Una votación dividida
La votación de hoy es un escenario inédito en los cinco años que está ajustando esta jurisdicción. La primera presidenta, Patricia Linares, fue nombrada por el comité externo que escogió a todos los magistrados, mientras el saliente Eduardo Cifuentes fue escogido de manera unánime hace dos años. Ahora, hay una elección dividida.
Los dos candidatos vienen de la misma sección del Tribunal y ambos le dijeron a La Silla que un primer reto de cara al país es empezar a mostrar resultados: las primeras condenas y sanciones. Pero tienen trayectorias totalmente diferentes para mostrar.
Por un lado está Roberto Vidal, abogado y doctor en Derecho de la Universidad Javeriana. Tuvo una destacada carrera académica en esa misma universidad, antes de ser magistrado del Tribunal de está jurisdicción. En la JEP, su principal rol ha sido su trabajo con las organizaciones de víctimas para facilitar su participación y ser un interlocutor con las organizaciones que mandan informes a esta jurisdicción.
Por su parte, el magistrado Camilo Suárez tiene una trayectoria ligada a la Justicia Penal Militar, en la que fue durante dos periodos presidente del Tribunal Penal Militar. En la JEP ha estado en movilidad en la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y tiene resultados judiciales que mostrar porque ha emitido más de 800 decisiones sobre la situación jurídica de los máximos responsables del conflicto.
Este domingo, cinco organizaciones defensoras de víctimas, especialmente las organizaciones de víctimas del Estado cercanas al senador Iván Cepeda, uno de los cerebros de la Paz Total, se opusieron a la posible elección de Suárez como presidente de la JEP, pues temen que no sea una persona imparcial en casos que involucren militares. Lo cual ignora que ha tenido que resolver en la JEP cientos de situaciones jurídicas de militares comparecientes sin que esas mismas organizaciones se hayan quejado en el pasado y de su compromiso con el Acuerdo de Paz.
Roberto Vidal, por su parte, tiene una relación estrecha con las organizaciones de víctimas, de todos los sectores, por su mismo rol dentro de la jurisdicción y por una trayectoria anterior en la defensa de los derechos humanos.
Cuatro magistrados consultados, que pidieron no ser citados, dicen que la balanza podría estar ligeramente inclinada en favor de Roberto Vidal, por su relación con las víctimas y porque tiene más manejo político que Suárez.
Aunque, según dos de ellos, Vidal goza del supuesto respaldo del actual presidente Cifuentes, lo que, según una de las fuentes, “ha caído muy mal en algunos colegas, que Cifuentes esté dándolo por su sucesor de entrada”.
Pero en últimas, todos los magistrados consultados coincidieron que los criterios que tendrá cada uno en cuenta para su voto es quién les brinde garantías y el temple para salir del punto crítico actual en el que se encuentra la jurisdicción.
El colapso inminente de las salas de la JEP
La tarea de Patricia Linares como primera presidenta de la JEP fue poner a andar esta jurisdicción y defenderla en un escenario políticamente adverso tras el triunfo de Iván Duque y de la coalición del No. Eduardo Cifuentes tuvo el desafío de hacer que ese andamiaje institucional empezará a mostrar resultados y para eso tuvo que equilibrar las cargas desiguales de trabajo entre las salas de justicia y el Tribunal de paz.
El esfuerzo de Cifuentes de corregir ese desequilibrio no fue suficiente, y la tarea del siguiente presidente es evitar el colapso de las salas.
Por el diseño de la JEP, todo el trabajo se concentra en un primer momento en las salas. Especialmente, la mayor carga la ha tenido la Sala de Reconocimiento, que es la encargada de armar los macrocasos que investigan los grandes crímenes del conflicto armado como el secuestro de las Farc o los falsos positivos.
En esas salas se ha concentrado el trabajo durante estos casi cinco años. Mientras tanto, las secciones del Tribunal han estado prácticamente sin trabajo pues su función de juzgamiento no ha empezado.
El problema es que el diseño institucional privilegió la planta de los 20 magistrados del Tribunal, que ganan como miembros de Alta Corte (38 millones) y tienen tres magistrados auxiliares cada uno. Mientras que los 18 magistrados de Sala ganan como miembros de tribunales ordinarios (28 millones), no tienen magistrados auxiliares, y su carga de trabajo no ha hecho sino aumentar.
Por eso, Cifuentes se la jugó por promover lo que en la JEP se llama “la movilidad” de los magistrados que no tenían un trabajo asignado hacía la Sala de Reconocimiento. Los magistrados Suárez y Vidal son una muestra de esa solución a la que tuvo que acudir Cifuentes. El primero en movilidad en la Sala de Definiciones y el segundo un tiempo en la Sala de Reconocimiento.
Pero esta medida ha mostrado tener un límite en la voluntad de los magistrados del Tribunal, puesto que ni pueden ser obligados a moverse y a aquellos que sí aceptan la movilidad tampoco los pueden obligar a hacer el trabajo de cualquier otro magistrado de las salas. Solo los que quieran.
Aunque algunos como Gustavo Salazar son relatores de un macrocaso y se han metido de cabeza a ayudar a las salas, otros como Zoraida Anyul Chalela no han estado dispuestas a reforzar las salas.
Y forzar a quienes no han hecho la movilidad no fue algo que logró el actual presidente, porque el poder de la JEP está en los magistrados del Tribunal, que son más.
“La movilidad ya se agotó. Los colegas que quisieron moverse ya se movieron”, dijo un magistrado de las salas, que pidió no ser citado para poder contar sobre la situación.
La solución de Cifuentes permitió adelantar en gran medida casos como los de secuestros de las Farc y los “falsos positivos” de la Fuerza Pública, que en las próximas semanas deben presentar las primeras resoluciones de conclusiones. El problema es que el trabajo sigue creciendo.
Por un lado, la Sala de Reconocimiento abrió cuatro nuevos macrocasos que implican nuevos desafíos. Pero el mayor reto es que no colapse la Sala de definiciones de situaciones jurídicas, que tendrá que resolver las audiencias con ex comandantes paramilitares como “Mancuso” y “Jorge 40”; y definir la situación jurídica de los “no máximos responsables del conflicto”, que son el 90 por ciento de los 13 mil comparecientes, que no van a juicio, pero que tienen que tener una sanción.
Tanto Vidal como Suárez, los magistrados que están compitiendo por la presidencia, admiten la crisis en las salas. “A la jurisdicción hay que fortalecerla en su planta de personal, porque el diseño que se hizo inicialmente sobrepasa y desborda la capacidad humana de quienes hoy trabajan en las salas”, dijo Suárez.
Y ese agotamiento general no es el mayor desafío que enfrenta la JEP.
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