Gobierno retoma 'manual trumpiano' frente al fallo sobre protesta social

Faltando pocas horas para que se venciera el plazo que le había dado la Corte Suprema para pedir perdón por los abusos policiales cometidos durante las manifestaciones del 21 de noviembre, el ministro de Defensa recordó que hacía dos semanas (cuando ni siquiera los magistrados habían fallado la tutela) la policía nacional había pedido perdón “por cualquier violación o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución”.  

Con su resistencia a acatar lealmente el fallo, el ministro Trujillo envía una nueva señal de que el gobierno de Iván Duque ha optado, ahora sí, por jugársela de frente por galvanizar la base más conservadora y uribista que votó por él en primera vuelta y a la que el uribismo necesita movilizar para mantener el poder en el 2022.  Y que para ello, está dispuesto incluso a desafiar a la justicia y a cierta idea de sí mismo que ha querido proyectar el Presidente desde que fue elegido.

La protesta social es un escenario funcional para hacerlo, pero puede terminar propiciando un ambiente en el que mueran más personas como Juliana Giraldo ayer.

Un movimiento político

En el libro-entrevista de Diana Calderón “Iván Duque, de frente y a fondo”, el presidente dice textualmente “yo no voy a utilizar la Presidencia para que sea un púlpito polarizador”. Y en realidad, durante sus dos primeros años de gobierno intentó al máximo evadir el conflicto, hasta el punto que terminó decepcionando a muchos de su propio partido que lo ven como un tibio y también a los que esperaban que rompiera con el uribismo.

Sin embargo, en las últimas semanas, y con ocasión de la violencia en las protestas del 9 de septiembre en Bogotá, el gobierno ha comenzado a seguir un manual trumpiano, que contrasta con el hecho de que Duque siempre se haya preciado de su talante civilista.

“Iván Duque quería ser un personaje muy respetuoso de la institucionalidad como Echandía y Alberto Lleras, que permanentemente invoca. Hoy hace lo contrario”, dice el analista político Héctor Riveros.

La primera señal fue la semana pasada. Cuando aún estaban circulando vídeos de policías disparando indiscriminadamente a los que protestaban, Duque se disfrazó de patrullero en una publicitada visita a un CAI, para agradecerles su entrega al país, una coreografía que no podía sino polarizar, como lo analizó La Silla.

Después vino la reticencia a cumplir con el fallo de tutela de la Corte Suprema, que entre otras obligaciones, le exigía al Ministro de Defensa pedir perdón por los abusos del Esmad durante las marchas del 21 de noviembre.

Cuando el senador Jorge Enrique Robledo le preguntó por twitter al Ministro de Defensa si no pensaba cumplir con el fallo, la respuesta, también por twitter, de Trujillo, fue amenazarlo con denunciarlo por “múltiples delitos”.

.@JERobledo Eso de quien viola la ley lo van a resolver los jueces porque presentaré denuncia contra usted por múltiples delitos. Ya es hora de que deje de creer que la inviolabilidad parlamentaria es inmunidad o impunidad.

— Carlos Holmes Trujillo (@CarlosHolmesTru) September 24, 2020

Su respuesta fue duramente criticada porque, entre otras cosas, era un desafío a la separación de poderes.

Trino inaceptable de Mimdefensa.
Inviolabilidad parlamentaria es dese Bill of Rights inglesa de 1689 una garantía esencial de independencia del Congreso. Atacarla es atacar separación de poderes. Sumemos ataque de este gobierno a decisiones judiciales: la cosa es grave. https://t.co/YGecB2KYcw

— Rodrigo Uprimny (@RodrigoUprimny) September 24, 2020

Finalmente, cuando decidió “acatar” el fallo, el Ministro no pidió perdón por los abusos del 21 de noviembre sino que trajo a colación las excusas que había dado a raíz del 9S.

Paralelamente, los otros dos alfiles del Presidente -su consejero Víctor Muñoz y el director de Presidencia Diego Molano- trinaban en contra de la alcaldesa Claudia López después de que el Ejército reveló un audio del jefe guerrillero del ELN Uriel, en el que reconoce que militantes urbanos de esa guerrilla habían participado en las protestas de Bogotá (aunque como unos más, no coordinando los ataques, como asegura el gobierno).

ELN y disidencias de FARC infiltraron movilizaciones y coordinaron ataques a @PoliciadeColombia y CAIs. Alcaldesa @ClaudiaLopez, no eran distractores, es la realidad. Redirija sus energías a trabajar con la Policía, garantizar tranquilidad de los ciudadanos y castigar a vándalos https://t.co/48wDwPvlg0

— Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) September 24, 2020

La Silla trató de indagar en Casa de Nariño si estas reacciones obedecían a una decisión concertada de dar un viraje político.

Oficialmente, no recibimos una respuesta.

Dos funcionarios de Palacio de segundo nivel nos dijeron que sentían que en los últimos días “hay una postura más fuerte de la Casa de Nariño”, según palabras de uno de ellos, pero ninguno de los dos sabía si obedecía a una nueva estrategia o si se trataba más un interés del ministro Trujillo -quien fue escogido como vocero para lo del fallo de la Corte- de seguirse posicionando como candidato presidencial del uribismo.

