En apuestas y ejecución, resultados de primera mitad de Duque son pálidos

Congreso: una agenda intrascendente y la promesa incumplida de no dar mermelada

En un país que, en parte, recuerda a sus presidentes por las reformas y las leyes que impulsaron, los logros en el Congreso de Iván Duque estos 24 meses son pocos y sin trascendencia.

Contrario a lo que había sucedido en el Congreso durante los dos últimos gobiernos cuando funcionaron como extensiones del Ejecutivo, el de Duque se ha caracterizado por tener una relación distante y fría con el Legislativo por el estatuto de oposición, su decisión de no dar mermelada y por la ausencia de una agenda atractiva.

A Duque le tocó estrenar el Estatuto de la Oposición, según el cual los partidos tienen la posibilidad de declararse de gobierno, oposición o manifestar su independencia. Esto generó una coalición frágil, pues solo el Centro Democrático y el conservatismo acogieron las banderas del Gobierno y no se consolidó una mayoría.

Partidos que acompañaron a Duque en la segunda vuelta y se esperaba que formaran parte de la coalición, como La U, el Liberal y Cambio Radical, optaron por la independencia e incluso se convirtieron en un bloque mayoritario. Ahí se le enredaron las cuentas al mandatario en el Congreso. 

En la oposición no hubo mayores sorpresas, el Polo, la Alianza Verde, la Unión Patriótica y Decentes asumieron ese rol.  

Esto ha llevado a que el Gobierno, tras dos años de mandato, tenga pocas leyes aprobadas y solo una reforma tributaria que mostrar.

De hecho, como contamos en La Silla Vacía , ha presentado muchos menos proyectos le ley que sus antecesores (poco más de 30 en las dos legislaturas pasadas y esta que recién empieza: casi los mismos que, de su autoría, logró aprobar Juan Manuel Santos solo en su primer año) y poco más de la mitad de esos han sido aprobados. En cuanto a las reformas política y a la justicia, se hundieron por falta de mayorías.

Esto le pasó factura, en primera medida, a la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, duramente cuestionada por el Centro Democrático y el liberalismo. Luego, el turno fue para la de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez que tuvo que dar un paso al costado al no lograr consolidar una bancada sólida ni sintonía del Gobierno con el Congreso.

El mismo destino sufrieron las objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un punto clave para su electorado que lo eligió con la promesa de hacerle cambios al Acuerdo de La Habana.

Esta relación tensa empezó ablandarse a comienzos de año cuando Duque les entregó ministerios a Cambio Radical, La U y los conservadores (que reclamaron equidad) con el objetivo de agrandar su coalición y mejorar su situación en un Congreso que le hundió sus reformas y casi le tumba al entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero.

Sin embargo, esto, que aún no significa que tenga aplastantes mayorías, le costó lo que había sido su principal bandera: la política antimermelada y la abstención a hacer acuerdos con los políticos.

La intrascendencia

Duque llegó al Palacio de Nariño con la promesa de hacer grandes reformas políticas. Dos años después, sus logros importantes en el Congreso pueden contarse con los dedos de las manos.

Recién posesionado, en cabeza de la entonces ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, le apostó a la renovación política  con una reforma que pretendía, entre otras cosas, eliminar el voto preferente; un duro golpe a la maquinaria de los caciques que hay en el Congreso.

En ese momento era claro que los partidos que habían ayudado a elegir al Presidente en la segunda vuelta no eran los mismos de su coalición en el Congreso y que, sin el apoyo de al menos uno de los partidos independientes (parte de La U, Cambio Radical y los liberales), no tendría las mayorías para pasar sus proyectos.

Esto, porque se mantuvo firme en su intención de no entregar mermelada (en la forma de cupos indicativos) ni hacer acuerdos políticos.

Así, se hundieron las reformas a la justicia y la política, y Duque sufrió su primer gran golpe en el Congreso: la derrota de sus objeciones a la JEP.

Sin embargo, en esa primera legislatura el Presidente logró sacar adelante proyectos como la polémica ley TIC, el presupuesto del 2019, la reforma tributaria y el Plan de Desarrollo. Lo hizo con una estrategia que, como contamos, consistía en negociar artículos de los proyectos con los propios congresistas y no con los jefes de los partidos.

Por ejemplo, el Plan de desarrollo se salvó por los votos que al final le dieron los congresistas de los Char, que en estos dos años han sido cercanos al Gobierno y ahora tienen viceministro (Luis Alexánder Moscosa en el Ministerio de Salud) y ministra amiga (Karen Abudinen en TIC). Además, la presidencia del Senado ya tiene su apellido: Arturo Char.

