Córdoba: plata que se robó cartel de la hemofilia solucionaría falta de UCI y ventiladores

¿Qué pasó?

Entre 2013 y 2016, el entonces gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, y su sucesor, Edwin Besaile, les giraron poco más de 44 mil millones de pesos a dos IPS, manejadas por aliados suyos, para que atendieran a pacientes con hemofilia, una enfermedad rara que le da a una de cada 10 mil personas.

Las investigaciones de la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría concluyeron, años más tarde, que estos pacientes eran falsos y que la plata había sido usada por los gobernadores para enriquecerse o financiar sus campañas.

¿Quiénes están involucrados?

Los dos exgobernadores fueron destituidos e inhabilitados. Lyons, quien confesó sus delitos, fue condenado penalmente por corrupción con plata de regalías. Musa Besaile está hoy detenido por haber confesado haberle pagado a magistrados de la Corte Suprema para desviar una investigación por parapolítica en su contra. En su confesión, Lyons asegura que 600 millones de los 2.000 que le dio a Musa de las coimas de la hemofilia se fueron al también condenado exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno para pagar este soborno.

El costo de hoy.

En cinco municipios de Córdoba, incluyendo su capital Montería, se han detectado oficialmente 23 pacientes con coronavirus. Tres de ellos han muerto.

El departamento cuenta, en total, con 1.493 camas hospitalarias, 219 de ellas en cuidados intensivos. De acuerdo a las proyecciones del Ministerio de Salud, en el peor de los escenarios, Córdoba necesitaría, en total, 480 camas en UCI:

Con los 44 mil millones que se robaron con pacientes fantasma de hemofilia la actual Gobernación hubiese podido, de sobra, cumplir con esta meta, pues tendría para comprar entre 354 y 473 camas UCI cada una con un ventilador.

En una entrevista en W Radio, el gobernador Orlando Benítez aceptó esto. Criticó y lamentó los robos al sistema salud de las pasadas administraciones, aunque él se eligió con el apoyo de los Besaile.

San Andrés: con cinco camas en UCI pero pudiendo tener para 19

¿Qué pasó?

En 2018, el entonces gobernador del Archipiélago Ronald Housni (hoy condenado por corrupción), fue suspendido por la Procuraduría por haberle renovado el contrato de administración del único hospital de la isla: el Clarence Lynd Newball Memorial, a una IPS -Universitaria de Antioquia- que subcontrató el trabajo con otras instituciones que luego abadonaron el negocio y dejaron el ente de salud en manos de una IPS que lo llevó a la crisis.

En su momento, en La Silla Vacía contamos cómo, para entonces, las condiciones del hospital eran tan malas que no tenía sábanas limpias y los restos de procedimientos quirúrgicos, como biopsias, quedaban a la intemperie.

Según las investigaciones de la Contraloría, de los 2.205 millones de pesos que la IPS Universitaria debió haber invertido en el mantenimiento del hospital sólo puso poco menos de 438 millones. Para el ente de control, hubo, entonces, un detrimento de poco más de 1.767 millones de pesos.

¿Quiénes están involucrados?

Aunque actualmente lo maneja otra IPS, el personal del hospital ha denunciado que trabaja en precarias condiciones con falta de insumos e, incluso, en medio de apagones.

El costo de hoy.

San Andrés tiene hasta el momento seis casos confirmados de coronavirus, ninguno de los cuales ha fallecido.

Para atender la pandemia el departamento cuenta con 73 camas (15,11 por cada diez mil habitantes), según las cifras oficiales del Ministerio de Salud, cinco de cuidados intensivos y tres de cuidados intermedios. Para afrontar el peor escenario, tendría que tener 36 en UCI.

Con los 1.767 millones de pesos que dice la Contraloría que no se invirtieron no sólo se habrían podido mejorar las condiciones del hospital, sino comprado ahora entre 14 y 19 camas UCI con ventilador.

El parapolítico que se robó la plata de la salud que hoy no tienen los indígenas zenú

¿Qué pasó?

Un parapolítico llamado Pedro ‘el Indio’ Pestana, quien falleció el año pasado y era dueño de la EPS indígena Manexka, desvió más de 30 mil millones de pesos que debían haberse invertido en la salud de los habitantes del Resguardo Indígena de San Andrés de Sotavento, ubicado en los departamentos de Córdoba y Sucre.

En 2017, la Superintendencia de Salud encontró, entre otras cosas, que Manexka había girado órdenes de más de 700 millones de pesos para atender pacientes que ya habían fallecido; y que había hecho pagos a la IPS Manexka (también de Pestana) sin evidencia de que el objeto del contrato se hubiese llevado a cabo.

