Ex altos funcionarios se unen contra los excesos de los entes de control

Ex altos funcionarios se unen contra los excesos de los entes de control

Sin darse a conocer ante la opinión pública, más de una decena de exfuncionarios públicos, que han ocupado altos cargos en entidades del Estado, discuten estrategias para hacerle frente a lo que ellos llaman los abusos de los organismos de control. 

Comparten algo en común: todos han sido investigados, al menos una vez, por la Contraloría o por la Procuraduría cuando ejercieron funciones públicas. Fueron viceministros, superintendentes, y gerentes de empresas de transporte y de servicios públicos. Algunos aún ostentan altos cargos gerenciales. 

Este grupo fue creado en marzo de 2019. Dicen que su labor es enderezar el mundo del control público, que según ellos es “el mundo al revés”, frase que da origen al título del chat. 

Antes de la pandemia se reunían una vez a la semana. Algunas reuniones fueron en Fedesarrollo, el centro de pensamiento económico más importante del país, donde les prestaban un salón. Cuando el covid surgió, pasaron al mundo del Zoom. 

Gustavo Morales, hoy presidente del gremio que reúne a las EPS más importantes del país, Acemi, es uno de los miembros del grupo. Fue el único que accedió a ser identificado. Morales es un abogado con una larga trayectoria en el sector privado, en varios gremios de salud, seguros y petróleos. Está sancionado con casi 22 mil millones de pesos por no acatar un mensaje de advertencia que le envió la Contraloría cuando era superintendente de Salud, en 2013. 

La visión de estos ex funcionarios se suma a un debate que se ha avivado recientemente alrededor de la utilidad de las entidades de control creadas en la Constitución del 91, la Procuraduría y la Contraloría. 

Pocos países tienen dos entidades de control independientes. Cada una con alrededor de 4 mil funcionarios, que se vuelven botines burocráticos apetecidos por políticos, y un presupuesto anual combinado de más de 2 billones. Por eso, voces influyentes han llamado a eliminarlas o reducir su tamaño.   

La deuda de Morales con el Estado

Gustavo Morales estuvo al frente de la SuperSalud entre octubre de 2012 y octubre de 2014, años en que la liquidada EPS SaludCoop estaba siendo intervenida por una serie de inconsistencias en su gestión contable y financiera, como contamos en ese momento. Venía de la vicepresidencia de la Cámara Colombiana de la Infraestructura. 

Pero no fue su primer cargo público. Morales ya había pasado por la Corte Constitucional, donde ejerció como magistrado auxiliar, y también pasó por la Personería de Bogotá, donde fue personero para segunda instancia. 

Un año después de ingresar a la SuperSalud recibió un mensaje de advertencia, una carta que envía la Contraloría a funcionarios públicos para que frenen procesos de contratación. 

La Contraloría le pedía a Morales, que le ordenara a SaludCoop cesar el pago de los leasing financieros que tenía con dos bancos, para el arrendamiento y compra de infraestructura en salud y equipos médicos. Estos contratos de leasing fueron suscritos por SaludCoop en 2008, y se pagaron hasta 2016, año en que la EPS fue liquidada. 

La Contraloría, entonces en cabeza de Sandra Morelli, argumentó que las EPS no podían destinar los recursos que el Estado le transfería para la salud en la compra de inmuebles. Sin embargo, Morales dejó pasar el mensaje de la Contraloría, pues no existe una norma en el ordenamiento jurídico que les prohíba a las EPS obtener finca raíz. 

“Solo cuando un juez dijera que esa vaina no era legal, podía yo decir que ese contrato era nulo y que tenían que dejar de pagarlo”, argumenta Morales. 

Sin embargo la Contraloría le abrió una investigación por no acatar el mensaje de advertencia. En mayo de 2019, lo sancionó con una multa de 21.590 millones de pesos. Según el órgano de control, el entonces superintendente incurrió en una conducta culposa al permitir el contrato de leasing. 

La sanción de la Contraloría le significó a Gustavo el embargo de sus propiedades y sus cuentas bancarias. Le embargaron su camioneta Nissan modelo 2007, un apartamento de 86 metros cuadrados, un terreno en Guasca, Cundinamarca y sus cuentas bancarias. También tiene embargado el 20 por ciento de su sueldo, que recibe en cheques por cobrar pues no tiene acceso a una cuenta bancaria.  

A esto se suma lo que él llama el daño reputacional. Desde entonces, se metió de lleno en el grupo de exfuncionarios, que desde que se creó, ha sacado varias conclusiones. 

Los problemas que voltean al mundo del control público

“El mundo al revés” es un grupo con poca burocracia. No cuenta con actas, ni con relatorías, tampoco ha publicado documentos. Pero si han deliberado organizadamente a través de un método de debate llamado Chatham House, que entre otras cosas les permite contar los resultados de sus charlas a personas que no pertenecen al grupo, pero no les deja contar quién propuso que. 

Así, después de hacer un análisis de los organismos de control en países de América Latina y en Europa, identificaron varios problemas. 

El primero es la falta de autonomía de los organismos de control. Argumentan que estas entidades al estar lideradas por personas que tienen aspiraciones políticas, sancionan selectivamente y generan desconfianza ciudadana.

Al respecto Víctor Saavedra, investigador de Fedesarrollo y experto en políticas anticorrupción, argumenta que los organismos de control carecen de autonomía política por la forma en la que son seleccionados. Para él, el hecho de que las cabezas de la Contraloría y la Procuraduría, por ejemplo, sean elegidas por el Congreso y el Senado respectivamente, introduce un tinte político a cómo podrían ejercer sus funciones.

