En Cauca está el combustible de la violencia que enfrentará Duque

Silla Pacífico

Por el control de cultivos ilícitos en el sur del Cauca y las denuncias sobre minería ilegal del oro en el norte, habrían sido asesinadas ocho personas en las últimas 48 horas en el departamento.

En menos de 48 horas, el Cauca, donde fueron asesinadas ocho personas en municipios del sur y norte del departamento, volvió a mostrar que el narcotráfico y la minería ilegal son el combustible principal de la violencia que azota al Pacífico, y el reto inmediato para el Gobierno de Iván Duque que arranca en menos de un mes. 

 

Los cuerpos abandonados en Argelia

Ayer martes en la madrugada, los cuerpos de siete hombres, entre los 20 y 35 años, fueron abandonados entre las veredas Liberio Zapata y La Playa, a 10 minutos del corregimiento de Sinaí, en el norte del municipio de Argelia. Fueron trasladados en dos camionetas a las 2:30 de la mañana y la junta de acción comunal alertó a las autoridades.

Según supo La Silla por una fuente en terreno que lo supo de primera mano y que pidió reserva de su nombre por seguridad, la principal hipótesis es que estas personas fueron asesinadas en Honduras, un corregimiento a cuatro horas de donde fueron dejados, cerca a El Tambo, más hacia el sur del departamento. Un territorio históricamente controlado por el ELN.

El gobernador del Cauca, Óscar Campo, dijo que las autoridades deberán definir si estas personas “hacían parte de algún GAO (grupos armados organizados) o tenían actividades con el narcotráfico”, descartando, por ahora, que fueran líderes sociales.

“Hay una hipótesis de que efectivamente en el Cañón del Micay, el frente José María Becerra del ELN se encontró con estas personas hace dos días”, dijo el Gobernador.

Un líder en Argelia y la fuente en terreno nos confirmaron, por aparte, que estas personas no eran conocidas por la comunidad.

Un hecho similar había ocurrido hace seis meses.

“En enero y febrero hubo 18 muertos en el municipio. Ocho de esas muertes resultaron ser cuerpos de foráneos dejados en nuestro territorio”, nos dijo el diputado Jonathan Rojas, quien es de Argelia y hace parte de Marcha Patriótica. 

Aunque no hay un registro exacto de cuántas hectáreas de coca puede haber en Argelia, lo claro es que sí hace parte de la cadena de cultivo ilícito, después de El Tambo, zona que tiene la mayor concentración de coca en el departamento, según nos dijo Walter Aldana, exdirector del programa de sustitución de cultivos en Cauca, quien estuvo al frente del proceso hasta marzo.

(Incluso, un investigador nos dijo que hace menos de un mes cuando viajó a Argelia allí aún existían laboratorios de procesamiento de pasta “a menos de un metro de la carretera”).

Según el último monitoreo de la ONU de cultivos ilícitos, para 2016 en Cauca había casi 12.600 hectáreas cultivadas (el cuarto departamento del país en esos cultivos), pero tanto Aldana como dos fuentes más nos indicaron que este año podría haber mucha más coca cultivada.

Hace dos meses arrancó allí oficialmente el programa de sustitución de cultivos ilícitos del Gobierno con la firma del acuerdo de sustitución y en 15 días arranca su fase de preinscripción de familias (habría al menos 6.700 interesadas en participar). Por eso en Argelia, dos personas nos dijeron, por aparte, que leen la aparición de estos cuerpos como una advertencia para que no arranquen el programa de sustitución.

Y en medio de esta situación, el ELN ha buscado alianzas con otros grupos ilegales para el control de la zona.

Según le dijo a La Silla Pacífico una fuente de inteligencia de la Policía, existe información de una coordinación entre el ELN y la disidencia del frente 60 de las Farc “para sacar a foráneos que quieran entrar a la zona”, con el fin de controlar la ruta de la coca que desemboca en López de Micay, sobre la costa pacífica caucana y que usa a los ríos Micay y Patía para transportar la droga.

La Fiscalía aún no ha confirmado si esta hipótesis tiene asidero.

La bomba de la minería en Buenos Aires

Casi 24 horas antes de estos hechos, en Buenos Aires, al norte del departamento, el concejal verde y líder minero Gabriel Adolfo Correa, de 49 años, fue asesinado a la entrada de su casa.

Correa había sido presidente del Concejo del municipio el año pasado y era presidente de la junta de vigilancia de la cooperativa de oro del municipio, Coomultimineros.

En 2017 denunció que intentaban extorsionarlo por su actividad minera y este año había denunciado actividades ilegales de parte de empresarios mineros de la zona que, según sus denuncias, estaban lavando dinero y oro extraído ilegalmente, a través de los pequeños mineros.

