Entre rumores, silencio, y la disputa por la coca, están matando a las mujeres en Tibú

Esta historia hace parte de la Sala de redacción ciudadana, un espacio en el que personas de La Silla Llena y los periodistas de La Silla Vacía trabajamos juntos.

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El pasado 30 de abril, algunas habitantes de Tibú empezaron a hacerse preguntas, alarmadas: solo durante el mes que estaba terminando habían matado a cinco mujeres en su pueblo. Ese municipio del Catatumbo, selva fronteriza de Norte de Santander, es controlado por las guerrillas del ELN y las disidencias de las Farc. Así que toca andar con cautela: cada paso se mide con la vara de la supervivencia. Por eso, la mayoría tiene miedo de pronunciarse públicamente sobre esta ola de asesinatos.

A través del grupo de WhatsApp del comité de mujeres del municipio, empezaron a mandar preguntas. “Sentíamos que debíamos hacer algo para parar esas muertes pero no sabíamos cómo. Un amigo pastor nos dijo que usáramos textos bíblicos que hablaran sobre las mujeres. Me compartió algunos y con eso cogimos impulso”, nos dijo una de las participantes del chat.

Las mujeres se pusieron de acuerdo con el párroco y programaron una misa. Para protegerse, la convocaron con la disculpa de pedir por la paz en la región. Dos de las integrantes del comité hicieron carteleras con los mensajes bíblicos y recortaron papel blanco para hacer banderas.

Se citaron el 4 de mayo a las 8:30 de la mañana en la iglesia del pueblo, de los pocos lugares que las balas no tocan en Tibú. Allí hay al menos 30 bancas por llenar. Le pidieron ayuda a la entonces Alcaldesa y al párroco para convocar a la comunidad y ellas corrieron la voz entre vecinos y conocidos. Aunque se sentían indignadas, fue una voz de súplica llena de miedo.

De las 25 integrantes del comité, solo llegaron ocho. Sumando a trabajadoras de la Alcaldía y miembros de la pastoral social, no hubo más de 30 personas. Además del párroco, solo había dos hombres. Uno de ellos fue el personero, quien asistió de civil, sin el chaleco institucional. 

Al terminar la misa se reunieron en el atrio, frente al parque de Tibú. La Alcaldesa y el párroco grabaron un mensaje en video rechazando la violencia. De fondo, la mancha blanca de asistentes y los carteles tendidos sobre las escaleras de la iglesia. Luego, algunas valientes armaron un coro improvisado: “¡Respeto por la vida de las mujeres!, ¡que vivan las mujeres tibuyanas!”, gritaron en desorden mientras movían las banderas. 

A diferencia de otros pueblos, las bancas y caminos de ese parque se llenan de noche, cuando abren todos los bares alrededor. Pero eran las diez y media de la mañana y no había nadie viéndolas ni escuchándolas. 

Aún así, según una de las mujeres que asistió a la misa, los grupos armados ilegales se enteraron. “Acá no pasa nada sin que ellos sepan y no les importó”, nos dijo. “A las cuatro de la tarde, ese mismo día, mataron a otra”. 

Era Liliana, de 39 años. Iba conduciendo su vehículo por el casco urbano, cuando dos hombres en moto se acercaron y le dispararon. La encontraron habitantes del sector dentro del carro.

Se sabe poco de este y los otros casos. La única fuente son medios de comunicación locales: una de las víctimas fue asesinada a puñaladas y por lo menos siete con armas de fuego; cinco de ellas en espacio público y dos en su casa; al menos a cuatro las mataron a plena luz del día, y por ahora se sabe que una era venezolana. Solo se conoce el nombre de cinco: Nelly, Ana Julia, Liliana, Jennifer y Ludy Lisbeth (la primera víctima de junio). 

Como la información oficial es escasa y opaca, el total de víctimas es incierto. De ahí que, hasta mayo, la comunidad hablaba de ocho víctimas; la Defensoría del Pueblo y organizaciones feministas que monitorean los feminicidios en el país contaban siete; la Policía ocho y la Gobernación de Norte de Santander nos dijo que eran seis. 

En medio de la incertidumbre, estos asesinatos son la punta de un iceberg de violencia de género enquistada en la región e invisibilizada por una guerra que recrudece. 

A las mujeres las instrumentalizan para la guerra

Tibú está a tres horas de Cúcuta por carretera y a escasos minutos de Venezuela cruzando el río Catatumbo. Tiene 53 mil habitantes y es el municipio más extenso de Norte de Santander (tan grande como Yopal). Tiene sabana –con una industria de palma africana creciente– pero sobre todo, tiene monte. Veredas tan alejadas que llegar al casco urbano puede tardar hasta seis horas en moto. Ahí convergen la extracción de carbón y petróleo, las trochas de contrabando y el narcotráfico.

