La memoria de Edgar Miranda, de 65 años, falla a la hora de recordar las fechas. Sabe que entre 2002 y 2003 tuvo que abandonar su finca en la vereda de Hato Nuevo en Timbío, Cauca tras la llegada de los paramilitares.
En 2008, cuando regresó a su finca, sólo vio las pérdidas que le dejó el conflicto: huyó del hogar en el que vivió durante una década. Se fue porque tenía miedo de lo pudieran hacer los más de 200 miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que se instalaron en su predio de un día para otro. Más cuando en Hato Nuevo, 16 años antes, los paramilitares habían asesinado a cinco personas. El miedo y la inseguridad eran algo nuevo para Edgar. Apenas estaba construyendo su casa y no había sentido la necesidad de cubrir sus ventanas con algo más fuerte que un plástico, ni de cambiar la puerta de esterilla que se abría con un leve empujón.
Pero cuando los paramilitares ocuparon parte de las seis hectáreas que le pertenecían, el cuento fue otro. “Ellos nunca me dijeron que me fuera, ni me amenazaron, pero me dio miedo. Y mi hija que estaba chiquita dijo que ya no quería vivir ahí”, cuenta Edgar.
Dejó de trabajar en la huerta de plátano y maíz por temor a cruzarse con un paramilitar; apenas se asomaba por los lados del predio para no arriesgarse. Perdió la cosecha de café que tenía porque nadie quería ir a trabajar a la finca por miedo. Pero no era sólo su finca, sino la vereda.
Al final, como otras familias, abandonó su casa. Empacó sus maletas y junto con su esposa y su hija se fue a la vereda de su suegra, a casi dos horas caminando.
En 2008 cuando escuchó que las autodefensas habían salido de Hato Nuevo, regresó con su familia. Por esa época, otras familias empezaron a retornar. El terreno desolado que encontró lo fue llenando de café gracias a un crédito del Banco Agrario.
Edgar ya no sabe de nombres, dice que alguien empezó diciendo que restituían tierras a quienes tuvieron que dejarlas por el conflicto. Era 2014. Visitó la Unidad de Restitución de Tierras y comenzó el trámite que terminó cuatro años después.
En su memoria sólo tiene presente lo positivo de ese proceso: la unidad le saldó la deuda de los créditos, le dio los títulos de su propiedad y lo apoyó con proyectos productivos de gallinas y café que aún le generan ganancias. Técnicos fueron a su finca, escucharon las proyecciones que tenía, el proyecto que necesitaba y lo formularon por él.
Le dieron 27 millones de pesos y con eso logró construir y sostener el gallinero, la siembra de hortalizas y comprar el abono para las 5 mil plantas de café que sembraba al año. Ese fue el impulso que necesitó para tener una vida tranquila.
“Si no fuera por eso nosotros estaríamos llevados. ¡Imagínese! tendríamos la deuda de la tierra y del crédito con el que empezamos a sembrar”, afirma Edgar. La misma tierra que ahora produce le da para pagar los pequeños créditos que adquiere para renovar o cambiar los cultivos.
A Edgar ya le cumplieron su parte.
Ahora visita la Alcaldía de Timbío, después de casi un año sin poder asistir por las restricciones del covid, para saber en qué van las obras comunitarias que beneficiarían a las más de 60 familias de la vereda. Entre esas está un centro de salud, un polideportivo y un puente que hicieron parte de la sentencia en la que salió beneficiado Edgar y otras 8 familias.
Mientras las promesas colectivas están quedadas, las familias beneficiadas con la restitución de tierras y los proyectos coinciden en decir que el proceso ha sido un éxito y que en cada momento se han sentido acompañados.
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Hato Nuevo era el nombre de una finca de 87 hectáreas que el antiguo Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) le entregó en 1994 a la Empresa Comunitaria Hato Nuevo, conformada por 14 campesinos que trabajaban en los predios y que se organizaron ese mismo año para dedicarse a la producción agrícola.
Con la división en partes iguales, a un promedio de 6 hectáreas por campesino, la finca pasó a convertirse en una vereda unida principalmente por una vía. A esta la rodean las propiedades de los campesinos que han retornado o comprado. Es como una especie de predio familiar que da la bienvenida con un letrero de metal y letras negras.
