A 10 meses de llegar al cargo, y tras la debacle que tuvo durante el paro, Carlos Camargo, el defensor del Pueblo, hizo su primera “crisis de gabinete”, al pedir la renuncia protocolaria a sus 21 altos funcionarios: el Vicedefensor, los 16 delegados que él mismo nombró y los cuatro directores de oficina.
“El Defensor vio que el Paro era una prueba de fuego para su entidad y que pocos la pasaron”, nos dijo un alto asesor de Camargo, que pidió no ser citado para no contrastar la versión oficial de que el revolcón busca mejorar los resultados de la entidad.
Según nos dijo esa fuente y nos la reiteraron otras tres más de adentro, Camargo sintió que el Paro sí dejó estragos en su imagen y en el manejo de la entidad.
Y es que durante el mes que duró el estallido social, Camargo tuvo varios reveses públicos y sonoros: luego de dos meses de denuncias de brutalidad policial y violaciones a derechos humanos, solo hasta junio rechazó directamente la respuesta de la Fuerza Pública a las movilizaciones; en mayo apoyó y después criticó la asistencia militar que impulsó el Gobierno; dio una cifra sobre desaparecidos que resultó apresurada porque la misma entidad los había ubicado; y para terminar, fue sorprendido en Anapoima el primer fin de semana de movilizaciones –cuando ya había reportes de heridos, muertos y bloqueos–, mientras que en Bogotá sus subalternos lideraban un Puesto de Mando Unificado.
Además, le sucedió lo peor que le puede pasar a un político en esta era de redes digitales: se volvió un meme. En una rendición de cuentas se embolató con el teleprompter y dijo “no no, salió mal” y la presentadora le dijo: “Defensor, estamos al aire”. El video se volvió viral y fuente de todo tipo de chistes alrededor de su incompetencia.
Una semana después de la renuncia protocolaria de todo su equipo, La Silla pudo establecer que de los 21 renunciados, Camargo se las ha aceptado a tres de ellos. Y que, además, dentro de los cambios a futuro, se viene una reforma al Sistema de Alertas Tempranas, un instrumento clave para el trabajo de la Defensoría.
Aunque todavía es prematuro para saber la dirección que tendrán los cambios, a juzgar por los tres renunciados —cuyos reemplazos aún no se han anunciado— los cambios no obedecen a una lógica estrictamente politiquera pues los tres que salieron tienen vínculos con los partidos que eligieron a Camargo; y tampoco es claro la relación con el manejo del Paro pues ninguno de los que ya salieron tenían labores directamente relacionadas con el manejo de las movilizaciones.
Los cambios con política menuda
Camargo llegó hace 10 meses a la Defensoría en medio de una campaña que ya tenía ganada incluso antes de ser ternado por el presidente Iván Duque. Tuvo el guiño de Presidencia y el respaldo de casi todos los partidos, aunque su origen y militancia es en el Partido Conservador, puntualmente en Córdoba, de donde es su suegra, la senadora azul Nohora García.
En la Cámara ganó con 140 de los 155 votos posibles. El apoyo fue reciprocado por Camargo al nombrar a cuotas de esas colectividades en altos cargos. Los tres funcionarios a los que les aceptó la renuncia tenían nexos con esos políticos.
Saldrán la delegada para asuntos Penitenciarios, Ibeth Tobías Ahumada, que hace parte del grupo del investigado excongresista Rodrigo Roncallo y su pareja, la representante liberal Kelyn González. También se va el subdirector administrativo, Odilmer Gutiérrez, del grupo conservador del exsenador valluno Ubeimar Delgado. Y el delegado de Etnias y Afro, Daniel Garcés, quien le hizo campaña a Camargo en su elección y es sobrino del exsenador parapolítico Juan Carlos Martínez Sinisterra.
Desde el despacho de la Defensoría nos dijeron oficialmente que los cambios se definieron a partir de los informes de gestión de los funcionarios, presentados la semana pasada.
Pero una persona del círculo de Camargo nos dio otra versión: que el Defensor tenía pensada la solicitud de renuncia protocolaria a todos sus altos funcionarios desde hace un par de semanas. “Lo hizo porque no les vio compromiso en el Paro y que a veces llamaba a funcionarios para pedir información y no la tenían”, afirmó.
Los tres funcionarios que salieron, sin embargo, no tenían nada que ver con el manejo de la movilización. Y ninguno de los tres respondió las llamadas de La Silla.
Dos miembros de los grupos liberal y conservador de los renunciados nos dijeron que Camargo no les consultó esas renuncias, lo que indicaría que no necesariamente estos cambios tienen una motivación burocrática. Aunque dentro de la Defensoría tampoco descartan que los que lleguen también tengan nexos políticos.
“Serán gente que sepa de estos temas. No te puedo asegurar que la gente no tenga respaldo político, pero la mayoría de los delegados son realmente buenos”, nos dijo un alto funcionario de Camargo, quien pidió no ser citado porque también está pendiente de si le aceptan la renuncia.
