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Hace un año, James Hermenegildo Mosquera fue elegido para representar a las víctimas del conflicto armado del Chocó en el Congreso. Como representante a la Cámara de una curul de paz, llevaba la vocería de las 450 mil víctimas del Chocó, un departamento de 530 mil personas. Mosquera se presentó como una de esas víctimas para aspirar a la curul de paz, la figura del acuerdo con las Farc que creó 16 puestos nuevos en la Cámara. Pero un año después de su elección hay indicios de que cometió fraude para obtener su certificación.
El pasado 7 de diciembre, la oficina jurídica de la Unidad para las Víctimas denunció a Mosquera ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por presunto fraude al registro único de víctimas. Además está estudiando excluirlo de este registro.
La Silla tuvo acceso a documentos reservados que dan cuenta de las irregularidades en la acreditación de este congresista como víctima, tema que tendrá que revisar la Corte y podría terminar en su destitución.
No es el único lío que enfrenta el representante Mosquera. La fiscalía también lo investiga por peculado, y varias víctimas de la masacre de Bojayá que él representó como abogado en un proceso contra el Estado, dicen que les quedó debiendo plata.
A pesar de sus escándalos que ponen en duda su condición de víctima, el representante Mosquera ha logrado tener una papel y una voz protagónica dentro de la bancada de las 16 curules de paz. Una muestra de eso es que consiguió quedar en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
Desde esta posición ha sido un actor político que ha jugado en favor del gobierno. En su foto de WhatsApp tiene una foto al lado del presidente Gustavo Petro. “Nosotros estamos con el gobierno, pero también le hemos reclamado por la situación del Chocó”, le dijo a La Silla.
Los cuestionamientos a la candidatura de Mosquera
La historia que tiene hoy a James Mosquera en líos con la justicia empieza con las elecciones de las 16 curules de paz el año pasado. Como tenían la intención de darle mayor representación a las víctimas de los territorios más golpeados del conflicto se establecieron tres requisitos claves para poder aspirar: ser víctima, no estar ligado a la política electoral y partidista, y vivir en el territorio; en el caso del desplazamiento haber vivido durante mínimo tres años en la región.
La candidatura de Mosquera fue cuestionada por todos lados.
Aunque este nunca había aspirado a un cargo de elección popular, que era uno de los prerrequisitos de las curules de paz, su carrera como abogado ha transcurrido muy cerca de la política tradicional chocoana.
Mosquera es un abogado de 54 años que nació en Istmina en una familia pobre y que logró escalar ejerciendo el derecho. Estudió en la Universidad Autónoma de Bogotá y se graduó en 1991. Y en sus primeros años como profesional trabajó con dos exgobernadores de Chocó.
El primero fue el liberal Augusto Cicerón Mosquera, quien fue gobernador y representante del Chocó y en el 2011 fue víctima de un atentado. James trabajó con él en 1994, como parte de su oficina de abogados. El segundo fue Patrocinio Sánchez Montes de Oca, exgobernador del Chocó condenado por corrupción, líder de un clan político poderoso del departamento y quien fue secuestrado por el ELN. Con Sánchez, James también trabajó en su equipo legal en 1996 y según tres fuentes de la región, que pidieron no ser citadas por temor al poder de los Sánchez, afirman que siguen siendo aliados.
“Algunas veces he votado por ellos. He votado por la señora Astrid Sánchez (actual congresista) y he votado por Patrocinio. En ocasiones hemos sido amigos, en otras no hemos sido amigos”, dice James. Quien dice que no ha sido una relación de dependencia y que desde el año 2000 tiene su propia oficina.
Desde su oficina realizó procesos en defensa de las víctimas de la masacre de Bojayá, en la que 79 personas murieron por un cilindro bomba de las Farc. El proceso fue una demanda contra el Estado exitosa, pero que lo tiene enredado en un proceso disciplinario y que algunas víctimas han dicho que no les ha entregado la plata.
Aparte de esa representación y de otros casos de víctimas del conflicto, las mismas tres fuentes enteradas de las movidas políticas en Chocó dicen que no reconocen a Mosquera como un líder de víctimas, ni conocían su condición de víctima.
Al respecto, Mosquera dice que el conflicto lo ha sufrido desde el año 88, cuando su hermano mayor, Edgar Mosquera, que era policía en Antioquia, fue asesinado por la guerrilla de las Farc.
El hecho que dice que más lo ha marcado es un secuestro en 2001 por parte de paramilitares de las AUC. Según el relato de Mosquera, se debió a que como abogado le embargó unas cuentas al entonces alcalde de Riosucio (Chocó), Azael Victoria Martínez, quien posteriormente fue condenado por vínculos con los paramilitares. “Él me echó encima a los paramilitares y terminé secuestrado junto con mi hermano, Sócrates Mosquera, en el 2001, fue por tres semanas”.
Del secuestro de James Mosquera y las amenazas de actores del conflicto armado que él denuncia haber recibido como abogado no quedó ninguna denuncia. En cambio, su hermano si declaró haber sido secuestrado y fue incluido en el registro único de víctimas.
“En el Chocó es muy difícil denunciar, porque cuando la gente ha denunciado han matado a las personas y uno conoce eso”, le respondió Mosquera a La Silla sobre el por qué no lo hizo. A pesar de esto, su hermano Sócrates, quien fue alcalde de Istmina, sí lo denunció.
Entonces llegó el 2021 y la antesala para la inscripción de candidaturas a las curules de paz, que tenía como fecha límite el 13 de diciembre. Y para poder aspirar los candidatos debían recibir de la Unidad de Víctimas la “certificación de candidatos para las circunscripciones transitorias especiales de paz”.
“Cuando un grupo de amigos me dicen que aspire, yo presenté mi solicitud para obtener el certificado que era un prerrequisito para aspirar. Eso se podía hacer por la inclusión que tiene Sócrates como víctima”, dice James Mosquera. La norma permitía que pudieran participar tanto víctimas directas, como familiares cercanos..
Pero, la certificación llegó por otro lado. Según pudo conocer La Silla por un documento que muestra los datos del registro de víctimas de Mosquera, el 2 de noviembre del 2021, este declaró en Bogotá haber sufrido un hecho victimizante: seis días antes, había sido víctima de amenazas por parte de “grupos guerrilleros” en Istmina y a causa de estas se había tenido que desplazar forzadamente.
Y esta declaración es la que lo tiene en líos con la justicia.
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