En La Silla Vacía, hemos contado varias veces cómo ‘el Indio’ utilizó esta EPS para formar un grupo político que llegó a controlar ocho alcaldías, dos diputados y hasta poner de senadora a una hermana de Pestana. Contamos también cómo a los indígenas que no apoyaban a los Pestana los sacaban de la EPS y quedaban desprotegidos y sin un sistema de salud que los atendiera. Manexka está hoy en proceso de liquidación.

¿Quiénes están involucrados?

Pedro Pastana

Médico - Fundador de la EPS Manexka. Líder del grupo político de los Pestana.

Creó esta EPS en 1998 que, para el momento de su intervención, llegó a tener 210 mil afiliados y a recibir por ellos 144 mil millones de pesos ese año.
Fue condenado por sus vínculos con el paramilitar alias ‘Cadena’ y murió el año pasado prófugo y sin pagar un día de condena.

Saúl Lucas

Gerente de la EPS Manexka

Al momento de su intervención, cuando Lucas era gerente, la SuperSalud encontró entre otras irregularidades que Manexka:
- Autorizó la atención en salud a 513 personas fallecidas por 733 millones de pesos.
- Compró una nueva sede por 2.900 millones de pesos con plata que debía ser destinada a la atención de pacientes.
- Contabilizó ingresos ficticios por 13.800 millones de pesos .
- Pagó 304 millones de pesos en honorarios a la Junta Directiva sin autorización.

Domitilia Pestana

Gerente de la IPS Manexka. Hermana de Pedro Pestana.

En las auditorías que le hizo la SuperSalud a la EPS Manexka, encontró que en octubre del 2016 la EPS le pagó poco más de 10 mil millones de pesos por atención de pacientes, aunque no había nada que sustentara que había prestado el servicio.

Yamina Pestana

Exsenadora Partido Conservador (2014-2018). Hermana de Pedro Pestana.

Es investigada por la Corte Suprema y la Procuraduría por, presuntamente, haber usado plata de Manexka para financiar su campaña al Congreso en 2014.

Según la Fiscalía y la Procuraduría, el desfalco a la EPS para la campaña al Senado de la hermana Pestana habría sido de siete mil millones de pesos vía afiliados fantasma, personas fallecidas, quienes aparentemente seguían recibiendo servicios, y cobros de IPS a la EPS sin justificación.

El costo de hoy.

Hasta el momento se ha reportado una persona de la etnia zenú contagiada con coronavirus, quien, no obstante, no vive en el Resguardo de Córdoba y Sucre, sino en uno en Cartagena.

Aun así, la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) asegura que, con 45.897 familias, la zenú es la segunda etnia con mayor población en riesgo. Esto, principalmente, por el número de contagiados que hay en Córdoba (20).

Con los 30 mil millones de pesos que la EPS Manexka desvió de la plata que le giraba la Nación para atender pacientes, el Gobierno nacional hubiera podido comprar entre 241 y 322 camas de unidades intensivos con su respectivo ventilador.

Quibdó: hospital público en cuarentena y centro de salud perdido

¿Qué pasó?

En septiembre del año pasado, la Fiscalía arrestó al entonces alcalde de Quibdó Isaías Chalá por presuntos actos de corrupción en la construcción de un centro de salud en El Caraño, un barrio en donde viven 7.500 personas en condición de vulnerabilidad.

El contrato se firmó el 7 de julio del 2017 y, para la fecha en que arrestaron al Alcalde, la obra, que supuestamente iba a durar seis meses, estaba a media marcha y abandonada, como contamos en La Silla Vacía.

Según las investigaciones de la Fiscalía, el contrato nunca cumplió con los requisitos del Ministerio de Salud y, para la fecha, la Alcaldía había pagado por la obra 1.226 millones de pesos al contratista de los cuales sólo se habían invertido 821 millones.

El predio en donde iba a construirse este Centro de Salud sigue abandonado y con la obra a medias.

¿Quiénes están involucrados?

El costo de eso hoy.

Chocó ya tiene 11 pacientes de coronavirus, uno de ellos falleció el viernes. Como su principal hospital, el Francisco de Asís en Quibdó, entró en cuarentena el pasado 18 de abril y no tiene plata ni UCI el departamento quedó en manos de la red hospitalaria que tengan las diferentes EPS.

