El viraje del gobierno por la inversión extranjera en el campo

Imagen

Desde hace dos meses el ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo ha usado calificativos muy duros contra tres proyectos de ley en el Congreso que buscan regular la compra de tierra por parte de inversionistas extranjeros y contra un fallo de la Corte Constitucional prohibiendo que terrenos baldíos del Estado adjudicados a campesinos o comprados con subsidios del Incoder terminen en manos de empresarios, ya sean nacionales o extranjeros.

En varias apariciones ante los medios, Restrepo pidió que se retiraran los proyectos de ley radicados por los senadores Hernán Andrade (Conservador), Jorge Robledo (Polo Democrático) y Juan Lozano (La U). Calificó los proyectos de “xenófobos”, “chauvinistas” y “escobazos jurídicos” para sacar la inversión extranjera “a sombrerazos”. “El Gobierno no cree conveniente cerrarle en las narices la puerta a la inversión extranjera en tierras y en agroindustria”, dijo el ministro en un comunicado. E incluso llegó a comparar el espíritu de las propuestas con el discurso de 'Iván Márquez' en Oslo, un hecho que cayó muy mal en el Congreso.

Con el proyecto de ley presentado por el Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, el gobierno acerca posiciones en el tema de la inversión extranjera en el sector agroindustrial.
Los senadores Jorge Robledo, Juan Lozano y Hernán Andrade han liderado la discusión sobre la necesidad de regular la compra de tierras por parte de inversionistas extranjeros en el campo.

Pero la semana pasada quedó claro que el ministro y el gobierno de Juan Manuel Santos cambiaron de opinión. De defender para el agro las reglas que actualmente están vigentes para la inversión extranjera en otros sectores, Restrepo pasó a radicar hace una semana un proyecto de ley que recoge varias de las ideas de los congresistas. Y el lunes pasado, el Ministro buscó a Juan Lozano para que ambos firmaran una carta dirigida a la Comisión Quinta, en la que le piden continuar con el trámite del proyecto del senador y posteriormente dar curso al del gobierno. De esta manera, Restrepo aceptó entrar en el debate y ahora busca regular la compra de tierras en consenso con el Congreso.

“El gobierno primero estaba opuesto a la regulación de la inversión extranjera en el agro. Luego estaba de acuerdo en que hay que regularla pero se oponía a que se fijaran topes cuantitativos en la compra de tierras. Ahora sigue estando en contra de los topes, pero está de acuerdo en que hay que definir una reglamentación. Yo creo que vamos a llegar a un acuerdo en que establecemos topes máximos cruzados con ciertos criterios cualitativos”, dijo a La Silla Lozano, cuyo proyecto de ley ahora recoge también las ideas de Robledo y Andrade. La iniciativa se encuentra ahora en primer debate en la Comisión Quinta, donde ya se votaron la mitad de los artículos y se votarán los restantes esta semana.

La importancia estratégica del agro

El campo forma parte fundamental de la estrategia de Santos para continuar multiplicando la inversión extranjera en Colombia, que este año llegará a 17.000 millones de dólares y que el gobierno quiere llevar a 20.000 millones de dólares en 2013. Pero para lograrlo necesita que ésta crezca en otros sectores y deje de estar concentrada en la minería o los hidrocarburos. Y en el agro ha sido muy baja: de 13.297 millones de dólares invertidos en el país en 2011, apenas 154 millones -el 1,2 % del total- llegaron al campo, según el Banco de la República.

Regiones como la Altillanura de la Orinoquía y el Caribe han comenzado a generar mucho interés entre inversionistas extranjeros, que ven atractivas oportunidades en agricultura, ganadería, producción de biocombustibles y proyectos forestales. Esto se debe en parte a que Colombia es uno de los países con mayor potencial para ampliar la frontera agraria. Según un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO), en Colombia y otros seis países -Brasil, Argentina, Bolivia, Angola, Sudán y la República Democrática del Congo- están concentradas 900 de las 2.600 millones de hectáreas aprovechables para la agricultura que actualmente no están siendo utilizadas para cultivos. El país sólo habría aprovechado hasta ahora -según la Sociedad de Agricultores Colombianos- el 8% de su superficie arable.

Existen ya algunos proyectos significativos, aunque en general aún se encuentran en etapas tempranas de producción. La brasilera Mónica Semillas tiene casi 13.000 hectáreas para maíz y soya en Puerto Gaitán (Meta) y la italo-española Poligrow 6.000 hectáreas de palma en Mapiripán (Meta). El grupo israelí Merhag sembró 10.000 hectáreas de caña para producir etanol en Pivijay (Magdalena). La filial colombiana del grupo Smurfit Kappa tiene 45.000 hectáreas de pinos y eucaliptos para producir pulpa y papel, y la Reforestadora del Sinú -propiedad del grupo chileno Falabella- posee 8.000 hectáreas en Córdoba para un proyecto maderable.