En Tibú está el área de mata de coca sembrada más grande del país: más de 20 mil hectáreas que, según el último informe de monitoreo de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (2019), representan el 27 por ciento de la coca de todo el país.

El municipio llegó a ese desafortunado primer lugar en apenas tres años, después de la firma del Acuerdo de paz y el fracaso del programa de sustitución de cultivos.  Con tanta coca, hay más plata y poder en juego. Tibú, la puerta de entrada al Catatumbo, hoy es escenario de guerra entre grupos armados ilegales, como el ELN contra el EPL y contra los Rastrojos, que se disputan el control territorial.  Todo eso, mientras el frente 33 de las Farc resurge.

Es una reconfiguración de poder ilegal que implica mucha violencia en la región: campos minados, cilindros bomba contra la Fuerza Pública, paros armados, masacres, desplazamientos masivos y desapariciones. Según Medicina Legal, allí hubo 92 homicidios en 2018, 88 en 2019 y a pesar de la cuarentena estricta por la pandemia, hubo 81 en 2020.

Y mientras el año pasado no asesinaron a ninguna mujer, este año, en tan solo dos meses, hay una ola de homicidios en su contra. A diferencia de la mayoría de asesinatos en Tibú que ocurren en zona rural, los de mujeres han sido, casi todos, en el casco urbano.

Eso, hasta ahora, no ha paralizado al pueblo.

La única avenida de diez calles que lo atraviesa de punta a punta, se mantiene en movimiento. Transeúntes entran y salen de las cafeterías, ferreterías, almacenes de abastos, de la Alcaldía y del hospital. Migrantes venezolanos están en el rebusque vendiendo caramelos, bolsas de basura y medias. Camiones y carros llegan cargados de alimentos, medicamentos, electrodomésticos, y circulan hacia la zona rural, rumbo a la frontera. También hay motos cargadas de pimpinas de gasolina.

Pero detrás de eso está el terror. Lo transmite la Policía, que solo sale a patrullar en grupos de diez y en compañía del Ejército. También el silencio de los habitantes en zona rural cuando hay brigadas de salud. Casi nadie habla en público porque entre ellos siempre hay ojos y oídos de las guerrillas. Pocos se animan a denunciar hechos de violencia y casi siempre las hacen terceros y de manera informal, no directamente las víctimas.

Así, las siete personas que accedieron a hablarnos de los asesinatos, lo hicieron en voz baja y en pocas palabras. Pendientes de quiénes estaban a su alrededor, nos pidieron la reserva de su identidad, justamente por seguridad.

Todos nos dieron la misma versión: que detrás de los asesinatos estaba el frente 33 de las Farc y que a las mujeres las matan señalándolas de ser informantes de la Fuerza Pública.

La mayoría no dio detalles. “Eso es lo que dice la gente”, “es el rumor de todo el pueblo”, dijeron. Solo uno dijo que unos miembros de las disidencias le respondieron que para averiguar más sobre los asesinatos: “‘pregúntele a los militares que las tienen de sapas’. No me lo negaron...”

Dos de las fuentes nos dijeron que algunas de las víctimas –sin precisar cuántas ni quiénes– que supuestamente servían de informantes, tenían relaciones sentimentales con miembros de la Fuerza Pública. Al menos una de ellas fue presentada en medios de comunicación locales como pareja de un miembro del Ejército.

El terror que impone un rumor de ese calibre es tal que la Defensoría del Pueblo no ha logrado contactarse con ningún familiar de las víctimas. 

Y también toca a los funcionarios públicos. “Por ser institucionalidad uno está en contacto constante, uno entra a las instalaciones (de la Fuerza Pública)...uno no sabe si eso sea suficiente para ser objetivo militar”, nos dijo una funcionaria mujer. 

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En los enfrentamientos entre grupos armados, los disparos llegaron hasta una de las ventanas del edificio de la Alcaldía de Tibú.

Los homicidios están cruelmente ambientados por dos videos que circularon en Tibú vía Whatsapp, durante abril y mayo, como la mayoría de las cadenas en esa red: de autor desconocido. En uno, las fotos de 37 mujeres pasan una a una con adjetivos denigrantes durante un minuto.

“Ahí viene la chica nocturna, muy bonita por ciertos señores, y la compran por cualquier precio, la emborrachan, la cogen y tome”, dice el corrido mexicano de fondo. Parece un insulto pero es una advertencia. Al menos una de las mujeres asesinadas aparece en esos videos.