Ante este escenario, el Gobierno comenzó la segunda legislatura con una agenda de tan solo ocho proyectos de ley, ninguno de carácter reformista. 

“La agenda legislativa de ese año refleja la política del Gobierno. Sabíamos que no nos iban a pasar nada y presentamos muy poco. Tú no puedes pasar reformas estructurales si no tienes control del Congreso”, nos dijo una persona que trabajaba en el Gobierno en ese momento.

Esta segunda legislatura que acabó el pasado 20 de junio tuvo, como contamos, dos tiempos.

La primera mitad, que va hasta marzo de este año, se caracterizó por un Congreso empoderado, por lo que había pasado con las objeciones a la JEP y la falta de mayorías del Gobierno, que se dedicó a hacer un fuerte control político.

Fue así como, tras el escándalo del bombardeo a un campamento de disidencias de las Farc en el que había menores de edad, el Congreso casi tumba al entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, que renunció antes de la moción de censura.

Aun así, con un  congreso en contra y con las calles estallando por el Paro Nacional, el Gobierno logró sacar en diciembre, con la misma estrategia de discutir artículos específicos con congresistas, su segunda reforma tributaria, luego de que la Corte Constitucional tumbara la primera por vicios de trámite.

Ante este escenario adverso tanto en el Congreso como en la calle, Duque decidió romper con la que había sido su principal bandera política: no dar mermelada ni hacer acuerdos políticos.

No la repartió en forma de cupos indicativos como Santos, sino que le entregó ministerios a los conservadores, a La U y a Cambio Radical. Los conservadores quedaron con el de Agricultura, La U con el de Trabajo y Cambio con el de Salud.

La llegada del coronavirus terminó por inclinar la balanza a favor del Gobierno. El Congreso pasó de ser el eje del poder, quedó relegado a la virtualidad y Duque, vía decretos, acabó la pasada legislatura gobernando sin control.

En medio de la virtualidad, y luego de empezar a darles puestos a los partidos, Duque logró el que sería su primer gran triunfo en el Congreso: la cadena perpetua para violadores de niños, un proyecto que, no obstante, no es de su autoría, pero que prometió en campaña. 

El final de la pasada legislatura y el comienzo de esta muestran un nuevo Congreso al que había tenido el Presidente en los años pasados. Es un Legislativo que le es más a fin, aunque no cuente con aplastantes mayorías y esto se debe a que sacrificó su bandera antimermelada.

Aun así, Duque, para esta tercera legislatura que será clave para tratar de solucionar la crisis que trajo el covid, no presentó ninguna reforma estructural y su agenda legislativa consiste en iniciativas que no aspiran a cambiarle la cara al país. 

“Este año el gran logro de Duque, la política antimermelada, empezó a diluirse. Así no sea la mermelada de Santos, lo que queda en la vitrina es que esa bandera se acabó. La pregunta que queda es: se están repartiendo puestos, pero si no hay grandes reformas, ¿para qué? ¿Cuál es el punto?”, afirma el analista y bloguero de La Silla Carlos Suárez.

Más allá de la Ley TIC, las tributarias, el Plan de Desarrollo, la reforma a las regalías y la cadena perpetua para violadores de niños y los proyectos que vienen de la consulta anticorrupción (ninguno de estos dos son de su autoría), el Presidente no tiene mucho más que mostrar en materia de leyes y reformas. Y su tercer año, que será el último antes de que los congresistas se enfoquen en su reelección en el 2022, tampoco promete cambiarle la cara al país.

Son dos años de intrascendencia legislativa que ya van dejando un rastro de cómo será recordado el legado de Iván Duque.

Sobre el balance de los dos años del Gobierno en el Congreso vean el análisis de nuestro experto de La Silla Llena, el director de Congreso Visible Felipe Botero.

Diplomacia: un liderazgo fallido frente a Venezuela y poca sintonía con Trump

Desde que se posesionó como Presidente, Iván Duque centró su política exterior en tres ejes principales: las relaciones con Estados Unidos, su oposición al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, y la tarea de vender una idea sobre el Acuerdo de Paz a la comunidad internacional cercana a la visión del uribismo. 

Que lo hubiera hecho fue coherente no solo con su campaña, sino con su trayectoria en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que, como contamos, definió buena parte de sus convicciones políticas y lo convirtió en un americanista.

