Debido a la política de libertad de mercado en Colombia, son diversos los actores que pueden vender medicamentos en el país. A veces lo hace la EPS directamente, o después de recibir el medicamento de un distribuidor; o lo hace la IPS o la cooperativa de hospitales, directamente o través de un intermediario. Esto hace más complejo saber en qué parte de la cadena es que se produce ese sobreprecio (ver recuadro abajo).

¿Cómo funciona el control de precio de los medicamentos?

Colombia tiene un sistema de libre competencia en medicamentos. Esto quiere decir que el Gobierno no monopoliza la distribución de los medicamentos ni establece precios fijos para éstos. Tiene, en cambio, una vigilancia en tres niveles: la ‘libertad vigilada’, donde están en principio todos los medicamentos; posteriormente, la ‘libertad regulada’, donde están los medicamentos difíciles de conseguir, que son necesarios para proteger la salud pública o que se requieran por razones de urgencia nacional. En este nivel, se establece un precio máximo de referencia para la venta. Y, por último, está el régimen de ‘control directo’, que es el más severo. Allí se incluyen los medicamentos que no cumplen con la libertad regulada o sobre los cuales los fabricantes, comercializadores o compradores no remiten información veraz y completa.

La Comisión Nacional de Precios de Medicamentos (CNPM) es la encargada de poner esto en práctica. De la CNPM hacen parte el ministro de la Protección Social, el de Industria y Comercio y un delegado del Presidente. El problema es que, en la práctica, el trabajo está a cargo de la secretaría técnica, que hasta hace poco tenía un solo funcionario. Ahora tiene tres, pero ninguno de ellos es especialista en farmacología o ingeniería química.

“La CNPM no tiene información completa sobre los precios de los medicamentos ni tiene la capacidad para controlar esto”, dice a La Silla Vacía Tatiana Andia, consultora del Observatorio del Medicamento.

La CNPM ha tomado pocas decisiones en la materia, y algunas de éstas no se han cumplido. Por ejemplo, en 2009 decidió pasar Kaletra, un medicamento de Abbot para el tratamiento del VIH, al nivel de libertad regulada. Pero no funcionó. “El gobierno actualmente estudia la incorporación al régimen de control directo de este medicamento debido a que el laboratorio no ha cumplido con el precio de referencia”, afirma el Gobierno en la justificación del decreto, remitida a la Corte Constitucional.

El caso de Kaletra, según varias fuentes consultadas por La Silla Vacía que no quisieron identificarse, no es el único. Pero no se sabe exactamente cuántos son ni a que se debe el sobrecosto, ya que la información remitida al CNPM o está incompleta o no existe o las bases de datos están en desorden. Además, muchas veces las empresas farmacéuticas o los distribuidores se escudan en el secreto profesional para no reportar estos datos.

En noviembre pasado, la organización ‘Health Action International’ comparó en 93 países el precio del genérico Ciprofloxacino, un antibiótico usado para el tratamiento de varias infecciones. Colombia obtuvo el primer lugar con honores: 500 miligramos cuestan 131 dólares. “El precio del medicamento de marca en Colombia es 200 veces más alto que el de cinco países asiáticos”, dice el estudio.

Esto no sólo afecta las finanzas de los pacientes, sino también las del Estado – y por ende las de todo el sistema – que a través del Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud (Fosyga) asume el costo de los medicamentos que no están en el POS y que son autorizados por los comités científicos u ordenados a través de acciones de tutela.

El principal temor de la industria farmaceútica es que se llevaran los medicamentos a un control de precios directo. Pero no fue la respuesta del Gobierno ni es la política pública que ha venido operando en los últimos años. El nuevo decreto busca obligar a todos los agentes del sector a que reporten los precios, así esta información sea confidencial – caso en el cual los datos no son públicos pero sí los conoce la CNPM –. También establece un tope a los márgenes de comercialización y extiende el control a los dispositivos médicos. Además de las drogas, los dispositivos se han convertido en algo sumamente costoso. Es el caso del stent, una prótesis vascular que en algunas modalidades no está incluida en el POS. Por último, el Gobierno aspira a hacer compras colectivas de medicamentos, para mejorar sus posibilidades de negociación.