En plena crisis el Registrador le quitó dientes a la auditoría de las elecciones

Para Carolina Botero, directora de la fundación Karisma, una ONG experta en temas de vigilancia electoral, ese tipo de auditorías improvisadas no funcionan. “Si no son técnicas, independientes y públicas, esas auditorías no cumplen su objetivo. Porque los informes que salen de ahí son privados”, dice Botero.

La modificación que autorizó Vega le quitó en ese momento dientes a la vigilancia de las elecciones. Hoy esa vigilancia sufrió un golpe adicional. El Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría descartaron la contratación de otra auditoría internacional a ese software con el que se hará el escrutinio de los votos de las elecciones del domingo.

Esa decisión generó cuestionamientos desde todos los sectores políticos, desde el petrismo hasta el uribismo, que vienen sembrando la idea de que el domingo se puede presentar un fraude. 

Muy a pesar nuestro las elecciones no contarán con la necesaria auditoría externa, garantía que toda elección presidencial -que pretenda ser transparente- debe tener. El gobierno giró tarde, no le dio a este tema la importancia debida, y el resultado es el que ya conoce el país. pic.twitter.com/wigBwFVmtD

— Alfonso Prada (@alfonsoprada) May 24, 2022

Muy grave para la democracia colombiana. Gran error del @CNE_COLOMBIA y de la @Registraduria

Siguen jugando con candela! Lo siento por Colombia, lo siento por la democracia! pic.twitter.com/zMqwotbZrf

— Gabriel Vallejo Chujfi (@GabrielJVallejo) May 24, 2022

El CNE y la Registraduría dijeron que aún sin esa auditoría internacional, que se intentó introducir por primera vez en estas elecciones, están dadas las garantías para el domingo. Por un lado, porque hay otra auditoría interna en ejecución, de otro, porque hay veedores internacionales, y finalmente porque, en todo caso, los partidos políticos tienen la posibilidad de inscribir testigos electorales para hacer control al conteo.

Sin embargo, el país entra a primera vuelta en medio de un clima de desconfianza que genera la falta de unas garantías adicionales que se habían prometido. Una ausencia que resultó de la improvisación en la Registraduría de Vega, y también del CNE y el Gobierno Nacional.

Ni la auditoría interna se hizo como se prometió

El 29 de diciembre del año pasado, la Registraduría decidió comprar por primera vez un software propio para el escrutinio que debe hacer el CNE en las elecciones de Congreso y Presidencia. Antes, ese software era alquilado a un tercero.

Es un software que consolida los datos de los formularios que llenan los jurados de votación, conocidos como E14. Es un proceso diferente al que se hace con el preconteo, que se hace de manera preliminar y que solo sirve para fines informativos en medios de comunicación o en la página de la Registraduría.

Conseguir ese software propio fue un pedido de garantías de la oposición, una recomendación de seguridad del gobierno de Iván Duque y una obligación que impuso el Consejo de Estado en un fallo con el que comprobó fraude en las elecciones del Congreso de 2014.

Como contó La Silla, la contratación de ese software por 27 mil millones de pesos se hizo a la carrera. El contrato se lo ganó la firma española Indra, quien fue la única que cumplió con las exigencias de la Registraduría. El registrador Alexander Vega aseguró que en aras de la transparencia una universidad pública haría la auditoría externa a ese software y que la Universidad Nacional había manifestado su interés.

Efectivamente en el contrato con Indra quedó establecido que el proceso de las revisiones antes, durante y después de la implementación de ese software debía tener el acompañamiento y la intervención de una institución de educación superior.  Vega, incluso, anunció que los iba a acompañar la Universidad Nacional. Pero esa auditoría no se hizo así.

El 7 de marzo, a una semana de las elecciones de Congreso, cuando el software ya debía estar listo, Indra le dijo a la Registraduría que no había logrado que una universidad hiciera esa auditoría externa. Que hizo una convocatoria a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad), a la Tecnológica de Pereira y a la Pedagógica de Bogotá, y que ninguna aceptó. No revela los detalles del por qué el rechazo, que hasta ahora no se había reportado.

