El Presidente Santos y el Ministro de Defensa avalaron el proyecto de ley que permitiría que se tomen acciones contra las Bacrim que podrían contemplar, incluso, bombardearlas con previa autorización del Mindefensa. Sin embargo, este proyecto, presentado por el senador de la U Juan Lozano, contradice abiertamente lo decidido sobre este mismo tema hace un año por el Consejo de Seguridad Nacional, donde se sientan el Presidente y el Ministro de Defensa.
 |
|
El senador de la U, Juan Lozano, presentó un proyecto en el Congreso que busca hacer frente a la capacidad de ataque y de actos delincuenciales de las Bacrim. El proyecto fue avalado por el Presidente Santos ante la bancada de la U y por Juan Carlos Pinzón, quien dijo que hará unos ajustes, en los debates del Congreso. Foto: Juan Pablo Pino |
El Presidente Santos y el Ministro de Defensa avalaron el proyecto de ley que permitiría que se tomen acciones contra las Bacrim que podrían contemplar, incluso, bombardearlas con previa autorización del Mindefensa. Sin embargo, este proyecto, presentado por el senador de la U Juan Lozano, contradice abiertamente lo decidido sobre este mismo tema hace un año por el Consejo de Seguridad Nacional, donde se sientan el Presidente y el Ministro de Defensa.
El proyecto de Lozano le ordena a las Fuerzas Militares desarrollar operativos militares contra las bandas criminales; aclara que estos grupos no tienen finalidad política y que por ende, no les aplica ninguna norma sobre desmovilización; por último, dice que por esas operaciones a los militares los juzgarían bajo el Derecho Internacional Humanitario DIH, que son las normas de la guerra.
La aprobación de este proyecto supondría un cambio radical en la forma de enfrentar a las bandas criminales. Hoy estas bandas son consideradas delincuencia común y por lo tanto, las reglas para combatirlas son muy diferentes a las aplicadas para pelear contra la guerrilla. Por ejemplo, si el Ejército sabe que un grupo de los Urabeños está reunido no puede bombardearlos como si podría si fuera el Frente Sexto de las Farc. Tiene que entrar y capturarlos como tendría que hacerlo con cualquier delincuente.
Lozano le dijo a La Silla que consideró necesario entrar a regular el tema después de preguntarle al Ministerio de Defensa, a través de derechos de petición, qué tipo de armamento usaban las Bacrim y descubrir que usaban morteros y otras armas de largo alcance que no caracterizan a la delincuencia común.
Además, Lozano le dijo a La Silla que aunque las Bacrim se han reducido en número han aumentado en capacidad; ahora son solo siete pero mucho más poderosas y con capacidad para causarle más daño a la población civil.
Para Lozano, este problema hay que solucionarlo porque bandas como el Erpac y Los Urabeños son muy difíciles de combatir y la Policía no está en capacidad de enfrentarlas. “Esta propuesta es una salida a esa situación y está validada por el propio gobierno”, dice el Senador. “Las debilidades que tenga pueden trabajarse en el proceso legislativo”.
El problema, tal como está planteado el proyecto hoy, es que la razón por la que se combate así a la guerrilla no es solo por el armamento que usa sino porque es un grupo armado ilegal o un parte en el conflicto armado interno, que encuadra dentro de las definiciones de la Convención de Ginebra, y que por lo tanto, se rige por el Derecho Internacional Humanitario.
El Gobierno de Santos, en febrero de 2011, en una decisión del Consejo de Seguridad Nacional, decidió que las Bacrim no eran ni grupos armados ilegales, ni partes en el conflicto.
Frente a esto, el proyecto de Lozano es un híbrido. No admite ni que las Bacrim sean parte en el conflicto ni que sean un grupo armado ilegal como la guerrilla, pero dice que se pueden atacar bajo el derecho de la guerra como si lo fueran. El lío es que el Congreso de la República no puede reinventarse el Derecho Internacional.
 |
|
Bajo el proyecto de Lozano, sería el Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien definiría con que intensidad las Fuerzas Militares pueden combatir a las Bacrim. |
 |
|
El Senador de la U, Juan Lozano, considera que la problemática de las Bacrim en el país está creciendo y que es necesario tomar medidas para combatirlas. |
 |
|
El Presidente Santos comunicó en febrero de 2011 la decisión del Consejo de Seguridad Nacional bajo la cual las bandas criminales serían combatidas de manera distinta a los grupos armados ilegales. Foto: Juan Pablo Pino |
Lo que Santos había dicho sobre el tema
En febrero de 2011, mediante comunicado y luego del primer Consejo de Seguridad Nacional de su Gobierno, Santos le envió a los ciudadanos un mensaje claro y conciso: que las Bacrim no son más que bandas criminales. “No son grupos armados ilegales. Son parte de unas bandas de crimen organizado. Que eso quede bien claro: no son grupos armados ilegales.”
Santos también dejó claro qué tipo de tratamiento se les daría a estas bandas por parte de las Fuerzas Armadas: “Hay una diferencia en el tratamiento, en la caracterización de los grupos armados ilegales a los de las bandas criminales que pertenecen al crimen organizado. Estas Bacrim son parte de un crimen organizado. Y como tal, se les va a confrontar”, dijo en el comunicado.