Dado que eso le daba cancha para entender con un mayor nivel de complejidad la filigrana de las relaciones internacionales, la expectativa estaba en que tenía chances de dejar un buen legado en esta materia.

Eso, aún cuando llegaba con una visión en varios temas macro del país muy diferentes a la de Juan Manuel Santos, quien logró avances de política exterior como la entrada de Colombia a la Ocde, la recomposición de las relaciones con los países vecinos, con la ONU, y organizaciones internacionales que vigilan la defensa de derechos humanos, después de lo tensionantes que fueron en la era de Álvaro Uribe. 

Sin embargo, eso no es lo que ha sucedido y el diagnóstico de seis analistas que consultamos para esta historia es que la política de relaciones internacionales es una de las materias en la que peor le ha ido a este Gobierno.

Por un lado, porque, con respecto a Venezuela, Iván Duque enfocó buena parte de su agenda internacional en denunciar al régimen de Nicolás Maduro y en presionar su salida con el reconocimiento de Juan Guaidó como Presidente interino, pero la estrategia fracasó.

Todas las movidas, incluidas la presión económica con sanciones de países del Grupo de Lima y Estados Unidos, el concierto Aid Live en la frontera , y el fallido paso de ayuda humanitaria, mostraron que ese Gobierno había sido subestimado.

La derrota fue reconocida hasta en la Casa Blanca, que era uno de los aliados estratégicos en la presión contra Maduro, como contó el exconsejero de Seguridad Nacional del presidente de Estados Unidos, Jhon Bolton, en su libro; y hasta internamente en el Gobierno de Duque, como quedó claro con el audio de la conversación que se filtró entre el embajador de Colombia en este país, Francisco Santos, y la entonces recién llegada Canciller, Claudia Blum .

Aunque en principio eso demandaba un cambio de estrategia, Duque se ha mantenido en que considera un éxito parcial de su Gobierno lo que ha sucedido porque Guaidó fue reconocido por 50 países, algo que dijo en febrero de este año en una reunión con periodistas extranjeros  y que ratificó hace tres semanas en el Council on Foreign Relations en Nueva York .

“Lo que ve Duque como victoria fue flor de un día, eso deja mucho qué pensar”, resumió a La Silla la analista internacional, Sandra Borda.

“Duque se ha empecinado en mantener esa estrategia pese a su fracaso, con el agravante de que en estos momentos no es claro si avaló la opción militar, con su silencio frente a la operación Gedeón”, dijo a La Silla Arlene Tickner, directora de Investigación y profesora titular de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.

Eso último es importante porque parte del fracaso del cerco diplomático, estrategia en la que se enmarcó la presión a Maduro, estuvo en que cuando se planteó la opción militar el Grupo de Lima perdió tracción, y el hecho de que en territorio colombiano se hubiera planeado Gedeón puso en un nivel de tensión aún más alto las relaciones con Venezuela, cuando hasta Estados Unidos empezó a explorar la manera de dialogar con el régimen.

“Eso muestra lo perdido que está Duque en materia de relaciones internacionales”, aseguró a La Silla la internacionalista Laura Gil.

En materia de migración, está el punto que le reconocen a Duque las seis fuentes con las que hablamos para esta historia. 

Por ejemplo, logró poner en la agenda de los demás países el tema y que se destinen 154 millones de dólares para atender a esa población, que según cifras de Migración Colombia, asciende a los 1,7 millones de personas, entre regulares e irregulares.

Sin embargo, dado que construir la política migratoria es necesario y de hecho se espera que este semestre llegue al Congreso un proyecto para la ley al respecto, Duque no lo priorizó y ni siquiera lo tuvo en cuenta en su discurso de la instalación del Congreso el 20 de julio.

El segundo punto clave de Duque en materia de relaciones internacionales ha sido Estados Unidos, país que históricamente ha sido aliado estratégico de Colombia. 

Como contamos, una vez se posesionó parte de la expectativa estaba en que, por ser un político tan cercano a la mecánica americana, podría abrir aún más que Santos el abanico de temas que tienen en común los dos países.  

Pero lo que ha pasado es que la discusión se ha cerrado principalmente a solo dos temas: drogas (en la que Trump le mete demasiada presión) y seguridad.

Si bien eso tiene que ver con que los intereses del presidente Donald Trump van enfocados principalmente en esos sentidos, en la era Santos, que alcanzó a cruzarse un año y medio con la de ese mandatario, la agenda fue más abierta porque incluyó temas económicos y de paz.

