El fin del procedimiento especial mostró que solo sirvió para desmovilizar a las Farc y le fue bien hasta el fallo de la Corte que lo desmontó.
El Congreso y el Gobierno acabaron ayer su periodo de un año de reglamentación del Acuerdo de Paz. El fin del procedimiento especial mostró que solo sirvió para desmovilizar a las Farc y que le fue bien hasta el fallo de la Corte que lo desmontó.
De las 19 normas que presentó por este mecanismo expedito, el Congreso aprobó nueve y ya están vigentes y otras ocho fueron archivadas o no terminaron el trámite, sobre todo porque arrancaron su tránsito por el Congreso cuando la Corte cambió las reglas del Fast Track y arrancó la precampaña política. Las que alcanzaron a pasar, sirvieron para que la guerrilla tuviera amnistía, su partido político y 10 curules hasta 2022.
Aunque el Gobierno piensa en un plan B para salvar los proyectos que no alcanzaron a pasar el trámite, por ahora esto fue lo que quedó reglamentado del Acuerdo.
Adecuación de tierras
En el penúltimo día del Fast Track se hundió por falta de debate. El ministro de Agricultura dijo que la presentará con mensaje de urgencia.
Busca implementar sistemas de riego de agua a los cultivos de los pequeños agricultores y modernizar los cultivos. Según el Ministerio, solo el 20 por ciento de los agricultores cuentan con sistemas de riego en sus cultivos.
Ley de titulación de Baldíos en zonas forestales
El proyecto fue radicado en agosto de este año y buscaba titular 2 millones de hectáreas a nombre de pequeñas comunidades indígenas y campesinas. El Ministerio de Ambiente lo promovió, pero nunca alcanzó su primer debate en las Comisiones Quintas por falta de quórum.
Catastro multipropósito
El proyecto era clave para desarrolllar el punto del agro del Acuerdo, porque permitía conocer no solo los límites de todos los predios del país y cuánto cuestan (para que los municipios cobren impuestos), sino también qué hay en esos predios y cómo se pueden usar, para que así los campesinos e industriales del campo sepan cómo explotar la tierra.
La ley nunca pasó su primer debate porque, entre otras cosas, había una puja burocrática alrededor del Instituto Agustín Codazzi (fortín burocrático liberal).
Innovación en agro
Crea incentivos para la investigación e innovación en el campo para reactivar y mejorar los negocios de los pequeños agricultores.
Arrancará a implementarse a inicios del próximo año.
Regalías del posconflicto
Garantizó la inversión por 758 mil millones de pesos por los próximos 20 años para los más de 200 municipios priorizados por el Gobierno para implementar el Acuerdo.
Además de la construcción de vías terciarias, escuelas y acueductos.
Reforma política
El proyecto reglamentaba el punto 2 del Acuerdo que hablaba de la participación en política y el acceso a la democracia de los grupos que históricamente no habían podido hacerlo.
Aunque el Acuerdo ordenaba que una Misión Electoral entregara los parámetros para esa reforma, las ideas que los expertos entregaron fueron descartadas poco a poco y un proyecto muy diferente terminó presentándose a menos de un año de las elecciones al Congreso, lo que puso un manto de duda sobre su aplicación, ya que cambiaba sustancialmente las reglas de juego, como por ejemplo en la implementación de la lista cerrada, la organización interna de partidos, la eliminación de la Registraduría y la financiación mayoritariamente estatal de las campañas para evitar la corrupción.
Al final, la reforma se convirtió en un árbol de Navidad que solo respondía a intereses electorales inmediatos. Duró más de cinco meses en la Cámara, producto de la pelea entre el vargasllerismo y el Gobierno. Cuando llegó al Senado, además de incluirle temas que nada tenían que ver con el Acuerdo como el transfuguismo, no alcanzó el tiempo.
Circunscripciones de paz
Fue concebida como una forma de reparación colectiva a los territorios que, a causa del conflicto, fueron relegados de la participación política en el Congreso.
Lo que buscaba era darle 16 curules a igual número de regiones afectadas por la violencia, destinadas únicamente para personas que representaran organizaciones de víctimas, campesinos o líderes sociales de esa región específica. Los barones regionales, como contamos, temían perder poder local y en su conciliación en Senado, luego de que los conservadores allá se negaran a aprobarlo, fue votado por 50 senadores. Tras el debate sobre si la mayoría se contaba sobre los 102 senadores, incluidos los tres que están presos, o solo sobre 99, el Gobierno lo dio por aprobado pero no así el secretario del Senado.
Estatuto de Oposición
Dicta las pautas para garantizar el acceso a la democracia de los partidos que se declaren en oposición al gobierno de turno a nivel local, regional y nacional, dando derecho a réplicas de las alocuciones del presidente de turno y garantías para que la oposición en Congreso, Asambleas y Concejos tengan espacios en mesas directivas.
Debe arrancar a funcionar el próximo año con las elecciones presidenciales y legislativas, cuando se conformen las coaliciones del nuevo gobierno.
Partido político de Farc
Permitió la creación de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) que tendrá 10 curules fijas en el Congreso (5 en Senado) durante los próximos ocho años sin importar la votación que saquen en las elecciones de marzo.
