En jaque la premisa de la paz total: parar la guerra para negociar

La premisa de Danilo Rueda

En octubre del año pasado, ante organizaciones sociales y de víctimas de las regiones más golpeadas por la violencia, el alto comisionado de paz, Danilo Rueda, explicó la idea de los acercamientos con los grupos armados en el marco de la paz total.

“¿Cuáles han sido esas exigencias básicas para sentarse a dialogar? Cero asesinatos, cero torturas, cero desapariciones forzadas, en los lugares de su operación armada”, dijo Rueda en una reunión de la Coordinadora Humanitaria, liderada por la corporación Vivamos Humanos del expresidente Ernesto Samper.

En palabras del propio comisionado, se trataba de poner “en un primer lugar los asuntos humanitarios”. Es decir, parar la guerra a través de ceses del fuego unilaterales y bilaterales como antesala para negociar la paz.

Esto fue un vuelco a la premisa con la que el gobierno de Juan Manuel Santos llevó a cabo los diálogos de paz con las Farc y el ELN, pues utilizó toda la fuerza del Estado en el campo militar para presionar a esas guerrillas a avanzar y llegar a acuerdos.

Esa premisa básica de la paz total del gobierno Petro de buscar primero alivios humanitarios nace de la entrañas del comisionado de paz, que durante una buena parte de su vida se dedicó a visitar combatientes presos y forjar desde las cárceles y los territorios acuerdos humanitarios entre grupos armados en conflicto en el Chocó, donde vivió durante los noventas en pleno recrudecimiento del conflicto armado.

Con base en esa experiencia, el 22 de junio del año pasado, desde la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que presidía Rueda, se lanzó la propuesta de “paz global territorial”, que es la verdadera hoja de ruta del Comisionado para la paz total. En ella queda claro que el eje de su visión son estos “acuerdos humanitarios parciales” .

La “paz global” planteaba una etapa “exploratoria”: “Esta fase explora un cese de acciones ofensivas que ambientan el escenario de las conversaciones para la búsqueda de salidas estructurales y estratégicas para todas las violencias armadas”, se lee en el documento.

En su documento, Danilo deja claro que él ve la violencia como el resultado de unas “causas profundas, las materiales y las de mentalidades que justifican racionalmente los sentimientos de odios, de venganzas, de temores al otro” y que la paz implica “construir salidas, superaciones, saltos cualitativos de vida en transformaciones individuales, sociales y colectivas”.

Para lograr esas salidas, lo primero, según Danilo, es el reconocimiento del otro. “Justo una motivación a la violencia es el desconocimiento del otro, de sus necesidades, de sus inquietudes, de sus dolores, de sus luces y de sus sombras. El ser negado lleva a buscar ser escuchado, reconocido o a demandar a través de la violencia”.

Como parte de ese reconocimiento, una de las primeras medidas de Rueda fue llamar a los grupos armados por los nombres que ellos utilizan para sí: el Estado Mayor Central de las Farc para las disidencias al mando de “Iván Mordisco”, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia para el Clan del Golfo; una denominación que con el fin del cese del fuego, dejó de usar el gobierno.

Después de esa fase de explorar la voluntad de hacer la paz, viene lo que llamaron “ceses unilaterales, bilaterales y mesas simultáneas separadas”

“El gobierno con previa depuración de fuerza pública adoptará las medidas de control que propicien la creación de zonas locales de distensión conforme a la presencia de cada grupo irregular que manifestó su disposición a las conversaciones en los territorios”, se lee en la propuesta de “paz global”.

En ese espíritu de ir desescalando la guerra, llegó la noticia: “Es mi deseo en este final de año que sea posible la paz. El cese bilateral de fuego obliga a las organizaciones armadas y al Estado a respetarlo”, dijo Petro el 31 de diciembre, cuando anunció que había acordado esto con la guerrilla del ELN, el Clan del Golfo, Los Pachenca y las dos disidencias de las Farc.

Pero como realidad es que el gobierno no firmó ningún acuerdo de cese al fuego previamente ni con la guerrilla del ELN, ni con los otros cuatro grupos armados, desde un principio, este cese de agresiones dependió de la voluntad de las organizaciones armadas porque no había protocolos que establecieran los compromisos, ni cómo verificar su cumplimiento.

