Frente al paro, más que negociar, Claudia López decide actuar

Html

Claudia López. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Tras un proceso de escucha a los reclamos del paro, la mandataria anunció 1,7 billones de pesos para atender a la población vulnerable y la reapertura total.

Antes de que empezara el paro, la alcaldesa Claudia López había dicho que las aglomeraciones eran “un atentado contra la vida”. Tras casi un mes de protestas y luego de dos semanas en aislamiento recuperándose de una infección con covid, dio un giro radical. No solo cambió su discurso y reconoció que estaba equivocada, sino que anunció un vuelco en las prioridades de su gobierno.

Con la movida López pica en punta en la manera de enfrentar el paro desde un gobierno local. “Vamos a dejar de reaccionar a la jornada de paro de cada día, como si fuera exclusivamente un problema de bloqueo a la movilidad, y voy, vamos a ocuparnos del rescate social, económico y de legitimidad que nos reclaman los ciudadanos”, dijo en un discurso leído luego de su convalecencia. 

El giro de López se da después de una caída libre en su popularidad. La mandataria pasó de tener una favorabilidad del 89 por ciento al inicio de su mandato, a un 52 en la última medición antes del paro (en la última medición, que no alcanza incluir el impacto de este giro, tuvo un repunte importante de 15 puntos). Durante este año había tenido choques con empresarios, por la lentitud en la apertura económica. Y sus comentarios xenófobos contra los venezolanos le habían generado duras críticas. 

 

 

 

Escuchar más que negociar

“Quiero empezar por ofrecerles excusas a los jóvenes y a la ciudadanía por no haber comprendido desde el principio la magnitud de sus angustias y reclamos”, dijo Lopez en su discurso. “No hay un comité sindical haciendo un paro para cambiar una reforma. Hay un estallido social por la falta de empleo y oportunidades, hay una generación en rebeldía contra el abuso de poder y el abuso de la fuerza, y hay un reclamo profundo por cambiar una historia, no una ley”, agregó. 

López decidió actuar sin una negociación directa con representantes del paro o de quienes están en la calle. Más bien, según dijo, hizo un proceso de escucha y definió dos cambios sustanciales en su plan de gobierno. 

El primer cambio frente a este “reclamo” es que redireccionará 1,7 billones de pesos del presupuesto de Bogotá, que se iban a usar para infraestructura y movilidad. Ahora tendrán como destino un paquete de ayudas sociales para la población vulnerable. Una cifra importante, si se tiene en cuenta que este año el presupuesto de inversión de la ciudad es de 10 billones. 

Esta plata se va a usar para medidas concretas como:

  • Ingreso mínimo (entre 180 y 420 mil pesos) para 950 mil familias. El año pasado se llegó a 800 mil, junto con ayudas del Gobierno de Iván Duque.

  • Pasar de 20 mil cupos gratuitos en la universidad a 50 mil. 

  • Llegar con atención y educación a 100 mil niños. Antes la meta en el Plan de Desarrollo era 70 mil. 

  • 100 mil millones de pesos adicionales para educación. 

  • Apoyo a 60 mil empresas pequeñas.

  • 6 mil nuevos subsidios de vivienda y arrendamiento, para un total de 9 mil.

  • 530 mil millones de pesos para obras locales que generen empleo y mejoren la calidad de vida en los barrios. 

El segundo cambio de López es la reapertura de todos los sectores económicos, después de haber sido una de las mandatarias más restrictivas, según un estudio de Fedesarrollo. En parte por los cierres, en Bogotá la pobreza aumentó en un 12 por ciento, y el desempleo, en un 21 por ciento, por encima del promedio nacional de 17 por ciento. 

Las marchas le hicieron dar un giro a López en su discurso de “primero la vida”, por uno que hace equilibrio entre la economía y la vida. “El tejido empresarial y comercial bogotano es la fuerza más poderosa de inclusión social y productiva de Colombia y la vamos a poner a funcionar, con todo el cuidado, a su máximo potencial”, dijo.  

Pese a que la ciudad continúa con una ocupación de UCI del 96 por ciento, y que ella misma ha dicho que estamos al borde del colapso hospitalario, anunció que a partir del próximo 8 de junio todos los sectores estarán abiertos, con protocolos de bioseguridad. 

Con esto responde a una de las peticiones que han hecho gremios como la Andi, el gremio de industriales, Fenalco, de los comerciantes y Acopi, de pequeñas y medianas empresas. Todos han recibido con optimismo el anuncio de la alcaldesa, aunque están esperando conocer los detalles de la reapertura total.  

“Se trata de uno de los cambios más importantes en su discurso porque muestra que la mandataria entendió que las empresas son necesarias para reconstruir la economía”, dijo a La Silla Andres Mejía, economista y analista político.  

Así, la alcaldesa planteó propuestas más amplias, y enfocadas en una respuesta inmediata a la protesta, que a la apuesta por un diálogo en las calles en el que no han tenido éxito ni el gobierno nacional ni los locales. 

El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, dijo a La Silla que aunque ha intentado negociar durante varios días con los jóvenes en las calles, el proceso no ha sido sencillo. En un enfrentamiento entre el Esmad y manifestantes le cayó una piedra en la cara y algunos jóvenes se negaron a hablar con él. Por eso, ahora, más que negociar, López anuncia cambios concretos. 

Pero actuar sin un acuerdo previo con quienes están en las calles tiene el riesgo de no haber interpretado bien las demandas. “Corre el riesgo de no lograr amainar el descontento ciudadano a pesar de la importante reorientación presupuestal”, según le dijo a La Silla el concejal opositor, Andrés Forero. 

