Gobierno les dio a desplazados una tierra y se arrepintió de comprarla

Estamos cumpliendo Presidente @petrogustavo. aquí esta su gobierno entregando a la comunidad damnificada de Rosas Cauca a través de la @UNGRD y @FondoAdaptacion la finca Tinajas de Mercaderes. Este es el 1er predio de muchos que entregaremos en cumplimiento de la ley 1523/12. pic.twitter.com/3rDQCSBAbS

— Javier Pava Sanchez (@javier_pava_s) March 29, 2023

Pero el gobierno no les cumplió a las familias que se pasaron a ese predio de 600 hectáreas en el municipio de Mercaderes, Cauca.

A los dos días de la foto de la entrega, el presidente Petro sacó de su cargo al director de la Ungrd, Javier Pava. Y el que quedó de encargado, el hoy ministro del Interior Luis Fernando Velasco, decidió frenar la compra de esa tierra. Esto pese a que 25 familias de las 75 familias potencialmente beneficiadas se fueron a vivir al predio por petición del propio gobierno, para custodiarlo mientras se hacía el pago. Además, ya se había firmado un acta de entrega anticipada con el dueño.

Hoy las familias siguen allí y han recibido amenazas en estos meses por parte de grupos anónimos que los acusan de robarse la tierra. “Ha llegado gente armada a amenazarnos. Todo el sur sabe que estamos en esta finca. Si no compran esa finca yo pago con mi vida”, le dijo a La Silla Yanet Mosquera, representante de la Fundación Mujer con Valor, la organización social a la que la Ungrd le pidió pasarse a vivir al predio para custodiarlo.

El asesor jurídico de Velasco, Andrés Chávez, le dijo a La Silla que se decidió parar la compra del predio Tinajas porque allí no se van a reubicar a los damnificados por el derrumbe en Rosas el 9 de enero de este año.

“Los que están allí no son damnificados de enero. No es que ellos no tengan derecho, pero la orden era hacer la compra de predios para los damnificados de enero. Las comunidades afectadas en enero nos dicen que no tienen interés en reubicarse en el predio Tinajas y que no tiene las condiciones necesarias, porque allí no hay servicios públicos”, dijo Chávez.

Yanet Mosquera dijo que, en efecto, solo siete de las familias que están en el predio son damnificadas del derrumbe de Rosas en enero y que las demás son damnificadas de otros hechos, incluso de años anteriores. “Pero a nosotros nos llamaron de la Unidad de Gestión del Riesgo y nos dijeron que habían comprado una finca para los damnificados de la ola invernal, no importaba de cuál”, agregó.

El ministro Velasco no habló directamente con La Silla. Y tampoco el actual director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Olmedo López. Después de consultarle por dos días a su equipo por el futuro del predio Tinajas, no hubo respuesta.

En los últimos tres meses la Unidad de Gestión del Riesgo ha tenido tres directores distintos. Estos cambios, sumados a la falta de organización en el gobierno, tienen a 75 familias damnificadas en el limbo.

La promesa incumplida a los damnificados

En noviembre el gobierno Petro declaró la situación de desastre a nivel nacional por las lluvias. El gobierno aplicó la política de gestión del riesgo, aprobada como ley en 2012, que incluye medidas como adquirir tierra de forma exprés para reubicar a los damnificados. Esa ley permite que con compra directa o, en caso de que el dueño se niegue a vender, con expropiación.

En medio de la emergencia invernal que dejó al Cauca aislado del resto del país, Petro insistió varias veces en que se aplicara esa ley. El 13 de marzo, por ejemplo, dijo: “La ley de 2012 no ha sido estrenada. Llevamos 11 años y no se usa. El presidente está pidiendo que se aplique la ley. Si la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo no logra que todos los funcionarios de base se aprendan en la cabeza la ley, que la estudien…”. Y no concluyó la frase.

Esa molestia con la gestión de Javier Pava al frente de la Ungrd fue la que lo llevó a sacarlo del cargo 15 días después. Y justo en ese momento estaba en proceso la primera compra aplicando la ley de 2012: la del predio Tinajas.

