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La Silla Vacía viajó hasta El Salado luego de las nuevas amenazas a líderes sociales. No encontramos presencia palpable de grupos armados en ese corregimiento, en cambio, sí mucha atención oficial. Mientras tanto, la violencia azota regiones vecinas.
Ayer en El Salado se realizó el tercer consejo de seguridad, con la presencia de altos funcionarios del Gobierno Nacional, desde que circularon panfletos con amenazas contra 11 miembros de la comunidad, entre ellos cuatro líderes sociales.
Las amenazas, firmadas por las Águilas Negras, aparecieron el 18 de enero. En los días siguientes han desfilado por este pequeño corregimiento la consejera presidencial de Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, el consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, y el vice Defensor del Pueblo, Luis Andrés Fajardo.
Al tiempo llegó un contingente de la Armada.
Además, las amenazas recibieron un cubrimiento amplio de medios nacionales y generaron el rechazo de figuras políticas como Gustavo Petro y Álvaro Uribe.
Paradójicamente, y tras visitar El Salado y hablar con 15 fuentes que conocen o viven en el territorio, La Silla Vacía no encontró evidencias palpables, ni versiones sustentadas, sobre la presencia de grupos armados en El Salado.
En cambio, en otras zonas del mismo municipio de El Carmen de Bolívar la violencia es notoria y no recibe el mismo nivel de atención.
“El Salado es como el consentido, cualquier cosita que pasa es un escándalo. En otras zonas del mismo municipio se han presentado hechos de violencia más graves y hay control territorial de los grupos armados. Sin embargo, son invisibilizados por los medios y las autoridades”, nos dijo un líder social que prefirió no ser citado para no tener problemas en la comunidad.
Las cifras de homicidios ilustran esta paradoja alrededor de El Salado. En los últimos diez años solo se ha presentado un homicidio en el corregimiento, y salvo las amenazas recientes, no se han registrado otros hechos graves de violencia, a diferencia del palpable resurgimiento del conflicto en corregimientos vecinos.
Las amenazas en El Salado se han presentado en los últimos tres años y sobre su origen hay versiones encontradas.
Por un lado, la Fiscalía, y también el Alcalde, han sostenido que al menos las amenazas de los dos años anteriores se tratan de problemas de convivencia entre habitantes de El Salado. Una versión que también compartieron dos personas de la comunidad que nos pidieron no ser citados.
Esta versión está soportada en que los resultados de las investigaciones de la Fiscalía sobre esas amenazas han involucrado, no a grupos armados, sino a personas de la misma comunidad.
Y por otro lado, varias personas, entre ellas algunos de los líderes, insisten con temor en que tras las amenazas podrían estar, en realidad, grupos armados.
Más allá del origen de las amenazas el temor es real, como pudo constatar La Silla vacía tras recorrer este corregimiento de alrededor de 5.000 habitantes, de calles arenosas, rodeadas de árboles de Neem, en las que las pocas personas que transitan lo hacen a pie, en burro o en moto. La memoria de la violencia de hace dos décadas sigue presente.
“Yo me quiero ir de El Salado. No me vayas a mencionar porque me sentencias más la muerte de lo que ya la tengo”, le comentó a La Silla una de las víctimas. Dice que la amenaza la tomó por sorpresa porque nunca le había ocurrido, y porque no ejerce un liderazgo específico en el pueblo.
Según un informe del Centro de Memoria Histórica la masacre paramilitar perpetrada en el año 2000 cobró la vida de hasta 60 personas. Los paramilitares, según ese informe, también violaron a, al menos, dos mujeres.
Los múltiples y publicitados esfuerzos posteriores de reconciliación y restitución, convirtieron a El Salado en un símbolo del conflicto para todo el país. Un símbolo sobre el cual se mide el éxito de los sucesivos procesos de paz, los esfuerzos de los gobiernos de turno, y la solidez del post conflicto dentro del debate nacional.
“Sentencia de muerte a todos los líderes sociales, ladrones, drogadictos, estamos presentes en la comunidad y esta es nuestra segunda advertencia para que abandonen El Salado Bolívar o el plomo irá por ustedes” (Sic).
Eso dicen los panfletos firmados por las Águilas Negras que aparecieron el lunes 18 de enero en las calles del corregimiento, cerca de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria El Salado, y fueron recogidos por personas de la comunidad.
Impresos estaban los rostros de 11 personas de la comunidad, entre los que están cuatro personas que ejercen liderazgos en El Salado, y otras siete que son personas del común. Días antes les habían llegado también mensajes amenazantes a los celulares de varias de las personas mencionadas.
