En la frontera sur, Ecuador es el que pone las condiciones de reapertura

En la frontera sur, Ecuador es el que pone las condiciones de reapertura
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Foto: Ricardo Cabezas / El Universo

Mientras la frontera con Venezuela, con un régimen sin relaciones diplomáticas, logró reabrirse, en el sur, la frontera con Ecuador sigue cerrada. A pesar de que Colombia la abrió unilateralmente hace cinco meses, el país vecino mantiene con candado el paso legal de ciudadanos, cortando un flujo migratorio que representa el 80 por ciento del comercio de Ipiales. 

“A Colombia le ha faltado diplomacia, y eso depende de la Cancillería —dice el diputado nariñense Jesus Armando Eraso—. La vicepresidenta-canciller debe pisar suelo ecuatoriano y negociar”.

En Ecuador la economía dolarizada hace que comprar en Colombia sea más atractivo. Normalmente, en un fin de semana, pasaban unos 10 mil vehículos de placa ecuatoriana hacia Colombia, a comprar en Ipiales. Pero la reactivación económica que se vive en Colombia sigue frenada en el sur por la frontera cerrada.

Los comerciantes han hecho bloqueos, la cancillería se ha reunido en varias ocasiones con ellos, pero las autoridades ecuatorianas, bajo dos gobiernos distintos, han puesto condiciones cada vez más difíciles de cumplir para la reapertura. Alegan riesgos de la pandemia, a pesar de que ambos países acabaron sus cuarentenas, y piden una vacunación del 80 por ciento en la frontera.

Pero para los comerciantes y algunos diplomáticos colombianos lo que hay detrás es una presión interna de empresarios en Ecuador, que se están beneficiando del comercio adicional que genera en su país la frontera cerrada. En Colombia, los pequeños empresarios de la región de frontera piden que el Gobierno Duque haga valer sus intereses ante el que es un aliado cercano. 

La movida de los empresarios

Ipiales, el segundo municipio más grande de Nariño, con más de 123 mil habitantes, lo ha golpeado con fuerza el cierre de la frontera. Según datos de la Cámara de Comercio de Ipiales, entre el año pasado y este han cerrado más de 1800 locales y se han cancelado cerca de 3500 matrículas mercantiles. Jeimi Termal, presidenta de esa entidad le dijo a La Silla que “desde el cierre de la frontera los ingresos totales que tenían los comerciantes se redujeron y ahora no supera el 30 o el 40 por ciento”.

Por eso desde febrero, y a un mes de que se cumpliera el primer año del cierre de la frontera, la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Profesionales de la Frontera (Aceprof), que representa a 280 miembros y 44 agremiaciones, envió una carta al Ministerio de Comercio y al de Hacienda. En esta solicitó la declaratoria de emergencia económica en Ipiales para tomar medidas transitorias que permitieran superar la crisis.

Entre esas medidas está, por ejemplo, una exención del IVA por 180 días para las compras a proveedores y a ventas a clientes nacionales y extranjeros; la apertura de la frontera y una prórroga de un año, después de la reapertura, para ponerse al día con los impuestos nacionales que no han pagado por la falta de ingresos.

“Hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta, ningún acercamiento del Gobierno Nacional”, nos dijo Lina María Montenegro, vicepresidenta de Aceprof. A pesar de eso no ha dejado de moverse. Hace mes y medio viajó a Bogotá, junto con representantes de la Cámara de Comercio y otros gremios, para presentar la situación de Ipiales ante la vicepresidenta-canciller, Marta Lucía Ramírez. “Sí, nos escuchó, nos dijo que hablaría y que haría lo posible. Pero no vemos resultados”, nos comentó Montenegro.

Sin ver una salida a la crisis, desde la Asociación optaron por las vías de hecho. El lunes 4 de octubre iniciaron un bloqueo en el puente Rumichaca como protesta por el cierre de la frontera. Aunque esta permanece cerrada, un acuerdo entre los dos países permite que pase mercancía de importación y exportación en las cerca de 400 mulas que atraviesan el puente a diario. 

El bloqueo se levantó cuatro días después por la presencia del Esmad y para evitar disturbios. “Hemos intentado de todo, pero ya no damos más con el Gobierno Nacional, nos sentimos solos en Nariño”, nos dijo Montenegro. Y aclaró que reciben el respaldo y el ánimo de una asociación de hoteleros y de transportadores del lado de Ecuador que también han sido afectados por el cierre de la frontera porque dependían del turismo que llegaba de Colombia.

El vox populi de la presión de empresarios ecuatorianos

La vicepresidenta de Aceprof asegura que esos empresarios ecuatorianos, con los que apenas se ha reunido dos veces de forma virtual, le han dicho que hay empresarios grandes que presionan al presidente Guillermo Lasso y a las autoridades de la provincia del Carchi—que hace las veces de departamento— que limita con Colombia. Cuatro fuentes con las que hablamos coinciden en este punto, pero ninguna dio nombres.

“He tratado de ubicarlos, de hacer contactos para saber quiénes son, pero no he podido identificarlos”, nos dijo un político de Nariño que está moviéndose en pro de los comerciantes colombianos.