Tener este Centro de Salud hubiera sido clave para ayudar a mitigar el impacto que implica que el principal hospital de la ciudad, y del departamento, no esté atendiendo gente (salvo unas urgencias específicas) en medio de una pandemia.

Así, nos lo dijo el hoy suspendido gobernador Ariel Palacios: “Sí se necesita el hospital, las instalaciones se requieren, se debieron haber invertido, hubiera servido para este tipo de situación para descongestionar el hospital Ismael Roldan”.

Si el contratista hubiese devuelto los 405 millones que la Fiscalía dice que no entregó, Quibdó hubiera podido comprar entre tres y cuatro camas con ventiladores que podrían sumar a las 10 que ya existen y disminuir el déficit, pues en el peor escenario necesitarían 83.

Mocoa: sin UCI, mientras un alcalde dilapidó 1.300 millones

¿Qué pasó?

El exalcalde de Mocoa, Mario Luis Narváez, y dos de sus funcionarios reconocieron haberle girado 1.355 millones de pesos del Sistema General de Participaciones -SGP- (una plata que da la Nación a todos los entes territoriales exclusivamente para invertir en salud, educación, agua y saneamiento básico) a una empresa que ni siquiera prestaba el servicio de salud. Su nombre era Comercializadora Internacional de Servicios Aduaneros Ltda. (Coinsa) y su principal actividad era el transporte de carga.

Eso sucedió en 2011, cuando Narváez estaba en el cargo. La Fiscalía, que los capturó en 2017, también encontró que Coinsa le giró 35 millones de pesos a una empresa cuya representante legal era Teresita Erazo Melo, quien era funcionaria de Narváez.

Por estos hechos, Narváez fue destituido e inhabilitado por 15 años.

¿Quiénes están involucrados?

Según la Procuraduría, tanto el exalcalde como el extesorero de Mocoa se enriquecieron con esa plata.

El costo hoy.

En todo Putumayo, en donde por ahora no hay casos de Covid, no hay una cama de UCI de entidad pública. Como contamos en nuestro último podcast, Mocoa tiene 9,9 camas por cada diez mil habitantes (48 camas hospitalarias).

Las 10 camas de cuidados intensivos que existen en el departamento están en una clínica privada en Puerto Asís.

Si esta plata del SGP, cuyo fin es invertir en la salud, no se la hubieran robado, la Alcaldía hubiera tenido para comprar entre 10 y 14 camas UCI que habrían ayudado a reducir el costo de las 53 camas que necesitaría todo el Putumayo para atender la crisis en su peor escenario.

Los sobrecostos de Arauca que hoy servirían para 7 UCI

¿Qué pasó?

El Hospital San Vicente de Arauca, el más grande de la red pública allí, ha sido saqueado y, según la Fiscalía, su corrupción es tan grande que hace cuatro años entró en el ranking de peores robos a la salud. 

El año pasado, dos de sus directores fueron hallados fiscalmente responsables de sobrecostos por 716 millones de pesos en la compra de insumos. La situación es tal que sus trabajadores han denunciado que a veces los pacientes tienen que llevar sus medicamentos.

Los políticos merodean la institución y, desde hace años, ha pasado que quien lo dirige consolida un grupo y luego aspira a los principales cargos del departamento. Así ha pasado con el exalcalde de la capital Arauca Jorge Cedeño, con el exgobernador Ricardo Alvarado y con el actual gobernador Facundo Castillo.

¿Quiénes están involucrados?

Luis Hernando Ballesteros

Exdirector del Hospital San Vicente. 2011.

Bajo su dirección el hospital incurrió en sobrecostos, que suman poco más de 716 millones de pesos, en la compra de insumos médicos.

Raul Fernando García Loyo

Subdirector Administrativo y Director del Hospital San Vicente. 2016-2019.

Cuando era subdirector Administrativo en 2011, incurrió en sobrecostos, que suman poco más de 242 millones de pesos, en la compra de insumos médicos. Por estos hechos, renunció el año pasado a su cargo de director del hospital.

El costo hoy.

El departamento de Arauca no tiene, hasta el momento, casos de coronavirus. Para atender la pandemia, la Gobernación cuenta con 168 camas (7,01 por cada 10 mil habitantes), de las cuales cuatro de ellas son de cuidados intensivos.

Según las cuentas del Ministerio de Salud, para el peor de los escenarios, deberían tener 41 camas en UCI en todo el departamento.

Si la plata que se fue en sobrecostos se tuviera hoy, el hospital podría comprar entre 5 y 7 camas de UCI con respirador lo que ayudaría a mitigar el posible impacto de la crisis.