El jueves pasado, el gobierno de Barack Obama tomó una decisión que ha pasado de agache pero que podría tener efectos claves a mediano plazo sobre la “guerra contra las drogas” a nivel global. Y, por lo tanto, también sobre Colombia.
 |
Desde que Barack Obama dijo hace dos años que la legalización es un “tema enteramente legítimo de debate”, el fracaso de la guerra contra las drogas dejó de ser el tabú que era. Pero hasta el memorando de Eric Holder pocas acciones permitían vislumbrar un cambio real en la política exterior. Foto: Presidencia. |
El jueves pasado, el gobierno de Barack Obama tomó una decisión que ha pasado de agache pero que podría tener efectos claves a mediano plazo sobre la “guerra contra las drogas” a nivel global. Y, por lo tanto, también sobre Colombia.
Ese día Eric Holder, el Fiscal General de Obama, le envió un memorando a los estados de Colorado y Washington, diciéndoles que el Gobierno federal no bloqueará la legalización de la marihuana que ambos aprobaron en las urnas el año pasado. Con este memo, Holder -el equivalente al ministro de Justicia- envió el mensaje a todos los estados que quieran seguir el ejemplo de los dos ‘pioneros’ que la Casa Blanca no se opondrá de facto a la legalización de la hierba, siempre y cuando ellos controlen la venta estrictamente.
Y esta posición, que en principio parecería tener efectos sólo a nivel local, puede tener implicaciones más profundas en la política antidrogas mundial.
El memo de Eric Holder deja entrever que la administración Obama está intentando encontrar un equilibrio entre la ley nacional -que prohibe cualquier uso de la marihuana- y las leyes que han venido pasando en los últimos años diferentes estados, flexibilizando su uso para fines medicinales o legalizando su venta y consumo.
Este dilema llegó a su punto más álgido el año pasado, cuando Colorado y Washington aprobaron -el mismo día de las elecciones presidenciales- legalizar la marihuana para fines recreativos y gravarla con impuestos como cualquier producto de consumo. A su vez, otros 18 estados la han venido aprobando para usos medicinales.
El meollo del problema está en que la Constitución estadounidense protege el derecho de los diferentes estados a tomar decisiones por sí mismos y limita mucho las posibilidades del Gobierno de retarlas, a menos que vayan claramente en contra de la ley federal. El hecho de que en los dos estados se aprobara en las urnas le ponía las cosas más difíciles a Obama legalmente.
Por eso, Obama optó por respetar la decisión y le anunció a los dos estados que perseguirá penalmente a la gente en ocho situaciones, incluyendo si la marihuana llega a manos de menores de edad, si cruza las fronteras entre estados, si la plata de su comercio le llega a grupos ilegales o si se conduce bajo la influencia de ésta.
Es decir, la Casa Blanca escogió cuáles son los comportamientos que le parecen más graves y le dio la orden a sus fiscales de priorizar esos casos. Y ahora le corresponde a los dos estados definir las leyes que lo controlarán a nivel local.
Hasta el momento esa contradicción entre el discurso del Gobierno y la realidad de los estados no tenía ningún efecto en la política exterior sobre las drogas de Washington. Pero ahora, con el beneplácito del Fiscal General, la cosa podría cambiar.
En los últimos años ha crecido el consenso de que la “guerra contra las drogas” que declaró Richard Nixon en 1971 ha sido contraproducente, pero hasta ahora la discusión sobre cómo replantearla ha estado relativamente ausente de los organismos internacionales debido a la oposición férrea de Estados Unidos.
Sobre todo porque la Casa Blanca ha sido el principal promotor de las convenciones internacionales más represivas sobre drogas, uno de los mayores financiadores de los órganos de política de drogas de la ONU y ha ejercido presión durante décadas para que los países firmantes las cumplan al pie de la letra.
