En Cali, la delincuencia hace su agosto en medio del estallido social

En Cali, la delincuencia hace su agosto en medio del estallido social
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En los 54 días que lleva la protesta en Cali, a la capital del Valle han llegado el presidente, el ministro de Defensa, el general del Ejército, unos 3 mil policías para completar un total de 10 mil uniformados en la ciudad, más de 7 mil integrantes de la Fuerzas Militares y un nuevo comandante de la Policía. Aún así, la delincuencia y las bandas criminales están haciendo su agosto.

Por los bloqueos que aún subsisten en la ciudad y los atentados a 18 de los 41 CAIs que tiene Cali —la mayoría de ellos quemados por manifestantes— los policías tuvieron que salir de varios barrios a donde no han podido volver.

“¿Cómo garantizas el servicio de la Policía si a donde llegas te reciben con balas?”, dice el experto en seguridad Alberto Sánchez.

Esto se ha traducido en que los homicidios están disparados. Entre el 1 de mayo y el 19 de junio, la ciudad ha tenido un total de 266 homicidios, 115 más que el año anterior en el mismo periodo. Al paso que va, terminaría con una tasa de homicidios de 55,3 por cada 100 mil habitantes, la más alta desde 2017 (56,3).

Y en que hay zonas enteras de la ciudad a la merced de bandas criminales. Incluso en sitios que se han vuelto icónicos durante el paro como el de Puerto Rellena —ahora bautizado como Puerto Resistencia— hay denuncias de que bandas criminales se han asentado y están abriendo nuevos mercados a partir de la protesta.

La violencia desbordada

La comuna 20, en la ladera de Cali, históricamente ha sido uno de los sectores más pobres de la ciudad, donde uno de cada cinco niños vive en pobreza extrema, y a donde llegan gran parte de los migrantes del Pacífico. 

Allí, luego de que las estaciones de policía El Cortijo y La Sultana fueran atacadas y quemadas durante las protestas a principios de mayo y el bloqueo se centró en la llamada “Glorieta de Siloé”, la Policía tuvo que abandonar esta zona. El vacío lo aprovecharon las bandas ilegales para disputarse el territorio de forma más abierta.

A raíz del asesinato de alias ‘Nacho’, un expolicía que como contó Vorágine en esta historia al parecer era abogado de la banda “Los Briñez”, se desató una guerra entre ellos y otra banda criminal en el barrio Lleras Camargo. Según una fuente que conoce el sector, el enfrentamiento duró tres días y durante varias horas, sin que ninguna autoridad apareciera en la zona. 

También dijo a La Silla que “Los Briñez” sacaron del sector a integrantes de la otra banda, entraron a las casas ya deshabitadas y les quemaron los objetos en la calle. 

Parte de esto coincide con lo que contó el medio caleño Radio Reloj.

Después de eso, en el barrio Lleras Camargo cunde el miedo. Los habitantes del sector dicen que hay lugares en los que integrantes de “Primera línea” los requisan, y otros por los que prefieren no pasar porque en cualquier momento se desata una balacera. 

Esa incertidumbre pasa en toda la comuna en la que, según un líder que nos habló a condición de no ser citado, hay al menos unas 32 bandas criminales identificadas que se dedican no sólo a expendio de drogas, sino al sicariato. 

“Estamos a merced del más fuerte”, nos dijo. Contó que desde hace mes y medio no ven a la Policía, pero sí a personas armadas y encapuchadas como los que aparecen en este un video que circuló hace diez días por redes sociales.

Según otra fuente que conoce el sector, eso ocurrió en el barrio Brisas de Mayo; dijo a La Silla que fueron alrededor de 12 hombres que llegaron hasta un lugar de expendio de drogas y “prácticamente les dijeron ‘se van o se van’”. 

“No sabemos si son policías de civiles, si se trata de la llamada ‘limpieza social’, no sabemos nada”, agregó 

Ese recrudecimiento de la violencia se refleja en las cifras: en 2019, la comuna 20 fue la que presentó la mayor reducción en homicidios (19 asesinatos menos) al final del año, según la Alcaldía. A corte del 19 de junio, llevaba 23 homicidios más frente al 2020. Un aumento del 143 por ciento en el número de asesinatos frente al mismo periodo. 

Los homicidios que van hasta el 19 de este mes (39) en la comuna 20 equivalen a casi el 70 por ciento del total de asesinatos que hubo en esta durante todo el 2019, cuando aún no había cuarentena.

Otros casos

El mismo vacío de autoridad a raíz de los ataques a la Policía se ha sentido en el oriente y el distrito de Aguablanca, conformado por las comunas de la 11 a la 16 y la 21.

Una persona que conoce la comuna 21 nos dijo que, en el mismo sector de los cañaduzales en los que ocurrió la masacre de los cinco niños del barrio Llano Verde el año pasado, han visto hombres armados con pistolas y fusiles.

