En Tumaco, la guerra contra las drogas de Duque termina con saldo en rojo

Andrés está de pie al lado del viejo José, que es familiar suyo, en una caseta de cemento con techo de metal en medio de un resguardo indígena cerca a Llorente. Es una cocina improvisada con canecas de plástico, tarros de gasolina vacíos y recipientes con químicos para la producción de coca.

Mientras terminan de sacar el kilo de base de coca, el líder indígena continúa con su explicación: “Ahí hay 40 arrobas de hoja de coca y 60 galones de gasolina. Es lo mínimo, la sobrevivencia. Nadie se hace rico con un kilo pero todos comen de él”, afirma.

Entonces empieza a echar matemática en la caseta con José. Al valor del kilo que les compran a dos millones 600 mil pesos le restan los gastos: en pago de los raspachines se van 400 mil , el día de trabajo del químico que procesa la hoja de coca cuesta 100 mil, más los insumos que son otros 300 mil pesos.

También hay que restar a la ganancia las pomas  de gasolina (20 galones cada una) que cuestan 600 mil, los abonos para los cultivos que el viejo calcula en otros 200, y por último el impuesto de 500 mil que, por cada kilo de base, cobra uno de los grupos armados que controla el territorio; que en este caso son las disidencias del Frente 30 de las Farc, aliadas de Gentil Duarte.

Al final de las cuentas, al que cultivó y trabajó ese kilo de coca le quedan 400 mil pesos. “pa’ pagar deudas y comprar comida”, concluye José.

“Ese es el tema en muchas de nuestras comunidades indígenas, muchos campesinos y afros viven la misma dinámica. Pero aquí los que ganan son los que están en la industria cocalera, que son los que cogen de mil arrobas para arriba, y los grupos armados que ganan por todo lado”, remata por su parte Andrés. 

La fallida política antidrogas de Duque

Iván Duque pareció darle tanta importancia al problema del narcotráfico en Tumaco, que lo visitó tan solo tres días después de posesionarse como Presidente. Desde entonces, el Ejército ha reportado durante estos cuatro años golpes a grupos armados que controlan el negocio, como la baja de alias ‘Guacho’, quien era comandante de la disidencia de las Farc de Oliver Sinisterra.

Y en el último informe de cultivos ilícitos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que tiene datos actualizados apenas hasta diciembre de 2020, se reportó una disminución del 19 por ciento en los cultivos en este enclave cocalero respecto a 2019; se dice que fue gracias a la erradicación forzada y a un éxito de la sustitución voluntaria de cultivos (Pnis).

Pero esto no refleja la realidad actual, según afirma Kyle Johnson, investigador de la fundación Conflict Responses y experto en el crimen organizado de Tumaco. Para él, pese a la reducción de cultivos ilícitos que se registró en 2020, la coca y la plata sigue fluyendo, y con ellas también el control de los armados. Así que, ad portas de culminar el gobierno Duque, el panorama general sigue siendo muy parecido al del inicio de ese mandato.

Para el investigador, hay tres factores que explican esto. Por un lado, los programas de sustitución voluntaria fracasaron en zonas con mucha concentración de cultivos ilícitos, como el consejo comunitario de Alto Mira y Frontera. También, con nuevas cepas de mata de coca, cada vez se saca de una hectárea cultivada más pasta y más cocaína en Colombia y en Tumaco. Y finalmente, que los informes de la UNODC tienen un subregistro de las hectáreas reales.

“Sí, en 2020, hace un año y medio, hubo una reducción de hectáreas de cultivo, pero esto no significa que haya menos coca ni menos plata del narcotráfico en Tumaco. Allí están todos los eslabones de la cadena, desde los cultivos hasta la salida de cocaína al exterior”, explica Johnson. Y agrega: “El negocio de la coca sigue funcionando muy bien”.

El Estado es la coca

Inda Sabaleta es el segundo resguardo indígena con mayor concentración de hectáreas sembradas de coca en el país, según el último informe de la UNODC para Colombia. Además, también hay allí una fuerte presencia del Frente Iván Ríos, antes conocido como el grupo armado de los “Contadores”, que ahora está alineado con la estructura de la Segunda Marquetalia en Tumaco.

Para llegar allí hay que coger una vía destapada que sale del centro urbano de Llorente hacía el norte, en dirección al río Rosario. Un camino concurrido especialmente por motos, que llevan en la parrilla desde bultos de insumos agropecuarios hasta electrodomésticos y colchones doblados.

A pesar de la actividad que hay, este es un camino para pocos. “Si usted no va acompañado, de allá no sale”, afirma Carlos, un líder indígena que ha vivido casi todos sus 45 años en este resguardo. Su piel está curtida por el sol y algunos dedos de su mano están curvos de tanta coca que raspó siendo más joven.

