“En el Catatumbo hay un Estado paralelo”: congresista de víctimas

“En el Catatumbo hay un Estado paralelo”: congresista de víctimas
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El atentado contra el CAI de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, se lo adjudicaron las disidencias del Frente 33 de las Farc, un grupo que se mueve principalmente en el corredor del narcotráfico de la frontera en el Catatumbo, una porosa región que agrupa 11 municipios y que viene de unas tensas semanas de orden público. Un alcalde atacado a bala, cilindros bomba dejados en medio de carreteras y parques, hostigamientos contra la fuerza pública, secuestros y panfletos amenazantes. 

En medio de esa situación, el pasado 13 de marzo fue elegido como representante de las víctimas de esa región Diógenes Quintero, abogado nacido en Hacarí, uno de los municipios del Catatumbo. Quintero viene de ser personero de su pueblo natal y defensor del pueblo de Ocaña, el municipio más grande del Catatumbo.

En esta entrevista, Quintero explica cómo operan estas disidencias y los matices de su poder en la región. Esta es la entrevista editada para mayor claridad.

es La Silla Vacía

es Diógenes Quintero

¿Cómo fue hacer campaña en una zona con tantos grupos armados?

La campaña fue una campaña corta en la que teníamos el reto de visitar las veredas y los corregimientos que más fuera posible porque nuestros electores estaban en las zonas rurales. Fue complejo por los temas de seguridad, porque no solamente es la presencia de grupos armados, sino todo lo que gira alrededor de una zona convulsionada desde el punto de vista del orden público. Hay todos los problemas que hay en Colombia.

¿Cómo se relaciona la población civil del Catatumbo, que ahora usted representa, con los grupos armados?

Es un territorio donde ha habido ausencia histórica del Estado y hay un Estado paralelo. Ante la falta de Estado, otros ocupan ese espacio y estos otros son los actores armados. Se convierten en control social, ejercen una fuerza que controla. ¿A la gente que le toca? Vivir en medio de esa situación.

Donde no hay acceso a la justicia institucional del Estado, pues esa justicia la ejerce un actor armado y algunas veces las comunidades. 

¿Cómo así las comunidades?

Cuando las comunidades son organizadas se fortalecen de tal manera que tienen la capacidad de resolver esos asuntos desde el punto de vista comunitario, desde las juntas de acción comunal, de las asociaciones de juntas y demás. Y desde la autogestión: ante la falta de Estado, las mismas comunidades se organizan y autogestionan la paz, el desarrollo de la región, resuelven sus problemas, los conflictos, y en otras ocasiones construyen puentes, carreteras, escuelas y mantienen sus vías.

Al Catatumbo lo atraviesa una vía nacional, que es la famosa vía Astilleros – Tibu - Convención - La mata. Esa es una vía nacional que según la ley sería responsabilidad de la Nación y del Instituto Nacional de Vías, y esa vía nacional y muchas otras vías secundarias y terciarias se mantienen gracias a los peajes comunitarios donde la gente da una contribución, y de allí las mismas comunidades mantienen sus vías.

Yo estoy seguro que sin esos peajes comunitarios no habría vías y las que existirían estarían en muy mal estado, en peor estado del que hoy están.

Si hay que arreglar una vía, las comunidades no pierden el tiempo yendo a pedir a una alcaldía, porque no tiene la capacidad, entonces se organizan y ellos mismos la arreglan.

Cuando ya ese vacío tampoco lo pueden suplir las comunidades en ocasiones, pues hay que reconocer que actúan los actores armados. 

¿Cómo ha evolucionado esa dinámica de convivencia o supervivencia con grupos armados? 

Hay una realidad que es histórica y que tiene que ver con el control territorial y la incidencia de los actores armados en las bases sociales de las comunidades. Antes de la reincorporación de las antiguas Farc había un acuerdo entre los actores armados de compartir zonas. Pero después de la firma del acuerdo y la reincorporación, se enfrentan.

Hoy en día esa es una realidad: el fortalecimiento de actores armados en la región. Es una realidad desde el punto de vista militar, del control territorial y del control social hacia las comunidades. 

Usted fue testigo del rearme y el posicionamiento de las disidencias del Frente 33 de las Farc ¿Cómo fue?

En esa época yo estaba en la Personería y en la Defensoría del Pueblo, en ese momento la Defensoría alertó precisamente del rearme del Frente 33. Y hoy en día, las condiciones se les han dado en el territorio para ser la organización que hoy son, con la fuerza militar que tienen y el control territorial y social que ejercen. Es un tema evidente, que la gente vive y ve, y la misma Fuerza Pública debe reconocerlo. 

¿Por qué las disidencias del Frente 33 son tan fuertes? 

No se puede medir la fortaleza de los grupos solamente por las acciones bélicas que hacen o no. El ELN, por ejemplo, es una organización fuerte militarmente y desde el punto de vista del control territorial y social.

Indiscutiblemente, todo tiene que ver con que el escenario es propicio: desde la falta de Estado, de garantías, de acceso a derechos y condiciones para producir,  hasta el punto de vista de las economías que se mueven en la zona. 