La tendencia de nombramientos de funcionarios cuotas de partidos políticos viene de defensorías anteriores –como mostramos que ocurrió con el exdefensor, Carlos Negret–. Y se refleja tanto en la cúpula nacional como en las cabezas de las defensorías regionales nombrados en los últimos seis meses.
Por ejemplo, Wilson Nuñez, defensor regional para Bogotá, viene de ser coordinador jurídico del Centro Democrático. Fredy Pardo, de Boyacá, es cuota del representante Liberal, Rodrigo Rojas; Álvaro López de Caldas fue concejal 15 años y militante del Partido Conservador; Didier Rodríguez del Magdalena Medio viene de quemarse como aspirante a la Asamblea de Santander por el Centro Democrático; y Jaime Marthey, de Norte de Santander, viene de ser concejal liberal en Cúcuta del grupo del representante Alejandro Carlos Chacón.
Más allá de la política menuda, siete fuentes que consultamos entre miembros del sindicato, defensores regionales y organizaciones civiles, creen que las señales de cambio que ha dado Camargo aún no son suficientes para recuperar el papel protagónico que debería tener la Defensoría en este momento.
“El problema fundamental es de la cabeza”, nos dijo Laura Acebedo, secretaria general de las juntas directivas del sindicato de la Defensoría. “Cuando el problema es de la cabeza, no se puede cambiar de zapatos, o ponerse un sombrero y pretender que eso (el cambio) suceda”.
Las molestias internas y hacia afuera
Según nos dijeron cuatro fuentes –dos defensores regionales y otros dos que estuvieron manejando las marchas– las directrices para atender el Paro llegaron tarde.
Por la pandemia, la Defensoría había sacado una directriz interna permitiendo el trabajo de los delegados desde la casa. “Y por eso ante el Paro nosotros en las regiones teníamos que coordinar con nuestros funcionarios quién quería salir y quién prefería quedarse en casa”, nos contó uno de los defensores consultados.
Entonces, cuando llegaron las primeras marchas, en esa regional, pero también en Nariño y otra más al oriente del país que consultamos, no tenían suficiente gente con la cuál hacer una presencia completa.
“Al principio de las marchas, y esta es una percepción personal, no creo que se dimensionó lo que estaba pasando, hubo menos gente en calle, se creía que era una marcha de un día o algo así”, nos dijo la defensora Acebedo, quien trabaja en la división de niñez.
“Sentimos que desde Bogotá no se estaban poniendo la camiseta”, nos dijo, respecto a los primeros días del estallido social, uno de los defensores regionales consultados. Lo dice en comparación a lo que sucedió en movilizaciones anteriores, como las de 2019, cuando directivos nacionales bajo el liderazgo del anterior Defensor estuvieron acompañando el trabajo regional. “En esta vi solo al de Salud y al de Alertas Tempranas en regiones, pero a nadie más”.
Desde Bogotá, el alto funcionario que trabaja con Camargo nos dijo que no hubo improvisación, y que más bien se falló fue a nivel regional. “El manejo del Paro se hace con base en protocolos muy específicos, como la revisión de armamento del Esmad que hacemos. Y más que a cargo de los delegados, requiere de mucho trabajo de los regionales”.
De cualquier manera, solo dos semanas después del estallido social, cuando ya en ciudades como Cali y Bogotá eran reportados en las noches heridos y muertos producto –entre otros– de posibles casos de brutalidad policial, Camargo sacó otra directiva, advirtiendo que “el objetivo misional” de la entidad estaba por encima de las restricciones.
“Entendimos entonces eso como una orden para que todos salieran”, nos dijo uno de los regionales.
A la lentitud con que reaccionaron al incendio que se vivía en la calle, se suma que la Defensoría sacó un informe el 6 de mayo inflado sobre las cifras de desaparecidos durante los primeros siete días de las protestas.
Como constatamos en esta historia de la cifra de 87 desaparecidos que reportó ya habían sido encontrados al menos 54 antes de la publicación de la cifra.
“Se dejó presionar por los medios y fue una ligereza del Defensor”, nos dijo para esa historia un subalterno de Camargo que estuvo involucrado en ese informe.
Fuera del ruido mediático, en la Comisión Asesora de Derechos Humanos, una instancia que ordenó el Acuerdo de Paz y que la Defensoría encabeza a través de una secretaría técnica, presionaban a Camargo para que criticara abiertamente la brutalidad policial, ya que las denuncias afectaban directamente los derechos de quienes marchaban, que es una de las misiones de la Defensoría.
Liliana Vargas, representante de las plataformas de derechos humanos que hacen parte de la Comisión, nos dijo que en uno de esos encuentros hicieron un comunicado exigiendo que la Policía mejorara sus protocolos de atención de la marcha.
“De la Defensoría hubo silencio total”, nos dijo. “La persona que representa a la Defensoría, Ángela Sánchez (directora de Derechos Humanos), mandó a decir que como ahí también mencionamos la necesidad de que hubiera una Defensoría más presente atendiendo su misión de vigilancia a los derechos humanos pues que no podían firmarlo”.