Y que para no quedarse atrasada con la creación del software había hecho por su cuenta esa auditoría preliminar con otra empresa española. Esa auditora se llama Sia, y es la empresa de ciberseguridad del grupo Indra. Es decir, la creación y vigilancia de esa fase del software fue hecha por empresas de la misma compañía. 

Sin embargo, para poder cumplir al pie de la letra la cláusula de la auditoría, Indra le pidió a la Registraduría modificar el contrato para que de ahora en adelante esa auditoría no la hiciera una universidad, como lo prometió Alexander Vega, sino una empresa especializada.

La Registraduría accedió a esa petición el 22 de marzo, diez días después de las elecciones. Para ese momento ya habían estallado dudas sobre el preconteo y el escrutinio de votos porque, por ejemplo, el Pacto Histórico dijo que le habían dejado de contar más de 500 mil votos.

La modificación del 22 de marzo, oficializada con un otro sí, le permitió a Indra elegir a su nuevo auditor interno.

Paralelo a eso, y como de todos modos era necesario contratar, por aparte, otro auditor externo al que escogiera Indra, la Registraduría optó por un viejo conocido y no por abrir de una vez una auditoría internacional.  A través de un otro sí le entregó esa responsabilidad a la empresa Jahv Mcgregor SAS, la misma que se había ganado en noviembre del año pasado un contrato de 11 mil millones para hacer la auditoría contable, técnica y administrativa a la distribución del material electoral, la capacitación de jurados y en general la organización. 

Para justificar la adición de 2.300 millones al contrato original de Mcgregor y sumarle la vigilancia al software de Indra, la Registraduría dijo que eso ayudaría a mejorar la confianza y seguridad del proceso electoral y de la institucionalidad. Que así se lo había pedido el CNE. 

Ni la fallida auditoría de una universidad externa, o la revisión que hizo Indra con su empresa hermana Sia, ni la de Mcgregor SAS, fue suficiente para los magistrados del CNE, y por eso salió la necesidad de conseguir una auditoría externa e internacional.

La pelotera entre el Gobierno y el Consejo Nacional Electoral

Tras las dudas que dejó el preconteo - que legalmente no es válido sino informativo- y las peticiones de recuento de votos que plantearon varios sectores políticos, el 1 de abril la sala plena del Consejo Nacional Electoral definió pedir una auditoría externa e internacional a los sistemas informáticos del proceso electoral. Empezando por el software de escrutinios que ellos manejan.

Como el CNE no tiene presupuesto propio, le trasladó la petición al registrador Alexander Vega para que hiciera la gestión de recursos ante el Ministerio de Hacienda, quien es el que aprueba y gira los recursos.

La Registraduría de Vega pasó la solicitud por 3.200 millones de pesos al MinHacienda el 22 de abril. La respuesta del Minhacienda con la autorización se dio el 2 de mayo.

Con la plata, la Registraduría dejó en manos del CNE la elección de ese auditor externo e internacional. El 16 de mayo, La W contó que estaba todo acordado para contratar a la empresa alemana Dermalog. La fundación Karisma encontró que esa empresa, aunque tiene amplia experiencia en procesos de identificación y seguridad biométrica, no tiene antecedentes en auditorías forenses de software de preconteo y escrutinio.

Dos días después del anuncio, el negocio con Dermalog se cayó. Y ahí el CNE empezó otra contrarreloj para no dejar perder la oportunidad, lo que al final no pasó porque hoy anunciaron que no se logró conseguir otro proveedor.

En medio quedó la advertencia que hizo la Procuraduría para que esa nueva auditoría fuera “sustancialmente” diferente a la de Mcgregor. 

El registrador Vega dice que están confiando en que todo va a salir bien. Que se la van a jugar con la auditoría de Mcgregor, con la vigilancia que pueden hacer los partidos políticos y los veedores internacionales. "Nosotros respondemos por nuestra auditoría para las elecciones del domingo, la firma McGregor la está trabajando correctamente", dijo Vega Rocha.

Botero, de Karisma, también da ese margen de confianza. “En todo caso, a pesar de todas las falencias que ha tenido el proceso y que deberán abordarse a futuro, lo que hemos visto de los problemas de marzo es que la trazabilidad manual del proceso ha permitido hacer control y veeduría en lo sustancial”, comenta.