El ponente de la sentencia del referendo Humberto Sierra Porto: una caja negra

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Con la elección de Humberto Sierra Porto como magistrado ponente de la sentencia del referendo, tanto los uribistas como los anti-reeleccionistas tendrán razones para mantener la esperanza

El magistrado Sierra Porto es el ponente de la sentencia del referendo. Él marcará el ritmo y analizará si hay o no vicios de procedimiento. 

Con la elección de Humberto Sierra Porto como magistrado ponente de la sentencia del referendo, tanto los uribistas como los anti-reeleccionistas tendrán razones para mantener la esperanza.

Anoche, el cartagenero Humberto Sierra se ganó por azar el reparto que hace la sala plena de la Corte Constitucional de todos los procesos de inconstitucionalidad. Lo que significa que de ahora en adelante, él llevará la batuta en el tema del referendo reeleccionista.

El magistrado ponente es quien ordena pruebas, autoriza las audiencias para que participe gente de la sociedad civil y, en general, marca el ritmo inicial al cual avanza el proceso para tomar una decisión definitiva.

Una de sus tareas principales es reseñar o resumir todas las intervenciones de los ciudadanos y la almendra de todas las pruebas solicitadas para que los demás magistrados lleguen a Sala Plena, donde se toma la decisión final, con los elementos necesarios para formular un juicio.

En este punto es donde más poder termina ejerciendo el magistrado ponente, pues de su criterio para evaluar qué es importante en las intervenciones y las pruebas puede influir en la discusión posterior. También de esta persona depende si se toma los 30 días hábiles que tiene para formular su ponencia o si le mete el acelerador, un tema que en este caso en particular es decisivo pues después de todo lo que se dilató el proceso en el Congreso, la posibilidad de que Uribe vuelva al poder está íntimamente ligada a que la Corte falle a la velocidad de un rayo (vea cronograma).

Después de que el magistrado presenta su ponencia, la suerte final de la iniciativa ya queda en manos de los nueve magistrados de la Corte, y aunque el ponente tiene bastante poder para definir el marco de la discusión, la decisión final es una construcción colectiva entre todos. Por eso, es imposible pronosticar el resultado con tan sólo saber quién es el ponente. Para lo que es interesante saber quién hace la ponencia es para predecir a qué elementos le dará más peso en su escrito final.
 

¿Quién es Humberto Sierra?


Sierra Porto es un cartagenero de 43 años. Es el magistrado más antiguo de la actual Corte y es el único constitucionalista.
Dos hechos de su vida tendrán influencia en la forma cómo aborde el referendo: su formación académica en la la escuela jurídica española y su trayectoria como asesor de parlamentarios.

Sierra Porto estudió derecho en la Universidad Externado de Colombia y se especializó en derecho constitucional y ciencia política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. También en Madrid, en la Universidad Autónoma, completó su doctorado en derecho público, ciencia política y filosofía jurídica. Es decir que toda su concepción del derecho y del papel que juega un juez en la sociedad está permeada por esta educación.

España es un país muy tradicional y conservador en derecho constitucional. Dado el éxito de la democracia en España después del General Franco, el tribunal constitucional español ha asumido un papel más pasivo que activo en la vida nacional. Y en los temas que siguen siendo polémicos, como aquellos relacionados con la Iglesia o con la autonomía territorial del país vasco, la Corte ha estado totalmente dividida entre los del PSOE y los del PP, dejando en manos de la presidente de la Corte la decisión final sobre temas como el matrimonio gay.

Una consecuencia de esto, y que las posiciones constitucionales de Sierra reflejan, es su confianza absoluta en el proceso legislativo y en el poder del Congreso para expresar la voluntad del pueblo y su cautela frente a un rol demasiado activo de la Corte.