A eso se suma que el país se ha congraciado tando con el Gobierno Trump y los republicanos, que ha generado distanciamiento con los demócratas, quienes en la Cámara le han hecho cuestionamientos a la presidencia de Duque en materia de defensa de los derechos humanos y la implementación del Acuerdo de La Habana.

“Si los demócratas llegan a ganar las elecciones presidenciales de noviembre, le va a costar a Colombia en las relaciones con Estados Unidos. Lo que debería hacer un Presidente es tratar de preservar el equilibrio con ambos partidos”, explicó Ticker.

Todo cuando ni siquiera son claros los dividendos que recibe el país porque Estados Unidos lo volvió a poner en la lista de destinos peligrosos y amenazó con descertificarlo en la lucha contra las drogas.

El tercer punto clave está anclado a vender una nueva visión del Acuerdo de La Habana, especialmente relacionado con el tema de la justicia.

Dos fuentes que conocieron cómo fue la aplicación de esa política le relataron a La Silla por aparte, bajo la condición de no ser citadas, que la insistencia del excanciller y hoy ministro de Defensa, Carlos Holmes, en criticar el Acuerdo era tanta que hubo diplomáticos que dijeron que dejarían de asistir a las reuniones que citaba.

En la práctica esa bandera fue un desacierto, porque aún con los reparos que existen sobre el Acuerdo, la firma se convirtió internacionalmente en la cara de una Colombia que estaba dejando atrás la confrontación armada de más de 50 años y eso daba una nueva carta de presentación al país. 

“Fue un desacierto porque se había generado un goodwill en torno al nombre de Colombia”, dijo a La Silla la analista Gil. 

En ese contexto, además, juegan en contra Duque las tensiones que ha generado con instancias de la ONU por vigilar las condiciones de la defensa de derechos humanos.

Duque también ha presentado como sus logros en materia diplomática la creación de Prosur, como la nueva alternativa a Unasur luego de su salida por negarse a cuestionar a Venezuela, pero ese organismo no ha hecho pronunciamientos, ni tiene mayor trascendencia.

Además, aunque presenta como logro que el 29 por ciento de las embajadas estén ocupadas por funcionarios de carrera, como contamos, desde su llegada, continuó con la práctica de usar los cargos y las delegaciones diplomáticas como mermelada. 

El más reciente caso fue el de Everth Bustamente, exsenador uribista que fue postulado para ocupar un cargo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que tal y como lo detallaron en esta entrada de la Red Camilo Sánchez y Jessica Corredor, fue descartado porque no cumplía los requisitos de “independecia e imparcialidad”.

Cuando se cumple la mitad de su mandato, Duque ya mostró que sus tres banderas no han dado los frutos que esperaba. Si quiere cambiar el rumbo y dejar un legado, tendrá que repensar su estrategia.

Hablamos con Ronal Rodríguez, experto de La Silla Llena, sobre el tema.

Duque ha implementado el Acuerdo a medias mientras envía el mensaje de sus desacuerdos con el Acuerdo

En sus dos años de Gobierno, el presidente Iván Duque ha logrado avances moderados en cosas puntuales del Acuerdo (como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y reincorporación de exguerrilleros), y está rezagado en temas centrales como la sustitución, las reformas del agro y las reformas políticas, entre otras transformaciones clave de lo pactado en la Habana.

Luego de tres años de la firma de los Acuerdos entre el Gobierno y las Farc, la implementación está en la etapa de lograr la transformación que se buscaba en los territorios, pues (a pesar de las disidencias) la confrontación armada cesó y las instituciones y espacios creados en el Acuerdo para dar el salto a la paz ya están en funcionamiento, entre ellas la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. 

Luego de hablar con dos expertos independientes, un político defensor del Acuerdo y un integrante de Farc, encontramos estos cuatro puntos clave en los dos años de Duque frente a la implementación. 

1. Más allá de rebautizar el Acuerdo, no ha ofrecido una visión alternativa para la paz:

Desde que Duque llegó al poder, en agosto de 2018, ofreció como alternativa al Acuerdo de la Habana una política que denominó Paz con Legalidad. No solo implicó un cambio de nombre a las entidades encargadas de la implementación de lo pactado a la Habana – la consejería para el posconflicto pasó a llamarse consejería para la Estabilización y Consolidación y se eliminó la palabra posconflicto de la jerga del Gobierno-, sino que implicaba un cambio en la visión de la paz que partía de la negación del conflicto armado. 