Entre los cuatro líderes reconocidos está Yirley Velasco, quien ha sido objeto de amenazas en tres años consecutivos, incluyendo el 2021.
Velasco es una lideresa reconocida en El Salado, y fue una de las víctimas de violencia sexual durante la incursión paramilitar del año 2000. Hace más de una década recorre el corregimiento enseñándole a las mujeres sus derechos e instruyendo a las que han sido víctimas de violencia sexual sobre las vías para denunciar.
No es la primera vez que esta lideresa recibe amenazas.
A finales de diciembre de 2018 y comienzos de enero de 2019 se presentaron las primeras amenazas contra Velasco. Llegaron a través de mensajes de Whatsapp en los que decía que la asesinarían a ella y a toda su familia.
En febrero de ese año, las autoridades capturaron al albañil y habitante de El Salado Estiben Arrieta Julio, por supuestamente estar detrás de las amenazas a Velasco. El comunicado de la Fiscalía de ese entonces señala que “el teléfono y la línea utilizados” corresponden a los de Arrieta.
El entonces Fiscal General, Néstor Humberto Martínez, dijo que el capturado “mantiene una relación afectiva con la hermana de la señora Yirley Velasco”, según registró la Revista Semana. Esa versión fue desmentida públicamente por Velasco.
Sin embargo, una fuente cercana a Velasco nos dijo que la relación sí existió: “Él (Estiben Arrieta) era marido de la hermana de Yirley, Angie Velasco. No sé qué problemas tuvieron”.
La segunda ola de amenazas llegó en febrero del 2020. Veinticinco profesores de la Institución Técnica El Salado denunciaron haber sido objeto de amenazas a través de mensajes de WhatsApp. El mensaje llegó a través del celular de Luis Ángel Velasco, hermano de Yirley Velasco.
El mensaje señalaba que los profesores “también serán descuartizados” supuestamente por aceptar como estudiante a un hermano de Velasco. A la lideresa Yirley Velasco también le llegaron amenazas.
De nuevo, hubo resultados de las investigaciones judiciales.
Fue capturada en junio del año pasado María Carolina Escudero, compañera del capturado del año anterior, Estiben Arrieta. Según la Fiscalía, Escudero “actuaba en retaliación por la captura de su compañero sentimental (Estiben Arrieta), quien también es procesado por intimidar a la misma defensora de derechos humanos”.
El caso de Arrieta está en etapa de juicio. Escudero confesó su delito y tiene pendiente celebración de audiencia de allanamiento a cargos.
A pesar de que media una confesión, Velasco está en contra de la tesis promovida por la Fiscalía. “Yo no tengo problemas personales con la señora Escudero (...) y si las cosas fueran personales, las amenazas no habrían seguido llegando”, le dijo a La Silla.
Por eso, líderes como Yirley, y otros de los amenazados, insisten en que el origen de las amenazas podrían estar en grupos armados.
El vicedefensor del Pueblo, Luis Andrés Fajardo, le dijo a La Silla que una de las cosas que pide su institución es que no se descarte la presencia de actores armados.
La Silla habló con siete personas que viven en El Salado sobre el tema. Ninguno ha visto a ningún grupo armado, pero tres de ellos dijeron haber oído rumores sobre su posible presencia.
“Acá no hay presencia de ningún grupo, lo que nos está matando es el microtráfico entre nuestros mismos jóvenes”, sentenció una fuente. Otra, por el contrario, nos dijo que en septiembre del año pasado un campesino le contó que en la finca en la que trabaja llegaron los “paramilitares”.
Y el personero de El Carmen, Rubén Darío Santamaría, le dijo a La Silla que desde que asumió en marzo del año pasado no ha tenido reportes de hechos violentos en El Salado.
La relación de El Salado con el alcalde del municipio de El Carmen de Bolívar, al que pertenece el corregimiento complica aún más el escenario.
Si bien en declaraciones a medios el alcalde Carlos Torres Cohen calificó las amenazas como “preocupantes”, en una reunión con la comunidad de El Salado la semana pasada, dándole fuerza a la teoría de la Fiscalía, insistió en que tienen que “mejorar la convivencia” porque “si no mejoramos y no nos unimos, no salimos adelante”.
En el último tiempo los salaeros han mantenido una tensa relación con Torres Cohen, quien está abiertamente en contra de la restitución de tierras, un tema clave en la región.