Hasta ahí llegó el Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia que entre 2000 y 2004 estuvieron en Timbío. En esos años, según cifras de la Unidad de Víctimas, fueron desplazadas 413 familias del municipio. De estas, nueve regresaron a Hato Nuevo y fueron reparadas por el Gobierno Nacional con la restitución de sus tierras.
Edgar las conoce a todas porque hicieron el proceso juntos, viven cerca y se conocen de años. Cuando atraviesa la vía de la vereda en su camioneta roja con estacas, saca la mano por la ventana para saludar a las mujeres que arreglan las plantas, grita un “buenas” a los hombres que caminan por la vía y va pitando en las fincas de los que no lo han visto pasar.
Así llegamos hasta la casa de Jesús Iván Marín, un hombre de 57 años con bigote negro y sombrero de esterilla. También fue desplazado cuando las AUC empezaron a presionarlo para que les diera dinero de las cabezas de ganado que cuidaba o las hectáreas de café que cosechaba.
“Empezamos a escuchar de muertos, de fosas, nos mataron un primo que era parcelero. Teníamos miedo porque mataban gente sana. Ahí dijimos: ‘esto no es de cuento sino de salir’”. Era 2003 y el cargo de concejal que tenía Jesús Iván en Timbío también le hizo huir por miedo a represalias.
Estuvo seis meses por fuera, perdió la cosecha de café y regresó con miedo a empezar casi que desde cero. “La tierra es un medio de vida para uno de campesino, pero no es una panacea que le de a uno para sobrevivir. Uno vive como a medias, ahí”
En 2010, su hermano Jorge, que murió luego en un accidente, le comentó sobre la restitución de tierras. Trabajaba con la Alcaldía de Timbío como promotor de las Juntas de Acción Comunal del municipio y había conocido a una funcionaria de la Unidad de Restitución de Tierras que lo guió en el proceso. El mismo que Jorge se echó al hombro para que las 9 familias lograran la reparación. Gracias a eso, Jesús Iván Marín también logró construir la casa en la que vive hoy.
“Si no fuera por el apoyo yo estaría viviendo de aglomerado, casi que de posada porque yo no tenía casa. Esto ha sido un orgullo para uno. Los proyectos nos ayudaron porque lo que le iba a meter a la parcela se lo metí al rancho”, comenta Marín quien ahora tiene cuatro de las seis hectáreas dedicadas a la siembra de café y una casa azul pastel que le da color a la vista verde de Hato Nuevo.
Jesús Iván dice que inseguridad hay en todo lado, pero al menos ya no ve grupos armados por la zona. “Quién quita que pasen por acá, pero de ahí a que uno lo vea…”, comenta. Esa es la historia que por fortuna le ha tocado a Jesús, pero a su hermano Gilberto no le pasa igual. Su liderazgo en el Cauca le ha quitado la tranquilidad que llegó a tener en Hato Nuevo.
Gilberto Marín es vicepresidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) en Cauca, ha liderado procesos de reforma agraria en el departamento, de organización de campesinos y de espacios para que ellos sean escuchados por el Gobierno. Por ese reconocimiento, él y su familia recibieron una llamada en la que fueron declarados objetivo militar en el año 2000.
Gilberto salió de su hogar y estuvo entre Cali y Popayán por siete años. Regresó con las ganas de trabajar la tierra y de liderar el proceso de restitución que lograron, pero hace dos años fue amenazado de nuevo. Ha recibido llamadas y personas ajenas a la vereda y en carros extraños han llegado hasta la casa de su hermano Jesús Iván preguntando por él. Por eso a Hato Nuevo sólo va de día y se devuelve rápido. La finca, por ahora, está a cargo de su exesposa.
A pesar de eso, Gilberto siente que el proceso con la Unidad de Restitución de Tierras ha sido positivo. “Se vieron los resultados, se vio el interés de que estuviéramos bien, nos dieron los títulos. Uno tiene que sentirse agradecido”, cuenta Gilberto de 48 años.
El regreso de las familias a Hato Nuevo, también ha hecho que el empleo en la zona, tanto entre vecinos como con algunos foráneos se reactive. Al mes son unas 4 o 5 personas que siguen trabajando la tierra que un día pisaron las Autodefensas y hoy ha retornado a los campesinos.
