Episodio con el fiscal muestra el límite del jazz de la Paz Total

Episodio con el fiscal muestra el límite del jazz de la Paz Total
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El fiscal general Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro. Archivo: Presidencia.

Ayer el presidente Gustavo Petro reconsideró su reacción inicial y anunció que se reunirá con el Fiscal General para “evitar discordias institucionales en el camino de la Paz”. Es probable que con esta rectificación evite otro revés a la Paz Total, pero deja en evidencia que la teoría de la improvisación virtuosa del jazz para la Paz Total comienza a mostrar sus límites. 

Este episodio viene después de que el Presidente anunció el 31 de diciembre un cese bilateral al fuego con el ELN que nunca se pactó; de que los jueces han negado la liberación de varios jóvenes encarcelados por delitos en el marco del paro nacional y que el gobierno nombró “voceros de paz”; y de la demora para arrancar la implementación del Acuerdo de Paz.

Para el senador verde Ariel Avila, quien fue ponente de la Ley de Paz Total, este tipo de problemas y ruidos son normales empezando un proceso de paz. “¿Qué es lo pasa? Que no se respetan unas formas y hay unos niveles de improvisación preocupantes. Pero pues no es que se va a acabar el proceso”, dice el senador.

Esta improvisación es la metodología adoptada por el gobierno explícitamente para conducir al éxito a la Paz Total. En agosto, el canciller Álvaro Leyva dijo "La partitura que esperan de la paz es una de música clásica, pero lo que yo digo es que es más como una de jazz".

El canciller hablaba de una improvisación prodigiosa que lograra articular todos los desafíos simultáneos que implicaba la política de paz de Petro. Una iniciativa ambiciosa porque parte de la premisa de que hay que terminar todas las violencias que sufre el país de manera paralela, y priorizar el alivio humanitario y desescalar la guerra para luego negociar.

Pero la realidad —y el episodio con el Fiscal es una prueba de ello— comienza a demostrar que se necesita una partitura, sobre todo porque para el éxito de la Paz Total se requiere de la colaboración de las otras ramas del Estado.

La advertencia del fiscal a la Paz Total “mal hecha”

“No cabe el argumento que diga que el fiscal Barbosa está en contra de la paz total. No, yo estoy en contra de la paz total mal hecha”, dijo el lunes de esta semana Barbosa en una entrevista en Caracol Radio.

Lo hizo en defensa de su decisión de negar la suspensión de las órdenes de captura de 16 cabecillas del Clan del Golfo y los Pachenca. Los mismos con los que el Gobierno de Gustavo Petro esperaba abrir el camino para entablar un mecanismo de diálogo para un eventual sometimiento a la justicia.

El argumento de la Fiscalía, según explicó en un comunicado firmado por la Vicefiscal, es que la ley y la jurisprudencia de la Corte sólo le permiten levantar órdenes de captura a miembros de grupos que tienen un estatus político. Y que para hacerlo respecto de grupos estrictamente criminales como el Clan del Golfo necesitaría de un marco jurídico legal que hoy no existe.

Algo de lo que ya el gobierno estaba previamente advertido.

El 10 de enero, Danilo Rueda, alto comisionado de Paz, y Vladimir Fernández, asesor jurídico de la Presidencia, se habían reunido con el fiscal Barbosa para explicarle el alcance de los decretos de cese al fuego bilateral que anunció Petro el 31 de diciembre a las 10.30 p.m. y que a la postre lo metieron en problemas con el ELN pues ni la guerrilla ni el jefe negociador ni los militares sabían nada al respecto.

“Le explicamos cuáles eran los únicos grupos que tenían alcance político, que son el ELN y EMC de las Farc. Sobre los demás se definió con claridad que se estaba hablando de un proceso de sometimiento. Eso quedó claro”, le dijo Fernández a La Silla

El fiscal Barbosa dijo en medios que en esa reunión ellos le dijeron que iban a presentar una ley de sometimiento en el Congreso “con todos los requisitos”. Esto fue confirmado por el asesor jurídico Férnandez, quien agregó que ese proyecto se presentará apenas comience la próxima legislatura.

Sin embargo, al día siguiente, el Gobierno envió la resolución a la Fiscalía pidiendo suspender las órdenes de captura de los cabecillas del Clan del Golfo y los Pachenca.

Lo hizo apelando a que la Ley de Paz Total, recientemente aprobada por el Congreso, permite: “Acercamientos y conversaciones con grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento”.

Pero además de invocar la Ley de Paz Total, la resolución se basaba en el decreto vigente que reglamenta la posibilidad para que el fiscal pueda levantar esas órdenes de captura: el decreto 1081 de 2015.

La improvisación radicó en usar el atajo de ese decreto, expedido por el gobierno Santos para levantar las órdenes de captura a los negociadores de las Farc y el Eln. Una norma que, de acuerdo al control constitucional que le hizo la Corte, es para grupos con “carácter político”.

