Fajardo les atribuye a estos lazos políticos dos informes que sacó la Auditoría General cuando Córdoba era su cabeza, que dejaban mal parada la transparencia de su gestión en la Gobernación de Antioquia, pero se basaban en información imprecisa. “Su obediencia fue puesta a prueba en 2017 cuando, siendo auditor, presentó informes falsos e ilegales”, dijo hoy el precandidato. Sobre esos informes hicimos esta historia.
Por esto, Fajardo argumenta que el contralor desde hace años ha buscado perjudicarlo, y que el caso de Hidroituango es el episodio más reciente de la novela.
Sin embargo, en el fallo de Hidroituango, la Contraloría de Córdoba involucra a otras 25 personas naturales y jurídicas dentro del proceso de Hidroituango, incluyendo a funcionarios de Fajardo, al exgobernador conservador Luis Alfredo Ramos y a las empresas del consorcio CCC Ituango. Todos ellos deben responder solidariamente por 4,1 billones de pesos que, según el fallo, se perdieron por la crisis de la represa.
2. La investigación solo llegó a manos de la Contraloría General gracias a un amigo de Córdoba
El caso de Hidroituango, en principio, les correspondía a las contralorías regionales de Medellín y Antioquia. Pero llegó a manos del contralor general gracias a Juan Carlos Calderón España, quien como veedor ciudadano permitió que la Contraloría General iniciara un control excepcional del caso.
Fajardo señala que Calderón España es amigo personal de Pipe Córdoba. Efectivamente, como contamos en esta historia, el contralor y el veedor tienen una relación cercana. Un mes antes de permitir el control excepcional a Hidroituango, Calderón España había declarado en el Consejo de Estado a favor del nombramiento de Córdoba como contralor, y había lanzado un libro con el prólogo escrito por el mismo Córdoba. Además, el equipo de Fajardo ha recolectado otras pruebas de su relación, que detallaron en una solicitud de recusación que interpusieron ante la Procuraduría en diciembre de 2020.
Sin embargo, la Procuraduría, bajo la dirección de Margarita Cabello, negó esta recusación. Al igual que negó, la semana pasada, la de María Eugenia Ramos, exfuncionaria de la Gobernación de Fajardo, que buscaba que apuntaran un contralor ad hoc. Al preguntarle al precandidato si las negativas de la Procuraduría podrían indicar debilidades en su defensa, respondió: “Yo pienso que la defensa es muy sólida en todas las instancias, yo lo que creo es que los fallos no son correctos”.
3. Un aliado de César Gaviria fue designado en la Contraloría para decidir en segunda instancia
Como explicamos con detalle en esta historia, el ponente de la decisión en segunda instancia de la Contraloría inicialmente era Cristian Castro, un contralor delegado que ha sido secretario del Partido Liberal en Risaralda y es cercano a Pipe Córdoba y a César Gaviria.
La segunda instancia queda en manos de tres contralores delegados de la Sala Fiscal y Sancionatoria de la Contraloría, creada por Felipe Córdoba, cuyos miembros nombra el contralor general. De los tres contralores que inicialmente recibieron el caso por sorteo, solo Castro fue nombrado a dedo por Córdoba y tiene vínculos políticos; los otros, Néstor Castillo y Sergio Medina, son funcionarios de carrera.
Finalmente, Castro no tomó parte en esta decisión; tras la publicación de La Silla, fue removido del caso. En su lugar, Néstor Castillo fue el ponente, y el tercer voto recayó en Maria Teresa Zuluaga, otra funcionaria de carrera administrativa.
4. Hay una conspiración desde 2016 para “joder” a Fajardo
En sus declaraciones de hoy, Sergio Fajardo hizo referencia en varias ocasiones a las revelaciones de la periodista Maria Jimena Duzán en su podcast, donde asegura que hay un complot para eliminar a Fajardo y a Gustavo Petro de la contienda electoral. Y que dicho complot viene de los artífices del Cartel de la Toga.
“Para eso se revivieron desde 2016 procesos (judiciales) que ustedes tenían dormidos, y eso es lo que está pasando hoy, eso me dicen las fuentes (...) que conocen cómo funcionaba el Cartel de la Toga”, le dijo Duzán a Fajardo en su podcast.
Sin embargo, Duzán no revela sus fuentes ni da ningún tipo de evidencia sobre cómo ella o sus fuentes tienen esta certeza. Fajardo tampoco agregó detalles adicionales, de lo que hasta ahora sigue en el terreno de las teorías de la conspiración.
5. La Contraloría cambió su acusación en la mitad del proceso
Cuando abrió el proceso, en noviembre de 2019, la Contraloría dijo que estaba investigando a Fajardo por no ejercer control y seguimiento adecuados de las obras de Hidroituango, y con base en esto armó su acusación de diciembre de 2020. El exgobernador de Antioquia, entonces, presentó soportes del seguimiento que hizo al proyecto, según explica en este video.
La queja de Fajardo es que, en el fallo donde la Contraloría lo condena en primera instancia, en septiembre 2021, lo condenan por otras conductas, como no presionar a los contratistas por los atrasos en los túneles de desviación, avalar los cambios en las fechas de los hitos y aprobar el plan de aceleramiento que terminó causando la crisis. Es decir, por su responsabilidad en decisiones técnicas del proyecto.
Estas acusaciones Fajardo las tachó hoy de “artificios en la motivación de una condena en mi contra”. También dijo que la Contraloría miente al decir que la junta de EPM contraindicaba el tercer túnel que la Gobernación avaló, y que el ente de control no leyó los documentos completos ni oyó a la junta asesora.
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