El pasado álgido del contralor Córdoba y Sergio Fajardo

El pasado álgido del contralor Córdoba y Sergio Fajardo

A la aspiración presidencial de Sergio Fajardo, a más de ocho meses de las elecciones de 2022 y a seis meses de las consultas, la semana pasada le cayó un “baldado de agua”, como dijo él. 

La Contraloría General de la Nación falló en contra del exgobernador de Antioquia en el proceso por los sobrecostos de Hidroituango. Es el primer fallo de un ente de control contra Fajardo; la Contraloría afirmó que era fiscalmente responsable por la pérdida de 4,1 billones de pesos por malos diseños y demoras en el proyecto.

Fajardo apeló, y la segunda instancia se definirá en la Sala Fiscal de la Contraloría, que funciona dentro del despacho de Córdoba con funcionarios nombrados por él, y tomará una decisión antes del final de este año. Un fallo que llegará en un momento todavía más álgido de la campaña presidencial.

Para defenderse, Fajardo inicialmente se negó a usar la estrategia de deslegitimar a sus acusadores y endilgarles motivaciones políticas. “Vale la pena seguir creyendo en las instituciones”, dijo.

Eso llegó a su fin esta semana, cuando dijo en el podcast de la periodista Maria Jimena Duzán que ya tiene consciencia de que en el proceso de Hidroituango lo “quieren joder”.

Esta no es la primera vez que se enfrenta con Felipe Córdoba, hoy un poderoso contralor que tiene vínculos políticos con Germán Vargas Lleras y César Gaviria. Hace cuatro años, cuando Córdoba era auditor general y Fajardo también era candidato presidencial, chocaron por dos informes de la Auditoría que dejaban mal parada la transparencia de Fajardo en la Gobernación de Antioquia, pero se basaban en información imprecisa. 

Los gastos inflados de publicidad de Fajardo

En 2016, la Auditoría que encabezaba Córdoba publicó un estudio sobre los gastos de gobernaciones y alcaldías entre 2014 y 2015, donde la Gobernación de Fajardo tenía el segundo gasto más alto en publicidad, con casi 90 mil millones de pesos.

La Auditoría es el ente encargado de vigilar la gestión de la Contraloría General de la Nación y las contralorías territoriales, que a su vez se encargan de garantizar el buen uso de los recursos públicos.

El estudio se lo sacó en cara a Fajardo Germán Vargas Lleras en un debate de 2018, cuando ambos eran candidatos presidenciales. Como contamos, Fajardo calificó el estudio como una “acusación falsa”, y dijo que Córdoba, como Auditor General, “mintió” e “hizo trampa” para llegar a esa cifra.

Según la base de datos a la que tuvo acceso La Silla en ese entonces, la cifra publicada por la Auditoría incluye gastos que no le corresponden a la Gobernación. Cuenta los gastos de municipios y entidades adscritas a ellos, de hospitales públicos, de una Corporación Autónoma Regional (CAR) y de entidades descentralizadas donde la Gobernación tiene participación, pero cuyos gastos no define, como Teleantioquia y la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA).

Los gastos que son propiamente de la administración de Fajardo son 14,4 mil millones de pesos —el 16 por ciento de la cifra que da la Auditoría. Solo los gastos de publicidad de la FLA son 38 mil millones de pesos, el 43 por ciento de los gastos atribuidos a la Gobernación.

“Nosotros cómo vamos a responder por la publicidad del municipio de Marinilla”, dice Clara Luz Mejía, quien fue secretaria de Gobierno de la administración de Fajardo. “La FLA vive a punta de publicidad, es muy distinto, y toda la contratación está delegada en su gerente”, agrega.

En ese entonces, Córdoba le dijo a La Silla que incluyó estos gastos porque la Gobernación tiene incidencia en esas entidades, dado que nombra sus cabezas o tiene participación accionaria (aunque esta participación no siempre es mayoritaria).

Sin embargo, todas son independientes en el manejo de sus recursos. Tres fuentes que han trabajado en la Contraloría General y contralorías territoriales, y conocen cómo se lleva a cabo el control de los gastos de entes territoriales, le dijeron a La Silla que en un estudio de este tipo no incluirían los gastos de las entidades descentralizadas, pues la gobernación no es responsable de administrar sus recursos.

“Es muy diferente el tratamiento de una empresa industrial y comercial del Estado frente a una entidad territorial”, explica un excontralor territorial que pidió reserva de su nombre para no tener repercusiones.