Carol Rojas es la encargada de monitorear los casos en el Observatorio de Feminicidios de la Red Feminista Antimilitarista. Dice que, con las amenazas y asesinatos, “los grupos armados les están diciendo a sus contrincantes que ellos tienen el poder”.

Además, nuestras fuentes de Tibú cuentan que hay un listado de 25 mujeres declaradas objetivo militar acusadas de ser informantes, pero ninguno lo ha visto. Solo una aclaró que el listado no se ha difundido sino que lo conocían los miembros de las disidencias y se había filtrado su existencia.

“Por eso hay mujeres que se han ido del pueblo. Porque a algunas les han advertido que están ahí (en el listado)”, dijo esa persona.

Al respecto la Defensoría dice que seis mujeres han salido del municipio, amenazadas en medio de la ola de asesinatos. Pocas si se tiene en cuenta la magnitud de los señalamientos.

El miércoles pasado, justo después de que mataron a Ludy, en Tibú circuló un audio en el que un hombre sin identificar, que al parecer la conocía a ella y a su familia, estaba confirmando el asesinato. “A ella ya le habían dicho que se fuera y esa vaina, pero pensó que era mamando gallo y mire las consecuencias”, dice.

Las integrantes del comité de mujeres de Tibú se enteraron por medio de una foto de Ludy que les llegó por WhatsApp. Y así se han enterado en el pueblo de casi todos los asesinatos.

Los mensajes de los vecinos son un lamento y a la vez una alerta. También son revictimizantes. Las imágenes de las mujeres asesinadas se comparten por chats y les hacen eco a las amenazas. “La indiferencia nace del miedo”, dice una de las integrantes del comité.

Este temor es tan intenso que desde hace meses ni ella ni sus amigas salen de su casa por la noche. Otra mujer cambió su aspecto físico para que no la fueran a confundir con una de las amenazadas. La violencia les cerró la puerta de su propio pueblo y tienen miedo hasta de hablar por teléfono.

Ninguna de las guerrillas se había pronunciado al respecto hasta la semana pasada, cuando circuló un comunicado del ELN. Dicen que ellos no están detrás de los asesinatos pero su versión apunta a lo mismo: que las están matando por supuestamente ser informantes. Incluso, publican algunas de las fotos de los videos.

Lo más grave es que a la vez amenazan con investigar los hechos y hacer su propia justicia. Dicen que no lo harán solo para encontrar a los culpables de los asesinatos sino también para verificar si las mujeres del presunto listado están relacionadas con la Fuerza Pública.

“Serán investigadas de forma personal e individual, para confirmar si no tienen relación alguna con policías, militares de la zona o colaboran con la inteligencia nacional de Colombia (...). Nuestras unidades urbanas de inteligencia informática cuentan con los medios tecnológicos (...) para proceder a cualquier investigación de persona en el Catatumbo que consideramos un posible infiltrado y vengan a alterar la convivencia de la región”, dice el comunicado.

Según Yamile Roncacio, directora de la Fundación Feminicidios Colombia, “en el contexto militar, donde hay tráfico de drogas, hay una mirada cosificadora hacia las mujeres. Esto hace que ellas sean reducidas como objetos. Y, en esa medida, el feminicidio es un castigo y un mecanismo suficiente para generar miedo, para que no se hable”.

Ese silencio está en las calles y en las instituciones del Estado. Y si no hay información sobre la cifra total de víctimas, mucho menos sobre los motivos de los crímenes. 

El único que nos dio una versión de los hechos fue el comandante de la Policía de Norte, el coronel Miguel Martínez. Nos negó que las víctimas fuesen informantes de la Fuerza Pública. En cambio nos dijo que algunos casos –sin precisar cuántos ni cuáles– ya se habían esclarecido.

“Hemos encontrado que es por sembrar terror o por ajustes de cuentas. Ellos consideran que (las víctimas) tienen que ver con afectaciones a sus actividades ilícitas”, nos dijo. Pero la falta de información oficial no solo se evidencia en esta racha cruel de asesinatos a mujeres. En general, la violencia de género en la región está normalizada entre la gente e ignorada por la autoridad en la región. Tanto la institucional como la que ejercen las guerrillas.

Entre el temor y la indiferencia

Al final de la avenida principal de Tibú está el comando de Policía. Justo detrás, terminan las calles pavimentadas. Desaparecen las casas y se abre una trocha ancha y polvorienta, con potreros a lado y lado que conducen al barrio San Martín.