El fiscal Barbosa se molestó mucho con la resolución de Petro, según una fuente cercana a este que pidió no ser citada.

Ratificó su percepción de que el Presidente estaba dejándolo por fuera de la Paz Total, algo que para un hombre tan vanidoso como él equivale a un ultraje, según otra fuente que lo conoce bien.

Aprovechando el papayazo, el Fiscal reiteró que sin una ley de sometimiento no levantará ninguna orden de captura.

Si Petro no lo convence de algo diferente el 30 de enero que se reúnen, esto significa que antes de abril no podría arrancar una conversación formal con el Clan del Golfo y otras organizaciones criminales que han pedido pista en la Paz Total. Y esto suponiendo que la ley de sometimiento es aprobada de manera express por el Congreso sin enfrentar ningún escollo y sin hacer cola detrás de las leyes que aspiran revolucionar la seguridad social en Colombia.

Mientras tanto, esta diferencia de visiones entre Gobierno y el fiscal ha intensificado la confusión en la Fuerza Pública, que es la que debe proceder frente a las órdenes de captura. “Los anuncios del Gobierno están generando mucha incertidumbre. Pero en últimas, así el presidente diga, si el fiscal no autoriza levantar las órdenes de captura, nada que hacer”, dice un alto oficial de la Policía, que pidió no ser citado.

“El punto es que siempre va a haber impasses jurídicos, porque claro que estamos haciendo una cosa que es extraordinaria y en Colombia la llevamos haciendo 40 años –dice Héctor Riveros, analista político y columnista de La Silla– Siempre va a haber interpretaciones posibles para decir que una cosa se puede o no se puede. Y por eso lo que digo en mi columna es que la única manera de avanzar es lograr un acuerdo político”.

Solo para mostrar el contraste, cuando el gobierno Santos sacó el decreto que invocó ahora el Comisionado para levantar las órdenes de captura, el comisionado Sergio Jaramillo y su equipo se reunieron previamente por largas horas con el presidente de la Corte Suprema y el Fiscal Montealegre para encontrar un consenso respecto de la fórmula jurídica.

“El fiscal tiene razón, citan unos decretos que no les permiten hacer lo que quieren. Pero lo que hace el fiscal es mandar un mensaje, como decirle al Gobierno: ‘no me dejen por fuera de lo de sometimiento”, dice el senador verde Ariel Avila, ponente de la Ley de Paz Total.

Y es que con un Comisionado de Paz que concentra toda la Paz Total en sí mismo, forjar esos acuerdos interinstitucionales e incluso al interior del mismo equipo de gobierno no ha sido fácil.

Un comisionado que está en todo

“Creo que el Alto Comisionado tiene que darle un orden a cómo van a ser todos estos acercamientos y conversaciones. El comisionado tendría que dedicarse a la asesoría técnica de los procesos y no a estar acercando, conversando y siendo asesor técnico. Las tres cosas no las puede hacer. Hasta que él no lo entienda, pues ahí va a haber problemas”, dice el senador de la bancada de gobierno y analista del conflicto, Ariel Ávila.

Detrás del anuncio apresurado de un cese bilateral de fuego que nunca se pactó con el ELN estuvo Rueda, según le dijeron a La Silla dos fuentes de Palacio. El jefe negociador del Gobierno con esta guerrilla, Otty Patiño, se enteró del cese por el trino de Petro.

Por el lado de los diálogos con los grupos criminales, un abogado que fue nombrado como facilitador entre grupos armados y el Alto Comisionado, le dijo a La Silla que él solo habla con Danilo Rueda y que no hay nadie más con quien coordinar nada.

Si no está Rueda, todo se suspende. Eso sucedió con la mesa de diálogo en la cárcel de Itagüí, a dónde llegaron líderes de grupos criminales de Medellín para sentarse a conversar con el Gobierno. La reunión estaba agendada para este miércoles según pudo confirmar La Silla y se pospuso porque el comisionado estuvo en Caracas toda la semana.

La implementación de la paz —también bajo la batuta de Rueda— se ha demorado en despegar porque solo hasta el 30 de diciembre salieron los decretos que crean la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz como parte de la reestructuración de la Presidencia y hasta el miércoles pasado se terminaron de nombrar las cabezas de las agencias encargadas.

En total, según pudo confirmar La Silla, el equipo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz está conformado por solo 30 personas.

Esto muestra la extrema dependencia que tiene el jazz de la Paz Total —en sus múltiples frentes— del comisionado. El episodio del fiscal lo ratifica. “Estoy esperando a que llegue Danilo para pedir una cita y volver a tocar el tema con el fiscal, porque tenemos el mayor respeto con el fiscal y no se trata de generar algún resquemor”, dice Vladimir Férnandez, asesor jurídico de Presidencia. 

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