Carlos llega al centro de Sabaleta y se para a saludar en cada esquina del poblado urbanizado, que está lleno de negocios dedicados a la cadena productiva de la coca. Almacenes que ofrecen pomas de gasolina; tiendas que tienen todos los tamaños posibles de poncheras plásticas; puestos ambulantes de venta de bicarbonato de sodio con letreros que dicen “vendo soda quemada”; hasta negocios que venden todos los químicos e insumos para la producción de la coca

Además de ese comercio, esta calle principal funciona como una especie de espina de pescado de la que se desprenden otras vías que se adentran hacia las 6.500 hectáreas de territorio que componen Sabaleta. Son seis carriles principales que están pavimentados con cemento por los que van y vienen motos.

Por esa vía, Carlos iba a encontrarse con un amigo finquero. En un momento para y empieza a pisar con su bota pantanera el asfalto, como señalando el desarrollo que supone los esteros pavimentados para las motos. “Aquí el Estado es la coca. Esto es gracias a la coca. Es gracias a que hay trabajo y plata”, dice, señalando con cierto orgullo el fruto del trabajo y la vida cocalera.

Más adelante está la finca de Don Pedro, el amigo finquero de Carlos. Él es un indígena que tiene 70 años y ha vivido lo suficiente para recordar este territorio sin coca, ni dueños de tierra. “Aquí la tierra era colectiva, pero el negocio ha hecho que la tierra se venda para hacer fincas”, cuenta, mientras camina por los esteros de las 500 hectáreas de coca sembradas que posee.

Es un terreno lleno de cultivos en diferentes etapas, algunas matas apenas están naciendo y otras son tan grandes como un hombre adulto. En las zonas donde ya hay buena hoja, hay entre cinco y seis cosecheros raspando las ramas para sacar las hojas que dejan caer en un costal. Cuando está lleno, se lo echan al hombro y se lo llevan a la cocina: una carpa negra con piso de cemento, columnas de madera donde se prepara la pasta en la mitad de la finca.

Solo en este terreno de Don Pedro se producen 20 mil arrobas de hoja de coca cada cuatro meses. Esto equivale a alrededor de 500 kilos de base de coca, que en Sabaleta pueden ser comprados por mil millones de pesos. Esta pasta ya lista la llevan a los cristalizaderos de cocaína ubicados hacia dentro, principalmente cerca al río Rosario, de donde es más fácil sacar la producción. “Hasta allá está prohibido llegar sin permiso de los grupos armados”, afirma Carlos.

En esta zona hace siete años no hay aspersión aérea de glifosato y la erradicación forzosa de cultivos ilícitos ha mermado; la última que hubo en Inda Sabaleta generó un enfrentamiento entre la comunidad y el ejército, que dejó la muerte de un indígena en 2020. Tanto Carlos como Don Pedro reconocen que la ausencia de estas medidas han significado que la coca pueda producirse libremente.

Por ese y otros casos, desde finales de 2020 y 2021, la Red de Consejos Comunitarios (Redhpana), con la ayuda del colectivo de abogados Orlando Fals Borda, presentó con éxito una serie de tutelas para garantizar que cuando se fueran a realizar acciones de erradicación forzosa en territorios protegidos, como los resguardos indígenas y los consejos comunitarios en Nariño, primero se tuvieran que hacer consultas previas con estas comunidades.

“Los cultivos no solamente están en resguardos indígenas, sino también de consejos comunitarios y otras áreas protegidas. Pero históricamente, las zonas del pueblo Awá han sido abandonadas por las políticas oficiales y por el contrario con una presencia fuerte de los grupos ilegales. Se creía que eso se iba a cambiar un poco a raíz del acuerdo de paz, pero se ha reconfigurado”, explica Pedro Arenas, experto en temas de drogas y cofundador de Corporación Viso Mutop.

Desde el terreno sembrado de su amigo Don Pedro, Carlos dice que le da miedo que vuelvan las erradicaciones forzosas y se pregunta: “¿Si acá acaban la coca, entonces qué nos ponemos a hacer?”. La coca es el motor económico de este pueblo y de gran parte de Tumaco, donde mandan a través del miedo y la violencia los grupos armados.

“Circula plata, pero circula mucha muerte”, comenta Don Pedro, sobre las paradojas de vivir donde la economía ilegal es la reina. “Nos pusimos a sembrar coca y a financiar esta guerra que vive Colombia”. 

La guerra de las drogas

Aparte del negocio, también persiste el temor por el actuar de los grupos armados que lo controlan. Este temor lo conoce Andrés, el líder indígena al que, después de despedirse del familiar que estaba produciendo un kilo de pasta, le toca salir en un esquema de seguridad de la Unidad de Protección Nacional de Protección (UNP).

Andrés está amenazado por los dos bloques armados que se pelean el control de Llorente y la Guayacana, otro corregimiento vecino. Se trata de un conflicto armado entre la Columna Móvil Urías Rondón, que hace parte al Frente 30 y está coordinada con las demás estructuras de Gentil Duarte; y por el otro lado los “Contadores”, ahora conocidos como Frente Iván Ríos, aliados con lo poco que queda del grupo Oliver Sinisterra y que están en bloque con las disidencias de la Segunda Marquetalia.

