La Silla Vacía
La Silla Llena
La Silla Acádemica
La Silla Cursos
En su primer discurso como presidente electo, Gustavo Petro habló de “diálogos regionales vinculantes” para construir “las reformas que necesita Colombia para poder convivir en paz”. Aunque aún en su equipo no tienen claros los detalles definitivos de lo que se hará, el sólo anuncio está generando expectativa de empoderamiento y esperanza en varias organizaciones sociales, que desde ya comienzan a prepararse para atender este llamado en los territorios.
Así lo constatamos indagando en cinco regiones por cómo están concibiendo esas conversaciones varios líderes del movimiento social, que se declara debilitado tras cuatro años de gobierno Duque, en los que algunos conflictos regionales se han recrudecido, ha habido poca interlocución entre ellos y el Gobierno saliente y lamentablemente han aumentado los asesinatos de líderes y defensores de derechos.
Sus expectativas incluyen la implementación plena del Acuerdo de Paz, que fortalecerá a muchas organizaciones, pues concibe el desarrollo de abajo hacia arriba. Además, según nos contaron por separado el senador del Pacto Histórico Robert Daza, la lideresa del Cauca que está en el proceso de empalme Clemencia Carabalí y el líder social que ayudó a liderar la campaña de Petro en Nariño, Lenny Silva, la idea es que de esos espacios salgan insumos para el Plan Nacional de Desarrollo de Petro.
Golpeados durante el Gobierno de Duque
Uno de los componentes primordiales en las negociaciones del Acuerdo de Paz de 2016 fueron las organizaciones sociales. Estas concentran un poder importante en las movilizaciones sociales, y en el marco del Acuerdo tenían diferentes labores que iban desde la divulgación del proceso, coordinación con las comunidades, o en el posconflicto buscando su cumplimiento.
En los cuatro años de presidencia de Iván Duque -que llegó criticando el Acuerdo y, aunque no lo cambió, tampoco lo cumplió plenamente-, han sentido el recrudecimiento del conflicto, la no implementación de lo esperado y cómo el miedo ha vuelto a ciertos territorios.
Su peor circunstancia ha sido el aumento en los asesinatos de líderes sociales, que se constituye en uno de los peores legados del Gobierno que termina.
En ese escenario, muchas organizaciones se han debilitado.
Por ejemplo, es el caso de las del Putumayo, donde en este tiempo se han reconfigurado o nacido grupos ilegales armados como los Comandos de la Frontera, el Frente Carolina Ramírez y disidencias de las Farc. La existencia de esos actores armados, el no cumplimiento de los acuerdos de paz y la violencia general contra los líderes sociales ha hecho que las organizaciones se hayan desarticulado, según cuenta Yuly Artunduaga, lideresa de la región.
Otras han seguido trabajando, aunque sin tanto ímpetu.
“Nosotros hemos venido trabajando no importa de quién sea el gobierno, solo esperamos a que eso se formalice un poco para acomodarnos a la agenda”, dice desde el Chocó Plácido Bailarín, presidente de la Mesa Interétnica indígena de ese departamento.
Dilon Martínez, líder social del Comité Cívico de Quibdó, señala por su lado que se han movido como organización a nivel nacional, han hecho velatones, y “no nos hemos quedado quietos ante la barbarie que sigue viviendo a diario".
Mientras, en lugares como Samaniego, Nariño, donde hay presencia activa de grupos armados como el ELN, Giovany Melo, presidente del Consejo Municipal de Paz, cuenta que a pesar de todo han podido trabajar porque por el momento no se están presentando enfrentamientos entre grupos ilegales y Fuerza Pública y el último hostigamiento fue en 2019.
En resumen, como comenta Jorge Mantilla, Director de Dinámicas del Conflicto FIP, a pesar de todo en las regiones se sigue desarrollando una agenda asociada a lo humanitario producto justamente del recrudecimiento de la violencia, sobre todo en los últimos cuatro años.
La esperanza
En regiones como Arauca, Cauca, Putumayo, Nariño y Antioquia, ya hay organizaciones sociales trabajando en crear hojas de ruta para los diálogos regionales vinculantes anunciados por Petro, pensando en que desde allí sean atendidas deudas históricas particulares de cada zona. Especialmente, para que se reviva la implementación de los acuerdos de paz que para muchos murieron con el gobierno saliente, y que sean el primer paso para reactivar las negociaciones de paz con el ELN.
El 24 de junio, por ejemplo, el Congreso de los Pueblos, un movimiento social y político de izquierda que agrupa a decenas de organizaciones sociales en el país -incluidas unas que guardan afinidad con algunas de las posturas políticas del ELN-, publicó una carta dirigida a Petro y Francia Márquez pidiendo espacios de participación y comunicación.
