Fiscalía tras un año del paro: rápida contra manifestantes, lenta contra Policía

Fiscalía tras un año del paro: rápida contra manifestantes, lenta contra Policía
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En el paro murieron 23 civiles a manos de la Policía y tres policías en enfrentamientos con manifestantes, según cálculos de la Fiscalía. Un año después, las investigaciones de la entidad encabezada por Francisco Barbosa han procesado a solo 10 policías. Mientras tanto, por agresiones a los policías hay 119 personas capturadas.

Estos datos muestran que la labor investigativa de la Fiscalía ha tenido avances profundamente desiguales, en los que los recursos y resultados privilegian a los agresores de la Policía, mientras la impunidad es casi la regla en el caso de civiles asesinados en el paro más violento en décadas.

No hay policías en juicio por homicidio

Las cifras de víctimas durante el paro varían según la fuente. De acuerdo a Human Right Watch, una ONG de Estados Unidos, “hay evidencias de que la Policía estuvo involucrada en al menos 25 homicidios cometidos en el contexto del paro”. Otras organizaciones como Temblores ONG registraron 40. La Fiscalía contabilizó 23 homicidios de civiles.

Pese a que se trata del paro donde las fuerzas oficiales generaron más víctimas desde los años 70s, y de que muchos de estos abusos fueron registrados en grabaciones, hasta el momento solo han sido acusados cinco policías por homicidio (Un coronel, un mayor y tres patrulleros). Otros dos están imputados, un paso previo a la acusación, que es cuando la Fiscalía está lista para ir a juicio. Otros tres están en etapa de investigación.

Los 13 procesos restantes están en indagación, la primera etapa de un proceso penal, en la que apenas se están haciendo averiguaciones. Y en el conteo de HRW hay dos casos de muertes presuntamente causadas por policías que la Fiscalía no está investigando.

Uno de los casos que más ha avanzado es el de Santiago Murillo, de 19 años, que fue asesinado en Ibagué. La Fiscalía acusó de homicidio al mayor Jorge Mario Molano. “Uno de los disparos del oficial, al parecer, impactó a la víctima que caminaba solo rumbo a la casa y era ajeno a la protesta que se presentó”, aseguró en un balance.

Milena Meneses, madre del joven, dice que se logró acusar al policía gracias a que la bala quedó alojada en el cuerpo de su hijo, pero que durante el juicio “la defensa del mayor ha usado la estrategia de dilatar el proceso”.

Los demás casos no han avanzado tanto. Por eso Laura Guerrero, la mamá de Nicolás Guerrero, de 26 años, asesinado en Cali, cuenta que son varios los familiares de las víctimas los que han hecho grupos de whatsapp para acompañarse y apoyarse en los procesos judiciales y del duelo. Hoy habla con desesperanza: “Sabemos que hacer justicia es muy difícil y quizá nunca encuentren quien disparó a nuestros hijos”.

En la Procuraduría tampoco han fallado en contra de ningún uniformado involucrado en excesos durante el paro. 

La Silla preguntó tanto en Fiscalía como en Procuraduría cómo evaluaban su gestión en estas investigaciones pero para la publicación de este artículo no había respuesta.

Desde la Fiscalía entregaron un documento de balance en el que destacan que la entidad dispuso de un Puesto de Mando Unificado Judicial (PMUJ), conformado por funcionarios de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas para avanzar en los procesos.

Afirman también que establecieron ocho ejes de priorización para atender lo que sucedía, entre esos homicidios, agresiones y abusos de autoridad de la Fuerza Pública, ubicación de personas reportadas como desaparecidas, desarticulación de redes criminales; y medidas cautelares con fines de extinción del dominio contra los que financiaban, participaban o disponían de sus bienes para bloquear vías y vandalismo.

Con esos ejes entremezclados, en total, recibieron 4.269 denuncias (4.009 procesos están en indagación, 57 en investigación, 179 en juicio, 23 casos en ejecución de penas y 1 en terminación anticipada). Pero cuando se desagregan, queda en evidencia que la priorización se ha centrado en los presuntos delitos que cometieron manifestantes contra la Policía.

Por agresión a policías, por ejemplo, se legalizaron 119 capturas, hay 119 imputaciones, 102 escritos de acusación y existen 3 sentencias; 2 de estas con aceptación total de cargos. Por lesiones a civiles no reportan avances en su balance. 

En investigaciones contra jóvenes de primera línea involucrados en hechos de vandalismo se han presentado 75 escritos de acusación formal. Ya hay seis procesos en juicio y uno en ejecución de penas.

Por casos de bloqueos de vía pública se legalizaron 148 capturas. Por daño a bienes públicos o privados hay 32 capturas, y 51 ya tienen escrito de acusación. Por daños a bienes privados se han legalizado 193 capturas y 150 escritos de acusación.

Los casos de violencia física avanzan aún más lento

Además de los homicidios, en el marco del paro se presentaron denuncias de violencia física graves como pérdidas oculares, torturas y violencia sexual.  Sobre estos hechos los avances son aún más lentos.

A la fecha, sobre lesiones oculares, por ejemplo, no ha habido avances. La Fiscalía informó a HRW, en un derecho de petición al que tuvo acceso La Silla Vacía, que las víctimas no han colaborado en el proceso es decir, que no han ampliado declaración, no han acudido a las citaciones para diligencias médicas etc.

En la Procuraduría, contabilizaron 260 casos en los que pueden haber responsabilidad disciplinaria de uniformados de la Policía Nacional es de 260.

Alejandro Lanz, quien ha estado a cargo del seguimiento de estos casos de abuso policial desde Temblores Ong, cuenta que son muchas las víctimas de violencia física (103 de lesiones oculares) las que “desisten de contar con el proceso judicial debido a la impunidad que se ve en los casos. Pero también por amenazas y miedo a represalias”. Temblores registra más de 5.000 casos de violencia física.

Recuerda que en la historia reciente hasta ahora solo ha habido la condena famosa por el asesinato de Nicolás Medina, el joven grafitero, tras 17 años de proceso judicial. “Son procesos con un muy alto grado de impunidad. En los últimos tres años registramos 289 homicidios presuntamente por la Policía y 144 terminaron en una investigación y hubo dos condenas”, dice Lanz.

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