En la pelea con el GEA, Quintero ataca con desinformación

Al irse en contra del informe de Medellín Cómo Vamos, el alcalde Quintero dijo que Sura, su supuesta financiadora, estaba involucrada en la crisis de Hidroituango.

Y lo ha sustentado diciendo que “Andrés Bernal era vicepresidente de Seguros de Suramericana y Sura hacía parte de los reaseguradores que construyeron el documento”.

En efecto, uno de los nueve miembros de la junta de EPM durante la crisis de Hidroituango fue Andrés Bernal Correa. Bernal fue nombrado en 2012 por el entonces alcalde de Medellín Aníbal Gaviria (actual gobernador de Antioquia) y renunció en agosto de 2020. Aunque fue CFO (director financiero) del Grupo Sura entre 2004 y 2012 y, después, vicepresidente financiero de Sura Asset Management entre 2012 y 2017, filial del Grupo Sura, en la junta de EPM no estaba como delegado de SURA sino a título personal. 

El otro vínculo de Grupo Sura con Hidroituango fue como reaseguradora minoritaria del proyecto, con una participación del 13 por ciento. Esta calidad la adquirió cuando compró en 2016 a RSA Colombia que tenía dicha póliza de reaseguramiento. Tras la compra, Seguros Sura quedó a cargo y tuvo que pagar a EPM por Hidroituango 402.454 millones de pesos en diciembre de 2021.

Seguros Sura también tenía dos pólizas de cumplimiento de dos de los consorcios, interventor y supervisor de la obra, también convocados por EPM a la conciliación. Los límites de aseguramiento de las pólizas estaban entre los 22 mil millones y 38 mil millones, pero en su mayoría, según Sura, estaban reasegurados también y su nivel de exposición por tanto era menor. 

Pero el nombre de Sura no aparece entre los 24 imputados por la Fiscalía por el caso Hidroituango.

El alcalde Daniel Quintero ha argumentado que el GEA es una organización que opera de manera coordinada en defensa de los intereses de las empresas que lo conforman y para mantener un control sobre las decisiones públicas de la ciudad. En una entrevista en La FM, aseguró que recién elegido alcalde, los presidentes de Sura, Argos y Nutresa fueron a su casa “y me dijeron: queremos que deje a Jorge Londoño de la Cuesta como gerente de EPM”. 

La principal característica del GEA es que cada holding de empresas que lo conforma es accionista de las otras dos.

Grupo Sura: Una empresa concentrada en el sector financiero y asegurador. Es dueña de la mayoría de Bancolombia, con el 46,1 por ciento de las acciones, controla Seguros Sura y la administradora de fondos de pensiones Protección, y tiene el 35 por ciento de Grupo Argos y de Nutresa.

Grupo Argos: concentrada en el sector de infraestructura, controla Cementos Argos, Odinsa (dedicada a construcción de vías y concesiones aeroportuarias) y Celsia, empresa de energía. Tiene el 9,9 por ciento de Nutresa y el 22 por ciento de Sura.

Grupo Nutresa: líder en el sector de alimentos, tiene el 12,5 por ciento de las acciones con voto en Grupo Argos y el 13 por ciento en el Grupo Sura. 

Esa condición accionaria que les permite actuar en bloque en cierta medida impidió que, por ejemplo, el grupo Gilinski pudiera tener la mayoría accionaria de Nutresa. Se quedó sólo con el 30,8 por ciento y una de las razones fue que ni Grupo Argos ni Grupo Sura (ni las empresas que las integran), que hacen parte del GEA, vendieron su participación en Nutresa.

Pero el GEA no está registrado como grupo empresarial en la Superintendencia de Sociedades. Según el artículo 28 de la ley 222 de 1995 estos grupos se configuran cuando hay una relación de subordinación entre una empresa matriz y otras sobre las que ésta ejerce control. Y además, persiguen un objetivo común, más allá de las actividades a que cada empresa se dedica individualmente. 

En agosto pasado, la Supersociedades abrió una investigación de oficio para determinar si las tres empresas que lo conforman actúan, en efecto, como un grupo empresarial: si “las compañías matrices pertenecen a una misma estructura de control”. Esa investigación inició, justamente, para determinar si los tres holding han actuado en bloque o de manera individual frente a las OPA de los Gilinski. Hasta ahora no han tomado ninguna decisión.