También hubo polémica entre los funcionarios de la Defensoría por la decisión de Camargo de avalar las medidas del presidente Duque para contener la protesta, como la polémica asistencia militar en las ciudades, que rechazaron los alcaldes de Medellín y Bogotá.
El 6 de mayo, el Defensor expidió una resolución en la que pedía a los mandatarios “garantizar, en desarrollo de la asistencia militar, la aplicación irrestricta de normas”. El documento fue rechazado en una carta por “funcionarios de defensorías regionales y miembros del Sistema de Alertas Tempranas” en carta a Camargo, una muestra inédita de sublevación interna. “La resolución desconoce el ejercicio histórico de la violencia contra la población civil por parte del Estado”, dice la carta.
De la oficina de Prensa de la Defensoría nos dijeron oficialmente que esa medida no avalaba la asistencia militar, sino que “instaba a los alcaldes a usarla si así lo decidían”.
La medida al final fue retirada por Camargo un mes después, el 10 de junio, en una nueva resolución. Ya se comenzaba a ver un cambio de actitud.
Camargo puso la nueva resolución a consideración de las plataformas de derechos humanos y organismos humanitarios para escuchar sus comentarios, algo que antes esa Defensoría no había hecho.
Y mostró un cambio: por primera vez en una directiva, Camargo rechazó directamente la brutalidad policial y pidió al Gobierno y a los mandatarios rechazar estos delitos y los actos de vandalismo. También pidió a las autoridades evitar la estigmatización del Paro.
También hubo muestras de una cierta independencia frente al Gobierno, una de las críticas más recurrentes que se le hace a Camargo.
Por ejemplo, el Defensor pidió públicamente al Gobierno Duque que adelantara la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para revisar las denuncias del Paro el 28 de mayo. Ocurrió justo en momentos que la canciller Marta Lucía Ramírez estaba en Estados Unidos diciendo que el viaje sería hasta finales de junio.
Antes de la llegada de la Comisión, Camargo reunió a las plataformas de la Comisión Asesora de Derechos Humanos para recibir su propio informe, algo que fue visto por las organizaciones como un gesto de apertura.
“Lo vimos muy cortés. Obviamente estuvo muy abierto, pero hasta ahora no se ha movido para gestionar lo que le pedimos, una audiencia con el Gobierno sobre el panorama de Derechos Humanos”, nos dijo la abogada Liliana Vargas.
Finalmente, la Defensoría entregó a la Cidh, el 3 de junio, un informe de 110 páginas donde da cuenta de 403 quejas por brutalidad policial, 306 relacionadas con la Policía y 2 con el Ejército; de 489 personas que vieron afectados sus derechos, entre esos 80 jóvenes y 26 uniformados; y de 466 casos de personas desaparecidas enviados a la Fiscalía para verificación e investigación.
También desde junio, Camargo hizo críticas públicamente por el uso del Esmad en protestas, como las que ocurrieron en Buenaventura a inicios de mes.
Con la marea baja tras el fin “oficial” de las movilizaciones, los cambios internos no serán los únicos. Se viene uno que no ha sido anunciado, a diferencia de lo que ocurrió con las renuncias de su equipo, que toca una fibra sensible de la entidad: las Alertas Tempranas.
La reforma a las Alertas que está en veremos
Hasta anoche estaba publicado en la página del Ministerio del Interior un borrador de decreto para reformar el Sistema de Alertas Tempranas. Ese es el instrumento que tiene la Defensoría para documentar, denunciar y advertir al Gobierno y a la Fuerza Pública las posibles violaciones de derechos humanos en las regiones.
De acuerdo con el borrador (que puede ver acá) el decreto daba potestad al Ejecutivo para tener la última palabra sobre el estado de una alerta de “activa e inactiva”. Tendría ese poder vía el Ciprat, un organismo de respuesta rápida a las alertas creado en 2017, en el que tienen asiento los ministros de Defensa, Interior, la Unidad de Protección, la Unidad de Víctimas y la Fuerza Pública.
Según supo La Silla, ese proyecto de decreto fue elaborado por la Defensoría y el Ministerio del Interior.
Es una medida muy polémica porque pondría en riesgo la autonomía de la Defensoría en el uso de su principal herramienta, una pelea que ganó la entidad solo hasta 2017. Y que la ha convertido en un contrapeso al gobierno de turno.
Miembros de organizaciones sociales y abogados cercanos le advirtieron de este peligro a Camargo, según supo La Silla, y entonces el Defensor le pidió al Ministerio que bajara el borrador para volverlo a redactar y publicar otra reforma cuyo alcance aún no es claro.
Con estos cambios, el defensor Carlos Camargo, que no lleva ni un año en el cargo, enfrentó su primera gran crisis.
Tiene todavía pendiente una demanda en el Consejo de Estado que revisa su elección y una solicitud expresa de los sindicatos de su entidad de renunciar al cargo. Aún le quedan tres años para saber si, a punta de sus políticas futuras, cambios y de los estrategas de comunicación que contrató, la percepción interna y externa sobre su trabajo coge otro rumbo.