El diputado conservador Jesús Armando Eraso, también nos habló de la presión de los comerciantes del país vecino: “El presidente Lasso se hizo elegir con el acuerdo de no abrir la frontera hasta 2022. Él sacó una votación amplia en Carchi y ahí el gremio de comerciantes es fuerte y está presionando para que la frontera siga cerrada porque están reactivados”. La Silla no pudo corroborar esta afirmación de forma independiente, pero sí encontramos que Carchi sí fue uno de los lugares clave para Lasso, y los empresarios de esa zona también:

La reactivación del comercio en Ecuador, explica el diputado, consiste en que con el cierre de la frontera los ecuatorianos ya no tienen cómo pasar de forma legal a comprar más barato a Ipiales y sólo pueden recurrir al comercio de la zona aún con precios elevados.

Incluso el gobernador de esa provincia, Yaco Martínez, quien a la vez fue designado por el presidente Lasso, ha comentado cómo el cierre de la frontera ha beneficiado al sector comercial del Carchi porque en lo que va de este año la provincia ha tributado los mismos 14 millones de dólares que en 2019: “faltando 4 meses para este cierre fiscal, sabemos que vamos a llegar hasta los $18 o $20 millones”, dijo a inicios de este mes.

Intentamos comunicarnos con el gobernador del Carchi para conocer más sobre su posición y qué efectos tenía el cierre de la frontera en la provincia, pero hasta el momento de publicar esta historia no contestó nuestros mensajes ni llamadas.

Ecuador ha insistido en que el cierre se mantiene por temas de pandemia. Todas las fuentes con las que hablamos reconocen que la reapertura depende del país vecino y que el Gobierno Nacional ha tomado las decisiones necesarias, pero también se quejan porque consideran que no han presionado ni negociado lo suficiente con Ecuador.

En eso coincide Montenegro de Aceprof: “Se siente muy disminuída nuestra Cancillería. (...) Sentimos que el Gobierno de Ecuador le ‘sienta la pata’ al de Colombia y ellos agachan la cabeza”. Por esta razón, concejales y diputados de Ipiales acordaron el jueves pasado crear una comisión para viajar a Bogotá y pedir acciones concretas a la cancillería para que Ecuador reabra la frontera.

Según nos contó el embajador de Colombia en Ecuador, Manuel Enríquez Rosero — quien es considerado por las fuente con las que hablamos como el que ha estado más al frente de la situación con Ecuador—, hace unos dos meses la vicepresidenta estuvo en el país reuniéndose con el Gobierno de este e insistiendo en la reapertura de la frontera. La misma Cancillería nos reseñó hasta el momento seis reuniones entre el Gobierno Nacional y el de Ecuador. Apenas ahora empieza a ser más tangible la reactivación de la frontera.

El camino a una solución

El embajador Rosero cuenta que tenía la esperanza de que la frontera se reabriera antes de diciembre de 2020, pero “el pico de covid de octubre puso los pelos de punta acá”. Desde ese mes, ya los dos países estaban planteando los posibles lineamientos a seguir para una reapertura de la frontera.

Los peros siempre estuvieron. El entonces gobernador del Carchi (antes de que llegara Guillermo Lasso al poder), Óscar Ruano, dijo en su momento que abrir la frontera era un riesgo. La razón era que podían llegar habitantes de Colombia en busca de atención médica en medio de la pandemia, teniendo en cuenta que el servicio de salud allá es gratuito y universal.

El 17 de mayo de este año, las cancillerías de Ecuador y Colombia se reunieron para concertar la posibilidad de la reapertura de la frontera. Según la Cancillería colombiana, el país vecino manifestó preocupación por el alto número de contagios. Justo en ese momento empezaba otro pico de la pandemia, la canciller Claudia Blum ya había presentado su renuncia y la vicepresidenta Marta Lucía aún no se había posesionado en ese cargo.

Dos días después de la reunión, Colombia reabrió la frontera. Y casi un mes después de la posesión de Lasso como presidente, Ecuador envió su propuesta de un protocolo para la reapertura que fue contestado con una contrapropuesta en julio.

En agosto, y según nos informó la Cancillería de Colombia, el país vecino puso como requisito que el porcentaje de vacunación en Ipiales fuera del 80 por ciento. Sin embargo, el Ministerio de Salud, insistió en reconsiderar la cifra porque cerca del 20 por ciento de los habitantes son niños y aún no había un esquema de vacunación para ellos.

Este mes, ambos países llegaron al acuerdo de que la diferencia de inmunizados no podía superar los 10 puntos porcentuales. Según el Ministerio de Salud de Ecuador, El Carchi ha vacunado al 91 por ciento de la población mayor de 5 años. “Nuestro miedo es que no logremos cumplir con esa condición y la frontera no se pueda reabrir”, comentó. También lograron otros acuerdos, como el de realizar una jornada de vacunación en la frontera para el 29 de este mes, incluyendo a los migrantes que van de un país a otro.

Aún faltan reuniones entre los Ministerios de Transporte para que Colombia flexibilice la medida de cambio de conductor en la frontera para las mulas que pasan el puente de Rumichaca. Esto con el fin de que sean los mismos ecuatorianos en sus vehículos los que lleven hasta el punto de entrega en Colombia la mercancía.

La fecha de reapertura no está definida todavía, pero para el embajador Rosero, los acuerdos que llevan y las reuniones que vienen son una buena señal.

El problema ahora es que en Ecuador hay protestas de sectores sociales por algunas medidas económicas que ha tomado el Gobierno, como la de elevar los precios del combustible. Y no está claro cómo esto afectará la posible reapertura de la frontera. Como nos dijo una fuente: “Con las protestas no sabemos qué vaya a pasar. El presidente Lasso podría alargar la reapertura para no ganarse el descontento de otro sector, en este caso el de los empresarios”. 

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