En todo caso, más allá de la discusión de si es un grupo empresarial en la práctica y si debe  registrarse como tal, eso no convierte al GEA en un cartel como ha dicho el alcalde Quintero.

La Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— define los carteles como acuerdos empresariales que “buscan eliminar la presión de competir entre las empresas, dando como efecto una baja variedad, calidad de los bienes o servicios y un incremento en los precios, perjudicando con esto, tanto a los consumidores como a todos los actores que participan en los mercados”.

La SIC sí ha sancionado al Grupo Argos por cartelización, pero no a Sura ni a Nutresa. Y las sanciones a Argos no han sido por su relación con esas dos holdings de empresas del GEA, sino por fijar precios del cemento artificialmente –uno de los objetivos de los carteles empresariales– en alianza con la empresa mexicana Cemex y con Holcim para controlar el mercado del cemento.

Esta afirmación la hizo Quintero en una de las múltiples entrevistas que le ha publicado la revista Semana. 

Es cierto que cuando puso la demanda de Hidroituango todos los miembros de la junta directiva renunciaron y también que a partir de ese momento la polarización de la ciudad se agudizó, según la Invamer de agosto de 2020. Pero todo lo demás que anota como consecuencia de ello es falso.  Por eso su afirmación es engañosa.

El 10 de agosto de 2020, el alcalde Daniel Quintero, a través de EPM, demandó a los contratistas y a Mapfre, la aseguradora de Hidroituango. 

Tras esa decisión, el 11 de agosto, ocho miembros de nueve que tiene la junta directiva de EPM renunciaron a sus cargos. Ellos fueron Luis Fernando Álvarez, Jesús Aristizábal, Andrés Bernal, Oswaldo León Gómez, Javier Genaro Gutiérrez, Gabriel Ricardo Maya, Manuel Santiago Mejía y Elena Rico. 

De los ocho integrantes que renunciaron, dos tienen relación con empresas del GEA: Andrés Bernal Correa, que fue director financiero del Grupo Sura entre 2004 y 2012 y vicepresidente financiero de Sura Asset Management entre 2012 y 2017, y Manuel Mejía Correa, dueño de Alkosto y KTronix, hijo de Santiago Mejía Olarte, uno de los fundadores del GEA, y uno de los mayores accionistas individuales de las empresas de este grupo empresarial.

La razón de la renuncia fue que Quintero no le consultó a la junta su opinión para demandar a los contratistas. “Sin desconocer la necesidad de desarrollar acciones legales para proteger el patrimonio de la empresa y el vencimiento de términos, también quedó claro en la reunión que la Junta Directiva de EPM no conoció ni participó en el análisis para adelantar acciones legales contra contratistas y compañías de seguro del proyecto Hidroituango”, manifestaron en una carta. 

Eso causó indignación en algunos sectores que sintieron que Quintero se saltó los órganos de decisión de la empresa y que EPM perdió gente capacitada y con experiencia. Un grupo de ciudadanos incluso protestó frente al Edificio Inteligente que es la sede de EPM. 

Ahí fue cuando, según Andrés Felipe ‘El Gury’ Rodríguez, vocero del comité promotor de la revocatoria a Quintero, su grupo empezó a pensar en revocarle el mandato al alcalde. 

Ese comité lo conforman cinco personas: Rodríguez, un ingeniero y empresario, que le aseguró a La Silla Vacía que nunca ha trabajado con ninguna de las empresas del GEA. Jorge Alejandro Posada Jaramillo, Luis Alfonso García Carmona y Jaime Gonzalo Torres Ojeda, miembros de la Alianza por la Reconstrucción de Colombia (un movimiento de derecha, creado después de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc en 2016), y Julio Enrique González Villa, actual concejal del Centro Democrático. 

“Yo me imagino que muchos funcionarios del GEA habrán firmado la revocatoria, supongo. Pero más allá de eso, no hay ningúna relación”, insiste Rodríguez, que actualmente es investigado, junto con los demás integrantes del comité promotor de la revocatoria, por el Consejo Nacional Electoral —CNE— por superar los topes de financiación para la recolección de firmas. En abril, el CNE no certificó las firmas recolectadas para la revocatoria. Aun así, en julio, el Tribunal Superior de Antioquia ordenó que se fijara una fecha para la votación de la revocatoria, pero el 9 de septiembre, el Consejo de Estado revocó esa decisión.