“El Acuerdo es una apuesta por la reconciliación basada en la justicia transicional, mientras que la Paz con Legalidad está basada en la hipótesis de que el imperio de la ley es lo que genera paz”, explica el director de la organización Reconciliación Colombia, Sergio Guarin. 

Sin embargo, ante las protestas masivas del año pasado y la presión de la comunidad internacional, Duque ha terminado implementando a medias aquellos puntos del Acuerdo que no exigen nuevas reformas constitucionales ni transformaciones sustanciales del status quo ni más poder para las comunidades o la Farc. Todo esto mientras envía mensajes constantes de su desacuerdo con el Acuerdo de paz.

Esa dualidad se manifiesta, por ejemplo, en el Acto Legislativo que radicó el Gobierno el año pasado para reformar la JEP con el que buscaba excluir los delitos sexuales contra menores de edad -que se hundió-, y con las objeciones de Duque a la ley estatutaria de la JEP que tumbó el Congreso, pese a que después dio garantías para que el sistema integral de Justicia funcione. 

2. La implementación con sello propio y a medias:

Algunas de las ejecuciones por las que el Gobierno saca pecho son la puesta en marcha de los Pdet, el Catastro Multipropósito, el Plan Nacional de Sustitución de Cultivos (Pnis), reparación a víctimas y el apoyo económico a los reincorporados. 

En el caso de los Pdet, este Gobierno ha invertido anualmente solo 1,52 por ciento de lo que se debería estar ejecutando (4,67 billones), según un informe de la comisión de paz de la Cámara de Representantes y de la propia Agencia de Renovación del Territorio. Y ha habido críticas de algunas comunidades porque sienten que han sido excluidos de la etapa de implementación, un eje de participación clave del Acuerdo de Paz, y que las obras que la Consejería de la Estabilización está ejecutando no son las de mayor impacto para sus regiones, como contamos que pasa en el norte del Cauca.

En el Pnis, si bien el Gobierno dice que encontró el plan desfinanciado y con problemas de formulación y por eso está retrasado, dice que está cumpliendo con las 99 mil familias que firmaron los acuerdos de sustituir sus cultivos de coca por cosechas legales. Sin embargo, las comunidades sienten que está estancado, lo que ha acrecentado la desconfianza hacia el Gobierno, como pasa en Antioquia.

Además, el Gobierno ha dejado claro que su principal política para combatir los cultivos ilícitos no es la sustitución, sino la erradicación forzada y avanzar en la agenda para volver a la fumigación con glifosato. Incluso quiere lanzar un nuevo proyecto para sustituir que es diferente al Pnis y que dependerá no tanto del gobierno sino de las gobernaciones y alcaldías y de alianzas con el sector privado. 

Frente a la atención a los reincorporados si bien el Gobierno ha cumplido en el tema de pagos, hay retrasos en la implementación de proyectos productivos y críticas frente al tema de seguridad de los excombatientes. Según cifras de la Onu, 2019 fue el an?o ma?s mortal para los excombatientes con 77 asesinatos. 

3. El fracaso en seguridad:

En estos dos años quedó demostrado que la seguridad no llegó a algunas zonas históricamente afectadas por el conflicto como Cauca, Nariño, Bajo Cauca Antioqueño y Catatumbo por el rearme de las disidencias, la reaparición de otros grupos armados y el fin de los diálogos con el ELN.

Esto demuestra que la política de seguridad del Gobierno no ha dado resultados, lo que representa un incumplimiento del Acuerdo y una traba para la implementación de diferentes frentes, según las fuentes consultadas. Pero sobre todo, el mayor fracaso para el partido del gobierno cuya bandera central ha sido la seguridad desde que fue creado alrededor de Álvaro Uribe.

En esta primera mitad del Gobierno Duque varios indicadores de violencia han crecido frente a los dos últimos años del Gobierno de Juan Manuel Santos, según datos de la FIP. 

Además, la seguridad es otro frente en el que se evidencia el cambio de enfoque del Gobierno, según explica Guarín. Duque ha lanzado nuevos planes para lograr la seguridad territorial llamados Zonas Futuro, cuyo centro de intervenciones ha recaído en el control militar y no tanto en la transformación territorial y en la desarticulación de esas estructuras o eventuales diálogos de paz. 

4. Ha crecido la brecha entre el Gobierno, defensores del Acuerdo y población civil:

Estos dos años ha habido constantes roces entre los tres sectores, porque Duque no ha avanzado en fortalecer la participación ciudadana -que quedó acordada en el punto 2 del Acuerdo- en planeación y decisiones públicas. 