Santos explicó que no era una decisión improvisada, que se había estudiado quér se ha hecho en otros países y que a las Fuerzas Militares y a la Policía les correspondía capturar a los integrantes de estas Bandas.
Para implementar esta decisión y como estrategia para hacer frente a la problemática del crecimiento inusitado en número y en acciones de las Bacrim, Santos sacó la Directiva 14 de 2011 que contiene la política del Ministerio de Defensa de lucha contra las organizaciones criminales narcotraficantes. Frente a las Bacrim la orden es capturar a sus miembros o hacer uso de la fuerza en legítima defensa.
El tema sigue tan vigente, que en el informe que el Ministerio de Defensa le presentó al Congreso en julio de este año, muestra los avances en seguridad que se han logrado frente a las Bacrim. Y se los atribuye a la implementación de las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad y el modelo de lucha que allí se estableció.
El fenómeno Bacrim
Las bandas criminales o Bacrim surgieron luego de la desmovilización de los grupos paramilitares en 2003. Ni son guerrilla, ni son autodefensas. Por eso cuando el Ministerio de Defensa reseña sus avances en relación con estos grupos, discrimina entre Bacrim y los otros dos, como organizaciones separadas.
Las Bacrim viven de actividades ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal o la extorsión, que funcionan a nivel nacional o internacional. Estas actividades económicas las heredan o compran de antiguas organizaciones como los paramilitares, como una especie de franquicias. El brazo armado busca intimidar, controlar sus actividades y protegerse de la Fuerza Pública.
Las Bacrim no tienen ni la organización ni la estructura de los grupos armados ilegales. No tienen una jerarquía militar, tampoco un líder central de donde provienen las decisiones y a pesar de su capacidad delictiva, son más bien unidades dispersas. Además, no tienen como objetivo político final derrocar al Gobierno, o reemplazar la labor de la Fuerza Pública. Y aunque se organizan para delinquir, lo que cuenta en este caso son los fines.
Como lo dijo la Corte Suprema, las Bacrim son grupos que se han asociado para cometer “delitos desligados de las causas que han llevado a sostener el conflicto armado”.
Por esto, en principio no les aplica el DIH, que dice que un grupo es parte en un conflicto o grupo armado ilegal si tiene un mando responsable, si tiene control sobre una parte del territorio y si entre sus acciones está la conducción de operaciones militares sostenidas y concertadas.
El uso de la fuerza letal contra las Bacrim ya había sido propuesto en varias ocasiones por Álvaro Uribe y defendido por el ex Viceministro de Defensa, Rafael Guarín. Pero a pesar de las tesis propuestas por Guarín, el Gobierno de Santos optó por aplicar la decisión del Consejo de Seguridad y la Directiva 14. Por eso, este sería uno de los pocos casos actuales en los que Santos y Uribe terminarían coincidiendo en cuanto a la manera como se debe hacer frente al conflicto. Solo que Santos pensaba lo contrario hace un año.
Este proyecto también va en la misma línea de otros proyectos impulsados por los uribistas o por el Ministerio de Defensa para asegurar desde antes, mediante leyes, y no a partir del análisis de los casos una vez estos ocurren y son llevados a la justicia, que los militares sean juzgados por el DIH y no por derechos humanos.
El conflicto sobre la existencia del conflicto
A su llegada al Gobierno, Santos pasó la Ley de Víctimas y en ella, reconoció que existía un conflicto armado, un reconocimiento con el que Uribe nunca estuvo de acuerdo pues para él lo que había era una amenaza terrorista.
Ese reconocimiento le dio margen a Santos para explorar las negociaciones de paz que hoy está sosteniendo con las Farc, y también para blindar sus operaciones militares contra la guerrilla en el marco del DIH.
Por eso, las consecuencias que tendría abrir la posibilidad de combatir a las Bacrim en DIH y juzgar a los militares bajo estos estándares tal como lo plantea actualmente el proyecto, van más allá de la necesidad de usar un armamento más sofisticado, que es la justificación inicial de Lozano.
Aunque el proyecto de Lozano no lo mencione o lo niegue, las Bacrim entrarían a entenderse como parte en el conflicto armado o como un grupo armado ilegal organizado. Y como parte, o como grupo, se les estaría reconociendo que ponen en riesgo la soberanía, que tienen un control del territorio y que son susceptibles, al menos en teoría, de una negociación.
Pero además, expertos consultados por La Silla consideran que este proyecto podría terminar siendo inocuo. Las normas internacionales son claras y tal como está establecido en la Constitución son de obligatorio cumplimiento. Si ya el Derecho Internacional Humanitario regula el tema, entrar a pretender modificarlo a través de una ley ordinaria no pasaría una revisión de la Corte Constitucional.
Al final, si este proyecto es aprobado y tiene el aval constitucional, quedaría un tercer problema por resolver y es donde se producen las decisiones sobre el uso de la fuerza ¿Es en el Consejo de Seguridad Nacional que, según Santos, tiene esa función? ¿O en el Congreso, como terminaría ocurriendo si se aprueba esta ley?