Después de cinco minutos andando por la trocha, aparecen chazas de madera donde venden gasolina en envases de gaseosa y límpido. Enseguida, se alzan casetas. Techos de zinc y paredes de madera. Algunas tipo kiosko, con piso de cemento y columnas de tubo. Unas de colores vivos, otras en obra gris. Casi ninguna tiene letrero. “Dulce amanecer”, se lee en uno de los pocos que hay.

De día, este barrio parece desolado. De noche, en cambio, muestra su esencia: billares y cantinas donde casi todos los clientes son hombres que se encuentran para beber cerveza, escuchar música popular y muchos pagan por sexo. San Martín es la zona rosa de Tibú, donde la Policía no llega y que, según cuatro fuentes del municipio, es controlada por las guerrillas. 

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Eso implica que las mujeres en actividades sexuales en ese barrio están bajo sus reglas. No hay información oficial sobre lo que ocurre allí pero tres de las fuentes con las que hablamos en Tibú nos dijeron que entre las mujeres que hay allí hay migrantes venezolanas y menores de edad.

Eso tiene un agravante: el contexto de trata de personas en la región. Según el laboratorio fronterizo Border Lab –que investiga la criminalidad en la frontera nortesantandereana–, hay redes de captación y traslado de mujeres, incluidas menores de edad, desde Cúcuta hacia el Catatumbo, especialmente a Tibú.

Pero esa línea difusa entre trabajo sexual y explotación sexual en San Martín es poco comparado con lo que pasa en la zona rural. “Cuando las mujeres van a trabajar a fincas cocaleras les exigen como requisito no tener esposo ni hijos. Es una forma tácita de decirles que estando allá tendrán que entregar su cuerpo”, nos dijo una de esas fuentes que trabaja en zona rural.

“Es un secreto a voces que los mexicanos (narcotraficantes), con permiso de las guerrillas, vienen y no solo compran coca...compran la virginidad de jovencitas, de niñas. Pagan uno, dos millones de pesos”, nos dijo otra fuente.

La guerrilla es la que imparte la ley y según sus reglas la violación se castiga hasta con pena de muerte. Sin embargo, la violencia sexual está tan normalizada que las condiciones de una violación allí son otras: es violación si la víctima es menor de 14 años o si fue violada por varios hombres al tiempo.

Todo eso desencadena más muerte. “La guerra facilita la explotación sexual y facilita el feminicidio. Una mujer en contextos de explotación tiene un 84 por ciento más de probabilidades de ser asesinada”, explica Roncacio, directora de Feminicidios Colombia.

En noviembre pasado, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana sobre la violencia en Tibú e incluyó la de género. Según la estadística que citan, en Tibú el 24 por ciento de casos denunciados es por violencia sexual, 39 por ciento por negligencia y abandono y el 37 por ciento por violencia física.

Esos números son del Dane, de 2018. Le solicitamos la información actualizada y segmentada a la Gobernación de Norte de Santander y a la Fiscalía y no nos respondieron. No sabemos si por negligencia o porque, simplemente, no existe.

La falta de información pone de presente el otro gran problema: la indiferencia hacia denunciar la violencia de género en la región.

El 7 de abril, por ejemplo, Yohanna Chacón denunció por violencia intrafamiliar al concejal conservador Giovanny Sandoval, acusándolo de agredir físicamente a su hermana Nelsy, quien fue su esposa. Además, presuntamente la habría insultado en varias ocasiones y amenazado de muerte por mensajes de texto.

Desde Tibuyanas Sororas, un colectivo de 12 jóvenes universitarias de Tibú que reservan su identidad por seguridad y que se juntaron justamente para protestar contra los feminicidios en Tibú, le han pedido vía redes sociales a las autoridades regionales que respalden públicamente la investigación para esclarecer los hechos. No ha pasado nada.

Con todo y eso, ayer hubo un viso de indignación en Tibú. La Alcaldía promovió una marcha que por un par de horas ocultó el temor y la indiferencia frente a los asesinatos. Distinto a la misa de hace un mes, cerca de 100 personas salieron a marchar, vestidas de blanco. Llevaban carteles dedicados a las víctimas, globos morados –el color de la lucha feminista– y con canciones alusivas a las mujeres, caminaron cuatro cuadras y se congregaron frente a la Alcaldía. Esta vez hubo micrófono, música y también teatro.

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Pero sobre las denuncias sobre los demás tipos de violencia de género en el municipio, la censura sigue intacta. Se siente en la precariedad de las estadísticas. En los comunicados que rechazan la violencia desde el anonimato. Y en el silencio institucional y sus vagos esfuerzos por alertarla y prevenirla.

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