En plena crisis, el clan Gnecco construye su legado con un millonario centro vallenato

En plena crisis, el clan Gnecco construye su legado con un millonario centro vallenato
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Foto del año 2014. El gobernador Luis Alberto Monsalvo con micrófono en mano.

El vallenato y la política siempre se han mezclado en Valledupar. Pero la competencia entre los clanes políticos del departamento no es por la música, sino por la construcción de tarimas de cemento. Con la megaobra del Centro Cultural de la Música Vallenata, el gobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco, se va a gastar más plata de la que invierte en agua potable para todo el departamento. No es una cosa nueva.

Hace casi dos décadas, en 2004, el entonces presidente Álvaro Uribe inauguraba ante una multitud, y a ritmo de acordeón, el coliseo del Cacique Upar del Parque de la Leyenda Vallenata Consuelo Araújo Noguera. Este estadio vallenatero fue bautizado en honor a la “La Cacica”, la exministra de Cultura asesinada por las Farc en 2001 y la mujer más importante en la historia del vallenato. 

En esos tiempos la familia Araújo era la más poderosa del Cesar y a través del vallenato fortalecieron sus relaciones con la élite de Bogotá y cocinaron nombramientos en altos cargos nacionales. María Consuelo “La Conchi” Araujo fue canciller de Uribe y el esposo de “La Cacica”, Edgardo Maya, fue magistrado del Consejo Superior de la Judicatura y más adelante Contralor.

 

Sin embargo, en 2010, los Araújo cayeron en desgracia. Dos de sus integrantes fueron condenados por parapolítica, el exsenador Álvaro Araújo, hermano de “La Conchi” y el exgobernador Hernando Molina, hijo de “La Cacica”. 

El Parque, que simboliza la importancia de “La Cacica” para el vallenato, nunca se convirtió en el escenario multipropósito que se planificó, que incluía un Museo de la Música Vallenata. De hecho, su infraestructura se está deteriorando.

En contraste con el abandono del Parque, hace tres semanas el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, adjudicó un contrato para construir el Centro Cultural de la Música Vallenata, una obra de 139 mil millones de pesos. El Centro entraría en funcionamiento en el último año de gobierno de Monsalvo y, en el fondo, busca mostrar que el cuestionado y poderoso clan Gnecco también lleva la batuta en el folclor vallenato. 

El clan Gnecco llegó al Cesar proveniente de La Guajira hace casi 50 años. Varios integrantes del clan han estado involucrados en líos de corrupción y de parapolítica y su rival histórico ha sido la familia Araújo. 

En un principio los Gnecco fueron excluidos de la alta sociedad vallenata, pero hoy son los más poderosos del departamento: destronaron a los Araújo políticamente y ahora buscan quitarles el poder del folclor.

El megaproyecto de Monsalvo ha generado indignación por fuera de esa lucha de clanes, y fue motivo de movilizaciones en las calles de Valledupar. La adjudicación se da en medio de la crisis social y económica que ha desatado la pandemia, y que le pega fuerte al Cesar, el quinto departamento más pobre del país. 

Además de esto, han surgido cuestionamientos, como los de la Sociedad de Ingenieros del Cesar (SIC), sobre el proceso de contratación. Pese a que hubo al menos 14 interesados, la licitación tuvo un solo oferente. Ganó en solitario la empresa A Construir, cuyos accionistas mayoritarios son los hermanos Daes, megacontratistas de Barranquilla y sostenes de la popularidad de la casa Char. 

La puja de poder

A la par de los enfrentamientos políticos entre el clan Gnecco y los Araújo -divididos en Araújo Castro y Molina Araújo- el Cesar ha presenciado disputas por ver quién hace las mejores parrandas, que da prestigio y genera relaciones con la élite de Bogotá que visita Valledupar durante los días del Festival. 

Pese al descenso político de los Araújo tras el escándalo de la parapolítica en 2010, los Molina Aráujo aún manejan la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, una entidad privada que tiene un gran poder en la ciudad como organizadora del Festival. Antes de la pandemia, movía durante cuatro días de celebración vallenata, alrededor de 40 mil millones de la economía del Cesar y auspicia un evento que suele ser inaugurado por el presidente.

En su segunda gobernación, el condenado por corrupción Lucas Gnecco (1998-2000) remodeló la Plaza Primero de Mayo para hacer eventos paralelos a los del Festival y estableció premios para atraer a artistas que incluían medallas de oro.

Y en su primer periodo como gobernador, Luis Alberto Monsalvo organizó la Fiesta A Salvo, que no cobraba entrada, como sí lo hacía el Festival. Esto generó controversias en las que medió, sin éxito, la Procuraduría. 

Como hemos contado, los Gnecco también son reconocidos por hacer la mejor parranda privada durante los días del Festival. A su finca asisten ministros, congresistas y mandatarios de todo el país, que gozan con whiskys al ritmo de artistas como Silvestre Dangond y Peter Manjarrés.  

