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En sus programas de gobierno Gustavo Petro y Rodolfo Hernández coinciden en lo fundamental frente al medio ambiente, como que hay que enfrentar la deforestación, hacer el catastro multipropósito y radicar el Acuerdo de Escazú para proteger a los líderes ambientales. Pero tienen diferencias en lo que plantean para acercarse a las comunidades negras e indígenas que habitan los territorios donde hay mayores riesgos ambientales.
Para Laura Santacoloma, directora de la línea de Justicia Ambiental de Dejusticia, Petro tiene “una propuesta más detallada en relación con la participación de las comunidades”. Además, tienen una representación en el Pacto Histórico. La inclusión de Francia Márquez, una líder negra, como su fórmula vicepresidencial es una muestra de cómo decenas de organizaciones de base se han sumado a Petro, y han impulsado su candidatura en regiones del Pacífico, el Caribe y la Amazonía.
La de Hernández, en cambio, “deja abierta esa pregunta de cómo va a ser la relación del candidato con las propuestas locales”, dice Santacoloma, de Dejusticia, un centro de pensamiento que hace litigio estratégico en temas ambientales. Y si bien Rodolfo también tiene en su fórmula, Marelen Castillo, a una mujer negra, su trayectoria es académica y no tiene activismo previo con comunidades.
Varios expertos coinciden en que las comunidades indígenas y negras son claves para la conservación ambiental. Solo en resguardos hay tituladas 29 millones de hectáreas, el equivalente al 25 por ciento del territorio nacional. Y en regiones como el Pacífico, los consejos comunitarios son la principal figura de protección ambiental y las comunidades negras han sido una fuerza importante de movilización social en contra de actores que afectan al medio ambiente.
Las comunidades étnicas en los programas de gobierno
En el programa de Petro “los pueblos afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros, indígenas y rrom” (sic) están incluidos a lo largo de todos los ejes de su plan de gobierno, incluyendo los de la propuesta económica, rural, ambiental y de paz. Los nombra 38 veces
Lo principal en relación con las comunidades étnicas es el reconocimiento de su autonomía territorial y la garantía de que tengan tierra para producirla. Específicamente, propone que afros e indígenas sean autoridades ambientales en sus territorios –o sea que puedan decidir sobre proyectos que se realicen en ellos–. Y dijo que les aumentará impuestos a terrenos improductivos u obligará a los dueños a vendérselos al Estado para que luego los redistribuya entre los más pobres, entre quienes están esas comunidades.
Por esas propuesta es que, según Carlos Olaya, abogado de Dejusticia y asesor de comunidades rurales “con Francia se conectan comunidades con reclamos territoriales y apuestas étnicas y campesinas”. La mayoría de ellas lo que hacen es defender su territorio de empresas mineras y actores armados.
Por su lado, Hernández dijo que garantizará la comunicación entre el Estado y las comunidades afro e indígenas. Pero en su plan de gobierno aparecen sólo nombradas seis veces en un capítulo sobre inclusión, y en el capítulo ambiental no tienen un papel diferencial.