El debate por la extranjerización

A medida que el interés del capital foráneo por el agro colombiano crece también han aumentado las preocupaciones por vigilar quién invierte, en dónde y con qué objetivo. Con el debate han venido las preocupaciones de que en Colombia -y en toda América Latina- se repita el acaparamiento de tierras que se ha dado en África por parte de gobiernos extranjeros como el chino o de multinacionales alimentarias, o que la producción de alimentos destinados exclusivamente a la exportación afecte la seguridad alimentaria del país.

El gobierno insiste en que el debate ha ocasionado ya el congelamiento de unos 800 millones de dólares en inversión para el agro. “Hemos recibido un sinnúmero de solicitudes de citas con el Ministro por parte de personas naturales y jurídicas, tanto nacionales como extranjeras, que querían o quisieran invertir en proyectos agroindustriales y que ahora quieren saber qué sucederá”, le contó a La Silla Gonzalo Araújo, secretario privado de Juan Camilo Restrepo.

La primera preocupación de quienes abogan por una mayor regulación de la propiedad foránea de la tierra es que hasta el momento la inversión en el agro no ha sido monitoreada con mucho rigor. “El tema de la trazabilidad de la inversión extranjera no es fácil. Desde que se levantó la obligatoriedad de llevar un registro, enterarse de quiénes son los propietarios de la tierra se volvió muy difícil y hay que recurrir a fuentes secundarias, como la prensa, para ver quiénes la están comprando”, le dijo a La Silla Vacía Yamile Salinas, una investigadora especializada en el tema de tierras. A eso se suma el hecho de que -al igual que sucede con la inversión extranjera en otros sectores- una buena parte de estos recursos provienen de paraísos fiscales como Panamá o las Islas Vírgenes Británicas, impidiendo saber exactamente quién está detrás de las inversiones, si hay un testaferrato o si hay evasión fiscal.

Pero también hay una preocupación por la seguridad alimentaria del país. Para los tres senadores, la experiencia de otros países -documentada por organizaciones como Oxfam- demuestra que los grandes proyectos agroindustriales apuestan casi siempre por los monocultivos y muchas veces sus productos están exclusivamente destinados a la alimentación de terceros países. “Los monocultivos son muy peligrosos para el medio ambiente y para la sostenibilidad, porque son muy vulnerables a cualquier problema o epidemia, porque su alto nivel de mecanización hace que su capacidad de generar empleo sea mínima, porque no hay una transferencia de tecnología y porque buena parte de su producción es para exportación”, dice Lozano.

Con el nuevo proyecto de ley presentado por el gobierno los dos lados parecen estar de acuerdo con el fondo, aunque todavía no en la forma. Ambos coinciden en que es fundamental evaluar la calidad de los proyectos para evitar que se conviertan en lotes de engorde y para garantizar que generen empleo y desarrollo en las zonas donde se llevan a cabo. El mayor pulso entre ambos es decidir si Colombia fijará topes en la inversión para evitar la concentración en pocas manos, como lo han hecho ya países de la región como Brasil, Argentina o Estados Unidos.

Inversionistas identificables

Hasta el momento no existe un registro que muestre quiénes son los propietarios extranjeros de tierra en Colombia ni en qué consisten sus proyectos agrícolas. El proyecto de Lozano, Andrade y Robledo busca fijar las condiciones y criterios para autorizar la compra de tierras con capital foráneo. “El registro es para controlar, no para apuntar. En estos momentos puede llegar un míster y comprar una enorme extensión de tierra en el Valle, sin que ninguno de nosotros se entere. Debe existir un registro y debe existir también la posibilidad de que un inversionista llegue a comprar tierra y se rechace su propuesta”, dijo a La Silla el senador Jorge Robledo.

El proyecto de ley del gobierno propone por primera vez la creación de un Registro nacional de inversión extranjera en el sector agropecuario, que quedaría a cargo del Ministerio de Agricultura. Su objetivo es, en palabras de Juan Camilo Restrepo, “regularla, establecer un registro riguroso de toda inversión foránea que llegue para saber qué tecnología incorpora, qué empleo genera y qué modernización de la actividad agropecuaria o forestal favorece”.

