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“Expedir su propio reglamento”, dice uno de los puntos del decreto que crea la comisión de subalternos del presidente Gustavo Petro para recomendarle cuáles de los miembros de la Primera Línea deberían salir de la cárcel. Con ese decreto, hecho público ayer, el presidente da un paso adicional para que cientos de manifestantes detenidos y acusados o condenados por delitos puedan “pasar Navidad con sus familias”, como prometió.
Poner sus propias reglas es una atribución usual de las comisiones que crean los gobiernos, excepto porque ésta opera con un margen legal amplio y ambiguo en un tema del resorte del Congreso y de las Cortes. Sus integrantes —los ministros de Justicia, Interior y Defensa, el comisionado de Paz y el secretario general— deben decidir sobre la libertad de personas imputadas o condenadas de delitos graves y menos graves. Además, debe establecer las condiciones para que esas personas conserven la libertad.
Con esto, como han advertido incluso aliados del Gobierno, el presidente Petro legisla y juzga, extendiendo el poder del Ejecutivo en áreas propias del Congreso y la Rama Judicial. “Esto viola la separación de poderes”, afirma Rodrigo Uprimny, un abogado constitucionalista, profesor de la Universidad Nacional y quien apoyó la elección de Petro.
Además de la violación de la separación de poderes, el regalo a la Primera Línea que hace Petro enrarece aún más un ambiente ya tenso con las cortes. “La Rama viene juntando palitos, y luego se los van a cobrar al Gobierno”, dice una persona enterada de la molestia con Petro en las Altas Cortes.
En el panorama inmediato hay temas espinosos, como la constitucionalidad de la reforma tributaria, la posible doble militancia de miembros del Pacto Histórico y los procesos penales contra funcionarios del Gobierno. En el de mediano plazo, está todo el proyecto de Paz Total, y las reformas a la seguridad social de la agenda de cambio del Gobierno.
Petro, con licencia para liberar
“En un Estado de derecho las condiciones de liberación de un detenido deben estar reguladas con precisión por la ley. No pueden quedar a discreción del Gobierno”, argumenta Uprimny en su columna de El Espectador.
Pero la discreción que otorga el decreto es tanta que funcionarios, como Iván Velásquez, el ministro de Defensa, reconocen que aún no es claro quiénes serán los manifestantes que podrán dejar de estar presos. “Definir cuál sería la naturaleza de los delitos, si hay exclusiones, si están condenados, eso tiene que ver con la actividad que debe asumir esta semana la comisión”, dijo el también exmagistrado al defender el decreto.
Esa distinción, entre personas como Sergio Andrés Pastor, alias 19, el hombre condenado por tortura a un ciudadano civil que él creía erróneamente que era policía y manifestantes detenidos por delitos menos graves pero que causaron detrimento a bienes públicos y privados como daño en bien ajeno u obstrucción de vías, es una tarea que los críticos de la iniciativa como Uprimny dicen que debería llevar a cabo el Congreso. “No puede ser corregido por un decreto reglamentario. La salida es entonces, como lo ha indicado Humberto De la Calle, que el Gobierno lleve el tema al Congreso”. Es que ni siquiera hay claridad sobre si la figura podrá cobijar también a policías detenidos por delitos cometidos durante el Paro, como afirmó el ministro del Interior, Alfonso Prada.
De la Calle, un senador de centro de la coalición de Petro, en efecto pidió al Gobierno “presentar una ley específica” y evitar “vericuetos dudosos”. Y es que todo el sustento jurídico del Gobierno es, como dice de la Calle, “frágil”.
No solo por la técnica legislativa, sino porque la idea de permitir al Gobierno sacar de la cárcel a los miembros de la Primera Línea ya había sido propuesta en el trámite de ese proyecto de ley, por el senador Ariel Ávila. Pero, luego de una polémica y de la oposición de los partidos tradicionales que forman parte de la coalición oficial, fue descartada para que no se cayera toda la ley clave para la Paz Total. De hecho, cuando hubo un intento de reintroducirla por parte del senador cercano a los manifestantes presos, Gustavo Bolívar, Ávila le pidió expresamente que “eso sea tramitado en otra ley que se presente el próximo año”.
Hasta ahí había quedado el debate, hasta que se hizo público que el Gobierno logró meter en un párrafo de un artículo en la Ley de Orden Público, una ley ordinaria bautizada como de Paz Total por el Gobierno Petro, la solución para su promesa de campaña a los manifestantes.
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