En plena crisis, Bogotá sigue con política de seguridad de 2011

En plena crisis, Bogotá sigue con política de seguridad de 2011

La capital vive una crisis de inseguridad. Con datos de los primeros siete meses del año, el homicidio tendría un aumento histórico. No solo frente al 2020, sino también frente a las mediciones anteriores a la pandemia, de 2019.

Según las cifras de la Secretaría de Seguridad, ha habido 94 homicidios más que en 2019, un aumento del 56 %.

Aunque hay mejoras en delitos como el hurto a celulares y a comercio, que se redujo en 54 %, entre enero y julio de este año, hay otros crímenes que preocupan. El hurto a bicicletas (26 % más que en 2019) y robo de motos (11 % por encima del 2019).

El tema ha impactado a la opinión pública y se alzó como un frente crítico para la gestión de la alcaldesa Claudia López. Según una medición de Bogotá Cómo Vamos de este año, el 77 % de los encuestados se sentían inseguros. El año pasado esa cifra estaba en 49. En una encuesta del 2019, pero que se hizo de forma presencial, el 37 % se sentía inseguro. 

La imagen de López ha registrado el golpe. Según la última Invamer, pasó de una aprobación de 89 % cuando llegó al Palacio Liévano, y hoy está en 42, por primera vez por debajo de un apoyo mayoritario.

López decidió, hace dos meses, cambiar a su secretario de Seguridad, Hugo Acero, y ahora está al frente Aníbal Fernández de Soto, quien está elaborando una nueva política de seguridad y ha propiciado un acercamiento con la Policía y el Gobierno Duque.

De hecho, el Ministerio de Defensa destinó 1.500 uniformados adicionales, luego de una petición de la Alcaldía. Y desde agosto el ministro, Diego Molano, anunció un acompañamiento especial.

La Silla conversó con el secretario, el director de la Policía Metropolitana, general Eliécer Camacho, y cinco expertos en el tema para entender el origen del aumento de la inseguridad en Bogotá. 

Todavía no hay una nueva política de seguridad

El secretario de Seguridad, Fernández de Soto, afirma que hay una política desactualizada, del 2011, cuando el escenario del país y de la ciudad era distinto. “Es que en el 2011 ni siquiera existía la Secretaría de Seguridad”, dijo el funcionario. La idea es “pasar de la seguridad democrática a la seguridad ciudadana, con enfoque en derechos humanos y confianza entre la ciudadanía y las autoridades”.

Por eso, su meta es que para finales de este año, o principios del 2022, la capital tenga una nueva política en la que se integre los avances tecnológicos disponibles, el escenario post Acuerdo de Paz, y la evolución del crimen urbano. Tendrá en cuenta factores como la pandemia y las movilizaciones.

Jerónimo Castillo, director de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y miembro de la red Llena, dice que justamente esa falta de norte es lo que no ha permitido avanzar en una mejora de la seguridad. No es un problema solo de Bogotá, sino de todo el país, donde el 96 % de los encuestados por Invamer consideran que la seguridad va mal, la peor medición en más de 15 años.

“La alcaldesa presentó unas ideas progresistas que nunca se ejecutaron y ahora, con el pasar del tiempo, hemos visto que sus estrategias se han tornado en ideas represivas. Pero la discusión no está centrada en la política de seguridad”, dice Castillo. Para él, prueba de eso es la iniciativa de crear un comando para identificar delincuentes migrantes, que finalmente no fue aprobada por el Gobierno nacional.

“La seguridad es el lunar más grande del Gobierno de Claudia López. Es un fracaso porque no hubo una política articulada frente a un propósito. No hay una estrategia contra el crimen organizado”, agrega Jorge Mantilla, experto en seguridad y estudiante investigador de criminología, ley y justicia de la UIC- Chicago.

Por otro lado, hasta ahora los anuncios que han hecho tanto el secretario como la alcaldesa en esta materia vuelven sobre ideas recurrente: más pie de fuerza, inteligencia, tecnología y focalización del crimen.

El secretario, sin embargo, asegura que una de las novedades con su llegada al cargo es la articulación al máximo con el Gobierno nacional, la Fiscalía y la Policía. Al preguntarle si esta articulación no se venía haciendo ya -pues su antecesor, Acero, habló de ese trabajo-, Fernandez de Soto dijo: “Eso antes no se hacía”.

Eso va en la línea con lo que había pedido el ministro de Defensa, Diego Molano, en agosto: "Queremos hacerle un llamado a la Alcaldía y la Secretaría de Seguridad. La única forma de avanzar es trabajar en conjuntamente y articuladamente".

“Lo que ha dicho la alcaldesa es que, así como se pudo darle golpes al narcotráfico o a las Farc para que se desmovilizaran, será posible mejorar la situación de seguridad de Bogotá, y de otras ciudades del país, si el Estado en conjunto trabaja en ello”, dijo Fernández de Soto.

La crisis de legitimidad de la Policía y el impacto de la protesta

Ahora como experto, Hugo Acero, el exsecretario de Seguridad, dijo en Razón Pública que la pandemia y el paro contribuyeron “a afectar aún más la imagen de la Policía y la seguridad, puesto que la institución estuvo a cargo de más tareas”. Es un reconocimiento de que esos hechos superaron la capacidad de respuesta de Bogotá durante su gestión.

Durante tres meses, desde el 28 de abril, la ciudad tuvo, al menos 20 concentraciones al día. Y casi todos los días hubo enfrentamientos entre manifestantes y el Esmad. Hoy todavía hay algunos desmanes en las noches en Kennedy, Suba y Usme.