Óscar Goyeneche, ex subdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo y que estuvo al frente del proceso, le dijo a La Silla que hicieron un estudio previo de los predios en la zona y se hicieron varias ofertas de compra. La de Tinajas fue la primera que se concretó. El dueño de la tierra aceptó venderla por el precio que ofrecía el gobierno, con base en el avalúo del Instituto Agustín Codazzi.

Cuando Pava fue despedido, el 31 de marzo, estaban por firmar el contrato de compraventa. “Llega el doctor Luis Fernando Velasco e impartió la orden de suspender todos los procesos de la unidad”, le dijo Goyeneche a La Silla.

En el acta de traspaso anticipado, firmada por el dueño del predio y por Goyeneche en nombre de la Ungrd, el compromiso era firmar el contrato el 10 de abril y pagar el 90 % del valor de la tierra el 17 de abril y el resto en los siguientes 15 días hábiles.

Esto no se cumplió. Según el asesor jurídico de Velasco, la decisión de parar la compra fue, en primer lugar, porque el predio no era idóneo y no tenía servicios públicos.

Pero si ese es el caso no se entiende por qué, según coinciden Goyeneche y el dueño del predio, Velasco sugirió que fuera la Agencia Nacional de Tierras la que comprara el predio.

“Él quería frenar eso para pasarlo por la Agencia Nacional de Tierras. Yo les dije con todo el respeto del mundo, yo ya negocié con una entidad del gobierno, no soy ningún niño para que me estén tetiando. Yo no puedo venderle a la ANT porque ya le vendí a la Ungrd”, le dijo a La Silla el propietario de la hacienda Tinajas.

El ministro Velasco incluso habló con las familias que están ocupando el predio y les pidió que tuvieran paciencia, que el gobierno lo iba a comprar. “Hablé con el señor Velasco después de que lo nombraron ministro y me dijo: resiste, no te preocupes. No vayan a soltar la finca que se va a comprar”, le dijo a La Silla Yanet Mosquera.

El otro argumento del ministro Velasco para frenar la compra, según su asesor jurídico, es que la prioridad son las familias damnificadas de este año en Rosas. Pero la declaratoria de utilidad pública que facultó al gobierno para comprar de forma exprés la tierra no mencionaba únicamente a los damnificados de Rosas.

La resolución de la Ungrd del 16 de marzo dice que la medida es para “el reasentamiento de las familias damnificadas en los municipios de Rosas, Timbío, Sotará (Paispamba), Patía (el Bordo), Mercaderes y Sucre del departamento del Cauca”.

El dueño del predio y la representante de la fundación le enviaron esta semana un oficio al presidente Gustavo Petro en el que le piden que el predio sea pagado. El dueño del predio le dijo a La Silla que se reunió con las familias en el predio para firmar ese documento. La representante de la fundación, en cambio, dijo que le hicieron llegar el papel y decidió firmarlo, pero que no conoce al dueño del predio.

Sobre las amenazas que menciona la representante de la fundación, el dueño de la tierra dijo: “Yo tengo esa finca hace muchos años y a mí nunca me han amenazado”.

Yanet Mosquera dijo que no están exigiendo que la tierra le sea entregada específicamente a las familias que están acampando en la hacienda, pero sí que reconozcan que fue el propio gobierno el que le pidió a la fundación custodiar el predio y que les reconozcan los recursos que han invertido para estar allí.

La Ungrd se había comprometido con las familias a darles recursos para subsistir en el predio a través del programa Ollas Comunitarias. La Silla vio los chats entre la representante de las familias y el funcionario de la Ungrd encargado del tema. La última respuesta es del 10 de abril. Desde entonces dejaron de contestarle desde la Ungrd y no les transfirieron recursos.

Óscar Goyeneche, exdirector de la Unidad, dijo que “también eso fue objeto de suspensión. No se continuó con la asignación de esa olla comunitaria. Estos procesos de cambio en la administración generan traumatismos”.

En este caso, los cambios del gobierno Petro en entidades como la Unidad de Gestión del riesgo tienen a 75 familias varadas en una tierra que el Estado les entregó y que luego se arrepintió de comprar.

Nota del editor: se omitió el nombre del dueño del predio.