Durante la violencia paramilitar, cientos de víctimas abandonaron alrededor de 110 mil hectáreas de tierra entre 1997 y 2012. Como contamos, el alcalde Torres fue uno de los terratenientes que compró a precios más bajos las tierras a los campesinos que tuvieron que vender bajo amenazas.
Por su parte, el consejero presidencial de Seguridad, Rafael Guarín, en su reciente visita a pueblo, manifestó que el Clan del Golfo y la subestructura Héroes del Caribe delinquen en esa “área”. La Silla le preguntó a Guarín si ese grupo armado opera puntualmente en El Salado y nos respondió “delinquen en la región donde está comprendido El Salado”.
Respecto al panfleto que apareció la semana pasada, Guarín nos respondió: “No puedo señalar que los autores sean El Clan del Golfo (...) esperamos resultados de la Fiscalía”.
El contralmirante de la Fuerza Naval de Caribe, Juan Ricardo Rozo, le dijo a La Silla que no tienen ningún registro de que el Clan del Golfo haya adelantado acciones en el corregimiento, pero que es una hipótesis que no descartan tras las nuevas amenazas.
En todo caso, la lupa se puso sobre El Salado y no en el resto de El Carmen de Bolívar, donde la violencia tiene una cara mucho más palpable. Fue en El Salado donde la consejera presidencial Nancy Patricia Gutiérrez lanzó conocidas promesas para los salaeros, y afirmó que, además de garantizar la seguridad, impulsarán proyectos de desarrollo en el marco de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Como hemos contado, los grupos armados y la violencia están regresando a la subregión de los Montes de María, conformada por 15 municipios de Bolívar y Sucre, que, tras décadas de guerra, vivió un periodo de relativa paz desde el 2007.
Los Montes de María son un territorio montañoso codiciado por los grupos armados porque conectan con el Golfo de Morrosquillo, uno de los principales puntos de exportación de droga del Caribe. Allí, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), entre 1997 y 2003 se desplazaron alrededor de cien mil personas y fueron asesinadas alrededor de 115 en distintas masacres
El grupo que opera ahora en la zona es el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Desde el año pasado, han sido capturados a 160 presuntos integrantes de la organización en la subregión de Montes de María.
Recientemente El Carmen de Bolívar, el municipio más grande de la subregión, conocido entre otras cosas por su producción de aguacate, ha sido particularmente golpeado por la violencia.
Esto consta en una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo a principios del año pasado en la que afirma que el Clan del Golfo “ha expandido su dominio desde la zona rural a la urbana” y que “articula prácticas que no solo contemplan lo militar, sino que, adicionalmente, construyen estructuras con alto nivel de incidencia social”.
El año pasado, en el casco urbano de El Carmen aparecieron 20 casas pintadas con las siglas de las AUC. Los homicidios aumentaron de 11 en 2018 a 24 en 2020, incluyendo una masacre de cuatro personas en el barrio Villa María.
En la vereda Caño Negro, a 45 kilómetros de El Salado, se desplazaron 32 familias tras el asesinato de un campesino en agosto. Y desde febrero del 2020, el líder social y coordinador del Movimiento Pacífico de la Alta Montaña, Jorge Montes, se desplazó del territorio tras intimidaciones en su contra y no ha regresado.
Hace apenas cinco días fue encontrado calcinado el cuerpo del campesino residente en El Carmen de Bolívar, Blas Herrera, en el corregimiento de Hato Nuevo, a 28 kilómetros de El Salado.
Por situaciones como esa, los liderazgos sociales se han visto paralizados. Una integrante de la Mesa de Víctimas de El Carmen de Bolívar le contó a La Silla que desde septiembre no visitan los territorios por recomendación de la Defensoría y que quedaron frenados en la asesoría de proyectos productivos de ganado bovino, de cultivo de peces y de gallinas ponedoras.
Los liderazgos sociales también son afectados por supuestas infiltraciones de personas vinculadas a los grupos armados. Un caso emblemático es el del exmiembro de las AUC, Deiber Canoles, quien una vez desmovilizado, en 2013, lideró el Movimiento Pacífico de la Alta Montaña y en diciembre de 2019 fue capturado por nexos con el Clan del Golfo.
Pese a esto, en los últimos consejos de seguridad los focos se han centrado solo en El Salado, donde ya se anunciaron inversiones en electrificación, productos agrícolas, dotaciones deportivas y evaluación de riesgo a las personas amenazadas en el panfleto. En el resto de El Carmen, donde hace tiempo cuentan los muertos, reclaman una atención similar.
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