Pone como ejemplo los gastos de la licorera y la lotería, que sumó el entonces auditor Córdoba a los gastos de la Gobernación de Fajardo. “Los gastos de publicidad no están regulados por las normas de austeridad del gasto, porque es connatural a ellos: si no se hace publicidad para la venta de aguardiente o de la lotería, pues no se vende”, agregó el excontralor.

Según dos personas que trabajaban con Fajardo en ese momento, le solicitaron a la Auditoría que rectificara la información de ese estudio, pero la Auditoría nunca lo hizo y decidieron no escalar más la discusión. Tampoco atendió sus solicitudes para una reunión donde pudieran explicar por qué las cifras resultaban imprecisas. “Como pelear con los molinos de viento del Quijote”, dice Mejía, la ex secretaria de Gobierno.

En un comunicado breve en respuesta a varias preguntas de La Silla, el hoy contralor Córdoba respondió que no se referiría al tema “porque esas referencias podrían generar acciones por parte de los sujetos fiscales que se investigan para afectar las decisiones que hoy estamos adoptando”.

De manera general, agregó que sus acciones pasadas “nunca han sido clandestinas y sus soportes y antecedentes reposan en esas entidades”.

El estudio rectificado de contratos a los aportantes

En 2017, en plena campaña presidencial, la Auditoría publicó otro estudio que fue aún más controversial. Miraba los contratos que habían recibido en departamentos y municipios las personas y empresas que fueron aportantes a la campaña de sus gobernantes.

Sobre Antioquia dice que los aportantes a la campaña de Sergio Fajardo habían recibido 165 mil millones de pesos en contratos de su Gobernación: por cada peso aportado, habrían recibido 59.657 en contratos.

Fue un golpe especialmente duro porque el pilar de la propuesta política de Fajardo es la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Córdoba presentó el informe como una denuncia mediática que fue retomada por medios como Semana.

Esto le costó críticas cuando Fajardo le pidió rectificar porque, nuevamente, incluyó contratos de entidades independientes a la Gobernación. Semana agregó a la disputa cuando rectificó la noticia que había publicado, porque contenía “alguna información inexacta y otra falsa (...) basada en el informe de la Auditoría”.

Al revisar el estudio, nuevamente se encuentran contratos de municipios, entidades descentralizadas, varios hospitales públicos y empresas en las que la Gobernación ni siquiera tenía incidencia ni participación accionaria, como Terminales de Transporte de Medellín y la Empresa de Seguridad Urbana del Valle de Aburrá.

“La Auditoría General confundió el departamento de Antioquia con la Gobernación de Antioquia”, recuerda Mejía, la exsecretaria de Fajardo, quien cuenta que en esa ocasión también intentaron “por todos los medios” reunirse con la Auditoría pero no fue posible.

Según contó La Silla en 2018, ante la solicitud de rectificación de Fajardo, la Auditoría respondió que la Gobernación contrató con sus aportantes 66.893 millones, y no 165 mil, como decía el estudio.

“(Este error) no me parece que sea común, lo veo como un lapsus, una falta de cuidado no solo en la obtención de la información sino también en su publicación”, opina una fuente que conoce la Auditoría General desde hace más de una década, y pidió reserva de su nombre para no meterse en problemas.

Más allá de los problemas metodológicos en los informes, Córdoba fue criticado porque a la Auditoría no le correspondía realizarlos.

“La Auditoría debe hacer un auditaje de la contraloría territorial, pero no a través de ella extenderse hacia los sujetos de control (la gobernación)”, reitera el excontralor previamente citado. Con esta apreciación concuerdan otras tres fuentes que conocen del tema, que hablaron también a condición de no ser nombradas en un caso que involucra al poderoso contralor Córdoba.

Para personas en el círculo de Fajardo, esto revela que desde que era auditor Córdoba ha mostrado un interés político por cuestionar al hoy candidato de centro. “Lo hacía cuando no tenía competencia, ahora imagínese con competencias”, dice Santiago Londoño, exsecretario en la Gobernación.

Ahora también Fajardo mismo empieza a reconocerse en el papel de víctima: “Me he resistido a victimizarme y decir que esto es una persecución política (...) pero yo ya tengo consciencia de que hay muchas cosas muy oscuras detrás de todo lo que está pasando”. Y Córdoba es el victimario. 

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