Esta vez, el proyecto del Centro Cultural de la Música Vallenata no afecta directamente a la Fundación, pero sí contrasta con la falta de inversión y el deterioro del Parque Consuelo Araújo Noguera, sede del Festival. 

Pese a que el Parque tenía alrededor de 18 hectáreas disponibles, el gobernador Monsalvo eligió hacer el Centro Cultural en un lote que tuvo que gestionar para que se lo cedieran. 

El uribista Sergio Araújo Castro, primo del director de la Fundación, Rodolfo Molina, señaló en el periódico El Pilón que es un acto de egolatría : “Habría sido ideal que, sin mezquindades, la Gobernación se hiciera parte de la Fundación y el Centro Cultural se construyera en el parque de la Leyenda Vallenata Consuelo Araujo Noguera. Pero al gobernador no le da el ego. Solo concibe la grandeza hacia adentro”.

El Parque es un bien de uso público tras un fallo de 2018 del Consejo de Estado que, en segunda instancia, ordenó a la Fundación de los Molina Araújo devolver al municipio las 23 hectáreas del Parque, en el que se hacen la mayoría de actos del Festival. 

No obstante, el gobernador Monsalvo ha dicho públicamente que escogieron el lugar actual para el Centro Cultural porque los grandes establecimientos culturales del mundo están en el centro de la ciudad, y no en la periferia, donde está el Parque.

En la Gobernación del Cesar también nos respondieron que, cuando se hizo la proyección de la obra, el Parque era un lugar privado y, además, hoy está en una incertidumbre jurídica porque la Fundación lo intenta recuperar. 

El Centro Cultural de la Música Vallenata es un sueño que el gobernador Monsalvo tiene desde su primer mandato. En 2014 contrató los estudios técnicos y consiguió el terreno, pero el proyecto no se concretó porque no se giraron los recursos del Gobierno Nacional.

Desde que inició este segundo mandato, la bandera de Monsalvo ha sido el Centro Cultural, y hace tres semanas logró adjudicarlo. El Centro Cultural será de cinco pisos y tendrá museografía, estudios de grabación, restaurantes, un salón de la fama de cera y salas de eventos con capacidad para 1.200 personas. El objetivo del proyecto es salvaguardar el folclor vallenato y promover el turismo. 

A pesar del brillo con el que se ha presentado la obra, diferentes sectores cuestionaron este gasto en cemento justo cuando el departamento vive la crisis social generada por la pandemia. El director del Centro de Estudios Socioeconómico y Regionales (Cesore), Fernando Herrera, le dijo a La Silla que: “Se esperaría de parte de la Gobernación que su principal Plan de Acción fuese una estrategia contra la pobreza y el hambre. Pero en vez de eso, quieren pasar a la historia con la construcción de un gran Centro Cultural de la Música Vallenata”. 

“Como está pensado actualmente se siente como un cascarón vacío. ¿Dónde está un proyecto cultural serio que lo nutra y lo contenga? La infraestructura, o el cemento por sí mismo, no son más que eso, obras faraónicas para mostrar ejecución y egocentrismo de los gobernantes que no llevan a transformaciones estructurales”, agrega Herrera. 

El inconformismo alrededor del Centro Cultural hizo parte de los argumentos de un sector de los manifestantes de Valledupar en el marco del paro nacional. Concretamente se movilizaron el 19 de mayo. 

“Nos movilizamos para que el gobernador priorice los recursos, priorice salud, educación, el Centro Cultural puede esperar. Consideramos que es inoportuno embarcarse en un proyecto de 140 mil millones de pesos en momentos de crisis económica y social”, le dijo a La Silla Iván Lozano, un líder juvenil que lideró las protestas en ese tema. 

Los recursos salen de las regalías que recibe el departamento. El investigador Herrera señala que: “Dicha suma equivale, para hacerse una idea, al 15 por ciento del presupuesto de la Gobernación del año pasado, al 72 por ciento de las regalías directas que recibió el Departamento el mismo año, al 94 por ciento de los recursos propios que genera como entidad territorial”.

Respecto al tema de la priorización, en la Gobernación nos respondieron que tienen destinados 184 mil millones de pesos al plan de infraestructura educativa, priorizaron 600 mil millones para la construcción de 300 kilómetros de vías secundarias y 100 mil millones para programas de agua potable y saneamiento básico, entre otros. 

En la marcha también estuvieron los miembros de la Sociedad Ingenieros del Cesar (SIC). Sostenían una pancarta que decía “No más licitaciones de mentiras”. Además de la pelea de clanes políticos, para el presidente de la SIC, Nancio Galván, hubo irregularidades que favorecieron al único proponente del proyecto.

El contrato

En la página de contratación estatal Secop aparecen 14 empresas que hicieron la visita de obra al Centro Cultural o presentaron observaciones durante el proceso, es decir, estaban interesadas en participar. 

Sin embargo, al final el único oferente fue la empresa A Construir, cuyos accionistas mayoritarios son los hermanos José Manuel y Christian Daes, megacontratistas de Barranquilla y cercanos a la poderosa casa Char. En solitario, resultaron elegidos para ejecutar la obra de 139 mil millones. 