Los tres senadores proponen cuatro requisitos para autorizar la compra de tierras por inversionistas foráneos. Primero, que el capital provenga de una persona natural conocida y no de un paraíso fiscal. Segundo, que proponga un proyecto productivo como manera de garantizar que no se busca la especulación con lotes de engorde. Tercero, que presente un estudio donde demuestre cómo se beneficiará la zona con el proyecto agropecuario. Y por último, que se publique la intención de compra y exista algún proceso de socialización con los habitantes de la zona que les permita conocer los detalles del proyecto.

Para algunos conocedores del tema, habría que aún fortalecer el alcance de ese registro. “Es fundamental monitorear no sólo la compra, sino también el uso que se le da a la tierra. Sería muy importante seguir las inversiones en toda su carrera productiva, desde sus insumos hasta el pago de impuestos, por lo que debería ser una institución gestionada en conjunto con los Ministerios de Hacienda y Comercio Exterior”, señala Yamile Salinas, quien elaboró el capítulo sobre Colombia del informe sobre concentración y extranjerización de tierras en América Latina publicado por la FAO el año pasado.

Topes para la inversión en el campo

Ya puestos de acuerdo en el tema del registro, los topes en la inversión extranjera en el sector agropecuario se han convertido en el principal punto de conflicto entre el gobierno y los tres senadores.

“El gobierno dice que no debe haber límites. Nosotros creemos que aquí debe haber leyes para impedir el acaparamiento de tierras, como las que existen en Argentina, Brasil, Estados Unidos o Canadá”, dice Robledo. Para proponerlo han estudiado los modelos de estos países: mientras Brasil prohibe que la propiedad extranjera supere el 25% de las tierras por municipio, Argentina fijó un tope del 15% del territorio nacional y un techo del 30% sobre ese total para inversionistas de un mismo país. En Estados Unidos y Canadá el tope -fijado en hectáreas- varía según el estado o la provincia.

Los proyectos iniciales de Andrade y Robledo planteaban un tope de dos Unidades Agrícolas Familiares (UAF) –una variable que determina el tamaño de un predio que necesita una familia campesina para vivir dignamente- por inversionista por municipio, mientras que el de Lozano proponía un límite del 15 % de las tierras de cada localidad en manos extranjeras. Al final, el proyecto conjunto plantea un tope porcentual que está aún por definir en la Comisión Quinta, que probablemente quedará entre el 10 y el 15% del total por localidad.

En cambio, el proyecto de ley del gobierno no fija ningún tope a la llegada de capital extranjero al agro, una iniciativa que Juan Camilo Restrepo considera podría ir en contra de los acuerdos internacionales de protección a la inversión extranjera firmados por Colombia.

Para el gobierno, la gestión de la inversión es más un asunto de control que de topes. “En municipios como Cumaribo (Vichada) el 15% de la tierra son 650.000 hectáreas, pero en otros departamentos como Quindío es una porción mínima de tierra que no permitiría el desarrollo de proyectos. De la misma manera, una UAF no es lo mismo en el Amazonas que en Cundinamarca. Hay que regular y vigilar a dónde va la inversión, para garantizar que el proyecto cumple sus objetivos”, dice Gonzalo Araújo del Ministerio de Agricultura. Entre los afectados por los topes estaría el proyecto forestal de Reforestadora del Sinú en Córdoba, cuya meta era sembrar 40.000 hectáreas de maderables.

Los gremios agropecuarios coinciden con esta posición. “Si vamos a discriminar al sector agroindustrial con estos topes, ¿por qué no hemos hecho lo mismo con la minería, la energía, los hidrocarburos o la banca? A partir de minifundios no podremos llevar a cabo un desarrollo integral del campo colombiano. Lo importante es establecer los mecanismos que permitan regular con rigor el quién, dónde y cómo de la inversión”, dice Rafael Mejía López, presidente de la Sociedad de Agricultores Colombianos (SAC).

Para Mejía, lo que está en juego es la competitividad del país. “Colombia tiene que formular una política agraria seria si quiere convertirse en un proveedor mundial de alimentos, en momentos en que Estados Unidos o la Unión Europea se han quedado sin terrenos cultivables y en que estamos explorando TLCs con países importadores netos de alimentos como China o Japón”, añade.

Con su cambio de posición Juan Camilo Restrepo y el gobierno de Santos parecen estar dispuestos a llegar a un consenso con el Senado sobre los criterios que regularán la inversión extranjera en el campo colombiano. Queda por ver si también están realmente abiertos a debatir unos topes máximos como manera de asegurar que esas tierras no sólo son bien administradas, sino que no quedan concentradas en pocas manos.

Compartir
0