De ahí se deriva que desde que la Corte anterior, de la cual él formó parte, estrenó la novedosa teoría de la ‘sustitución de la Constitución’, él se opusó categóricamente a que la los magistrados se metieran a evaluar si el Congreso tenía competencia o no para hacer cambios drásticos en la Constitución. Cuando la nueva Corte volvió a aplicar hace unas semanas esta teoría, él se opuso con vehemencia nuevamente (ver artículo).

Entonces, sí de algo existe certeza, es que él no propondrá tumbar el referendo con base en la teoría de la sustitución de la Constitución (ver artículo), con lo cual los anti-reeleccionistas ayer no celebraron con su elección.
 

Los otros

Pero los pro-Uribe III, también deben tener razones para preocuparse. Si una cosa caracteriza la escuela jurídica española es la gran atención que le presta al tema procedimental. Y en general, si se miran sentencias de Sierra Porto, a él le importan los vicios de procedimiento.

Hay varias aclaraciones de voto en las que él rechaza la teoría de la instrumentalidad de las formas usada por la Corte anterior. Según esa tesis, si existió una irregularidad en la forma como aprobaron una ley pero esta no afecta de manera sustancial un valor democrático, entonces la Corte debe ignorar el vicio porque al fin y al cabo, el procedimiento es sólo un instrumento para realizar un fin.

Para los no abogados, un ejemplo: la ley dice que se deben anunciar las sesiones parlamentarias con antelación a la votación. No lo hacen, pero sin embargo, todos los congresistas llegan. La mayoría de la Corte anterior decía que dado que se había conseguido el fin, no importaba que no hubiera habido anuncio. Era una irregularidad subsanable.

Sierra Porto pensaba que no. Que siendo un requisito de la Constitución, había que valorar el procedimiento porque eso protegía valores democráticos. Por ejemplo, el votó por tumbar toda la Ley de Justicia y Paz porque consideraba que debía ser una ley estatutaria.

Si Sierra Porto continúa con su actitud previa, le prestará especial atención a los vicios de procedimiento. Según congresistas de la oposición como Germán Navas Talero, esta iniciativa “tiene más vicios que un drogadicto”, y dependerá de Sierra Porto evaluar cada uno de ellos para decidir si son meras irregularidades o verdaderas violaciones al procedimiento.

Haber pasado tantos años en España lo puede afectar de otra forma: allá no hacen referendos. Sierra Porto tiende a sobrevalorar al Congreso. Él no sólo fue asesor del Congreso sino que ha enseñado derecho parlamentario. El cree en la democracia representativa más que en la ‘voz del pueblo’ como tal.
 

En la nueva Corte

Cuando arrancó la nueva Corte muchos pronosticaron que él sería el nuevo líder de la corporación. Que dado su experticia en temas constitucionales y su antigüedad sería él quien armaría los consensos como lo había hecho Manuel José Cepeda en la Corte anterior.

No ha sido así. Sierra Porto está convencido de sus posiciones y es poco hábil para crear espacios de discusión creativos que permitan encontrar un punto medio. Por eso ha terminado salvando su voto en sentencias claves como la del Estatuto Rural y la que tumbó la posibilidad de que los funcionarios provisionales entraran de manera automática en la carrera administrativa.

Para aquellos que se preguntan si es de bolsillo del Gobierno, personas consultadas por La Silla Vacía que lo conocen dijeron que si bien él es afín ideológicamente con varios temas del gobierno, no les haría el ‘encargo’ a la hora de fallar.

No sólo ha fallado en contra de iniciativas del Gobierno como la pasada ley de conmoción interior y una sentencia reciente sobre libertad de expresión, sino que es muy consciente de que con esta sentencia se está jugando su prestigio como jurista, algo que al parecer le importa mucho.

Esta es su oportunidad de escribir la sentencia más importante de la Corte Constitucional, pues de ella depende un cambio importante en el régimen democrático del país. Y la comunidad jurídica latinoamericana y sus colegas españoles estarán pendientes. Como dijo un constitucionalista: “A él le va a importar más lo que piensen 20 expertos en la comunidad jurídica que siete millones de colombianos”.

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