El contrato establece que el contratista no recibirá anticipos, sino que se le pagará cuando presenten “actas parciales o al final de la obra”. Se trata de una práctica poco común a nivel nacional, pero frecuente en la Alcaldía de Barranquilla durante la era Char, como hemos contado.

Asimismo, el contratista asume el costo de los riesgos identificados en la matriz del proyecto. 

La Silla revisó las observaciones de 14 empresas en el proceso y encontró que: cuatro solicitaron anticipo para el contratista, cuatro pidieron que el formulario de cantidades y presupuesto estuviera en excel y no en pdf, siete reclamaron por la elevada experiencia de los trabajadores o por la cantidad de requisitos para acreditar la experiencia, cinco pidieron revisar la metodología de evaluación (especialmente el ítem “factor de calidad” pues era muy subjetivo y ambiguo”) y cuatro pidieron replantear cosas relacionadas con la visita obligatoria de la obra.

Por observaciones como esas, el presidente de la Sociedad de Ingenieros del Cesar (SIC), Nancio Galván, afirma que el proceso estuvo direccionado: “Sostenemos que la Gobernación del Cesar hace licitaciones de mentiras, para que sólo puedan proponer los compinches de la administración, con los que se han hecho acuerdos previos y compromiso de entrega de dinero, también llamadas mordidas”. 

La SIC ha recopilado información con algunas de las empresas interesadas en participar del proceso. Entre ellas Coninsa, una experimentada constructora antioqueña que ha hecho proyectos como las Casas Gratis entregadas en la Presidencia de Santos, que les envió un documento con su concepto jurídico sobre el proceso de adjudicación.

La Silla tuvo acceso al documento vía la SIC, donde señala que: “Nos referiremos a las condiciones de experiencia específica como requisito habilitante, los cuales son tan ‘particulares’ que de manera evidente cercenan la posibilidad de la presentación plural de oferentes al proceso de selección, y podrían considerarse como intención por parte de la entidad de direccionar al adjudicatario de manera anticipada a la evaluación”.

Por otra parte, Sofía Garzón, gerente para Colombia de Open Contracting Partnership, una organización que vela por la transparencia de la contratación a nivel mundial, también cuestiona la matriz de riesgo y los estudios del sector del proceso: “La entidad debe hacer el ejercicio de revisar todos los riesgos posibles de un proceso a de contratación, que haya un solo proponente es un riesgo que debía estar en la matriz y no estaba, ni tampoco buscaron cómo mitigarlo”. 

“Hay un solo proponente, aunque en el estudio de mercado identificaron diez posibles proponentes en el departamento. Esto hace que uno como ciudadano se pregunte porque esos diez no pudieron participar”, agrega Garzón.

La Silla Vacía habló con dos contratistas que participaron del proceso que también sintieron que el proceso estuvo direccionado. Decidieron no ser identificados por “seguridad” y “para evitar problemas”.  

“Uno que está en el día a día en esta área evidencia fácilmente los procesos que son transparentes. En este proceso uno siente que estaban tratando de poner las cosas más difíciles, tratando de poner piedritas en el camino para ver en qué la embarras”, dijo uno. 

“Desde poner como requisito la visita obligatoria a la obra, algo que no es obligación. El presupuesto, por ejemplo, no fue entregado en excel como siempre, sino en pdf, eso dificulta presentar la propuesta. Pedían listado de insumos, análisis de precios unitarios, adicionales al formulario de presupuesto ofertado. Para invertir en algo que no te da tranquilidad, que no te da certeza de que vas a competir con las mismas condiciones que los demás, pues no te presentas”, agrega la fuente indignada con el proceso. 

El otro contratista con el que hablamos nos dijo: “Solicitaron ingresos operacionales totalmente fuera de lugar, estaban solicitando unos perfiles de profesionales muy errados, con experiencias muy grandes. Estaba muy direccionado el proceso”. 

Respecto a que el proceso solo tuviera un oferente en la Gobernación nos respondieron que: “Definimos reglas claras, justas y objetivas, que fueron publicadas con la debida anticipación. Adicionalmente, se concedieron términos amplios para la conformación de la propuesta, se respondieron las observaciones al proyecto de pliegos y al pliego definitivo y se concedieron las modificaciones del caso. Desde la perspectiva de la entidad, se actuó con fundamento en la Ley, procurando la participación plural de oferentes”.

Por su parte, el gerente de A Construir, Luis Eduardo Barrios, señaló: “Si hay un único proponente eso no es culpa mía. Este no es un proyecto pequeño, esto lo tiene que hacer una empresa que tenga capacidad económica, que haga la obra, que la termine. Si revisas la historia de A Construir no hay un proyecto que no haya cumplido a cabalidad”. 

Más allá si cumplen, la pregunta abierta por las manifestaciones en las calles es si estas obras llenan un vacío real para el folclor vallenato, además de los egos de los apellidos políticos del Cesar. 

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