En la carrera contrarreloj de Hidroituango, la culpa de la demora es de Quintero

Una vez más, Hidroituango, que suplirá el 17 por ciento de la demanda de energía eléctrica en Colombia, tiene demoras. Aunque el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, había dicho que las dos primeras unidades de generación de la hidroeléctrica empezarían a funcionar este sábado, la fecha se quedó solo como un anuncio.

Con esa demora, a la hidroeléctrica le quedan solo 45 días para comenzar a funcionar. De no ser así, se enfrentará a millonarias multas impuestas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Y a la premura del tiempo, se suma que el debate va más allá de lo técnico, pues el contratista de la represa es el Consorcio CCC Ituango, está relacionado con el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). El Consorcio está conformado por tres empresas: Camargo Correa, Coninsa Ramón H. y Conconcreto. En esta última, Protección, que es del Grupo Sura (una de las empresas del GEA), tiene acciones.

Por eso la responsabilidad de la demora es clave en el debate que el GEA y Quintero tienen planteado desde que llegó a la Alcaldía. Y aunque de uno y de otro lado se han acusado, la responsabilidad en esas demoras se debe a decisiones tomadas durante la administración de Quintero.

Por eso, si la hidroeléctrica no logra funcionar antes del momento límite, la multa sobre EPM caerá como una mancha sobre un aspecto clave del discurso de Quintero: el de campeón de los recursos públicos de la ciudad frente a la avaricia empresarial.

Decisiones de Quintero que demoran

Desde que llegó a la Alcaldía, cuando ya se había presentado la emergencia que casi acaba con el proyecto energético en el Bajo Cauca, Quintero repartió culpas. Aseguraba, de manera insistente, en que el GEA –su principal ‘antagonista’ y al que ha acusado en el pasado de “controlar” a EPM– había influenciado para que el Consorcio CCC Ituango (conformado por Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa) fuera el principal contratista de las obras.

Entonces, tras el primer año de su administración, Quintero anunció que iba a reemplazar al Consorcio. Así las cosas, se acordó con este –que no es el único contratista– que trabajara en las obras hasta el 31 de diciembre de este año.

Mientras tanto, se realizaría un nuevo proceso de licitación para encontrar al próximo contratista. Un proceso que está estancado, a pesar de que en poco más de dos meses, tendría que estar definido. Y que, además, fue desaconsejado por la firma sueca Pöyri, que fue contratada por EPM para que realizara un análisis del estado de Hidroituango y de su futuro.

En ese informe se indicaba que cambiar de contratista por uno nuevo podría generar retrasos de hasta un año en la obra y que, si aun así se seguía adelante con ese propósito, el empalme debía durar por lo menos un año. A pesar de esas advertencias, Quintero siguió adelante con ese propósito, animado también por su pelea con el GEA y con antecesores suyos, como el actual gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, que hoy ha sido graduado de enemigo por su movimiento político para hacer campaña.

Pero por decisiones de EPM, controlada por Quintero, sí habrá cambio de contratista, pero con un empalme que se queda corto.

Para empezar, si para el 31 de diciembre no se conoce el nuevo contratista, el mantenimiento y el desarrollo de la obra volvería en su totalidad a EPM. Y por el otro, como lo informó el Consorcio CCC Ituango, el empalme empezó el 1 de septiembre pasado, es decir, un periodo de cuatro meses para entregar las obras.

“Las obras civiles a nuestro cargo, necesarias para la generación en las turbinas 1 y 2 están al día, se han ejecutado en plazos inferiores a los previstos y no avizoramos atrasos en estas obras civiles que comprometan este importante hito”, explicó el Consorcio.

Eso no es suficiente para que la generación empiece. Hay, adicionalmente, otras dos decisiones tomadas en esta alcaldía que han impactado ese propósito.