La presencia de los grupos es táctica. En las zonas que cada uno controla hay marcas distintivas y se posicionan para tener acceso a rutas o zonas estratégicas. En los resguardos y consejos comunitarios hacia el Sur de Llorente, en dirección al río Mira y la Frontera, se pueden ver marcas que dicen “Urias Rendón” en casetas y estructuras comunales como puentes.

La última gran acción armada la hicieron los miembros del Frente 30, que intentaron tomarse el centro de Llorente a fuego el pasado 12 de febrero. En el carro, Andrés muestra desde su celular un hecho que no fue documentado en los medios. En el vídeo se ven edificios del pueblo con agujeros de bala y en el suelo casquillos de munición de fusil.

Pero en la región hay un pacto de silencio impuesto por los grupos. Denunciar un hecho es causa de muerte. Andrés, por ejemplo, no puede quedarse mucho tiempo en el resguardo donde es líder porque está amenazado por denuncias públicas que hizo sobre  asesinatos a indígenas y desapariciones forzadas.

Cuando el carro iba de salida de su resguardo, a Andrés le entró una llamada.  Al final de la conversación, colgó y dijo: “Están pidiendo un millón de pesos por decir dónde está el cuerpo de la mujer de Papeto". Se refería a una mujer indígena de su resguardo que hace dos meses estaba desaparecida. La llamada fue para confirmar que había sido asesinada por miembros de las disidencias del Frente 30, de la columna móvil Urias Rendón.

“Ella llevaba cinco años separada de un indígena del resguardo que hace como un año y medio se metió con el grupo armado rival. Entonces, como ella tenía su finquita en el resguardo, y como era exmujer, entonces pensaron que de pronto les estaba haciendo inteligencia y la mataron”, explica Andrés sobre los motivos de este crimen.

Aunque la intensidad ha bajado desde diciembre, Andrés cuenta que la violencia sigue pero de manera silenciosa. “Aquí se jalan a la gente, los matan y los entierran en pleno Llorente. Nosotros hemos recuperado siete cuerpos indígenas desde el pasado diciembre. ¿Dónde los hemos encontrado? enterrados en los lotes vacíos del pueblo”, cuenta.

“Hay cosas muy graves como desapariciones y homicidios que no son reportados. Cuando van a registrarse como víctimas a veces ni siquiera lo denuncian a la Fiscalía o la Defensoría. Entonces hay un subregistro en los homicidios en Tumaco, que es uno de los delitos con menor tasa de subregistro”, explica Miguel La Rota, quien hizo parte del equipo investigador del Laboratorio de Justicia y Política Criminal que elaboró informe sobre el impacto de las políticas sobre la criminalidad y las finanzas ilegales en Tumaco; está pendiente de publicación.

Esa investigación encontró cinco paradojas de la política pública contra el crimen en este municipio. Una de ellas es que, a pesar de una mayor presencia de Fuerza Pública, esta no se traduce en más legitimidad del Estado; que permita por ejemplo denunciar estos crímenes.

La presencia militar en la región es visible. En la carretera que conecta la cabecera municipal de Tumaco con el corregimiento de Llorente, hay por lo menos cuatro retenes del Ejército y la Policía. En el casco urbano de la vereda Espriella, cuando los carros pasan siempre se ven militares del batallón de selva número 53 en guardia.  

“Sí, este Gobierno se caracteriza por echar mucha carreta, pero no es solo un problema de las políticas de este gobierno. Las diferentes estrategias estatales que se empezaron a hacer en Tumaco vienen desde hace más de 10 años”, dice el investigador La Rota sobre el fracaso de los planes antinarcóticos en esta región.

Consultado para esta historia, el consejero para la Paz y la Seguridad del Gobierno Duque, Juan Camilo Restrepo, nos dijo que en la situación de Tumaco había que tener en cuenta que se trata de un abandono que viene de varios gobiernos atrás y que, de todas formas, había cifras “positivas”, pero no especificó cuáles.

“Es duro, porque estas zonas fueron abandonadas por todo el mundo y eso ha hecho que los grupos armados tuvieran un control total del territorio. Este es el mayor reto: combatir estos grupos armados dedicados al narcotráfico. Pero creo que el balance es positivo, tenemos retos, pero el solo hecho que esté llegando el Estado es positivo”, afirma Restrepo.

“Llorente es un pueblo sin ley, aquí vivimos ante la voluntad de Dios”, dice Andrés con amargura. La camioneta de la UNP va pasando por la calle principal llena de comercio. El carro anda despacio porque hay mucho tráfico. Pasando una esquina, Andrés señala un bar y dice: “Ahí me hicieron un atentado el año pasado”. Hace una pausa, se queda en silencio mientras piensa y finaliza: “En Tumaco hay que saber vivir”.

*Los nombres de todos los indígenas fueron cambiados por su seguridad.