Cómo se construyó el giro

Según nos dijo un miembro del gabinete, la orden de López antes de aislarse luego de su contagio de covid fue que tenían que trabajar durante estos 15 días en un plan de choque para la reactivación económica. Durante ese tiempo hizo al menos dos reuniones con su gabinete por zoom para preguntar, sector por sector, qué cambios se podían hacer para responder a la crisis social. 

Básicamente la idea era ver qué programas sociales estaban funcionando y a cuáles se les podía meter más plata. Por ejemplo, Bogotá Solidaria o Reto a la U, y financiar esos cambios con el dinero de las obras que estaban demoradas en ejecución, como la Avenida Circunvalar de Oriente, que no se va a hacer en este gobierno.

También les preguntó sus visiones personales del paro y de la situación de Bogotá y el país. Algunos le dijeron que no podía seguir viendo al paro de la manera como lo estaba haciendo. Días después, antes de volverse al Palacio Liévano, les contó cuál sería el camino. 

“La decisión nació no solo de las consultas con los secretarios, sino también de haber tenido un tiempo para parar y estar en silencio y, como ella misma dijo, escuchar”, dijo a La Silla uno de los jefes de cartera. 

La alcaldesa Claudia López le dijo a La Silla que ese cambio se dio porque se dio cuenta de que “muchas familias que son como yo, hechas a pulso, sentían que yo no estaba entendiendo. Que yo estaba más preocupada por la pandemia, las UCI, la movilidad que por ellos. Pero yo llegué aquí diciéndoles a esas personas ‘¡ganamos!’. Yo vine aquí por eso, soy parte de esos jóvenes y esas mujeres que la están pasando mal y nada me importa más en la vida que servirles”.

Falta para aterrizar los cambios

La Silla consultó en la Secretaría de Hacienda de Bogotá sobre cuáles serán las obras que se dejarán de hacer para lograr las promesas de López. Un portavoz aseguró que aún están trabajando en la propuesta para establecer los ajustes y que pronto darán a conocer esos detalles. 

Hasta ahora no se conoce la minucia del proyecto de acuerdo que se presentará en el Concejo de Bogotá el 11 de junio para hacer ese cambio de presupuesto. Aún no es claro si el dinero alcanza para lo prometido, y cuál será el impacto colateral sobre otras obras o compromisos ya adquiridos. 

En el Concejo se prevé que la alcaldesa no tenga muchos problemas para aprobar este proyecto. Primero porque, como hemos contado, aunque a la mandataria los concejales la critican en Twitter, terminan votando a su favor. Y segundo, porque es difícil que los concejales decidan echarse el lapo de ser quienes se opongan a una respuesta que pueda calmar el ambiente en las calles. Además, si bien hay una asignación importante, va en concordancia con el plan de desarrollo que ya habían aprobado, y en el que ya se habían creado algunos de los programas que ahora se amplían. 

El miembro de gabinete que estuvo en las reuniones aseguró que de todas formas lo que había propuesto la Alcaldesa había sido aprobado primero por el secretario de Hacienda, Mauricio Ramírez. Tratamos de contactarlo, pero para la publicación de este artículo no recibimos respuesta. 

Del lado de la protesta 

En su discurso López omitió hacer referencia a los excesos durante las protestas y a los actos de vandalismo, aunque sí los ha rechazado en varias oportunidades. En Bogotá, por ejemplo, según cifras de su misma administración, durante el paro han sido dañadas 130 de 138 estaciones de Transmilenio, de las cuales 48 aún no han podido entrar en servicio.

En cambio, su postura fue más decidida frente a los abusos policiales. Hizo un relanzamiento de una medida que ya había tomado luego de la jornada de protesta violenta contra la policía y abusos policiales del 9 de septiembre de 2020. Se trata de un acompañamiento de las denuncias de violaciones a los derechos humanos en las protestas. En el 9S había recopilado información y la había entregado a los entes de control. 

En este caso decidió ir más allá y llevar la información a la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU y Human Rights Watch, aunque estas organizaciones también tienen la información del 9S. 

Hasta ahora, las denuncias de las muertes y abusos en las manifestaciones del 9S que López acompañó han logrado judicializar los casos de víctimas que tenían las balas en su cuerpo y por lo tanto era más fácil hacer el cotejo. Pero en los casos en que no hay esta prueba es mucho más complicado. Como contamos, los abogados de las víctimas temen impunidad. Hasta ahora solo ha sido condenado un patrullero por el homicidio de Javier Ordóñez. 

Dos funcionarios que han seguido de cerca el proceso de reparación a las víctimas le dijeron a La Silla que hasta ahora esta medida no ha sido suficiente, y que se podía presionar más para que haya resultados. Además, reconocieron que aún no está listo el informe sobre los abusos de la Policía que la Alcaldía había prometido sobre los hechos de septiembre.

Sin embargo, no es un hecho menor reconocer la brutalidad policial como un problema existente, sobre todo frente a la reticencia de hacerlo de los funcionarios del Gobierno Duque. López además fue más allá, e invitó a los jóvenes a hacer una reforma a la Policía. Con estos anuncios la mandataria vuelve a marcar un contraste frente al Gobierno nacional y, muy seguramente, a ponerle nuevamente el ritmo a Iván Duque. Pero en las calles de Bogotá estará el rasero sobre si este mensaje calma los ánimos del paro.

También puedes leer

Compartir
0