Por ejemplo, dio un ‘no’ rotundo cuando Bolivia propuso que la convención permitiera la práctica indígena de mascar coca, argumentando que eso facilitaría también el cultivo de la planta para producir cocaína y logrando vetar el cambio.
Aunque en principio las decisiones de Colorado y Washington son puramente locales, sí metieron al Gobierno de Obama en una encrucijada. Y ésta es la que puede tener efectos en el discurso internacional de Estados Unidos frente a las drogas, facilitando que la discusión mundial abandone las políticas prohibicionistas y busque fórmulas intermedias que le permitan combatir el consumo como un problema de salud pública.
“No cabe duda que las medidas resultado de las votaciones en los estados de Colorado y Washington violan la norma fundamental del Régimen Internacional de Control de Drogas, que limita a la medicina y la ciencia el uso de las drogas psicoactivas incluidas en las convenciones, inclusive la marihuana”, dice Francisco Thoumi, uno de los investigadores en temas de droga más reconocidos del país.
Ahora, con el memorando de Holder, las cosas cambian un poco. El gobierno de Obama está dándole el beneplácito -así sea sin convicción plena- a las iniciativas de dos de sus estados, con lo que su rol como defensor del enfoque más prohibicionista se verá minado. Y lo pone en un nivel similar al de Portugal o los Países Bajos, que han buscado fórmulas intermedias para regular el mercado, o Uruguay que está discutiéndolo. Estos dos factores aumentan el desprestigio de la “guerra contra las drogas” tal y como la ha visto Washington.
“Mientras fueran estados los que tomaban la decisión, Estados Unidos se podía escudar en eso para argumentar que no se estaba saliendo de facto de las convenciones. Pero ahora le queda mucho más difícil salir a decir que países como Uruguay no las están cumpliendo”, dice Daniel Mejía Londoño, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de los Andes y uno de los investigadores que más ha analizado la microeconomía de la droga y la relación droga-violencia.
Esta nueva posición en la que se encuentra Estados Unidos podría tener otro efecto clave más allá de sus fronteras. Hasta el momento todos los pequeños giros en la política antidrogas han tenido que darse individualmente en cada país y lejos de los organismos multilaterales.
Ese es precisamente el “escenario de ruptura” que describía -y desaconsejaba- el informe sobre drogas que publicó en mayo la Organización de Estados Americanos (OEA), el primer organismo en abordar el tema. Ese documento no tomaba una posición puntual sobre cómo reenfocar la política antidrogas pero examinaba en profundidad -con costos, evidencia científica y análisis comparativos por país- las diferentes alternativas sobre la mesa. Y ésta era de lejos la menos recomendable.
Con una postura más moderada en Washington, se crea un espacio para que las voces de otros países y organismos puedan pesar en el debate y se pueda dar finalmente una discusión colectiva.
En Colombia, el presidente Juan Manuel Santos ha venido insistiendo en que se deben buscar nuevas estrategias contra la droga, pero -como contó La Silla- hasta ahora no ha dado grandes pasos para encaminar ese debate ni dentro ni fuera del país.
Aunque fue él quien propuso a la OEA preparar el informe -junto con el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina- y creó una comisión asesora de alto nivel para buscar alternativas en lo local, por el momento no ha aterrizado ninguna de sus recomendaciones.
Hace cuatro meses, la Comisión Asesora sobre Política de Drogas le entregó a Santos un primer informe con recomendaciones puntuales sobre cómo enfrentar el consumo en el país desde la óptica de la salud pública, pero hasta ahora el Gobierno no ha dado el paso para materializarlas, tal vez porque el tema de las drogas puede ser sensible en un año preelectoral. Máxime cuando el expresidente Uribe y toda la derecha defiende hasta la penalización de la dosis personal, un tema que según las encuestas es muy taquillero.
En todo caso, el viraje obligado de la administración Obama puede abrirle a los países productores como Colombia y los innovadores como Uruguay la posibilidad de un protagonismo diferente en la discusión mundial. ¿Estará listo el Gobierno para asumirla?