Y las elecciones de los dos últimos líderes de ambos organismos se lograron con ayuda de la coalición de gobierno, como contamos, hecho que va en línea con lo argumentado por Saavedra. Incluso, es un dato que resalta el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), que mide el estado institucional para detectar, castigar y prevenir la corrupción en países latinoamericanos. 

Según la última entrega del índice, la puntuación general de Colombia cayó un 10 por ciento entre 2019 y 2021, en parte debido a la pérdida de independencia de los organismos anticorrupción en relación con las ramas del poder público. Fedesarrollo por eso propuso cambios en la forma en cómo se seleccionan las cabezas de los entes de control. 

Se trata de un problema viejo. Como contamos, en el gobierno pasado, Juan Manuel Santos guiñó la elección de Fernando Carrillo como procurador. 

Otra preocupación de los exfuncionarios son las reformas a la Contraloría de 2019, y la reciente a la Procuraduría. 

Por un lado, la reforma a la Contraloría le permite a la entidad revisar toda la contratación pública en tiempo real, para saber qué contratos arman las entidades y poder tomar medidas cuando encuentre riesgos de pérdida de dinero público. Sin embargo con el mensaje de advertencia nuevamente aumenta la discrecionalidad de la entidad a la hora de definir a quién podría investigar y sancionar, como fue el caso de Morales. 

Además les preocupa que la Corte Constitucional avaló la reforma, lo que para Morales reafirma el apoyo que tiene Felipe Córdoba, actual contralor. Como contamos, el contralor delegado de Nariño, Diego Ortíz Delgado, quien fue nombrado por Córdoba, es hermano de la magistrada Gloria Ortíz Delgado. Y también, una prima de la magistrada, Cristina Pardo, es contratista de la Contraloría.  

También les preocupa la reciente reforma a la Procuraduría, que como contamos, le permite a la procuradora Margarita Cabello funciones de juez. 

“Los organismos de control quieren llenarse de poderes bajo el argumento de que pelean contra la corrupción. Eso es mentira, quieren pelear su puesto político”, argumenta una miembro del grupo. 

El tercer problema que encuentra el grupo, y el más preocupante para Morales, es que las investigaciones mal llevadas en los entes de control ahuyenta a las personas capacitadas del sector público. 

“Nadie decente quiere volver al sector público. La Contraloría y la Procuraduría están espantando de una manera insidiosa a los mejores talentos”, argumenta Gustavo. 

Esta tesis también la repiten otras personas que han estado involucradas en el sector público, como Andrés Escobar, ex viceministro de Hacienda. 

“A mi me encanta el sector público, he estado cuatro veces. Pero una de las razones que me haría pensar, si vuelvo, son los organismos de control. Ellos le quitan el apetito a uno para ingresar al sector público”, argumenta. 

En contraste María Margarita Zuleta, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, argumenta que esta aproximación es preocupante. 

“A nadie le gusta estar bajo un reflector, pero cuando uno está en el sector público debe tener ese reflector, exigimos como ciudadanos esa veeduría. Es aburrido, pero esa es la responsabilidad de estar en lo público”, cuenta Zuleta. 

Para ella, aunque existan investigaciones a funcionarios sin bases sólidas, no quiere decir que los organismos de control investiguen solo a los “buenos” funcionarios. Agrega que estar en el sector público es un tema de convicción, y que una vez se ingresa a lo público se debe tener en cuenta los desincentivos que el sector acarrea, como el nivel de exposición y control. 

“Debemos fortalecer los organismos de control, pero no a punta de decir que lo que hacen es investigar a los buenos, esa forma de superioridad moral a la hora de aproximarse a los problemas es preocupante”, agrega. 

El enderezamiento de los organismos de control 

Para Víctor Saavedra, parte de las soluciones a estos problemas con los entes de control implican mejoras en las técnicas investigativas. “Hay que sofisticar la capacidad investigativa en criterios cuantitativos, pues son menos subjetivos en la evaluación de la función pública”, argumenta Saavedra. 

Para él esto se soluciona con ciencia de datos, análisis de datos y redes. Es un cambio metodológico que implicaría una asignación diferente de los recursos dentro de las entidades. 

Otra solución, específica para el caso de la Contraloría, es tercerizar las auditorías a peritos especializados, lo que mejoraría el perfil del talento humano. 

Para María Margarita Zuleta la solución es profundizar en la forma en cómo se cuentan las investigaciones desde los entes de control a la opinión pública. 

“Hay que distinguir las investigaciones por faltas administrativas de aquellas que comportan un enriquecimiento ilícito. No se puede mezclar todo en la misma bolsa”, argumenta. Para ella, se debe explicar mejor el porqué de las investigaciones a los funcionarios, si hay indicios de que hay un comportamiento indebido en la falta de procedimiento, o si efectivamente hay un daño o conducta de enriquecimiento personal. 

Esta recomendación va de la mano con una aclaración que extiende, y que dice muchos funcionarios no tienen claro. “Hay un exhibicionismo moral por decir qué está bien y qué está mal en los entes de control, cuando no saben con claridad las funciones de estos organismos”. 

Zuleta recuerda que los entes de control están para auditar la función pública, hacer que las cosas se cumplan con el procedimiento adecuado, y no necesariamente para ponerle fin a la corrupción. 

El grupo de autodenominadas víctimas todavía no tienen soluciones, debaten si crean una veeduría ciudadana a los organismos de control, o un observatorio del control público. Incluso analizan si pueden formar un centro de investigación. “Estamos pensando todavía en las posibilidades”, cuenta Morales. Aunque han hablado con universidades y con organizaciones que financian este tipo de proyectos, ninguno se ha medido a apoyarlos. 

Ellos dicen que seguirán reuniéndose, con la convicción de que pese a estar sancionados o investigados no son ellos los torcidos, es el mundo de la lucha contra la corrupción pública el que está al revés.

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