Esa comuna conecta con el corregimiento de Navarro, que como bordea con el Río Cauca es un corredor clave para transportar mercancía y armas de forma ilegal.

“Son entre 8 y 12 hombres que salen en la noche tipo 11 o a la madrugada, como a las 2 o 3 de la mañana, no se tardan mucho, es como para vigilar, para ver que esté despejado todo”, nos dijo la fuente, asegurando que hasta el momento ninguno se ha identificado como parte de alguna organización delincuencial. 

Este líder también dice que desde que empezó el paro pasaron de tener 17 patrullas motorizadas de la Policía a “dos patrullas cuando estamos de buenas”, mientras que la comuna cuenta con al menos 10 bandas criminales. Dice que algunas noches han pasado motos disparando, pero La Silla no pudo corroborar este dato con otra fuente.

Desde la Policía nos dijeron que el CAI de Villa del Sur que fue quemado y ahora hace parte del bloqueo de Puerto Rellena, es el que cubre la comuna 11 y limita con la 16. Esta última cuenta con un solo CAI en el barrio Ciudad 2000 que no fue vandalizado y con la estación de Policía de Mariano Ramos, pero la situación también es dura.

Dos líderes sociales que conocen ese sector y en especial la zona llamada Puerto Rellena —que a partir del bloqueo se conoce como Puerto Resistencia— nos dijeron que ahí se había asentado una oficina de sicariato y de expendio de drogas. 

Según el testimonio de una de las personas, la oficina está en el barrio Mariano Ramos, que limita con este bloqueo. 

“Desde el 1 de mayo ellos (la oficina) tomaron el espacio para hacer una celebración entre ellos y a partir de ese momento, se dan cuenta que era mucho para su mercado de drogas. Así que decidieron quedarse”, dice. Según él, encontraron en algunos jóvenes de la “Primera línea” un nuevo mercado.

Uno de los jóvenes de la “Primera línea” le dijo a La Silla que el expendio de drogas en este bloqueo era un rumor, aunque no negó que algunos de los jóvenes tienen problemas de consumo. “Ellos mismos traen sus cosas, pero internamente nadie trae a vender nada ni tampoco hay tráfico de estupefacientes”, nos comentó.

Esa oficina sería sólo una de las 15 oficinas de expendio de drogas que conocen en la comuna 16. 

En lo que va de este año y hasta el 19 de este mes, la comuna llevaba 12 homicidios más frente al 2020, es decir, un aumento del 85 por ciento de los asesinatos; los robos también están disparados según nos contó un líder de la zona. 

La Silla intentó comunicarse con el secretario de Seguridad, Carlos Javier Soler, y el comandante de la Policía de Cali, Juan Carlos León, para conocer la versión oficial sobre estos casos y qué están haciendo las autoridades al respecto. Hasta el momento de publicar esta historia no fue posible la entrevista con ninguno por motivos de agenda de los funcionarios.

La cuesta arriba de la Policía

“Lo que viene es que la Policía va a tener que lidiar con una ciudad dividida. Por un lado está una comunidad que dice que la Fuerza Pública abusa y por otro están los que creen que no actúa con la fuerza necesaria y van a pedir una mayor contundencia”, asegura el experto en seguridad Sánchez.

Pablo Uribe, exsubsecretario de la política de seguridad de la administración anterior, asegura que con la situación que vive la ciudad, prestar el servicio de policía termina siendo peligroso. Uribe dice que debe haber casos en los que al evaluar la entrada a una zona, como la de un bloqueo, el riesgo es mucho más alto porque la confrontación puede ser muy violenta y la Policía puede llevar la peor parte.

Ya hay antecedentes de uniformados que, aún en descanso, denuncian agresiones en los bloqueos, o que han sido asesinados en estos.

Ese fue el caso del patrullero Carlos Andrés Rincón quien, según el Ministro de Defensa, Diego Molano, fue asesinado en el bloqueo del Paso del Comercio y su cuerpo apareció en el río Cauca con heridas de arma blanca y de fuego. O el de un policía en descanso que dijo ser retenido por encapuchados de Puerto Rellena y agredido física y psicológicamente cuando, según él, realizaba diligencias personales. La Primera Línea de ese bloqueo desmintió las acusaciones.

“En un evento como el paro, lo que puedes decir es que como sacaron a la policía de esas zonas críticas, ahora esas zonas son mucho más vulnerables —dice Jerónimo Castillo, director de la Fundación Ideas para la Paz—  (Pero) lo que tienes ahí es un fenómeno de pobreza que no estás atacando con una política social sino que estás justificando una serie de acciones con la política de seguridad”.

Por esa razón o porque, como contamos, la Fuerza Pública se concentró en levantar los bloqueos y desatendió otras lógicas criminales o porque el manejo de la protesta ha deslegitimado el trabajo de la Policía en muchos barrios, las organizaciones criminales han hecho fiesta a partir del estallido social que se ha vivido en Cali.

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