“Antes del paro de abril la tasa de homicidios venía bastante bien. Abril, mayo y junio fueron muy duros”, dijo Fernández de Soto.

Los uniformados también tuvieron otras tareas adicionales a su trabajo, como el levantamiento de cuerpos por covid en las casas, entrega de mercados a población vulnerable. Además, desde marzo de 2020 han tenido que hacer cumplir las restricciones de movilidad en el sistema de transporte y en las calles, a punta de comparendos.

Eso empeoró la confianza en la Policía, cuya imagen venía golpeada desde los desmanes del 9 de septiembre de 2020 y los excesos a la hora de hacer cumplir las medidas de bioseguridad que se vieron a diario.

Al cóctel se le agrega una difícil relación de la alcaldesa López con la Policía. Un día son denunciados por abusos, otro son resaltados como héroes. Según el experto Mantilla, la alcaldía no ha asumido la responsabilidad sobre el contexto en el que se ha degradado la legitimidad de la Policía.

“Fue el Distrito el que sacó los decretos de la pandemia y decidió la forma en cómo se iba a usar a la Policía en el paro”, dijo el criminólogo Mantilla.

Incremento del crimen violento

Según explicó el secretario Fernández de Soto, las cuarentenas y medidas como el distanciamiento social han hecho que los delincuentes dejaran de recurrir al cosquilleo para robar. Ahora abordan a sus víctimas y para asegurar el delito recurren al uso de armas blancas, de fuego y de fogueo.

Según datos de la Secretaría de Seguridad, en 2018 el 51 % de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego. En 2020 esa cifra se elevó a 62 y desde entonces se mantiene por encima del 60 %.

“Antes para robarte el celular, por ejemplo, te raponeaban o te amenazaban, ahora primero te hieren antes de robarte”, dijo Fernández de Soto. Asegura también que están investigando por qué sucede este fenómeno y tratando de identificar a los delincuentes,

La alcaldesa López ha sugerido que el aumento de la violencia puede ser consecuencia de los migrantes que delinquen en la ciudad. Tras el asesinato de un patrullero dijo “Tenemos actos muy violentos de migrantes venezolanos. Este no es un tema de hurto, primero asesinan y luego roban”.

Pero para los expertos consultados, el crimen violento, especialmente con armas de fuego señala vacíos en las políticas de desarme. Por ejemplo, el programa “desarme por la vida”, de entrega de armas no registradas sin preguntas, no ha dado los resultados esperados.

En 2020, según Siedco, el 59,5 % de los homicidios en Bogotá fueron con armas de fuego, el porcentaje más alto desde 2016.

Muchas capturas, poca desarticulación real

Entre los resultados que ha destacado la Alcaldía en materia de seguridad está la desarticulación de más de 100 bandas criminales. Los expertos son más escépticos.

La Administración estructuró su plan de seguridad con la premisa de que en Bogotá sí se movían estructuras criminales organizadas que estaban detrás de delitos. En un diagnóstico que hicieron, encontraron que en Bogotá el 60 % de los homicidios que se esclarecen se daban por el funcionamiento de estructuras criminales y por eso decidieron hacer un esfuerzo en acabarlas.

Sin embargo, esas capturas no terminan con las bandas. Según Miguel Silva, politólogo experto en seguridad, hay dos problemas. Por un lado, está el nivel de impunidad. Pese a que la Policía hace el trabajo de capturar, los delincuentes quedan rápidamente libres. Según datos de la Fiscalía, al menos el 50 % de los capturados son reincidentes.

“No todas las capturas son de buena calidad. Algunas terminan en una no judicialización. No hay trazabilidad de capturas. Toman la foto y luego no sabemos qué pasó con esos capturados”, dice Silva.

Por otro lado, agrega Silva, el golpe a estas estructuras no garantiza que estas estructuras se recompongan: “No es que deje de funcionar la banda. Sigue funcionando desde las cárceles. Y los operadores delincuenciales se reemplazan”.

Un enfoque errado hacia el crimen de los migrantes

López ha insistido en relacionar a los migrantes venezolanos con el crimen en la ciudad. Esta semana publicó en El Tiempo un artículo en el que aseguró que “nunca ha sugerido eso”, pero renglón seguido dijo que aunque los migrantes representan solo el 4 % de la población, el 15 % de las capturas en flagrancia son de migrantes, (cuatro veces su proporción en la población).

“En vez de estar persiguiendo a extranjeros podrían tratar de entender cómo funciona, por ejemplo, el negocio ilegal de las autopartes”, dice Castillo, de la FIP, una asociación que ha copado mucho del debate sobre seguridad.

Un experto en seguridad que asesora a la Alcaldía, y que por eso pide no ser nombrado, dijo a La Silla que “Por escala y especie, el crimen organizado es un asunto de colombianos, dominado por colombianos. La alcaldesa está confundiendo operatividad, que es manipulable, con eficacia judicial”, afirma. Aún más, dice que estas cifras pueden ser el resultado de una discriminación policial implícita: “Si como policía sales a capturar venezolanos, lo vas a hacer”.

Hay unanimidad entre expertos que consultamos en que, hasta ahora, no hay una relación entre el aumento de la inseguridad y la migración. Esto coincide con un estudio hecho por el Migration Policy Institute de Washington que muestra que lo mismo ocurre a nivel internacional. En cambio, sí está aumentado la xenofobia.

“El tema con los migrantes da réditos políticos y tal vez electorales, pero no es la mirada que necesitamos y correcta”, dice Mantilla.

Es un tema, que además contribuye a la distancia con el Gobierno Duque, que, por ejemplo, desautorizó la idea de López de hacer un comando especial de policía contra el crimen de migrantes.

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