuación  militar en territorio".

El mismo Petro lo reconoció ayer al admitir la influencia del Clan del Golfo —que supuestamente está en cese del fuego— en el paro minero: “Esa circunstancias demuestra un hecho contundente, y es que usan el cese al fuego para fortalecer la economía ilegal, y eso no es posible”, dijo. Reflejando su dificultad para admitir el elemento de codicia en la violencia, agregó: “Si el Clan del Golfo está detrás del paro, no tiene voluntad de paz. La paz no es para mantener el narcotráfico”.

“Le hemos dicho al presidente: ‘si usted nos deja, nosotros apretamos, pero ellos no lo tienen que estar condicionando a usted con actos terroristas ni con secuestros”, dijo a La Silla el alto mando militar, refiriéndose a lo que supuestamente le han dicho al presidente. Dice que una línea roja que las fuerzas le establecieron al comisionado de paz es que no iban a tolerar los patrullajes de las disidencias o los grupos armados. “El presidente dijo ‘eso se llama flagrancia, pueden actuar’”.

En todo caso, para los oficiales consultados por La Silla, el límite con los grupos armados es junio, cuando vencen los decretos de cese al fuego.

Parece que el presidente Petro ha tomado nota. Desde el domingo en la noche cambió el tono con el Clan y desde ayer está evaluando suspender el decreto de cese al fuego que le ordena a las fuerzas no hacer ofensivas contra este grupo, la segunda organización armada más grande del país, con más de tres mil integrantes.

Sin embargo, si decide aplicar el garrote el gobierno se encuentra sin una estrategia para presionarlos y con un concepto de seguridad que choca con las realidades de la criminalidad en los territorios.