Gracias a la ley, se cumplió la premisa principal del Acuerdo de cambiar las balas por los votos y las Farc llegaron a Bogotá, desarmados, a realizar el primer congreso de su partido, además que Timochenko se postulara como candidato presidencial, y que exlíderes guerrilleros como Iván Márquez, Pablo Catatumbo y Jesús Santrich integraran las cabezas de lista de Senado y Cámara.
Sometimiento a la justicia de Bacrim
El proyecto fue radicado en octubre, semanas después de que el Clan del Golfo hiciera pública su intención de someterse a la justicia. El Gobierno justificaba que hacía parte de la reglamentación del Acuerdo, porque,a su juicio, respondía al punto 3 del texto que ordenaba garantías de lucha contra las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo.
Sin embargo, el proyecto no sobrevivió siquiera dos semanas, luego de que la Cámara no designara ponentes para arrancar el debate, y bancadas como La U y Cambio Radical tuvieran dudas sobre los beneficios para los delincuentes se acogieran a la justicia.
Amnistía
Fue el primer proyecto que pasó con el Fast Track. Permite tramitar amnistías e indultos para guerrilleros que dejaron las armas y dar un tratamiento especial para militares y policías. Por esa ley han sido amnistiados 7.400 guerrilleros y más de mil uniformados salieron de prisión.
Vocería para Voces de Paz
La ley permitió que los seis voceros de la organización Voces de Paz que representó los intereses de las Farc en el Congreso hablaran -pero no votaran- en los debates de las leyes del Fast Track sin suspender las sesiones.
Plata para UNP
Inicialmente había sido presentado como decreto por Santos pero la Corte lo tumbó, así que debió pasar por el Congreso.
Permitió la entrada de 1.200 guerrilleros sin armas de las Farc para recibir entrenamiento de escoltas para conformar esquemas de seguridad mixtos (con miembros de la UNP con experiencia) para los exmiembros del Secretariado y demás mandos de las Farc que los necesitaran.
Los nuevos escoltas ya están en entrenamiento en la UNP, no ganan más que los demás y tienen un salario de 1 millón 800 mil pesos.
Monopolio de armas
La ley hace parte de una exigencia de las Farc en la mesa de negociación relacionada con combatir a las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo. La norma que quedó en la Constitución prohíbe la creación o promoción de autodefensas o grupos paramilitares.
A un solo debate de su aprobación, el uribismo criticó la norma, aduciendo que en la misma no quedaba incluida la prohibición de la creación de las guerrillas. El Gobierno y la coalición respondieron que, precisamente, el Acuerdo refirmado en Bogotá y su implementación impedía la creación a futuro de la violencia política de las guerrillas.
Beneficios a pequeños cultivadores
La ley cumplía una promesa del Gobierno en el Acuerdo de Paz a los pequeños cultivadores de coca de que no los iba a enviar a la cárcel a cambio de firmar acuerdos para sustituir los cultivos. Sin embargo, los peros del Fiscal en torno a que el Gobierno le daba beneficios penales a todos los narcotraficantes, sin importar su tamaño, a cambio de casi nada, sumado a que el Gobierno presentó el proyecto muy tarde (a menos de un mes de acabar el Fast Track) impidió que siquiera los ponentes presentaran ponencia para el primer debate.
Estatutaria JEP
Reglamenta la ley marco de la justicia transicional y da las herramientas para implementar el Tribunal de Paz, en lo que tiene que ver con su duración (15 años máximo), los delitos que revisará, a quiénes juzgará y cuándo la justicia ordinaria debe actuar. Los terceros que cometieron crímenes en el conflicto solo irán a la JEP voluntariamente. También metieron que los miembros del Tribunal de Paz (que ya fueron nombrados por el comité de escogencia) no pueden haber sido abogados de causas relacionadas con víctimas del conflicto o trabajado en organizaciones que lo hayan sido o haber participado en demandas contra el Estado, algo que el Gobierno cree que es inconstitucional.
Pasa inmediatamente a la Corte Constitucional para revisión, por lo que lo aprobado puede cambiar en las próximas semanas y retrasar la labor del Tribunal.
Ley marco JEP
Fue la ley que dio vida a la justicia transicional. Creó el Tribunal de Paz y la Comisión de la Verdad para juzgar con penas alternativas a uniformados y guerrilleros que dejaron las armas y conocer la verdad histórica de las causas del conflicto con las Farc.
Suspensión ley de garantías para entidades encargadas del posconflicto
La ley buscaba que en la Agencia de Renovación de Territorio, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Reincorporación y la Unidad de Protección pudieran seguir contratando recursos y firmando convenios con los municipios durante la vigencia de ley de garantías, que por época preelectoral impide que haya este tipo de contrataciones hasta julio, cuando queda elegido el nuevo Congreso y el nuevo Presidente.
La idea era que estas entidades, que son claves para la implementación del Acuerdo en temas de tierras y de reincorporación de los desmovilizados, siguieran teniendo recursos y ejecutando sus planes regionales.
La ley al final no fue priorizada por el Gobierno y por falta de tiempo fue archivada.
Estabilidad de Acuerdos por 2 Gobiernos
Garantizará que en los próximos dos gobiernos, sin importar la tendencia política, la implementación de los Acuerdos sean cumplidos.