¿Quiénes integran mayoritariamente esas disidencias? ¿Son habitantes de la región? 

El tema importante es el reclutamiento. No es el típico reclutamiento forzado de llegar a las casas, a las familias y llevarse los muchachos a la fuerza. Yo lo he llamado “el reclutamiento por encantamiento”, por la seducción que ejercen los grupos armados y por la falta de alternativas y garantías para los jóvenes.

Un niño en el Catatumbo va a la escuela primaria con muchas dificultades, a una escuela en malas condiciones donde no hay unidades sanitarias ni condiciones adecuadas. Con esfuerzo o con sacrificio, pasando ríos, pasando quebradas, el niño termina el quinto de primaria, pero allí no hay una expectativa de estudiar el bachillerato para luego hacer nada. No hay una expectativa alrededor de lo que podemos proyectarnos a hacer. Y el porcentaje de jóvenes del Catatumbo que ingresan a la educación superior es muy bajo.

Esas condiciones son caldo de cultivo para el ingreso a las economías ilegales y a los grupos armados.

El atentado del CAI en Bogotá se atribuye a las disidencias del frente 33 que operan en su región del Catatumbo. ¿Qué cree que hay detrás?

No, no me atrevería a hablar del tema porque podrían ser especulaciones mías.

Alias John Mechas, que dirige las disidencias del Frente 33, se ha hecho mediático a punta de bombas, como la del atentado al CAI de Ciudad Bolívar, en Bogotá, y por regalos de navidad y kits escolares con imágenes alusivas a ese grupo armado ilegal. ¿Qué representa él en la zona?

Al haber las condiciones tan difíciles, de falta de Estado, de falta de acceso a derechos, pues un actor llega a suplir. Esos videos son reales, eso sucede. 

¿Cree que si se hubieran cumplido los acuerdos de paz y sustitución de coca la historia del conflicto en la región sería diferente?

Definitivamente, el cumplimiento del acuerdo es lo que garantiza el desarrollo y la paz en el territorio. Esa es la salida. Al haber incumplimiento, obviamente suben los cultivos de uso ilícito y se da el auge de los actores armados y las economías ilegales. Se perdió la expectativa en la implementación, y eso es lo que tenemos que recuperar. Recuperar la esperanza, la confianza en el acuerdo, en el Pdet, la confianza en que a partir de eso es que logramos paz y desarrollo para la región.

En ese sentido ¿cómo evalúa la gestión del Gobierno Duque en materia de implementación de los acuerdos en el Catatumbo?

No ha sido efectiva, indiscutiblemente. Por ejemplo, de manera casi descarada, el Gobierno ha reconocido que no va a haber sustitución.

Por un lado, las familias que ya están en el Pnis y en los pilotos que hicieron allá en Tibú y Sardinata no tienen garantías. Y por otro, están las familias a las que nunca se les ha dado una alternativa, es decir, a las que nunca se les ha llegado con una opción de sustitución, que es la gran mayoría del Catatumbo. Familias que tienen coca, que incluso quieren sustituir y dejar la coca, pero que no cuentan con una alternativa.

Hoy, por ejemplo, se está viviendo una situación en tres o cuatro veredas de Tibú. Ya la gente está organizada y manifestándose, porque lo que ha llegado es la erradicación forzada y violenta, no consultada, nada de sustitución. Eso, sin duda, va en contra del acuerdo. 

¿Cómo incide el conflicto armado del Catatumbo en Cúcuta, donde la inseguridad y la violencia se han disparado?

Es que nosotros no miramos el Catatumbo como una zona de conflicto. Para nosotros el Catatumbo tiene otra identidad alrededor del río Catatumbo, alrededor de la gente, de los campesinos, de los indígenas. Que hay problemas, dificultades de conflicto, de todos los fenómenos, también porque somos frontera y demás, pero si esos problemas alcanzan a Cúcuta o Ocaña, a veces es parte de la dinámica del país, no de la dinámica del Catatumbo solamente. No podemos ligar lo malo que sucede en Cúcuta, por ejemplo, al Catatumbo, porque el Catatumbo para nosotros representa otra cosa. 

¿Y qué dice esa dinámica de conflicto regional sobre la violencia en el país?  

Es un aviso sobre lo que puede pasar y sobre lo que está pasando, porque como en el Catatumbo, hay situaciones también en el Cauca, Nariño y Arauca.

La política institucional no ha sido efectiva ni desde el punto de vista de la seguridad ni desde el punto de vista de la atención social, de la inversión social.

Nosotros siempre hemos criticado en el Catatumbo la manera en que el Gobierno, por ejemplo, llega a implantar políticas desde Bogotá sin leer la realidad que hay en el territorio.

Allí parte el éxito de la política institucional, de hacerla, de construirla y de ejecutarla con las comunidades, con la participación de la gente. Un ejemplo de eso es el Pdet.

El Pdet lo hicieron las comunidades con la expectativa de que sus necesidades iban a ser resueltas con su misma participación. Hoy el Pdet existe, es lo más valioso para el desarrollo territorial que deja el acuerdo, y tenemos que avanzar y que se haga realidad.

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