El manual de Trump

El manual político de Trump es sencillo: el presidente de Estados Unidos, a diferencia de lo que suelen hacer los mandatarios, no ha intentado aumentar su base de apoyo tendiendo puentes con los que no votaron por él. Por el contrario, se ha dedicado a gobernar para el sector conservador que lo eligió, galvanizando sus emociones, y polarizando para mantener su fidelidad. 

Ha aprovechado las protestas por la muerte de George Floyd a manos de policías, que quedó grabada, no para empatizar con las víctimas del racismo y el abuso policial sino para radicalizar, estigmatizando a los que protestan como terroristas y vándalos y a los políticos que las legitiman como promotores del caos.  Por ahora, no ha logrado aventajar a su rival Biden, pero sí ha detenido su caída.

El mensaje que enviaron Duque y Trujillo al resistirse a un acatamiento rápido del fallo es similar: se alínean con ‘la mayoría silenciosa’ que tiene una buena imagen de la Policía (el 40 por ciento según la última Gallup), que añora el orden y que teme el vandalismo asociado a las marchas como el que se vio el 9 de septiembre cuando quemaron 75 CAI. Una violencia que también quedó grabada en videos virales.

El fallo de tutela de la Corte no se refería a lo sucedido en Bogotá hace dos semanas. Era sobre los abusos cometidos en las marchas del 21 de noviembre, que contaron con un apoyo masivo de los colombianos -de los millones que marcharon y de los miles que tocaron sus cacerolas espontáneamente en sus casas.

Sin embargo, era inevitable que fuera leído con los ojos post-9 de septiembre, y el Ministro lo localizó deliberadamente allí: para cumplir el punto 4 del fallo, recordó la Policía ya había pedido perdón la semana pasada.

Lo que sucedió el 9S cuenta con mucho menos respaldo que las movilizaciones del año pasado, como se vio en las marchas del martes que convocaron menos gente, aunque más indignada contra la Policía.

A diferencia de la actitud del Gobierno en diciembre, cuando a raíz de las movilizaciones convocó a una Conversación Nacional, en esta ocasión Duque no aprovechó el fallo de la Corte para promover una reforma a la Policía ni para retomar la iniciativa y voltear la cosa contra la violencia en la protesta.

En cambio, aprovechando que el fallo es polémico porque impone políticas públicas que suelen ser del fuero del ejecutivo, decidió agudizar el enfrentamiento con la Corte, que viene in crescendo desde la detención del líder del Centro Democrático Álvaro Uribe.

Es una actitud que no propicia -como lo exige la Corte- una discusión tranquila alrededor de unas reglas concertadas para la protesta social, ni permite la expedición de protocolos claros para la Fuerza Pública que prevengan nuevos abusos que lleven incluso a la muerte de jóvenes como los del 9 de septiembre.

Porque de la respuesta del gobierno queda claro que existen órdenes, doctrina y reglamentos que garantizan el trámite pacífico de las protestas, pero también que no hay control de su cumplimiento ni capacitación efectiva por mandos superiores.

La prueba es el asesinato ayer de Juliana Giraldo en Miranda, Cauca, por parte de un soldado que le disparó al carro en el que iba cuando su compañero decidió dar la vuelta para evadir a los militares pues no tenía los papeles del carro.

“Nosotros no tenemos armas, no tenemos drogas ni antecedentes, trabajamos con alimentos. No es un vehículo que tenga algún problema, tampoco las personas que íbamos adentro de él. Nuestro 'delito' fue dar el giro en plena vía publica para que salieran del monte a dispararnos”, dijo a El Tiempo la desconsolada pareja de Juliana, Francisco Larrañaga.

La respuesta del Gobierno a la muerte de Giraldo fue individualizar el crímen en el soldado que disparó (no reparó, por ejemplo, en el relato de uno de los testigos que dijo que los otros soldados llegaron a recoger los casquillos de las balas disparadas como para encubrir el delito), como lo hizo también frente al asesinato de Javier Ordóñez y frente a los policías que aparecen en video disparando de manera indiscriminada.

Su discurso de las 'manzanas podridas' es la contracara del otro: la Policía como víctima de la estigmatización por parte de la oposición.

Es un discurso que ya ayer dio su primer rédito político, cuando el Partido Conservador salió a apoyar en pleno al presidente Duque frente a las protestas.

Comunicado de respaldo al Gobierno Nacional. Septiembre 24 de 2020. pic.twitter.com/IIX3le5FwL

— Partido Conservador (@soyconservador) September 24, 2020

Ahora que la idea de que las Farc se tomarán el poder ya no es creíble tras su derrota electoral; que hacer campaña contra la impunidad de la JEP será más difícil pues, como mínimo, los exguerrilleros serán condenados por secuestro antes del 2022; y que el expresidente Uribe está incapacitado por ahora para recorrer los pueblos haciendo campaña, la nueva bandera de la derecha seguramente girará alrededor de la protesta social, su infiltración, y quienes la promueven para generar caos. 

Con su actitud frente al fallo de tutela, el Presidente se pone al frente de ella.