Esto pasa por la creación de las curules para las víctimas que no se ha hecho (en las que también tiene responsabilidad el Congreso), la poca participación de la sociedad civil en espacios como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. 

Esta separación se refuerza con los ataques constantes de integrantes del Gobierno a la JEP como el que hizo el jefe de comunicaciones de Duque, Hassan Nassar, esta semana, o  incluso la alusión de Duque y del uribismo a que los excombatientes de las Farc tienen impunidad asegurada en ese tribunal. 

Así, aunque los dos años de Duque frente a la implementación no han sido para hacer trizas los acuerdos, como muchos temían, tampoco han sido aprovechados para evitar que se cierre la ventana de oportunidad para el país que representó la desmovilización del grupo guerrillero más letal de los últimos 40 años.

Más crecimiento que no se reflejó en más empleo 

Más allá del sueño naranja del presidente Iván Duque y de eslóganes como el de convertir al turismo en el nuevo petróleo, la gran promesa económica de este Gobierno se puede resumir en una frase: menos impuestos para crecer más y generar más empleos. 

El cumplimiento de esa promesa venía a media marcha, incluso antes de la pandemia, que se atravesó en los planes, prácticamente, de todos los habitantes del planeta, incluidos – cómo no – los del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y el presidente Iván Duque. 

Una agenda enredada en el Congreso

En medio de una relación complicada con el Congreso, el Gobierno logró sacar una parte de su agenda económica en el legislativo, aunque haciendo renuncias y con muchos tropiezos. 

La punta de lanza fue la reforma tributaria que quedó con buena parte de los beneficios tributarios planteados por el Gobierno para las empresas en general (como la reducción del impuesto de renta) y para sectores en particular. La reforma se aprobó pero quedó coja porque la mayor fuente para aumentar los ingresos del Gobierno era subirle el IVA a algunos productos, una propuesta que se cayó ante la oposición en el Congreso, incluida la del partido de Gobierno. 

Además, el Gobierno tuvo que tramitarla otra vez, después de que la Corte Constitucional declarara la primera ley inconstitucional. 

La reforma le valió que los empresarios, el principal grupo de apoyo del Presidente,  reiteraran su respaldo. “Es un presidente que tiene el balance de las empresas en la cabeza”, nos dijo uno de ellos.

Pero la experiencia del trámite de la reforma, desde muy temprano les dejó una alerta también al empresariado sobre las dificultades que tendría el Ejecutivo para sacar adelante su agenda, e incluso para frenar proyectos populistas que empezaron a hacer curso en el Congreso, como la promoción de una prima extra para los trabajadores que ganan un salario mínimo o acortar la jornada laboral, ambas presentadas por el padre político de Duque, Álvaro Uribe Vélez.

Un balance mixto

Los seis analistas que consultamos para esta historia coinciden en que sin duda esa tributaria ayudó, por ejemplo, a mejorar la inversión, y se reflejó un mejor crecimiento económico.

En 2019, el  Producto Interno Bruto del país, que es el indicador que mide el tamaño de la economía, cerró en 3,3 por ciento – una cifra por encima de 3 no se veía desde 2015 -, y antes de la pandemia los indicadores preliminares del Dane mostraban que esos niveles de crecimiento se mantenían, ayudados también por un aumento de las remesas, que en 2019 marcaron un récord con 8.248 millones de dólares que ingresaron al país por esa vía.

En lo que no coinciden los analistas es en la sostenibilidad de esa tributaria – ley de crecimiento, como le llamó el Gobierno- para las finanzas país. No terminaba de aprobarse la ley en el Congreso y ya centros de pensamiento como Anif (financiado por empresas del magnate Luis Carlos Sarmiento) apuntaban que era necesaria una nueva reforma, porque el gobierno tenía que sacar lo que costaba dar tantas exenciones tributarias a las empresas de algún lado. Al punto que el fallecido economista Guillermo Perry la alcanzó a bautizar como la “ley de desfinanciamiento”.

Con todo y los ‘peros’, la promesa de reducir impuestos a las empresas y de crecer más, se venía cumpliendo, pero la del empleo no. Los indicadores del mercado laboral venían deteriorándose desde antes del Gobierno Duque, desde 2017, pero fue en su administración cuando la tasa de desempleo se ancló por encima del 10 por ciento, y con la pandemia ha llegado a proporciones que no se habían visto en este siglo y superó el 19 por ciento. 