En Buenos Aires, según un miembro del consejo comunitarios de Cerro Teta de ese municipio, creen que el asesinato del Concejal apunta justamente a las amenazas que él había denunciado en octubre del año pasado por extorsiones por hacer minería en su título del corregimiento de Loma Alta.

A Correa le habrían pedido 50 millones de pesos y por tales hechos pidió esquema de seguridad a la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero de la entidad nos dijeron que las extorsiones no las manejan ellos, porque no consideran que están relacionadas con su actividad como líder.

Según un líder del consejo comunitario, al que pertenecía el Concejal, las extorsiones de las empresas ponen en riesgo a los 320 mineros de la Cooperativa porque sus ganancias no dan para pagarlas. Otros dos líderes están amenazados y también el presidente encargado de la cooperativa de mineros.

Otros dos líderes sociales del municipio nos dijeron, por aparte, que detrás del asesinato estarían las denuncias de Correa contra empresas mineras españolas, suizas, mexicanas y chinas que estarían extrayendo oro de forma ilegal y legalizándolo a través de pequeños mineros agrupados en Coomultimineros que tienen títulos legales a quienes les pagan entre dos y tres mil pesos el gramo, es decir entre 2 y 3 millones de pesos por kilo.

Un fenómeno que pasaría desde hace al menos tres años y que se habría intensificado con la salida de las Farc en armas, que controlaba la zona.

“Antes no venían porque les daba miedo, pero han llegado a apoderarse de la minería presente sobre todo en los corregimientos de Honduras, San Ignacio y Palo Blanco en límites con Suárez”, nos dijo uno de los líderes mineros.

Versión similar nos dio el comandante de Policía del Cauca, coronel Jorge Rojas.

Correa había centrado sus denuncias sobre todo en un empresario conocido como ‘El mexicano’ que sería el que tiene el control de la minería en el municipio no solo para legalizar oro ilegal, sino plata.

“Los empresarios compran minas pobres (con poco oro) y el oro ilegal que sacan de otro lado dicen que lo sacan de allí, venden el oro, cobran regalías y ya han legalizado dinero y oro al tiempo”, nos dijo uno de los líderes que nos habló.

No solo la minería ilegal hace parte del conflicto en Buenos Aires. Allí también hay cultivos ilícitos, por donde hasta este semestre hacía presencia la disidencia de alias Mordisco.

Los efectos de tener al Cauca bajo fuego

El negocio de la droga en el Cauca y la minería ilegal son los dos combustibles de los grupos ilegales en ese departamento, y en todo el país.

Desde el año pasado hemos contado cómo en regiones como Miranda, hay pelea por la ruta de la coca en el norte del departamento, donde también se sumó la disidencia de alias Mordisco (hoy detenido) en Corinto y en Buenos Aires, donde fue asesinado el líder minero.

La Asociación Colombiana de Minería, a corte del año pasado, estimó que las ganancias de la extracción ilegal de oro pueden llegar a los 1.200 millones de dólares al año y desde Cauca ha habido resistencia de las comunidades a la explotación por sus efectos ambientales y sociales. Ejemplo de ello ha sido la lucha de la líder Francia Márquez.

Siendo estas las actividades más lucrativas para el negocio ilegal, un reto clave para el próximo Gobierno será enfrentarlas en un territorio con desafíos como la lucha de campesinos, afros e indígenas por acceder a tierras, hasta que el Estado cope los lugares que dejó la salida de las Farc, y que hasta ahora no ha hecho.

El electo Iván Duque, quien condenó la masacre de las siete personas dejadas en Argelia en un trino anoche, insistió en campaña en su discurso de mano dura contra las disidencias, el narcotráfico, grupos armados ilegales y los cultivos ilícitos, además de advertir que la sustitución de éstos será “obligatoria”.

No obstante la mano dura no parecería suficiente o la única salida.

Como dijo en esta columna el analista Kyle Johnson del Crisis Group sobre la seguridad en tiempos del uribismo 2.0 que encarna Duque, “que el Estado tome control civil de los territorios requiere la participación y colaboración de las comunidades”, que al menos en el caso del Cauca tienen resistencias frente al nuevo presidente, toda vez que fue una de las zonas donde Gustavo Petro logró capitalizar un bastión político a futuro.

De hecho, Petro llamó a una movilización el día de la posesión de Duque, justo horas después de la confirmación de la masacre, confirmando que, como dijo en su discurso luego de la segunda vuelta, tendrá “un pie en la calle y otro en el Congreso”.

En este contexto, el reto de Duque no será solamente el de cumplir su palabra sobre la seguridad en el departamento, sino lograrla a pesar de la oposición a que, de entrada, tendrá su Gobierno entre las comunidades más afectadas por el conflicto en esta región.

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