Ningún grupo cumplió como lo muestran las alertas de la Defensoría entre enero y febrero; la presión de las disidencias de las Farc a manifestantes que retuvieron ilegalmente a 76 policías en Los Pozos (Caquetá); y la infiltración del paro minero del Bajo Cauca por parte del Clan del Golfo, que obligó al presidente a ponerle fin al cese del fuego con este grupo.

Para el presidente del Senado Roy Barreras, una de las figuras claves de la coalición de gobierno, la decisión debe ser más radical.“En este contexto no tiene sentido mantener los decretos de cese al fuego del 31 de diciembre”, dijo ayer. Barreras considera que esta medida solo ha implicado limitar el actuar de la Fuerza Pública.

No es la única voz que pide mano dura. Desde la Federación Nacional de Departamentos, los gobernadores le mandaron un mensaje a Petro: “Libertad y Orden”. En sus cuentas de Twitter, 22 gobernadores compartieron el escudo de Colombia, con el lema nacional. Uno de los primeros fue el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, que ha enfrentado el paro minero que afecta a 12 municipios de ese departamento.

La tendencia fue replicada por políticos de oposición y críticos al gobierno que hacen un llamado para fortalecer a la Fuerza Pública y presionar a los grupos armados que no han dado muestras de corresponder el cese.

Por lo pronto, la decisión del gobierno implica que las dos organizaciones armadas más grandes del país (el ELN y el Clan del Golfo) estén por fuera de un cese al fuego y ordena una respuesta militar.

Es decir, a alejarse del supuesto central de la paz total de parar la guerra para negociar. 

Los límites de parar la guerra mientras se negocia

“El alivio humanitario no se trata de simplemente un diseño a ver cómo nos queda mejor una política de paz — dice el senador Iván Cepeda, negociador del gobierno con el ELN y uno de los arquitectos de la paz total—. Es lo que está clamando mucha gente en los territorios, porque sus vidas están transcurriendo en medio de las balas. Así que el deber de cualquier gobierno responsable es buscar estos ceses”.

Sin embargo, según documentó La Silla en varias regiones, la pasividad de la Fuerza Pública ante los flagrantes ataques de las disidencias y del Clan los hacía sentir completamente desprotegidos.

“Esto muestra la falta de planeación de una política tan estratégica como esta —dice Luis Fernando Trejos, investigador y profesor de la Universidad del Norte—. La experiencia ha demostrado que los ceses al fuego se pactan durante la negociación, como antesala a la fase final. En este caso se hizo al revés, para conseguir un fin loable que era la búsqueda de alivio humanitario, pero que no se ha materializado”.

Y es que el nivel de confrontación de los grupos armados contra el Estado es cada vez menor, algo que se ve reflejado en la cifra del MinDefensa de uniformados heridos: mientras entre enero y febrero del año pasado fueron heridos 160, este año en ese mismo periodo solo 48.

“Lo que genera verdaderamente las afectaciones humanitarias son las confrontaciones entre los grupos”, dice María Víctoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, un tanque de pensamiento que investiga el conflicto y el crimen organizado en Colombia.

Llorente agrega que esto se vuelve más complejo en un escenario en que el alto comisionado de paz tiene tanto frentes activos con grupos armados diferentes, en etapas diferentes: el ELN en mesa de diálogos, disidencias de “Mordisco” ad portas de una negociación, el Clan del Golfo buscando esquivar el sometimiento, la Segunda Marquetalia resolviendo sus líos jurídicos para entrar a la paz. Y cada uno buscando llegar fuerte a hablar con el gobierno.

Por eso expertos como Kyle Johnson, investigador en temas de conflicto y cofundador de Conflict Responses, coinciden en que debe haber una política de seguridad fuerte para complementar la paz. “Sin una política de seguridad vinculada al tema de la paz total, esto es muy difícil, porque tiene que haber un costo de levantarse de la mesa. Tiene que haber garrote para que estos grupos negocien de verdad”, dice.

Ante esta realidad, el senador Cepeda reconoce que si el grupo no muestra voluntad, ni hechos de paz, no se puede avanzar. “Lamentablemente hay que apelar a las operaciones de fuerza de la Fuerza Pública. Ese es el camino menos deseado, porque ese camino implica enfrentamientos y acciones que regularmente significan más violencia en los territorios”, dice.