Ante un problema tan grave, no hubo una respuesta clara por parte del Gobierno. Una de las apuestas para recuperar el empleo fueron los “pactos por el crecimiento y el empleo”, liderados por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que consistían en reunirse con gremios y empresas de distintos sectores, para ayudarles a solucionar los obstáculos que les evitaban crear puestos de trabajo. Pero, sin unas metas concretas y apuestas diversas en más de 22 sectores económicos, los resultados de esta estrategia no se vieron.

Mientras tanto, la cacareada reforma laboral, que para la exministra de Trabajo Alicia Arango era prioridad para reducir el desempleo y aumentar la formalidad, no está siquiera en la agenda del ministro actual, Ángel Custodio Cabrera.

La laboral es una de las reformas estructurales pendientes que deja el Gobierno en lo económico. Junto con la pensional, a la que el Gobierno bautizó como ley de protección a la vejez, (en su tradición de usar eufemismos para bautizar sus proyectos) que los ministerios de Trabajo y de Hacienda vienen armando desde finales de 2018, y que cada vez pinta más difícil de pasar. 

No va a ir en esta legislatura y conseguir que el Congreso apoye una reforma pensional a un año de elecciones es difícil e impopular, en medio de una crisis económica pospandemia y con un paro dormido que puede reactivarse una vez pasen los periodos de confinamiento.

El legado pendiente

Pero los resultados de estos dos años, la lentitud de la implementación de apuestas como la economía naranja o la transformación digital, no pesarán tanto en el legado económico de Duque como su manejo de la emergencia y de la reactivación económica. 

Y es que en cuatro meses de pandemia los confinamientos borraron de un plumazo no solo 4 millones de puestos de trabajo, sino el crecimiento del PIB que era la cifra de mostrar del Gobierno. Este año tendrá una caída que analistas calculan entre 5,5 por ciento y 8,2 por ciento. 

En la reactivación, la apuesta es seguir impulsando algunos sectores a los que le ha ido bien gracias a que le metió el acelerador a iniciativas que venían de gobiernos anteriores como la apuesta por las energías renovables y la infraestructura, y otros en los que ha redoblado sus esfuerzos como el sector petrolero.

El foco de la reactivación, como lo dijo el ministro Alberto Carrasquilla, en esta entrevista estará en el crecimiento, con la esperanza de que este sea suficiente para recuperar parte de los empleos perdidos y evitar que el aumento de la pobreza sea la cifra para recordar de este cuatrienio.

Sobre el balance de los dos años del Gobierno en materia económica escuchen el análisis de nuestro experto de La Silla Llena, el profesor Marc Hofsteter.

Deforestación en la agenda, con una reducción, pero sin dar con los que la promueven

“Voy a ser el Presidente que no sólo derrote la deforestación, sino que promueva los valores para reforestar en todo el territorio nacional y que cada ciudadano sea el padrino de un árbol para proteger nuestra reserva ambiental”.

La promesa que le hizo Iván Duque en junio de 2018 a los habitantes Putumayo, uno de los departamentos con más deforestación, dos años después avanza lentamente. 

La conclusión de cuatro analistas consultados por La Silla es que si bien hay un discurso y un interés casi personal de Duque por evitar que se sigan tumbando los bosques y que el país, con apoyo internacional, reforeste lo que se ha perdido, aún falta mucho por aterrizar y es difícil saber si lo que queda de tiempo le alcance para lograrlo. 

El balance

Lo primero que hizo Duque con la deforestación fue llevarla a un escenario de discusión más allá del ambiental. 

La incluyó como una de las 20 metas claves de su plan de desarrollo ‘Un pacto por Colombia, un pacto por la legalidad’. Planteó no reducirla en su totalidad como lo dijo en Putumayo, pero sí en un 30 por ciento en comparación al escenario que la recibió, que en 2017 fue de 219 mil hectáreas. 

“Se evitará la deforestación de un área equivalente al municipio de Yopal”, dice la meta. Es decir, unas 270 mil hectáreas hasta el 2022. 

Para cumplir esa promesa, entonces, la estableció como uno de los objetivos estratégicos de su política de seguridad nacional para los cuatros años. Con eso, vinculó a la Fuerza Pública en la tarea y montó la estrategia Artemisa el año pasado.

En agosto del año pasado instaló el Consejo Nacional de la Lucha contra la Deforestación en el que tienen asiento los ministerios de Ambiente, Defensa, Justicia y Minas; la Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación, el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional.