En ninguna parte de la investigación al comité de la revocatoria aparecen mencionadas empresas o personas del GEA.

Basado en un artículo de Semana publicado en medio de la toma hostil de su dueño Gabriel Gilinski y su papá a Nutresa, Quintero aseguró que David Bojanini y Gonzalo Pérez, expresidente y presidente de Grupo Sura, respectivamente, habían sido acusados de fraude corporativo. Es falso.

Primero, eso no es lo que dice el confidencial de la revista.

Semana afirma que “accionistas minoritarios actuales y anteriores están terminando de recopilar pruebas para presentar demandas civiles y penales en Colombia y otras jurisdicciones, por presunto fraude contable por parte de administradores actuales y anteriores del Grupo Sura”. 

La revista dice que lo hacen basados en que el revisor fiscal Ernest & Young reveló que no tenía conocimiento de los contratos celebrados entre Grupo Bolívar y Caisse De Dépôt Et Placement Du Québec (CDPQ), con Sura Asset Management, y Munich RE, con Suramericana. Sura Asset Management y Suramericana son filiales del Grupo Sura.

Esa firma presentó un informe fiscal en la asamblea extraordinaria de accionistas del Grupo Sura realizada el 24 de agosto pasado. Esa asamblea fue citada por Jaime Gilinski, propietario del 38 por ciento de las acciones del holding, y hubo un quórum de 95,78 por ciento de las acciones ordinarias en circulación. 

Tras la asamblea, el Grupo Sura emitió un comunicado diciendo que: “los accionistas que solicitaron la asamblea convocada por la revisoría fiscal retiraron la propuesta de una auditoría externa adicional sobre los efectos financieros y contables de estos acuerdos”. Es decir, la propuesta de convocar un auditor externo no prosperó por decisión de los mismos accionistas. Lo que dejó sin piso la supuesta acusación de fraude corporativo de la que habla Quintero.

“Lo que se sabe desde la administración de la Compañía es que no hay ninguna demanda por fraude contable contra ninguno de los directivos”, dijo el jefe de prensa de Grupo Sura. Además, al buscar por los nombres de Bojanini y de Pérez procesos en su contra en la página de la Rama Judicial, la Silla Vacía no encontró ninguno relacionado con el tema.

Como aseguró Quintero, Grupo Argos sí ha sido investigado y condenado tanto en Colombia como en el extranjero por cartelización.

En 2018, por ejemplo, el Consejo de Estado dejó en firme la sanción que había impuesto la Superintendencia de Industria y Comercio —SIC— en 2008 a Argos, Holcim y Cemex por haber integrado un cartel empresarial en “la modalidad paralelismo consciente para fijar artificialmente los precios del cemento entre junio y diciembre de 2005 y repartirse el mercado de cemento en Colombia”.

Según determinó la SIC en su investigación, en 2005 los representantes legales y los responsables del área comercial de las tres empresas sostuvieron reuniones en las que intercambiaron información, que permitió “la colusión o cartelización entre Argos, Holcim y Cemex”.

Por otro lado, a finales de 2020, Argos USA (subsidiaria del Grupo Argos en Estados Unidos) llegó a un acuerdo con el Tribunal del Distrito de Georgia, división de Savannah, de pagar una multa de 20 millones de dólares por incumplir las leyes antimonopolio. 

Según el dossier, publicado por el periódico El Colombiano, la conducta ilegal no fue generalizada en la empresa, sino que se concentró en dos personas que ya no están vinculadas a la organización. Entre 2010 y 2016, James Clayton Pedrick, gerente de la división de ventas de Argos en Pooler (Georgia) y Gregory Hall Melton, un vendedor de cemento, “presentaron ofertas a los clientes a precios colusorios y no competitivos”.

“La conducta ilegal se limitó a un pequeño número de empleados que se unieron a la compañía a través de una adquisición de activos de otra compañía en octubre de 2011, después de que la conspiración ya había comenzado”, dice en el dossier.

La Silla Vacía no encontró registros de procesos o condenas a Argos por cartelización en Venezuela. Le preguntó a la holding, pero no obtuvo respuesta.