En defensa del Congreso

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La discusión de una reforma tributaria es el mejor laboratorio para evaluar el nivel de representación y la orientación ideológica de un Congreso. Por obvias razones ahí emergen de la manera más abierta -y por supuesto también soterrada- los intereses de muy diversos sectores de la sociedad y la manera como se gestionen y se resuelvan es una buena medida de cómo funciona el legislativo.

La mayoría de las notas periodísticas que reseñan la discusión son una especie de lugar común: que lo dejaron para el último día y a la última hora, que lo hicieron a “pupitrazo”, que debe ser que les están ofreciendo puestos, que quieren favorecer determinados sectores, que qué será, que tan “raro”... Podrían –aprovechando a Google- hacer un copy-paste de lo que escribieron en la última y repetirlo.

Esas versiones tienen implícita una interpretación absolutamente decimonónica de los Congresos, los imaginan a la usanza del liberalismo más clásico como los representantes del interés general y por eso resulta cuestionable y sospechoso que se defienda tal o cual sector. Esa concepción de los cuerpos legislativos no corresponde a las explicaciones de las sociedades pluralistas en las que se reconoce que, al contrario, ahí lo que están es representados los intereses más diversos de la sociedad.

Por ejemplo, el Partido Conservador ha sido el partido que más unánimemente ha apoyado esta reforma porque a los grandes empresarios les baja los impuestos (de 33 a 25%), porque quita los denominados “impuestos” a la nómina (así los reemplace por otro aparentemente equivalente), porque los gremios han estado callados o complacidos. Es legítimo que ese Partido esté de ese lado.

El liberalismo ha estado pescando efectos negativos para la clase media y los asalariados. Que le impone impuestos a los “corrientazos”; que afecta a los que ganan aproximadamente 6 millones de pesos que son profesionales de clase media; que sube el impuesto a la medicina prepagada que la usan sectores medios de la población para evitar las deficiencias del sistema de seguridad social.

La U defiende el asistencialismo estatal y pide privilegios para sectores en los que ha tenido una base electoral fuerte como el de las madres comunitarias, de la misma manera como lo hace el Polo con los sindicatos, en este caso los del Sena. Los Verdes piden plata para la universidades y proponen impuesto ambiental. En fin.

Los ministros defienden los intereses de los actores de su sector. La Ministra de Transporte se junta con el gremio de constructores para protestar por la posibilidad de que le pongan IVA al asfalto, el Ministro de Trabajo reclama a favor de las Cajas de Compensación Familiar, el Ministro de Comercio Exterior defiende las gabelas que han acumulado los hoteleros...

El Ministro de Minas se pone del lado de los grandes empresarios mineros y defiende a rajatabla una ventaja tributaria que obtuvieron en forma no muy clara y que les representa billones de pesos anuales. Está en su legítimo derecho porque los Ministros piensan como empresarios de su sector: si más estímulos y más ventajas tienen, más crecen (los empresarios dirán más ganan). El Presidente debe tomar partido en esos casos. En eso consiste la discusión, al final se verá de qué lado se pone la mayoría del Congreso, si –para este ejemplo- de las mineras que han puesto –como todas las empresas y sectores grandes de la economía- su poder de lobby a su máxima expresión o de la caja del gobierno.

Por un concepto de la DIAN, no por decisión legislativa, a partir de 2005 las regalías son descontables en Colombia. Antes no lo eran. Fue un tema que se resolvió en un escritorio y que ha significado que la carga tributaria del sector se redujera de manera significativa, en particular en casos como el carbón. Pasaron de pagar de la noche a la mañana y sin la discusión pública que se hace en los Congresos el 7.8% de su ingreso neto en 2004 al 4% en 2010. Se estima que las empresas petroleras se benefician cada año por cuenta de la interpretación en casi 3 billones de pesos.

Sin debate en el Congreso, sin “pupitrazo”, sin “favores políticos”  se produjo el efecto de que la proporción que pagan de impuesto las carboneras sea del 4%, mientras que los asalariados pagan en promedio 5.6%.

Algunos congresistas han propuesto eliminar ese descuento. El Ministro Renjifo asumió la vocería de las empresas mineras y amenazó con lo que amenazan todos, con la inversión extranjera, con el “golpe” para el sector, etc. No se van a ir para ninguna parte porque las regalías solo son descontables en dos países.

Cada cual se puede poner del lado que quiera. La mayoría del Congreso decidirá que intereses representa, pero el ejemplo, más que por sus consecuencias tributarias, lo traigo porque debe ser ahí, en el Congreso, donde se debata el tema. Una decisión de 3 billones de pesos al año no puede tomarse por una persona y claro que al final se verá que tanto pesaron unos intereses privados, legítimos pero privados para saber si de ese “estímulo” depende la locomotora minera.

La discusión en esta reforma tributaria –cualquiera que sea la posición que uno tenga sobre ella- ha sido abierta. El fantasma de la Reforma a la Justicia ha servido para que los congresistas sean más cuidadosos. Las propuestas están todas en la página web, no se escriben en servilletas a última hora. La opinión activa que hundió esa reforma ha estado ahí vigilante para que no se quite el impuesto a las pensiones altas y no aparezcan “micos”.

Los unos representan unos intereses y los otros representan otros, cuáles priman se decide el día de las elecciones cuando los ciudadanos elegimos a los que representan nuestros “intereses” que no son solo económicos sino también conceptuales o ideológicos. Lo demás son entelequias del siglo XIX que nunca han existido.

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