“Podemos decir que sacó el tema del closet en el que estuvo por años, lo elevó a un asunto de interés nacional y eso, de entrada, es bueno”, dice Rodrigo Botero quien dirigió la oficina territorial de Parques Nacionales durante diez años y le hace seguimiento diario a la deforestación. 

Los informes de monitoreo del Ideam mencionan que en 2018 (en la transición entre Santos y Duque) la curva de deforestación se redujo en un 10 por ciento en comparación con la del 2017; y que en 2019 bajó un 19 por ciento en relación con la del 2018. El Ministerio de Medio Ambiente lo celebró como resultado de su política y la cooperación internacional. 

Pero Duque está lejos de derrotar a la deforestación porque no la está atacando desde sus causas. 

“Sí, bajó la curva en dos años, pero el acumulado está ahí. Son 500 mil hectáreas desde 2017 que se han tumbado y apropiado por cuenta de grandes terratenientes, en su mayoría. Por estos hechos no hay capturas importantes, y eso habla de cuál es el enfoque que ha tenido este Gobierno”, añade Botero.

Duque no ha promovido ni acompañado hasta ahora ningún proyecto de ley que modifique el Código Penal y eleve los delitos ambientales, para que las autoridades cuenten con más dientes para operar. 

Un proyecto de ley en ese sentido, del liberal Juan Carlos Losada, apenas empezó a ser estudiado en el Congreso hace unos días.  

“Capturan a un señor que es campesino y que tala para encontrar su sustento, o al que le pagan por quemar un lote, pero no están apuntando a los determinadores, a los motores de esa deforestación que son personas poderosas, con mucha plata”, completa Botero. 

Los operativos adelantados el año pasado en la zona de La Macarena dan cuenta de eso. 

A Duque también le ha costado garantizar que el freno de la deforestación se de en todo el territorio nacional. Zonas como El Catatumbo en Norte de Santander, por el crecimiento de cultivos ilícitos (que muestran los retrasos del plan nacional de sustitución), o Chocó, por la extensión de la frontera agrícola, se convirtieron el año pasado en focos de este fenómeno. 

Ese vacío institucional también se ve en otras regiones que históricamente fueron controladas por las Farc. Como contamos, esa guerrilla fue por décadas una autoridad ambiental, y su salida generó un impacto ambiental que no controló el Gobierno pero sí están asumiendo las disidencias.

Su Gobierno tampoco ha podido consolidar la información de cuántas hectáreas deforestadas ha recuperado en estos dos años, no solo con presencia del Ejército sino con el control de las autoridades ambientales. 

La estrategia Artemisa, que debe ser la base de esa recuperación, empezó a funcionar hace un año, pero con tres problemas: falta de presupuesto, choque con las comunidades, y la debilidad institucional para dar con los grandes deforestadores.   

Tampoco tiene metas definidas, como lo confirma el Plan Estratégico de Defensa y Seguridad del Ministerio de Defensa. Los indicadores que miden el avance de Artemisa hasta el 2022 aparecen como ‘seguimiento y monitoreo’. 

Los resultados en campo tampoco son claros. 

Duque dijo en su balance del 20 de julio que Artemisa liberó de la deforestación a 6 mil hectáreas de parques naturales. Aún así, la deforestación en parques naturales en 2019 estuvo por encima de las 11 mil hectáreas. 

Un informe de esta semana de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), advierte que los sectores de Angoleta y Manaviri y el sur de las sabanas del Yarí, al interior del Parque Nacional Serranía de Chiribiquete, donde intervino Artemisa, siguen presentando deforestación. 

“Con Artemisa, las Fuerzas Militares están actuando con un enfoque de comando y control, que no es suficiente”, dice Isabel Cavelier, abogada en asuntos ambientales y codirectora de la consultora ambiental Transforma. 

Para ella el balance de estos dos años aún está en el universo de las promesas. 

“Sacan a la gente, a los campesinos de los parques naturales, por ejemplo, para evitar que talen, pero no les dan herramientas para dedicarse a otras actividades que les generen ingresos. Son factores socioeconómicos que no se tienen en cuenta”, complementa. 

Cavelier y Botero coinciden en que el objetivo a largo no debe ser, como quedó en el plan de desarrollo de Duque, bajar la deforestación unos puntos, sino tratar de reducirla a cero.

“Claro, eso implica una complejidad, no podemos restar la dificultad de un proceso histórico y asociado a múltiples factores. Pero eso, no puede limitar los objetivos a indicadores tímidos”, comenta Cavelier. 

“No fueron dos años perdidos, pero el costo del aprendizaje fue de más 200 mil hectáreas”, resume Botero.