El Consorcio CCC Ituango, desde agosto, finalizó su parte en el desarrollo de las obras para que entren a funcionar las dos turbinas que generarán una cuarta parte de la energía que se espera que provenga de Hidroituango. Pero para que funcionen, hay otros dos actores: General Electric y la holandesa DCN Diving.

Por un lado, General Electric se encarga del funcionamiento eléctrico de la turbina. Por su parte, DCN Diving de los trabajos subacuáticos para subsanar los riesgos que pueda haber en la obra. Ambas empresas llegaron al proyecto entre 2020 y 2021, avaladas por la EPM manejada por Quintero. Y ambas han tenido demoras para avanzar en el desarrollo de sus tareas.

Incluso cuando en junio se anunció el 15 de octubre como la fecha de encendido oficial de las turbinas, el alcalde aseguró que las pruebas de agua, a cargo de General Electric, se realizarían en septiembre, como se estipulaba en el cronograma. 

Pero cuando a finales de octubre ya estaba en duda el funcionamiento de las turbinas este sábado, el mismo alcalde, en una entrevista, aseguró que aún estaba pendiente saber cuándo se realizarán las pruebas de agua, claves para que el encendido pueda ocurrir: "Esas pruebas las hace General Electric, aún nos deben decir cuánto tiempo tomarán las pruebas", dijo.

En ese sentido, el diputado Luis Peláez, que el 1 de noviembre citará a un debate de control político en la Asamblea por las demoras en Hidroituango, aseguró que "las turbinas tienen una parte eléctrica, cuyo manejo depende de General Electric, que no ha cumplido los tiempos. Y la parte subacuática (a cargo de DCN Diving) tienen un retraso de mes y medio. Esos dos contratos fueron hechos por esta administración, quien tiene la responsabilidad de que no han entrado en funcionamiento".

Aun así, Quintero insiste en que el problema no es responsabilidad suya.

La sombra de la CREG

A comienzos de esta semana, Jorge Carrillo, el gerente de EPM puesto por Quintero en octubre de 2021, salió a intentar calmar los ánimos frente a la preocupación del futuro cercano de Hidroituango y, con él, el de la oferta de energía eléctrica en el país.

“Sí somos capaces de entrar las dos unidades antes del 30 de noviembre. Que quisiéramos más tiempo, por supuesto, a nadie le gusta tener el pie en el cuello, es una discusión que está pendiente con el Gobierno Nacional, pero estamos haciendo lo que está a nuestro alcance para entrar con las unidades a tiempo”, dijo el funcionario en entrevista con La W.

Para entender por qué la premura en esa entrada en funcionamiento, a pesar de que en EPM quieren más tiempo, hay que volver a 2018. Ese año debía empezar a funcionar la hidroeléctrica que se espera tenga una capacidad de 2.400 megavatios –lo suficiente para responder a la necesidad energética de países como Costa Rica o Panamá–, pero, tras el derrumbe del túnel de desviación del río, esto no pasó.

Sin embargo, y a pesar de la contingencia, el acuerdo era que el 1 de diciembre de 2018 Hidroituango comenzara a generar energía. Al no pasar, fue multado por la CREG. En agosto de 2019, EPM informó que, entre las multas y la atención de la contingencia, había sufrido un perjuicio de 43 millones de dólares, a precios de dólar de entonces, 198 mil millones de pesos.

El acuerdo actual con la CREG es que para el próximo 1 de diciembre, fecha elegida por el organismo regulatorio de la energía en el país como el Inicio del Periodo de Vigencia de Operación, Hidroituango comience a andar.

Y en dos momentos parecía que esa fecha no iba a ser un problema. En febrero, el alcalde Quintero anunció el 26 de julio como el inicio de la operación. Pero cuando llegó ese día, las turbinas, que ya están en pruebas en seco (es decir, que prueban su funcionamiento sin agua), siguieron apagadas. Entonces, surgió el 15 de octubre como la fecha marcada.

