Esta semana, el gobierno y la oposición tendrían su último round alrededor de la Ley de Víctimas. Estos son los puntos que aún los separan.

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La negociación ha sido difícil no solo por las implicaciones presupuestales de una ley que podría obligar a indemnizar a 200 mil personas o a 10 millones, según el criterio que se imponga pues no existe consenso sobre cuántas víctimas existen, sino por unas divergencias filosóficas profundas sobre el origen y la naturaleza de la violencia que azota a Colombia.

La negociación ha sido difícil no solo por las implicaciones presupuestales de una ley que podría obligar a indemnizar a 200 mil personas o a 10 millones, según el criterio que se imponga pues no existe consenso sobre cuántas víctimas existen, sino por unas divergencias filosóficas profundas sobre el origen y la naturaleza de la violencia que azota a Colombia.

La negociación ha sido difícil no solo por las implicaciones presupuestales de una ley que podría obligar a indemnizar a 200 mil personas o a 10 millones, según el criterio que se imponga pues no existe consenso sobre cuántas víctimas existen, sino por unas divergencias filosóficas profundas sobre el origen y la naturaleza de la violencia que azota a Colombia.

La diferencia filosófica más profunda tiene que ver con la responsabilidad del Estado en la violencia. El gobierno defiende la idea de que los únicos perpetradores han sido la guerrilla y los paramilitares y que el Estado debe indemnizar a las víctimas como un acto de solidaridad.

Por el contrario, los ponentes creen que el Estado tiene una responsabilidad directa en la violencia. Ya sea por acción, como cuando la Fuerza Pública ha torturado, desaparecido o ejecutado extrajudicialmente a alguien. O por omisión, cuando debiendo proteger a los ciudadanos de los grupos armados ilegales es incapaz de hacerlo. En cualquiera de las dos situaciones, los ponentes creen que el Estado debe reparar porque tiene la obligación constitucional de hacerlo.

Aunque un grupo de seis mil víctimas dijo públicamente que prefiere que el proyecto de ley de víctimas se hunda por la diferenciación que quiere establecer el gobierno entre las víctimas de los grupos armados ilegales y las del Estado, los impulsores de la iniciativa quieren pasarla.

Consideran que a pesar de las diferencias que existen con el Gobierno es mejor sacar adelante la ley y luego dejar que la Corte Constitucional la mejore según los estándares internacionales.

Así, lo más probable es que la ley pase y sea votada favorablemente en los próximos días si la reforma política y el referendo lo permiten.

Estas son las grandes diferencias entre lo que quiere el Gobierno y lo que quieren los ponentes (Guillermo Rivera, Franklyn Legro, David Luna y Germán Olano).

Actualización: 14 de mayo de 2009.
Entrevista con el vice ministro de Justicia acerca de la Ley de Víctimas.

  

Los puntos de debate

¿ Cómo se acreditan las víctimas de guerrilleros y paras ?
El Gobierno Los ponentes
Quien se considere víctima y desee ser reparada debe cumplir el siguiente procedimiento administrativo: hacerle una petición a Acción Social de la Presidencia de la República explicando por qué se considera víctima de los paramilitares o de la guerrilla y demostrando el daño sufrido. Acción Social pasa la recomendación al Comité Administrativo de Reparaciones, que depende de la Comisión Nacional de Reparación y Conciliación, pero cuya secretaría técnica es manejada por Acción Social. Si este comité lo aprueba, Acción Social incorpora a la víctima en sus programas de salud y vivienda y le paga una indemnización. Las víctimas tienen que explicarle a Acción Social por qué se consideran víctimas y el daño sufrido y ya será el Estado el que tenga que probar que no lo son si tiene alguna duda razonable. Además le pone al Estado la responsabilidad de responder en “término breve”, porque de lo contrario operará el silencio administrativo positivo, es decir que se entenderá que el gobierno acepta la petición.
¿ Cómo se acreditan las víctimas del Estado ?
El Gobierno Los ponentes
Las víctimas del Ejército, la Policía y otros organismos del Estado deberán ganar un proceso judicial contra el Estado. Si lo ganan, deben seguir el procedimiento administrativo de las demás víctimas. No hacen diferencia entre víctimas. Todas, independientemente del victimario, siguen el mismo procedimiento.
¿ Quién es víctima ?
El Gobierno Los ponentes

Entiende por víctima a aquella persona que haya sufrido vulneración de sus derechos fundamentales y tengan lesiones transitorias o permanentes que ocasionen discapacidad física o psicológica. Esto abarca al cónyugue, compañero permanente y familiar en primer grado de consanguinidad (hijo, padre o hermano) o primero civil directo (esposo, hijastro) cuando a este se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecido.

Incluyen, además, a compañeros permanentes del mismo sexo y a otros familiares que hubieran sufrido un daño, sin especificar el grado de consanguinidad.
¿ Desde cuándo se empiezan a contar las víctimas ?
El Gobierno Los ponentes
Aunque en la ley no aparece ninguna fecha específica de a partir de cuándo se considera que alguien es víctima, el Gobierno quiere usar como fecha de partida el de 1964, cuando se fundan las Farc. Aunque el viceministro de Justicia, Miguel Ceballos, le dijo a La Silla Vacía que también están estudiando la posibilidad de que se le ponga la fecha de inicio de 1948, cuando ocurrió el Bogotazo. No hay fecha, pero seguramente aceptarán la propuesta por el gobierno.
¿ De cuánto será la indemnización a una víctima ?
Gobierno y ponentes están de acuerdo en este punto. La indemnización se hará con base en la tabla de reparación administrativa que hoy en día maneja Acción Social en los casos de la Ley de Justicia y Paz. La indemnización máxima es de 40 salarios mínimos mensuales legales y la mínima de 10 salarios. Pero esta indemnización estará sujeta a a las disponibilidades fiscales, es decir a que el Estado tenga plata.
¿  En cuánto tiempo se paga la indemnización  ?
El Gobierno Los ponentes
El pago de la indemnización se hará gradualmente según las disponibilidades fiscales y de conformidad con los lineamientos de un CONPES-Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Victimas de la Violencia. Todo esto sin un plazo específico. Algunos ponentes consideran que hay que ponerle un tiempo límite de un año después de aceptada la solicitud para que la víctima sea indemnizada de manera inmediata.
¿ Hasta cuándo se considerará que hay víctimas ?
El Gobierno y los ponentes llegaron al acuerdo de que esta ley cubrirá a las víctimas que genere el conflicto armado en los próximos cuatro años. 

 

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