Pero la semana pasada, esa fecha también se convirtió en un anuncio sin cumplir. Y ahora, incluso, Quintero ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que el 1 de diciembre, las turbinas de Hidroituango permanezcan en silencio:

“Aquí estamos corriendo contra el tiempo, pero lo que sí le hemos dicho al equipo es que de las carreras no queda sino el cansancio. Incluso si tocara llegar a pagar esos $3 billones es mejor a que la represa se caiga por un error porque no se hizo una prueba adecuada”.

Una decisión que significaría una multa que golpearía las aún afectadas finanzas de EPM y que iría más allá de los argumentos técnicos.

La pelota en el lado de Quintero

A pesar de que las demoras se han dado por decisiones tomadas después del 1 de enero de 2020, Quintero insiste en que no es su responsabilidad, sino de sus antecesores.

Esa misma narrativa la han retomado recientemente aliados suyos como el presidente del Concejo, el conservador Lucas Cañas (escudero del alcalde), y el exsecretario de Gobierno, Esteban Restrepo. Ambos han planteado la hipótesis de que el Consorcio CCC Ituango quiere demorar la entrega de las obras.

“Hay una grave información que me llegó y es que hay un plan tortuga de los contratistas para frenar la obra más importante que tenemos los antioqueños, para que no entre en operación. Es grave para el país, para Medellín y para Antioquia. Pone en riesgo la seguridad energética para el país”, dijo Cañas.

En esa misma línea, Restrepo aseguró que “la información que tengo yo de los sindicatos de EPM es que, al parecer, hay un boicot de los mismos contratistas que han sido denunciados por Quintero, de no poner en funcionamiento (la hidroeléctrica). Si eso pasa, a EPM le tocaría comprar energía para responder al contrato que tiene con la CREG. Estamos hablando de unos tres billones de pesos que perdería Empresas Públicas”.

Y también ha habido choques entre Quintero y el gobernador Aníbal Gaviria. Ese choque de dos políticos que son la representación de dos miradas distintas al ejercicio de la política en Antioquia se trasladó a Hidroituango por un tema en particular: las pólizas de seguro.

En 2012, Hidroituango, cuando el alcalde era Gaviria, adquirió unas pólizas de 3.200 millones de dólares, unos 14 billones de pesos al cambio actual.

Sin embargo, después de la contingencia, y por las responsabilidades halladas en los peritajes para entender qué llevó a la crisis de 2018, la aseguradora no dio la totalidad del dinero, sino alrededor de 4 billones de pesos.

Recientemente, en una entrevista con El Colombiano, Gaviria aseguró que “¿por qué uno negocia cuando hay unos seguros bien contratados? Estaban tan bien contratados que ya las compañías de seguros habían empezado a pagar las pólizas, habían pagado 350 millones de dólares y habían reconocido el siniestro (...) Aquí se presentaron instituciones y personas de muchísima categoría a darle argumentos a la compañía de seguros para que no pagara”.

Aquí entra también en juego la Contraloría. En noviembre del año pasado, el ente dejó en firme la sentencia de responsabilidad fiscal en contra de 26 personas, incluyendo exgobernadores y exalcaldes de Medellín, por el detrimento de 4,3 billones de pesos. Esto por las inversiones hechas en Hidroituango y porque no empezó a funcionar en 2018, como se esperaba en un principio.

Pero además del argumento del fallo de la Contraloría, Quintero, lejos de los argumentos técnicos, planteó las declaraciones de Gaviria como una “jugadita política”: “Lo que pasa es que él era el gobernador cuando cambiaron los diseños de Hidroituango, ese cambio fue el que llevó al colapso del túnel y a que perdiéramos más de $9 billones”.

En todo caso, el tiempo apremia para que Hidroituango comience a funcionar a tiempo sin afectar la demanda de energética en Colombia. Y, mientras tanto, los responsables de que esto pueda ocurrir buscan repartir culpas, en medio de un debate que va más allá de la hidroeléctrica.